Expropiadores y expropiados

 

A solo un mes de iniciar su mandato, el gobierno de Milei ha establecido las bases de un fenomenal proceso de expropiación de las mayorías populares.  Ha beneficiado (y busca seguir haciéndolo) a un número acotado y claramente identificable de actores del poder económico. Sobre la base de la intensa transferencia de ingresos del trabajo al capital que tuvo lugar durante la gestión de Cambiemos y que se mantuvo en la del Frente de Todos, las medidas económicas que ha anunciado hasta el momento el nuevo gobierno pueden dividirse en dos grandes ejes estrechamente relacionados entre sí: las que buscan implementar un fuerte ajuste económico (medidas de “coyuntura”) y las que atañen a un programa de reformas estructurales.

Un plan ortodoxo

Las medidas de coyuntura, en especial las anunciadas por el ministro Caputo ni bien comenzada la gestión, implican un ajuste económico ortodoxo que afecta severamente el poder adquisitivo de los salarios y otros ingresos fijos, lo mismo que el nivel de empleo. A continuación, se listan los principales efectos de las medidas anunciadas, muchas de ellas ya implementadas, otras en proceso de aplicación y otras aún pendientes de instrumentación:

• Incremento del tipo de cambio oficial en casi el 120%. Las devaluaciones en la Argentina suelen tener un traslado veloz a precios (aumentan los bienes y servicios que se importan y que se exportan, lo cual incide en todos lo demás), más aún cuando no se establecen mecanismos compensatorios. La devaluación ha sido uno de los principales motores de la aceleración inflacionaria observada desde diciembre, lo cual ha pulverizado el poder de compra de los salarios. Las estimaciones de caída de los salarios registrados solo en diciembre oscilan entre el 10% y el 15%. Esto se ha dado junto con el desmantelamiento de los acuerdos de precios y la “liberación” de mercados como el de combustibles, medicamentos, medicina prepaga, etc., que ha tenido un impacto inmediato en materia de aumentos de precios.
• Reducción de los subsidios a la energía y el transporte y otorgamiento de mayores tarifas a las empresas prestatarias. Estas medidas están generando un aumento exponencial de tarifas de servicios básicos (luz, gas, transporte urbano) que impacta directamente en los bolsillos de los trabajadores y sus familias.
• No renovación de la devolución del IVA para compras con tarjeta de débito y rebaja de bienes personales. La primera constituye una medida que afecta el consumo, sobre todo de los sectores populares. Su carácter regresivo se justifica en la necesidad del “ajuste fiscal”, cuando en paralelo se propone una reducción en las alícuotas de bienes personales (se trata de uno de los pocos impuestos progresivos que pueden contribuir a paliar la desigualdad).
• No renovación de los contratos laborales en el Estado nacional que vencían el 31/12/2023. Esto redundará en una pérdida inmediata estimada en 7.000 empleos en el sector público nacional.
• Repetición para este año del presupuesto 2023. Entre otras cosas, esto conlleva un congelamiento salarial para los empleados de la administración pública y de universidades nacionales que, en el contexto de una inflación muy elevada, se traducirá en un desplome del salario real. En una línea similar se anunció el congelamiento de los montos del plan Potenciar Trabajo, cuyos perceptores sufrirán las mismas consecuencias que los empleados estatales.
• Reducción sustancial de las transferencias no automáticas del Estado nacional a las provincias. Esto tendrá un impacto decisivo en los presupuestos provinciales, en particular para Buenos Aires, que recibe una parte importante de sus recursos a través de esta vía (representa algo menos del 20% del total de sus recursos disponibles) y que fue un paliativo ante la baja participación relativa que detenta la provincia en la coparticipación federal de impuestos.
• Freno y cancelación de la obra pública. Esto tiene un efecto directo y pronunciado en los niveles de empleo, especialmente en las localidades más pequeñas. Y no solo afectará de manera directa a los trabajadores de la construcción, sino también a los de otras actividades locales que dependen del consumo de dichos trabajadores y sus familias (pequeños comercios, transporte, gastronomía, etc.).
• Fin del sistema de autorización de importaciones (SIRA) con la mira en ir hacia su apertura total.  Esto en el corto plazo podría abaratar los precios de algunos bienes debido a la mayor competencia con productos importados, pero en el mediano plazo, y sin ningún tipo de política industrial a la vista, terminará afectando a la producción local, lo cual tendrá un impacto negativo en los niveles de ocupación en la industria y la destrucción de capacidades productivas domésticas.

