EXTRAORDINARIAS

 

Alberto Lugones terminaba la gestión.

Estoy aliviado –dijo--. Logramos introducir gran parte de los cambios.

El presidente del Consejo de la Magistratura se sentó con el rionegrino Martín Doñate a discutir el borrador del proyecto de Ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. Llegó a través de un canal del Ejecutivo, y trasmitió reclamos de fiscales y fiscalas que no discutían ni mayorías ni límite del mandato. Estaban preocupados por el rol de la Comisión Bicameral de Seguimiento al Ministerio Público en autorización de traslados y aprobación de la selección de magistrados. Y en una reducción de la mayoría especial a mayoría simple en el sistema de condenas del Tribunal de Enjuiciamiento. Doñate atendió. Discutieron en la semana. Los reclamos venían de una parte de los 340 fiscales y fiscalas de los 400 de la Procuración, que no son los 70 de la solicitada de la Asociación de Fiscales de la Nación. Los reclamos fueron escuchados. El viernes a la mañana todos los bloques tenían el dictamen corregido con el retiro de la Bicameral de esas tres posiciones. El proyecto alcanzó media sanción al filo de las diez de la noche. Cristina Fernández había estado en el comienzo y volvió al final. Hubo 42 votos afirmativos y 27 por la negativa. Ahora deberá ir a Diputados, agenda que se abre el martes con las extraordinarias, cuya inclusión en el temario el Ejecutivo da por asegurada.

El proyecto reduce el mandato del procurador actualmente vitalicio a cinco años, renovable a otros cinco y cambia el régimen de mayoría especial de dos tercios a mayoría absoluta de la mitad más uno de los votos. No modificó el requisito de dos tercios del Senado para la remoción del Procurador, clave para trancar la puerta de salida y fortalecer su autonomía. Devuelve la caja para garantizar autarquía financiera quitada por decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri en diciembre de 2015, y establecida constitucionalmente. Y prohíbe colaboración con la Agencia Federal de Inteligencia, que establece además como causa grave de mal desempeño. El punto estratégico más importante, sin embargo, aparece en una herramienta que puede producir resultados en el corto, cortísimo, plazo. El proyecto abre las puertas para terminar con el virreinato del interino de Eduardo Casal: prescribe para casos de vacancia que la Bicameral del Ministerio Público será la encargada de elegir al interino sucesor.

Así quedó establecido en el artículo 4 que sustituye el 11 de la Ley 27.148. El texto señala que el Procurador o Procuradora será designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros. Que postulación y designación no podrá hacerse el mismo año de elección de presidente y vicepresidente. Mantiene lo que hasta ahora estaba establecido sobre ausencias transitorias. Eliminó el plazo de 30 días que había introducido en el primer dictamen para considerarlas permanentes. Y establece en su punto ahora central que en caso de vacancia, es decir renuncia, enfermedad prolongada o remoción, el reemplazante será escogido por la Bicameral que deberá seleccionarlo entre un fiscal general o fiscal con antigüedad de más de diez años, de manera interina y de conformidad con la reglamentación al respecto. A falta de reglamentación, señala, intervendrá quien tenga más antigüedad en tal cargo.

 

Es Casal

Oscar Parrilli abrió el debate como miembro informante. “Quiero recordar una historia”, dijo. “Han instalado que hay un sector del gobierno y del oficialismo que quiere esta ley y que tiene nombre y apellido. Yo quiero decirles que la ultima Ley vigente del Procurador y Defensor es la 27.148 y 27.159, sancionada en nuestra gestión anterior, de este espacio político y donde la actual vicepresidenta era presidenta. Hoy se alzan voces en defensa de esas leyes que sancionamos nosotros. Y cuando se sancionaron esas leyes, muchos de los que la defienden ahora ni siquiera las votaron”.

