Esto recién empieza

La Bicameral de Inteligencia describe el “plan sistemático de espionaje ilegal” del gobierno de Macri

Por Amanda Alma
La conferencia de la Bicameral de Inteligencia, el martes. Foto: prensa Senado.

 

Once meses de intenso trabajo y finalmente se dio a conocer el informe final sobre el espionaje ilegal durante el gobierno macrista. El encargado de detallar el extenso documento de 383 páginas fue el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) Leopoldo Moreau, quien convocó a una conferencia de prensa presencial en el salón de los Pasos Perdidos. Se trata de una versión más acabada del informe presentado ante las autoridades de ambas cámaras a fines del año pasado. Secundado por los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, junto al diputado Eduardo Valdés y la diputada Blanca Osuna, habló de un “plan sistemático de espionaje ilegal”.

 

 

La CBI se reunió el martes a la mañana para formalizar la firma de los dos dictámenes que respaldan el trabajo de la comisión. Siete de los 14 integrantes, la mayoría del oficialismo, estuvieron de cuerpo presente en el salón Delia Parodi. Algunos miembros de la oposición ni se conectaron al Webex y no siguieron la reunión de comisión, que es secreta y no se televisa. Finalmente tampoco firmaron el dictamen de minoría, lo que generó múltiples interpretaciones. Un par de horas después ya estaban publicados todos los documentos en la web del Senado, en una decisión de dar a conocer “un trabajo sin precedentes sobre el funcionamiento de un Estado Mafioso”.

La investigación comenzó a fines de mayo de 2020 tras la denuncia del ex subsecretario de Defensa y ex agente de lo que fue la SIDE, José Luis Vila. Había recibido amenazas y decidió acercarse al Parlamento, que ya venía trabajando sobre las filtraciones de escuchas ilegales. Para avanzar, la CBI solicitó a la presidencia de ambas cámaras la conformación de una subcomisión que pudiera fiscalizar y auditar a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos que estuvo bajo jurisdicción de la Corte Suprema durante el macrismo. El pedido se concretó por la resolución conjunta 08/20 y para esa tarea fueron designados los diputados Rodolfo Tailhade (FdT) y Cristian Ritondo (PRO) junto al senador Martín Doñate (FdT), que trabajaron de manera articulada en las diligencias para garantizar la reconstrucción de las denuncias y los informes requeridos. La percepción general del resto de la CBI es que el trío funcionó de maravilla y facilitó el acceso de los demás integrantes a preguntar y seguir el complejo entramado del espionaje.

La Comisión Bicameral se creó por la Ley 25.520 en 2001, cuando se dictó la Ley Nacional de Inteligencia, antes del estallido social que terminó con el gobierno de la Alianza. Es la única entre las 16 comisiones bicamerales del Congreso que puede hacer reuniones reservadas y mantener su trabajo en secreto. Tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio. Y eso fue lo que permitió al oficialismo, comandado por Moreau, recibir testimonios y ordenar toda la información dispersa en juzgados, medios de comunicación y organismos del Estado. Pero sus informes no son vinculantes y en eso se ampara la oposición para cuestionarlos.

Desde el oficialismo sostienen que se trabajó “sin obstáculos de Juntos por el Cambio”. Sospechan que la “procesión va por dentro” porque “la gran mayoría de los que integraron la comisión incluso fueron espiados”, y otros no quieren quedar pegados a maniobras ilegales. Y apuestan a sumar voluntades que repudien desde todos los sectores este accionar. Adelantaron que enviarán copias de este informe al Ministerio Público Fiscal, a las asociaciones de jueces y abogados, a universidades, a Naciones Unidas y organismos internacionales.

El compromiso asumido por la CBI fue presentar informes semestrales y por eso coincide con esta fecha la publicación del documento final, aunque según anticipó Moreau “hay documentación que llegó con el informe ya cerrado y que falta analizar”.

 

 

 

 

Transparentar la trama secreta

El trabajo se centró en develar el circuito, paso a paso, desde la iniciación del seguimiento hasta la presentación judicial, pasando por la filtración en los medios que se utilizó luego como prueba para respaldar las denuncias en sede judicial. Detalla el mecanismo minucioso de armado de causas en el marco del lawfare, desandando el entramado que entretejió la Justicia con los servicios de inteligencia y los medios de comunicación, a partir de la formulación de “pre-causas” que operan de excusa para justificar los seguimientos ilegales. Los diputados y senadores tiraron del hilo de las escuchas filtradas en medios hegemónicos y contrastaron la documentación que tuvo que facilitar el Poder Judicial. El volumen de información analizada alcanza a develar un modus operandi, donde no solamente están involucrados agentes de la AFI y sus superiores sino también otros organismos públicos y ministerios. El entrecruzamiento de cientos de documentos sumado a las 27 declaraciones, en carácter informativo, que se recolectaron a través de audiencias privadas en el marco de la CBI, o que fueron incluidas como testimonio escrito, podrán ser aportadas a la Justicia. Pero sin duda toda esa información ya motiva próximas modificaciones legislativas.

La investigación puso en relevancia el rol que jugaron el Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no sólo aportando información sino garantizando la vigilancia sobre los movimientos de las víctimas del espionaje. El artefacto ilegal montado y comandado desde la cúpula de la AFI recepcionaba la información que los distintos agentes reunían sobre las acciones, conversaciones o desplazamientos de sus objetivos y preparaban informes semanales. Con eso armaban expedientes y evaluaban el impacto que podían general. El paso siguiente era el filtrado a los medios para estigmatizar y generar repudio social mientras algún legislador de Cambiemos presentaba la denuncia en sede judicial. A través del análisis preciso de la operativización de las causas que involucran a ex funcionarios del gobierno kirchnerista “se vislumbran no sólo vínculos y tareas no formalizadas con la Agencia Federal de Inteligencia sino también relaciones estrechas y de colaboración mutua con funcionarios y magistrados”. Describen cómo actuaron en cada una de las fases del ciclo de inteligencia: recolección, procesamiento y análisis de datos; diseminación, planificación y direccionamiento de la información. Quieren dejar bien en claro cómo funciona la estructura paralela que utiliza todo el aparato estatal para recopilar información sobre militantes, dirigentes, referentes sociales y políticos.

En la conferencia de prensa se hizo énfasis en particular en la utilización de la acción psicológica sobre los entornos familiares “de las personas que resultaban del interés persecutorio o personas seleccionadas para obtener coactivamente una declaración en una causa penal o extorsivamente un beneficio económico, de nuevo, a través del dispositivo judicial y periodístico”. La hazaña del oficialismo fue conseguir los testimonios de agentes y ex agentes de carrera que habían ingresado antes del 2016 a la AFI. Incluso hubo que pedir autorización para levantar momentáneamente secretos y permitir el aporte de información clasificada. Algunas de esas declaraciones aparecen en el documento final y aportan datos claves de las operaciones. Saben que es un documento irrefutable: la prueba documental recopilada y las declaraciones respaldan cada una de las palabras expuestas. Pero desde la oposición se centran en deslegitimar la pertinencia de la CBI en este tipo de investigaciones y evaden pronunciarse sobre el entramado ilegal de espionaje.

Entre los testimonios que se difundieron en el documento, y que el propio Moreau califica de “confesiones”, se dejan en evidencia las presiones sobre los propios agentes. Un ejemplo: “Coste ingresa al despacho de J.H.2 y le informa que Majdalani le solicitó que sancione a los agentes involucrados en el seguimiento al Instituto Patria, a lo que Coste se opone por no haber sido su directiva”.

 

 

Seis nuevas paradas en la ruta del espionaje

Parte del descubrimiento que el documento hace público es la proliferación de Bases AMBA que funcionaban como delegaciones territoriales de la AFI y cuyo objetivo principal era dar apoyo operativo a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de seis bases instaladas desde mediados del año 2016 en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo, Pilar, La Matanza y Quilmes. El informe sostiene que “surgen de una resolución dictada por el entonces Director General de la AFI, Gustavo Arribas”. Suman aproximadamente 70 personas reclutadas específicamente para esas nuevas bases. Algunos de estos agentes dan su testimonio ante la CBI y se someten al interrogatorio de diputades y senadores de los distintos bloques. Durante 2017 las sedes históricas instaladas en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca pasaron a depender de la flamante Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, ampliando a nueve su red operativa, y se incorporan una veintena de agentes más. “Desde allí se realizaron numerosas actividades de inteligencia y espionaje ilegal tendientes, principalmente, a influir en la agenda política de cara a las elecciones de medio término en la provincia”, destaca.

Las maniobras descriptas en el análisis de las Bases AMBA dan cuenta de las intervenciones en la estructura orgánica de toda la Agencia, redistribuyendo funciones y sumando nuevas. Denuncian que se otorgaron facultades para realizar actividades expresamente prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia 25.520.

 

El que calla otorga

En el dictamen de minoría faltan las firmas de los senadores opositores Oscar Aníbal Castillo y Juan Carlos Marino. Desde el oficialismo leen esas ausencias como una forma de convalidar el dictamen mayoritario y el informe lapidario. Si bien participaron de todo el proceso de investigación, se ausentaron de la última reunión de comisión. Sospechan que la revelación del funcionamiento del engranaje ilegal, que incluso tiene a algunos de ellos como sujetos espiados, impactó en el fuero íntimo de cada uno. Refuerzan esa hipótesis argumentando que el dictamen de minoría no se refiere al fondo de la cuestión ni habla del sistema de espionaje ilegal. El texto firmado por Cristian Ritondo, Sebastián García de Luca, Pamela Verasay y José Cano apunta principalmente a las atribuciones o no que tiene la CBI para llevar a cabo este tipo de investigación.

El pampeano Marino es vicepresidente de la comisión y durante el macrismo fue el presidente y la mantuvo bastante paralizada. A fines de 2018 fue denunciado por acoso sexual, aunque terminó sobreseído. Atribuyen esas denuncias a operaciones de los servicios de inteligencia por la decisión de citar a las autoridades de la AFI. Durante su gestión al frente de la CBI se presentaron las primeras denuncias por las filtraciones de las conversaciones entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli. Ante esa comisión se presentaron en 2019 Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Junto con Castillo, Verasay y Cano llevan varios períodos como integrantes de la comisión, y desde entonces vienen discutiendo con Tailhade y Moreau sobre las irregularidades en la AFI.

El dictamen de minoría sostiene que “no estamos en presencia de una labor de investigación de supervisión por parte de la CBI sino de una actividad paralela a la jurisdiccional”. Insisten en que la Comisión se tomó atribuciones que no le son propias y preparan la cancha para apoyarse en este documento público en caso de que se requiera impugnar algún testimonio en sede judicial. Se trata de una estrategia que vienen utilizando en Juntos por el Cambio desde hace varios años y que supone participar en las comisiones investigadoras para luego dictaminar cuestionando la forma y no el contenido. Corren así el eje de debate para centrarse en interpretaciones forzadas del propio reglamento de la comisión sobre los alcances de sus atribuciones, al mismo tiempo que se transforman en testigos privilegiados de toda la información que se va produciendo y que involucra directamente a sus jefes políticos.

El entorno de Juntos por el Cambio es hermético y no deja filtrar ni una emoción en torno a la publicación del informe. En estos días los celulares de los seis integrantes de la comisión que representan a Cambiemos suenan y suenan pero nadie responde. Los mensajes se acumulan sin más con doble tilde azul en los WhatsApp. El silencio también se puede interpretar como una forma de deslegitimar el trabajo de la Comisión, de desconocer lo que se dice y ni siquiera nombrarlo.


Catapultar hacia adelante

La manifiesta connivencia entre fiscales, jueces y operadores que describe el informe parece haber tenido un efecto inesperado. Sin dudas las irregularidades en la conducción del ministerio público fiscal que se detallan, donde se desnudan los aportes esenciales en el circuito de armado de causas a partir de la recolección ilegal de información y la utilización de órdenes fiscales para legalizar las maniobras, vuelven a colocar en el centro del debate los proyectos que impulsan modificaciones del sistema que administra a fiscales y defensores.

Desde hace tres años, el actual procurador interino, Eduardo Casal, está sostenido en su cargo por las complicaciones para la designación de alguien que reemplace a Alejandra Gils Carbó que se vio forzada a dejar su cargo a fines del 2017 por las presiones del gobierno macrista en alianza con Graciela Camaño que en esos años presionaba para modificar el sistema. Toda la semana se rumoreó una posible visita a Diputados del flamante ministerio de Justicia Martín Soria. Mientras ocupó su banca en representación de Río Negro, intentó motorizar la media sanción de Senado que modifica las mayorías para la designación y revierte la perpetración en el cargo por plazos limitados.

Su presencia se anunció finalmente para mañana lunes por la tarde. Desde las comisiones de Justicia que preside el oficialista Rodolfo Tailhade y la de Asuntos Constitucional que conduce el pampeano Hernan Pérez Araujo trabajan contrarreloj para armonizar los proyectos existentes. Saben que la decisión del ministro es avanzar con consensos y para eso hay que negociar. Podrían incorporarse cambios sobre los plazos de duración del cargo, aún más cortos que los propuestos en senado, y acompañar la propuesta de las mayorías simples para la designación. Pero el haz bajo la manga es la cláusula de remoción que podría sumar voluntades de la oposición que no responde a Cambiemos y que ven “con buenos ojos la presencia del ministro” para escuchar los aportes de los distintos sectores. Los principales referentes de Juntos por el Cambio en materia penal, y que hace años buscan modificar el funcionamiento de la ley orgánica del ministerio público fiscal y de la defensa, sostienen off de récord que “no van a acompañar” ninguna modificación de la ley y menos en estos contextos de pandemia.

La única certeza por ahora es que con la visita de Soria se intentará retomar la agenda judicial que impulsa el oficialismo en Diputados, un obstáculo complejo para sumar los 11 votos que le faltan para avanzar.

 

Espiar a las víctimas

Sin duda lo más estremecedor es la vigilancia sobre las víctimas. El informe tiene una descripción detallada de los procedimientos que tuvieron como objetivos a abogados y familiares de las víctimas del Submarino ARA San Juan y a las organizaciones y familiares de Santiago Maldonado.

El texto sostiene que “en ningún caso el tema-objeto fue la desaparición de Maldonado en sí sino las formas en que la población articuló reclamos en torno de ella”. Da cuenta de que se “hallaron numerosas menciones e informes específicos que alertan sobre actos, manifestaciones y expresiones de distinto tipo”. Las Bases AMBA reportaban semanalmente y “no se limitaron a reunir información personal sobre las personas que difundían el reclamo por la aparición con vida de Maldonado”.

Parte de las más de 300 personas que aparecen señaladas en el documento final que publicó la CBI aparecen en el contexto de estas acciones de reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Entre las transcripciones de las acciones investigadas se puede leer los seguimientos a diputados nacionales en actos y los discursos o reclamos que se expresaban.

A los familiares de las víctimas del ARA San Juan también los escucharon, los siguieron, le intervinieron sus casillas de correo y les borraron mensajes de sus celulares. Se dispuso la conformación de una sub comisión que deberá ahora continuar en el análisis de la información que surgió a raíz de la documentación hallada en la AFI. Ya fue radicada la denuncia en la Justicia por la interventora Cristina Camaño y fue ella también quien puso en conocimiento a la CBI. Se conformó una subcomisión de investigación integrada por los diputados Blanca Osuna, Eduardo Valdés y Sebastián García De Luca. En octubre de 2020 se presentó a dar testimonio la abogada que representa a un grupo de familiares de tripulantes del submarino. Allí dejó expresado que “más allá de los seguimientos, también hizo referencia a las amenazas de muerte recibidas –delito por el cual tramita una causa– e intromisión en los celulares de los familiares y el propio teléfono de la declarante”.

Junto a otro de los querellantes en la causa describieron el largo camino de hostigamiento que se pudo comprobar a través de los mensajes y documentos que intercambiaban entre los familiares. Advirtieron que en ocasiones “aparecían en los medios (Clarín e Infobae)”. Pero lo que más llamó la atención de los familiares fue que en una ocasión coincidieron de manera sospechosa las medidas solicitadas por las familias y el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad. La suspicacia se genera porque la solicitud de Aguad llegó al juzgado apenas unas horas antes y apuntaba a los mismos reclamos ante la Justicia.

Esta presentación concluyó con la primera etapa de un trabajo que sin dudas marcará un hito en la producción de conocimiento del Congreso de la Nación. Los lineamientos que dejaron trazados en estas páginas establecen una serie de desafíos para comenzar a destapar los sótanos de la democracia, y una mayor intervención del parlamento en el seguimiento cotidiano de las acciones de inteligencia, la carrera dentro de la agencia y el Plan Nacional que deben trazar los gobiernos. Para garantizar el fortalecimiento del sistema democrático y que Nunca Más se puedan establecer mecanismos de vigilancia y espionaje ilegal.

 

 

 

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