Explotación agravada

La pandemia empeoró la situación de las trabajadoras de casas particulares

Por Laura Guarinoni
Movilización de octubre pasado al Ministerio de Trabajo. Foto CEIL-Conicet.

 

Desde marzo del año pasado, cuando se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), María del Carmen está desempleada. Con 52 años es jefa de su hogar, vive con sus cinco hijos –uno con discapacidad– en el Barrio 31 y pertenece al grupo de riesgo: es asmática y diabética. Antes de la pandemia, trabajaba ocho horas diarias limpiando casas de la Ciudad. Ninguno de sus empleadores la había registrado formalmente y con la paralización de la actividad no le pagaron más, pese a la obligación dictada por el gobierno. Si hubiera seguido trabajando (incumpliendo la ley) cobraría su sueldo, pero debía priorizar su salud. Ese fue el argumento que repitieron sus empleadores, quienes no sólo no le pagaron los meses de ASPO sino tampoco la indemnización por los años de trabajo. María del Carmen no recibía Asignación Universal por sus hijos ni cobraba el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque su ex era camionero. Él también se quedó sin trabajo y los trámites para cobrar esos beneficios fueron muy largos. En medio de la desesperación comenzó a asistir a un comedor del barrio. Allí se encontró con otras mujeres que también eran trabajadoras de casas particulares y estaban en igual situación. “Nos habían dejado a todas sin nada y decidimos organizarnos”, recuerda. Armaron la agrupación “Trabajadoras de casas particulares en Lucha”, que en poco tiempo nucleó a cientos de personas en todo el país, en su mayoría mujeres. Ellas fueron artífices de un hito en la historia de este rubro laboral: una gran movilización en octubre pasado al Ministerio de Trabajo, en la que pidieron mejores condiciones laborales.

En nuestro país hay cerca de 1,4 millones de trabajadoras de casas particulares.  El femenino es porque el 95% son mujeres. Un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2020 calculó que el 22% de las mujeres asalariadas en Argentina realiza este trabajo. Este sábado, como cada 3 de abril, fue el Día del Personal de Casas Particulares, en conmemoración de la sanción de la Ley 26.844 de 2013, que regula el sector. La norma otorga derechos laborales a todas las trabajadoras, sin importar la cantidad de horas trabajen. Incluye los derechos de la jornada laboral regulada, vacaciones pagas, salario anual complementario, licencias, indemnización por despido sin causa, pago de horas extras, acceso a una obra social, entre otros. Sin embargo, una de las características del sector es su alta tasa de informalidad. Tres de cada cuatro trabajadoras no están registradas. La tasa de informalidad es mayor cuanto menor es la cantidad de horas de trabajo y la antigüedad en el puesto.

La ley creó además la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que fija la escala de salarios mínimos. Los ingresos promedio del sector rondan los 9.700 pesos mensuales, muy por debajo de los 23.722 que se necesitan para no ser indigente. En noviembre de 2020 se acordó un incremento del 28% en tres partes: diciembre de ese año, febrero y abril del actual. Aun así, los niveles más altos de la escala salarial ni siquiera rasguñan el valor de la Canasta Familiar establecida por el INDEC. “La compañera que más cobra no llega ni a la mitad de los 58.000 pesos que se necesita una familia”, explica María del Carmen.

 

 

La gota que rebalsó el vaso

El crecimiento de la terciarización de las tareas de la casa o de cuidado, fruto de la mayor incorporación de mujeres al mercado de trabajo en las últimas décadas, no implicó mejores condiciones laborales para las trabajadoras domésticas. La invisibilización de la importancia de las tareas del hogar y del cuidado para la economía favorece la informalidad de las contrataciones. Se mezcla además con conceptos como la “ayuda”, vinculada con el afecto, que menoscaba a diario los derechos de las trabajadoras, y con un componente de clase: la mayoría de las empleadas provienen de estratos sociales bajos y muchas son migrantes. A estas desigualdades estructurales que se arrastran desde hace décadas se sumó en 2020 el contexto pandémico. El sector fue uno de los más golpeados. Según un informe del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, entre 5 y 6 de cada 10 trabajadoras empeoró su situación laboral con la pandemia: fueron despedidas, no les pagaron, les redujeron el salario o la cantidad de horas, les cambiaron de categoría para que asistan a su trabajo. Sólo al 33% de los empleadores pagaron a quienes no asistieron a trabajar por la pandemia, y otro 11% les pagó porque estaban trabajando.

Carlos Brassesco, apoderado del sindicato Unión del Personal Auxiliar de Casas particulares (UPACP), estimó ante la consulta de El Cohete a la Luna que la informalidad en el sector creció un 5% durante la pandemia y que hoy el 75% de las trabajadoras no están registradas. “Sabemos que hubo pérdida de fuentes de trabajo, estimamos que podrían ser cerca de 350.000, pero es un número que fluctúa constantemente porque la informalidad se nos escapa”, aseguró. Además contó que se multiplicaron exponencialmente las consultas al sindicato por despidos, disminución de sueldos y abusos de los empleadores. En los primeros tres meses de la cuarentena llegaron a atender casi 2.000 consultas por semana.