Y agregó: “Los que ahora vienen a hablar de lo vitalicio y de los dos tercios, también presentaron proyectos de ley para sacar a Alejandra Gils Carbó. Nombraron a un interino. Propusieron a alguien. No lograron consenso durante dos años. Pero, ¿buscaron consenso? No –dijo Parrilli--. No les convenía un procurador que respetara la ley. ¿Y a qué se dedicó? A perseguir fiscales, apartaron a Juan Pedro Zoni, con la causa del Correo. Intentaron con Boquín, no pudieron. Renunció el Procurador del Tesoro. Y protegió a Stornelli: ocho meses demoró para una declaración indagatoria y no fue. Se burló de la justicia. Así pasó todo el año 2018 y el 2019. Por eso, no es que no quieran a Rafecas. Quieren a Casal porque les sirvió estos tres años”.

Parrilli entonces dijo una frase que minutos más tarde terminó entre titulares tuertos de los diarios. “Acá no se trata de Rafecas si o Rafecas no, acá se trata de Casal si o Casal no. Hay muchos que quieren que siga porque les conviene a sus intereses. Es decir, un procurador interino, presionable y sin estabilidad y con todas las atrocidades que está haciendo”.

 

De mayorías y constitucionalidad

El proyecto tiene aspectos estratégicos y de fondo. Entre los primeros está el cambio de mayorías para la selección, de la mano de la reducción del mandato. Hace semanas se oye que el cambio no es constitucional. Sin embargo, la Constitución Nacional no lo dice. Sólo establece el principio de autonomía funcional y autarquía financiera.

Durante la pandemia murió un pariente de un senador del Frente de Todos. Miguel Angel Pichetto lo llamó para saludarlo. Hablaron del Senado. Pichetto dijo lo que muchos dijeron en estos días: nadie que conozca el funcionamiento de la Cámara alta puede pensar que es posible alcanzar dos tercios para acuerdos importantes. Es una de las razones por las que desde hace veinte años no hay Defensor del Pueblo. Y la razón que explica que sólo dos de los procuradores elegidos tras la reforma de 1994 hayan sido votados con mayoría especial. Esteban Righi en 2004 y Alejandra Gils Carbo en 2012. Nicolás Becerra fue designado por Carlos Menen en 1997, un año antes de la primera ley de modificación del Ministerio Público que estableció por primera vez dos tercios y mandato vitalicio. Recientemente sostuvo que si no hubiese contado con los dos tercios no podría haber declarado inconstitucional las Leyes de impunidad, pero recién después de la ley de 1997 él fue ratificado por el Senado.

Pero lo importante siguió después. Pichetto le habló de un proyecto de 2017. Gils Carbó había entrado de licencia el 1 de octubre, con renuncia confirmada para el último día de diciembre. En los primeros días de noviembre de 2017, ingresó al Senado una iniciativa de Reforma del Ministerio Público Fiscal con la firma del entonces presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, del radical Angel Rozas, del entonces jefe del bloque del Frente para la Victoria, Pichetto y del peronista salteño Rodolfo Urtubey. La propuesta también cambiaba la mayoría especial de dos tercios por mayoría absoluta, reducía el mandato a cinco años renovable por dos períodos, pero además, a diferencia del actual, eliminaba el requisito de dos tercios para la remoción por simple mayoría. Las crónicas recuerdan que estuvo por provocar la ruptura del bloque del PJ. El Senado comenzó a tratarlo en la Comisión de Justicia. Pasó Germán Garavano, y lo defendió. Pasó la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y se opuso a la remoción. Y pasó el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo y el fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, que no se opusieron, pero pidieron dos tercios para la remoción. Al comienzo no tuvieron dictamen.

 

 

 

Lo consiguieron el 6 de diciembre. En enero, Gils Carbó ya había renunciado. Eduardo Casal había asumido el cargo de interino. El 21 de marzo de 2018, el gobierno hizo pública la decisión de enviar el pliego de Inés Weinberg de Rocca como candidata. Pero ya desde enero se decía que el proyecto había perdido aceleración: la salida de Gils Carbó y un Consejo de la Magistratura más afín --decían-- hizo perder la urgencia de la reforma.