De modo que nos encontramos con un plan de ajuste que busca estabilizar precios por la vía principal de azuzar de manera decidida el proceso inflacionario. En rigor, pareciera que más que un plan de estabilización se está en presencia de un drástico reordenamiento de precios relativos, un elemento que suele preceder a la instrumentación de planes de estabilización. Naturalmente, ese fenomenal reordenamiento implica un esquema de ganadores y perdedores muy claros: entre los primeros se cuentan algunas fracciones del poder económico (grandes formadores de precios, petroleras, empresas de medicina prepaga, privatizadas); entre los segundos están sobre todo los perceptores de ingresos fijos (trabajadores, jubilados y pensionados, receptores de planes sociales) y las pymes en un escenario (procurado) de retracción de la demanda interna, suba de costos y liberalización comercial.

 

El DNU y el proyecto de ley “ómnibus”

Otro hito de la expropiación es el mega DNU anunciado por cadena nacional el 20 de diciembre y entrado en vigencia el 28 de ese mismo mes, aunque su viabilidad jurídica está cuestionada por razones  variadas y justificadas. A ello se suma el envío al Congreso de un proyecto de ley “ómnibus” (que en su articulado plantea la aprobación “llave en mano” del mega DNU). Un repaso por algunos de los aspectos más salientes del DNU y del proyecto de ley pone en evidencia la virulencia de la ofensiva contra las mayorías populares que se busca perpetrar:

• Reforma laboral. Se trata de una de las grandes apuestas estratégicas, en tanto involucra, entre otras cuestiones, la eliminación de la ultraactividad, la extensión del período de prueba, la habilitación de un sistema privado de capitalización para financiar las indemnizaciones, la eliminación de multas por empleo no registrado y la limitación del derecho de huelga en gran parte de los sectores de actividad. Todo ello restringe derechos de los trabajadores y fomenta el empleo no registrado y el despido, generando una mayor volatilidad en el mercado laboral. Al contrario de lo que dicen sus defensores, estas reformas no facilitan la creación de puestos de trabajo sino, al contrario, su destrucción y/o su abaratamiento.
• Derogación de la Ley de Alquileres. Esto deja librados al acuerdo entre las partes las condiciones y los precios de los alquileres, incluyendo la posibilidad de realizar contratos en dólares. Dada la desigual situación entre propietarios e inquilinos, ello habilita a cobrar alquileres con aumentos muy por encima de la evolución de los salarios y jubilaciones, además de acrecentar la inestabilidad y la incertidumbre para quienes alquilan.
• Derogación de la Ley de Abastecimiento. Impide sancionar la falta de productos básicos o aumentos desmedidos de precios, mecanismo que suelen utilizar las empresas con poder de mercado para aumentar sus ganancias en detrimento de los consumidores.
• Eliminación de la fórmula de movilidad para el pago de las jubilaciones y pensiones sin proponer otra alternativa. Esto deja futuros aumentos a merced del Poder Ejecutivo Nacional: en un marco de recorte de gastos buscando el equilibrio fiscal, se puede suponer que las jubilaciones correrán bastante por detrás de la inflación, perdiendo aceleradamente poder adquisitivo. A ello se le suma la virtual liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, lo cual dejaría sin respaldo los futuros ingresos de los jubilados.
• Reforma del Código Aduanero. Avanzar en esta vía incluye el fin de cupos de exportación, un instrumento utilizado para priorizar  en determinadas circunstancias la provisión al mercado interno de bienes exportables que integran la canasta de consumo básica (como la carne o el trigo). Ello implica que los exportadores pueden optar por vender al exterior toda su producción si lo desean, llevando a los precios internos a valores similares a los que rigen a nivel internacional (los cuales suelen ser mucho más altos).
• La decisión de privatizar empresas púbicas, previa su conversión en sociedades anónimas. Esto significa dilapidar el patrimonio público y entregarle nuevos negocios al capital concentrado, además de librar al “mercado” la provisión de bienes y servicios esenciales y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
• Avanzar en la desregulación de numerosos sectores, como el vitivinícola, el azucarero, el yerbatero, el de pasta celulósica y el algodonero. Al tratarse la mayoría de ellos de sectores altamente concentrados se favorece la fijación oligopólica de precios, encareciendo consumos básicos de la población.
• Eliminación de la “doble imposición” con algunos países. En caso de concretarse, esto erosionará severamente la capacidad recaudatoria del Estado argentino y beneficiará de modo directo a un puñado de corporaciones que integran el núcleo de la cúpula empresarial local.
• Modificaciones en materia medioambiental (Ley de Glaciares, de Bosques, de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema). Se trata de un reclamo histórico de sectores del poder económico (mineras, agro-negocios, grandes inmobiliarias) que buscan apropiarse de una parte suculenta del patrimonio natural de los argentinos para incrementar su rentabilidad.
• Cambios al marco regulatorio de la medicina prepaga. Se establece la desregulación del precio de los planes y otros aspectos como la responsabilidad de las firmas frente sus afiliados ante una quiebra. De este modo, las empresas de medicina prepaga aumentaron las cuotas en un 40% en enero y habrá otra aumento del orden del 30% para febrero. Ello golpea directamente al bolsillo de sectores medios, además de tener un efecto cascada negativo sobre la población que se atiende en los hospitales públicos, ya que deberán atender a mucha más gente a raíz de aquella parte de la población que no pueda sostener la prepaga (se calcula que serían alrededor del 30% de los afiliados actuales).
• Derogación de la Ley del Compre Nacional y del instrumento de la promoción industrial (salvo en Tierra del Fuego). Al eliminar estos dispositivos se alentará un proceso de desindustrialización que afectará el nivel de actividad, empleo y salarios en algunas regiones del país.
• Se dispone la facultad de intervenir o directamente eliminar los organismos descentralizados del Estado (INTI, CONICET, CONAE, CNEA, etc.). Esto abre la puerta a despidos masivos en el ámbito estatal nacional. Debe tenerse en cuenta que estos organismos emplean alrededor de 130 mil personas, lo que representa cerca del 60% del total del personal de la administración pública nacional.

¿Un nuevo saqueo?

Esta brutal embestida contra las condiciones de vida de los sectores populares ocurre en el marco de un programa que aspira a generar condiciones para un cambio radical y perdurable en la correlación de fuerzas sociales. De allí que no sea casual que las medidas económicas aludidas se dan en paralelo a un fortalecimiento de muchos ámbitos estatales abocados a la represión (una aparente paradoja para un gobierno supuestamente libertario). En lo económico se aspira a consolidar un modelo de “crecimiento” basado en la exportación de nuestros recursos naturales por parte del gran capital transnacionalizado y en el consumo de los sectores de mayores ingresos. Es decir, un país muy alejado en términos de igualdad de lo que alguna vez llegó a ser la Argentina y mucho más cerca de los niveles de desigualdad que han caracterizado históricamente a otros países latinoamericanos.

La moneda empezó a girar: queda por ver si será posible concretar semejante expropiación, o si la dinámica del conflicto social y el accionar de los sectores populares pondrán un freno a esta ofensiva del poder económico, algo que ha ocurrido en reiteradas ocasiones en la historia de nuestro país.

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