Andrea trabaja como empleada doméstica desde los diez años (sic) en la zona de Boulogne, partido de San Isidro. “Empecé como ayudante de mi mamá en la casa de una señora y ahí aprendí todo”, cuenta. Hoy tiene 44 años, dos hijos y dos nietas, y vive en José León Suárez. Antes de la pandemia trabajaba por hora en siete casas y sólo en tres estaba registrada. Con el inicio de la cuarentena estricta perdió sus empleos informales y con el correr del año también los formales: en uno la indemnizaron y en los otros dos le pidieron la renuncia. “Nos arreglamos con la AUH de mi hijo de 16 años, el salario de mi hija que es verdulera medio tiempo, el IFE y la comida que enviaban del jardín de mi nieta. Mi marido hace changas porque yo y mi hijo somos asmáticos y todavía no podemos salir a trabajar”, dice sobre su situación actual.

Casos como el de Andrea se acumulan en cientos de posteos de Facebook diarios en grupos destinados a trabajadoras de casas particulares del país, varios de ellos creados el año pasado y que cuentan con miles de miembros. Juana cuenta que por la pandemia su empleador le redujo la jornada de seis a cuatro horas con la excusa de que “ya había aprendido a cocinar”. Estaba en blanco hace casi tres años. “Gracias a esta página me enteré que me tenían que indemnizar por las horas que ya no trabajaba y que tenían que pagarme el sueldo a valor hora. Se lo planteé a mi empleador y su pareja me gritó furiosa. Me sentía tan mal que iba a renunciar. Fui al hospital y una psicóloga me dio unos días de licencia por maltrato laboral. Luego arreglamos la desvinculación. Hoy estoy desocupada pero un poco más tranquila”. En otro posteo, Alejandra dice que hace nueve años trabaja en el rubro y que desde 2019 su empleador no paga sus aportes ni la obra social. “En este momento estoy en cama, no me puedo mover y no puedo usar la obra social. Cuando estuvimos en cuarentena me obligó a ir a trabajar porque si no iba no me pagaba. No me pagan los feriados ni las horas extras”. Susana le recomienda que se asesore y le pasa por privado el contacto de una abogada.

En Córdoba las trabajadoras también se organizaron el año pasado por la cantidad de abusos que sufrieron por parte de sus empleadores. Dorys, quien trabaja desde hace 20 años en el rubro, contó a este medio que “durante la cuarentena sufrieron muchas humillaciones, muchos atropellos, sobre todo en los countries y barrios privados. Es muy difícil hacerles entender que sos una empleada, que tenés una ley que te protege, que te mereces un sueldo, que ni siquiera es un gran sueldo. A algunas compañeras las hacían firmar una declaración jurada para cambiarlas de categoría. Si no accedían lo consideraban un motivo para despedirlas con causa. A otras les descontaron de su sueldo el IFE que entregaba el gobierno. Y a muchas de las que trabajan cama adentro directamente no las dejaron salir más porque si no perdían el trabajo”. Entre las historias más violentas hubo quienes les pusieron cadenas y candado a las heladeras o las tenían trabajando durante horas convidándoles apenas un mate cocido.

María del Carmen, vocera de su agrupación, contó que son varias las trabajadoras que fueron obligadas a trabajar y se contagiaron de Covid. “Una de nuestras compañeras se contagió en el trabajo, contagió a su papá que era grande y murió del virus”, contó.

 

 

Ser esenciales sin ser reconocidas

En octubre del año pasado el gobierno decidió que se abriera la actividad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otros conglomerados urbanos. En algunas provincias ya se había retomado el empleo doméstico. Muchas de las trabajadoras se encontraron con que no tenían un trabajo al cual volver. Habían sido despedidas durante la pandemia y la demanda era poca. También las condiciones de trabajo cambiaron. “Nos encontramos con muchos empleadores que no quieren registrarlas o que deciden tomarlas nuevamente de manera informal, sin reconocer su antigüedad, sin haberles pagado por los meses previos que les correspondía”, alertó Brassesco.

Al transitar la mayoría por más de un lugar de trabajo diario o semanal, las trabajadoras se ven además muy expuestas al virus. .En la mayoría de las ocasiones no les pagan un transporte que garantice su seguridad y deben viajar en transporte público. Desde la UPACP piden que las trabajadoras de la cuarta categoría, las cuidadoras, que son consideradas como personal esencial desde el primer Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el gobierno, sean incluidas prontamente en el plan de vacunación. El reclamo también es compartido por la agrupación “Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha” y se incluirá en la movilización que organizan para el miércoles 7 de abril. “Nosotras también somos esenciales, porque estamos en contacto con otras personas que requieren de nuestro servicio, entonces pedimos vacunas para todas”, dice María del Carmen. También reclaman un aumento salarial, un bono para las desocupadas y una pensión o una jubilación para quienes ya no pueden trabajar por problemas de salud.

La economía feminista y los feminismos echaron luz sobre la importancia de estas tareas para sostener la vida de las familias y las economías nacionales en todo el mundo pero la pandemia terminó por considerarlas trabajo esencial y puso el debate en agenda. Sólo resta que una buena parte de la sociedad empiece a poner en valor estos trabajos y los reconozca, respetando los derechos de quienes lo llevan adelante y con un salario adecuado.

 

 

 

 

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