 

 

 

Pichetto le habló al senador de la trastienda. Y de Elisa Carrió. Le dijo que ella no quería el proyecto. Que ella habló con Macri. Lo amenazó con un divorcio. Macri cedió. Y en ese momento, él le dijo al entonces presidente que debía decidirse. Algunos de los tramos de esa misma historia volvieron a escucharse el viernes en el Senado.

José Mayans agarró papeles viejos. No habló de Carrió. Pero sí de Picheto, Garavano,  Rívolo y hasta Raúl Pleé. Leyó las viejas taquigráficas. “¡Fíjense cómo son las cosas!”, dijo en la pantalla de Zoom. “El proyecto lo presentaban Pichetto, Pinedo y Rozas el 3 de noviembre del año 2017. Y por esas casualidades de la vida, con alto consenso, el 8 de noviembre, cinco días después, lo trataron. ¿Sabe quién vino a respaldarlo?”, preguntó. Y dijo: Garavano.

 

 

“La taquigráfica no tiene desperdicio --explicó--. Primero, habló de que hay un nuevo sistema, que es el sistema acusatorio, y que eso reclama mayorías más ágiles. ¿Por qué?–dijo textualmente–: teniendo en cuenta que es un período de 4 o 5 años, dependiendo de lo que ustedes determinen, señores senadores, ya no es un cargo vitalicio. Entonces, reclama mayorías más ágiles”.

Siguió con Rívolo, también invitado a aquella sesión de la Comisión de Justicia de noviembre de 2017. “Cuando habla y expone, dijo que estaba de acuerdo con el proyecto, en general, lo único que le preocupaba eran los dos tercios para la destitución. Pichetto –¡y consta en la copia taquigráfica!– le dijo:

– Escúcheme una cosa: ¿entonces usted está de acuerdo con nosotros, que el fiscal sea por mayoría absoluta?

– Sí, por supuesto, exactamente –dijo el presidente de la Asociación de Fiscales.

 

 

 

– Entonces, lo que debo entender taxativamente es que usted sí se opone a que no se destituya por simple mayoría.

– Sí, sí, por supuesto, porque tendríamos que ver el tema de los dos tercios, habría que revisarlo.

Y habló de Raúl Pleé. Y dijo lo mismo. Que las reformas le parecían oportunas, no así la remoción.

Hoy --retomó Mayans-- dice que esto debilita. “Fíjense usted si esto no fue una cosa armada, presidenta. Esto es como una banda que viene a ver cómo se expresa. ¡De 2017 estamos hablando! Y estaba Pichetto, estaba Garavano, estaba Rozas, estaba Pinedo y estaban estos señores que vinieron a fundamentar el proyecto”.

 

Los cambios

Pero la ley no termina ahí. Existen cambios diseñados con la experiencia de los últimos cuatro años. Carlos Stornelli, la rebeldía, el procesamiento y la continuidad en su función, todavía blindada por el jefe de los fiscales. El desplazamiento de Zoni cuando avanzaba en imputaciones por la condonación de la deuda del Correo Argentino. La persecución a Gabriela Boquín vía sumarios de disciplina. Para bloquear estas anomalías el proyecto diseñó un mecanismo para modificar el funcionamiento del sistema de sanciones y de jury que ahora sólo se activa vía iniciativa del Procurador, con un Tribunal que no puede funcionar sin la presencia de la totalidad de sus siete integrantes lo que hizo que sólo se activara dos veces y por temas administrativos. E impide mecanismos de apelación. Es un organismo de control que se cierra sobre sí mismo. Y más sobre la cabeza del Procurador. Y de un procurador interino. En ese contexto, fueron pensados estos cambios:

• Remoción y Jury. Hasta ahora el Artículo 76 establecía que el Procurador sólo podía ser removido por los dos tercios de los votos del Senado. Eso no cambió. Sin embargo, la reforma agrega la posibilidad de suspenderlo mientras se sustancie el jury por acuerdo de mayoría absoluta del Senado. También establece que el mecanismo podrá ser iniciado por el Ejecutivo o por la Cámara Baja. Para la acusación ante el Senado, requiere mayoría absoluta. Y, como se dijo, el Senado puede suspender por la misma mayoría. Los demás magistrados podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento. El punto discutido por los fiscales es que el Tribunal de Enjuiciamiento continuará teniendo siete miembros pero cambia la integración.
• Tribunal de Enjuiciamiento. Hasta ahora estaba compuesto por 7 miembros. No cambió, pero cambia uno de los dos fiscales y uno de los dos abogados y por dos integrantes de la Bicameral que así sumarán tres: dos por la mayoría y uno por la minoría, quienes mantienen la presidencia del Tribunal. Cambia el comienzo del proceso. Hasta ahora se abría sólo a requerimiento del Procurador. Ahora puede abrirse a pedido de los denunciantes: “Si el/a Procurador/a desestimara una comunicación, queja o denuncia deberá notificarla a quien la presenta que podrá recurrir tal decisión ante el Tribunal de Enjuiciamiento”. Cambia la incidencia de los integrantes: hasta ahora el Tribunal no podía funcionar si no estaban todos sus miembros. Ahora sólo basta la mayoría. Y hasta ahora la sentencia condenatoria necesitaba mayoría especial de 5 votos. El primer dictamen del proyecto reducía ese número a 4, pero tras las correcciones volvió a dejar la mayoría especial de los miembros, y aclara que se trata de miembros presentes.

También hubo otros cambios. El artículo 9 incorpora perspectiva de género, representación federal y exige informes periódicos ante la Comisión Bicameral. Agregaron Unidad especiales de Medio Ambiente, Violencia Sexual y de Apropiación de niños y niñas en dictadura, y las nuevas deberán ser autorizadas por la Bicameral. Y elimina la Unidad de Extinción de Dominio, creada por el gobierno anterior para expropiar bienes a imputados en causas penales antes de las condenas.

Lo que viene

Mañana lunes concluyen las sesiones ordinarias. Y se abre el período de extraordinarias. Las extraordinarias funcionan sólo con agenda del Ejecutivo. Alberto Fernández tiene tiempo hasta el martes para enviar el temario. La agenda incluirá, se sabe, la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, con debate inicial en tres comisiones de la Cámara baja, trámite exprés porque toma como antecedente las discusiones de 2018 para no replicarlas, media sanción prevista entre el 9 y 10 de diciembre y sanción completa antes de fin de año, en una fecha que esperan no acerque al calendario católico de Navidad. Podrá incluir o no el proyecto de Reforma Judicial con media sanción en el Senado, reclamada a viva voz por el presidente y que ya comenzó a buscar consensos y estrategias en la Cámara baja. Y podrá incluir, o no, la reforma de la Procuración y el tratamiento del pliego de Daniel Rafecas.

Hasta aquí, todo indica que Alberto incluirá la reforma del MPF. Lo confirmó una alta fuente de Justicia. Y lo mismo dicen alrededor de Santiago Cafiero. ¿Hará lo mismo con Rafecas? Seguramente. Puede incluirlo solo o como parte de los candidatos a cargos vacantes en la Justicia que el Ejecutivo empezó a enviar para el acuerdo del Senado, entre ellos el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla designado en el juzgado federal de La Plata con competencia electoral.

Cuando concluían las conmemoraciones por la muerte de D10S, un amigo del presidente llamó al candidato. A título personal. No de parte de nadie. Faltaban horas para la discusión en el Senado.

– ¿Te bajas si se aprueba el dictamen? –preguntó.

El candidato dijo que no. No se baja.

Mientras tanto, habrá otras noticias. Como se dijo, el tratamiento de la ley en Diputados abre la puerta para la salida de Casal. Su aprobación será discutida. Pero si avanza, habrá otra noticia: apenas el proyecto sea Ley, la Bicameral del Ministerio Público se propone activar la cláusula que le permite designar a un interino en caso de vacancia. Hasta la entrada del nuevo o nueva Procuradora General de la Nación.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí