ESTIGMAS

Por Horacio Verbitsky
Ilustración, Azul Blaseotto, animada por Silvia Canosa

 

Un argumento curioso en favor de la quita de subsidios a los sectores de altos ingresos fue la divulgación de una nómina de beneficiarios. Incluía, entre otros al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, al futbolista Carlos Tévez, a varios miembros de la familia de empresarios Blaquier, al lobbista de las grandes industrias de alimentos Daniel Funes de Rioja; a los propietarios de los laboratorios Bagó y Roemmers; a la actriz Mirtha Legrand; al magnate del petróleo y los alimentos Gregorio Pérez Companc; a los banqueros Esquenazi; a la ex directora de Clarín Ernestina Herrera y a varios miembros de la familia del ex Presidente Maurizio Macrì.

No es muy lógico singularizar en unas pocas personas, escogidas entre los adversarios políticos, una práctica generalizada que, además, fue política oficial. Pero los integrantes de la coalición Cambiante lo cuestionaron por otras razones:

  • Cristian Ritondo, del PRO, dijo que “hacen fascismo”.
  • Karina Banfi, diputada UCeRreista, dijo que la Agencia de Acceso a la Información Pública debe investigar “el uso de datos personales” que busca “la persecución política, discriminación y linchamiento social”.
  • Maricel Etchecoin, de la Coalición Cívica Libertadora, sentenció que “más fascista no se consigue”.

A la inversa, en la conferencia de prensa sobre el quite de subsidios, Malena Galmarini mostró tres edificios conocidos donde las tarifas son muy inferiores a la capacidad económica de quienes viven allí, pero no los identificó, cosa que sí hicieron algunos medios. No obstante, el ex ministro de Macrì Hernán Lombardi reclamó la renuncia de la esposa de Sergio Massa.

 

 

Transparencia y libertad de expresión

El tema se debatió en la justicia en 2014 y la Corte Suprema resolvió por unanimidad que el Ministerio de Desarrollo Social debía entregarle a CIPPEC la información sobre subsidios a personas vulnerables, porque la solicitud “no busca indagar indiscretamente en la esfera privada”. El Ministerio argumentó que sería entrometerse en la vida privada de los beneficiarios y estigmatizarlos. La Corte Suprema recordó que el derecho de acceso a la información pública, la transparencia en el manejo de los fondos públicos y la participación de la ciudadanía son “condición necesaria para organizar una república democrática”. Lejos de “estigmatizar a las personas que reciben ayuda social pública”, el control social de las decisiones estatales puede valorar la equidad en la instrumentación de los planes sociales. La negativa oficial es “inaceptable” porque compromete “el derecho a la libertad de expresión”.

El ministerio requerido en el juicio estaba a cargo de Alicia Kirchner. Representó a CIPECC el actual Secretario General del gobierno de la CABA, Fernando Straface. Es decir, los mismos sectores protagonistas del debate actual, pero con los roles cruzados.

Cada cual elige a quién guarecer de la mirada pública y no hay nada sorprendente en las preferencias de cada uno. Pero si la publicación de la lista de los pobres que reciben planes sociales no invade su privacidad ni los estigmatiza, lo mismo vale para los ricos que eligieron seguir beneficiándose con el pago por el Estado de una porción sustancial de su consumo de agua, luz y gas, cuando se abrió el registro para desistirlo.

Todos los gobiernos se propusieron en la última década reducir la porción del consumo subsidiado. El último mandato kirchnerista comenzó proponiendo la renuncia voluntaria de quienes estuvieran en condiciones. Tuvo escaso eco y desistió de las medidas compulsivas posteriores para lo que se denominaba sintonía fina. La administración neoliberal dispuso aumentos descomunales: hasta 5.500% en la electricidad; hasta 1.900% en gas; más del 500% en agua. En julio de 2018, el entonces Presidente Maurizio Macrì admitió que esos aumentos habían empinado la inflación mucho más allá de lo previsto. Otra consecuencia fue la magnificación del malestar social y las manifestaciones de protesta.

 

 

El derecho humano a comprar dólares

Nadie previó que la apertura del nuevo registro para solicitar el subsidio cuadruplicaría la cantidad de usuarios que perderán el beneficio. En los cálculos oficiales, serían el 10% más próspero de la población, pero ahora se estima que podrían llegar al 40%.

El formulario del Registro tiene carácter de declaración jurada, y quien lo llena autoriza a comprobar la veracidad de los datos suministrados, lo cual implica la renuncia del solicitante al secreto fiscal y bancario.

 

 

 

Cuatro de cada diez personas que entraron a la página desistieron de llenar el formulario, con lo cual deberán pagar la tarifa plena. Entre ellos hay personas acaudaladas que prefieren ocultarlo pero también familias de clase media que no quieren renunciar a la posibilidad de adquirir hasta 200 dólares mensuales al tipo de cambio oficial. Esto ha llegado a considerarse un derecho humano, y su oclusión un gesto de autoritarismo, que explica banderazos e improperios. Ningún Presidente podría repetir hoy el famoso discurso de Perón de hace siete décadas, cuando preguntó a la multitud que colmaba la Plaza de Mayo

—¿Quién ha visto alguna vez un dólar?

La dolarización masiva se instaló después de su muerte, cuando el gobierno de su viuda duplicó el valor del dólar financiero, los servicios públicos y el transporte; aumentó 180% los combustibles, 75% las tarifas eléctricas y 80% los salarios, en un ajuste que puso fin al exitoso modelo de industrialización por substitución de importaciones, declaró la guerra al sindicalismo y preanunció lo que vendría después del golpe criminal de 1976.

 

 

El temor de Cristina

El mecanismo ideado ahora dificulta conocer el ahorro que implicará el replanteo de los subsidios, pero se teme que conduzca al peor de los mundos: reducción modesta del déficit, pero afectación extendida sobre las clases medias.

Los temores de CFK se nutren también de la historia reciente en los países modelo del neoliberalismo. Sus gobiernos fuertes se derritieron al calor de la contestación social por el encarecimiento del pasaje del subte en Chile y la reforma tributaria en Colombia. Esto dio paso a nuevas expresiones políticas que relegaron a los partidos tradicionales.

Un ejemplo más próximo y reciente fue la movilización en Mar del Plata contra el aumento del boleto de colectivo a casi 100 pesos autorizado por el intendente Procaz Guillermo Montenegro.

 

 

Pero esto ya había ocurrido en la Argentina en 2019, cuando aquel hartazgo engendró este gobierno, cuyos positivos indicadores macroeconómicos no se transmiten con facilidad a la cada vez más amplia base de la pirámide. Eso explica la insistencia del Presidente en que el salario debe ganarle a la inflación (cosa que no está ocurriendo pero que se mantiene como propósito en el discurso oficial) y la que comparte el Ministro de Economía Sergio Tomás Massa de no admitir la devaluación que le reclaman a gritos sus interlocutores empresariales de distintos sectores. Massa les ofrece beneficios fiscales y cambiarios, para inducirlos a proveer los dólares cuya carencia debilita al Banco Central.

Cuando la situación era mucho menos apurada que ahora, sólo CFK previó la derrota en las elecciones de medio término de 2021.

 

 

 

Macrì sacrificial

La distinta vara no sólo se aplica a las listas de subsidiados según la clase social a la que pertenezcan. La diputada Procaz María Eugenia Vidal presentó un proyecto de ley que sólo permitiría una reelección a los dirigentes de sindicatos de trabajadores. “Las asociaciones sindicales no son públicas, los dueños son los trabajadores. Entonces son los trabajadores los que tienen que regularlas”, admitió. También habló con el presidente de la Fundación Ebert: en Alemania, “el Estado no regula el funcionamiento interno de los sindicatos. Hay una discusión de hasta dónde el Estado debe intervenir en el funcionamiento interno de una entidad privada” reconoció. Pese a estas claras contraindicaciones, avanzó con su proyecto, que también obligaría a los dirigentes de esas asociaciones a presentar una declaración jurada anual. Nadie le preguntó por qué esta limitación debería aplicarse a los gremios de trabajadores y no a los de patrones, como la AEA o BYMA, pero la respuesta es obvia.

Con todo, el proyecto de Vidal, que también firma Ricardo López Murphy, no es el más feroz contra las asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores. También el ex Presidente Maurizio Macrì está pergeñando una ofensiva antiobrera, que consiste en modificar la Ley de Contrato de Trabajo y el sistema de obras sociales, según reveló en una columna Carlos Pagni. Para Macrì, “este cambio es esencial. Cree que el modelo sindical es incompatible con el desarrollo. Piensa que con los gremialistas hay que hacer lo que se hace con los caballos cuando tienen una lesión incurable: sacrificarlos con el menor sufrimiento posible”. Le contestó el sindicalista de los canillitas, Omar Plaini: “En 2017 [Macrì] nos quiso mandar en un cohete a la luna, luego organizó la mesa ‘GestaPro’ de persecución y cárcel. Expresiones de este calibre solo pueden ser dichas por mentes como la de los genocidas. La sociedad argentina no tolera más este tipo de amenazas. El movimiento obrero organizado, resistió, resiste y resistirá cualquier acto contra los derechos conquistados”.

 

El plan de Macri para el sindicalismo.

 

La misma asimetría se aprecia en el tratamiento mediático de la situación de Milagro Sala. En respuesta a la visita presidencial, el contador Gerardo Morales descerrajó nuevas causas contra la fundadora de la Organización Barrial Túpac Amaru, tal como me anticipó en la entrevista que le realicé en marzo de 2016: a medida que se caigan unas causas impulsaría otras, dijo entonces y cumple hoy. La también dirigente social Graciela López denunció que le ofrecieron “mucho dinero, un contrato en el Estado en relación de dependencia y que no me volverían al penal hasta que termine mi condena, en septiembre de 2024”, si declaraba en contra de Milagro. También el ex funcionario judicial José Luis Ruiz, ofrecido como testigo contra Milagro, denunció en plena audiencia que dos secretarios de la fiscalía le ofrecieron por indicación del fiscal general Sergio Lello Sánchez una designación como secretario si acusaba a un ex abogado de Milagro y a ella misma por la sustracción de un expediente. Como se negó, fue víctima de numerosas intimidaciones.

El show de los arrepentimientos por televisión se consideró un legítimo ejercicio de la libertad de expresión. En cambio, llovieron las denuncias de políticos y medios de la oposición contra Lucila Trujillo, por entrevistar en la Televisión Pública a Milagro Sala, quien explicó la compra e intimidación de testigos para incriminarla. Luli Trujillo conoce bien el tema: era una reportera novata en 2016, cuando la enviaron a cubrir el primer juicio contra Milagro, quien fue condenada pese a que se probó que el único testigo en su contra, el Cochinillo Arellano, había obtenido una designación y contratos del gobierno jujeño para realizar tareas incompatibles con su condición de analfabeto.

 

 

La circuncisión de Alberto

“No hemos cuidado las reservas”, sentenció el Secretario de Producción y dirigente del Frente Renovador de Massa, José Mendiguren. Es lo que Cristina viene diciendo desde hace meses. La armonía entre Alberto y su nuevo ministro debió soportar la descuidada oratoria del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, quien ante los empresarios reunidos en el suntuoso hotel Alvear por el Consejo de las Américas, dijo que estabilizar la economía es el principal objetivo del “Presidente Massa”. Con amigos así…

Dos días antes, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, había contado un diálogo en el encuentro de las Patronales Agropecuarias con Massa.

—La Mesa de Enlace necesita que no seas candidato a presidente en 2023— dijo Achetoni.

—No pienso en 2023 sino en 2027—dijo que le contestó el ministro.

—Hacelo público porque ni el gobierno ni la oposición están tomando conciencia del lío en que estamos metidos— dice que replicó el gremialista.

La única interpretación plausible para este razonamiento es que si Massa pensara en su candidatura no podría aplicar las medidas que los patrones rústicos consideran necesarias y que no gozarían de apoyo popular, como casi todas las propuestas que llegan desde el establishment.

Ante una consulta para esta nota, Massa dijo que no existió tal pedido y al mismo tiempo confirmó el dato central. Para ello reformuló el diálogo en este sentido:

—Me dijeron que todos creían que yo asumí el ministerio para ser candidato. Yo los miré y les contesté: ¿y quién dijo que quiero ser candidato en el 23? Yo quiero ser en el 27.

Su aclaración puede tomarse como un recordatorio a las cámaras empresariales, de que ni la Constitución ni las leyes las facultan para visar candidaturas a la presidencia, pero también como una cortesía hacia el Presidente, que nunca abdicó de su anuncio reeleccionario, pese a la circuncisión de su primer mandato que practicó sin anestesia su amigo Argüello.

En el encuentro de los empresarios estadounidenses, el precandidato presidencial cambiante, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que el próximo gobierno debía ser de coalición para acordar una política económica que dure 30 años. El embajador Marc Stanley le respondió que la coalición debían hacerla ya, sin esperar al año próximo. Desde el empresario del cobre Spruille Braden no hubo una intromisión semejante en la política interna argentina por parte de un embajador estadounidense. La portavoz presidencial le aconsejó que lo hicieran en Estados Unidos, en cuya grieta resuenan los tambores de la guerra civil. La celadora de presidentes y ministros Susan Segal completó la hoja de ruta de Stanley al sentenciar que la Argentina tiene energía y alimentos para el mundo, abundantes minerales, como litio y cobre, servicios, tecnología y cadenas de valor. Al cierre, Massa convocó a la oposición a buscar consensos aprovechando el año par sin elecciones. A la luz de esta presentación de coincidencias y por detrás del barullo conceptual de nombres y presuntos negocios, se entiende mejor el exabrupto de Elisa Carrió, con el silencioso apoyo de Macrì, para torpedear cualquier acercamiento de la coalición mutante con Massa.

 

 

 

Suma fija y paritarias

En la lista de cuestiones pendientes de Massa, una de las resaltadas es la recomposición salarial. “Suma fija ya! 30.000 pesos para los trabajadores”, dicen las pintadas que está haciendo La Cámpora.

 

 

El fundamento de este reclamo es la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de fines de 2018 para los salarios más bajos y se basa en la comparación entre el promedio de los salarios privados registrados y su mediana. La mediana es el valor que deja por debajo a la mitad de los trabajadores, o sea el techo de sus remuneraciones. Desde hace cuatro años, la mediana crece menos que el promedio, lo cual refleja la menor capacidad de negociación de los salarios más bajos dentro del sector privado, en el contexto de alta inflación. Pero, además, tanto la mediana como el promedio del salario real siguen por debajo de los valores del último mes de Macrì.

Coherente con estos datos, el consumo privado en el primer trimestre de este año siguió bien por debajo de su nivel en el segundo trimestre de 2018 (-6,7%), a pesar de que el producto bruto es mayor que entonces (+2%). El mandato electoral al Frente de Todos fue revertir el deterioro salarial que provocó Macrì, no apenas mejorar respecto del bajón por la pandemia en los primeros dos años del actual gobierno.

 

 

 

La mesa chica de la CGT ha hecho saber su oposición al aumento de suma fija, alegando que achata la pirámide y, aunque no lo diga, que rebaja el rol sindical en las paritarias. Por eso propone el pago de un bono en dos cuotas, mientras prosiguen las paritarias, y afirman que Alberto los apoya. A dos semanas de asumir, en enero de 2020, el Presidente firmó el decreto 14 otorgando a todos los trabajadores del sector privado un aumento remunerativo, que fue tomado a cuenta de futuras paritarias y funcionó como un piso para las discusiones salariales de ese año, tal como exige ahora el kirchnerismo. La idea de que la intención es substituir la negociación colectiva por el decreto presidencial no se sostiene. Por el contrario, el documento que respalda la propuesta se titula “Combinación de Paritarias Libres para mantener frente a la escalada inflacionaria y Suma Fija de $30.000 para recuperar el poder adquisitivo de finales del 2018”. Fue durante el kirchnerismo que las paritarias adquirieron un rol central en las relaciones laborales.

Massa les ha dicho a diversos interlocutores que su intención es firmar el aumento de suma fija. Pero Hugo Moyano le advirtió que no lo haga en las próximas tres semanas, porque en ese lapso sesionarán 17 paritarias, y el decreto les comería a esos sindicatos un pedazo de la negociación. “Lo único que se discute es el cuándo y el cómo”, concluye el ministro.

 

 

Moyano y las tres semanas de Massa.

 

 

 

 

La proliferación de fascistas

No sólo la publicación de los ricos subsidiados fue calificada de fascista. El mismo mote le aplicó el propagandista contratado por el Grupo Clarín Marcos Novaro al ministro bonaerense Andrés Larroque. El Cuervo es “el fascista enamorado que quiere mantener vivo el mito de Cristina eterna”, dijo. Larroque había señalado que el lawfare procura proscribir a la Vicepresidenta. Según Novaro, quien en 2019 se pronunció en favor de la reelección de Macrì, “el discurso sobre el lawfare, es una fantasía conspiranoica equivalente a Los Protocolos de los Sabios de Sion, panfleto antisemita de amplia difusión un siglo atrás”. También lo comparó con la apología del líder en la obra del teórico del nazismo Karl Schmitt. A casi un mes de este disparatado parangón, todavía no se conoce ninguna declaración de la DAIA repudiando la banalización de los hechos más terribles de la historia moderna.

El legislador porteño del PRO Juan Pablo Arenaza sostuvo que el Mapa de la Policía presentado por la también legisladora, pero del FdT, Ofelia Fernández “es un proyecto fascista (…) para vengarse de los policías que todos los días se juegan la vida por nosotros”. Y la asesora de Patricia Bullrich, Florencia Arietto, denunció por abuso de autoridad a Ofelia Fernández y pidió que se censurara esa plataforma de Internet. La fiscal Celsa Ramírez apoyó el reclamo, pero el juez Pablo Casas lo desestimó, porque sólo procura recopilar y visibilizar datos sobre la actuación de funcionarios/as y organismos públicos, sin asumir ninguna clase de persecución administrativa ni legal contra los denunciados, desplazar a la Justicia o confundir a la ciudadanía.

 

 

El dedo en alto

Desde el mes pasado, minúsculos grupos identificados con el nombre de Revolución Federal han organizado escraches con insultos y amenazas a dirigentes políticos como CFK y Massa y referentes culturales, como el actor Pablo Echarri. Los transmiten en redes antisociales, que a su vez son repetidas por medios audiovisuales, cuyos comentaristas agregan dicterios de su cosecha. Han colocado horcas frente a la Casa de Gobierno, bolsas fúnebres con fotos de Cristina y Estela de Carlotto en las rejas de la Casa Rosada, una guillotina en el Obelisco, han insultado y empujado a Massa cuando ingresaba para asumir su nuevo cargo, y amenazado a Cristina y Máximo en la puerta del Instituto Patria, donde fueron saludados cordialmente por un policía de la Ciudad. La fiscal Mónica Cuñarro denunció y la Policía Federal identificó y detuvo a Claudio Pedro Herz, el hombre que con un megáfono agregó: “Los vamos a buscar con ametralladoras para liquidarlos en el momento y ahorcarlos. Los vamos a ahorcar ahí mismo donde los encontremos. Les queda poco tiempo, los vamos a matar a todos, ratas inmundas”.

 

 

Un empresario periodístico kirchnerista asoció estos hechos en su radio con la cobertura del juicio contra Cristina en la causa Vialidad y señaló a columnistas del Grupo Clarín y de la señal noticiosa de cable de La Nación de pasar al aire los escraches y generar violencia. Instó a hacer algo “para frenarlos”, porque “mañana o pasado un loco puede matar a alguien”. Agregó: “Deberían tener miedo ellos”. ADEPA y una recua de dirigentes de la oposición acudieron en defensa de la libertad de expresión y el autor del comentario fue denunciado ante la justicia por incitación a la violencia. La delicadeza de su tono es conocida, pero no puede compararse con las verdaderas amenazas e incitaciones a la violencia enumeradas. Como remate, dos de los aludidos hicieron responsable de cualquier cosa que les pudiera pasar a… Cristina, ese oscuro objeto de deseo.

Pero el viernes, el ataque no fue contra ningún periodista sino contra la Casa Rosada, con antorchas, huevos, piedras y bombas de estruendo.  El disparate político de haber transferido a la policía porteña el control sobre las calles y los edificios del territorio que la provincia de Buenos Aires cedió para que fuera asiento del gobierno nacional tiene sus consecuencias: no hubo un solo detenido.

 

 

 

 

 

 

 

La música que escuché mientras escribía

 

 

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