Están ordeñando ratas
El problema de la alimentación en las escuelas de la Ciudad es tan grave como escandaloso
En el capítulo de Los Simpson “Encuentro con la mafia”, Homero trabaja como guardaespaldas del alcalde de Springfield y, en una ocasión, lo acompaña a un encuentro con Tony “El Gordo”, el mafioso local. De casualidad, el protagonista de la serie entra a una “sala de ordeñe” y descubre, escandalizado, a más de mil ratas siendo ordeñadas. Esa leche tenía como destino la Escuela Primaria de Springfield. Al contemplar la situación, no puede resistirse y grita: “¡Están ordeñando ratas, ordeñan ratas!”. El alcalde mira con incredulidad al jefe de la mafia y le pregunta: “¿Ratas? Prometiste que serían perros”. Existe un mito urbano que dice que el programa creado por Matt Groening tiene la capacidad de predecir el futuro o generar situaciones que se parecen demasiado a la vida real. Hasta donde sabemos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ordeña ratas. Pero la calidad de la comida que llega a las instituciones educativas de los tres niveles no dista mucho de eso.
El problema de la alimentación en las escuelas de la Ciudad no tiene nada de novedoso. Es común que todos los años en las redes sociales y en algunos medios se hable de casos de intoxicaciones masivas. Sin ir muy lejos, el 13 de marzo de este año —a una semana de la suspensión de clases por la pandemia— más de 40 alumnxs de la escuela primaria Ernesto Padilla de Caballito (N°14 D.E.7º) se intoxicaron al consumir una “tarta de verdura” en mal estado. Algo similar ocurrió el día anterior en un jardín de infantes de la zona. La alimentación de ambas instituciones está a cargo de Lamerich SRL, una empresa que cuenta con varias denuncias por irregularidades tanto en los alimentos como en la situación de su personal y, en contraposición, solo este año la partida presupuestaria fue de 613 millones de pesos.
Como lo indica el nombre, Lamerich es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, definida por sus dueñxs como “una empresa familiar”. Por ende, no tiene la obligación de presentar balances comerciales ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Sin embargo, según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la empresa tiene un total de deuda de 538.000 pesos (464.000 con el Banco Santander y 74.000 con el Banco de la Ciudad). Una empleada de cocina que por razones obvias prefiere mantener el anonimato, contó que, en lo que va de la pandemia, la empresa redujo el sueldo de lxs empleadxs a un 50 por ciento y, en otros casos, al 25. “Tengo 3 hijxs y soy madre soltera. Presenté todos los papeles, pero aun así me redujeron el salario”. Luego agregó que tiene varixs compañerxs de trabajo que superan por mucho los 65 años, pero Lamerich lxs obliga a trabajar bajo amenazas de despido. Y a su vez indicó que, en una ocasión, el equipo de cocina tuvo que retirar del plato de lxs pibxs unas manzanas porque “tenían gusto y olor a combustible”.
Una de las consecuencias directas de la pandemia fue el acrecentamiento de las desigualdades socioeconómicas. En un contexto en el que tener trabajo se volvió un lujo, muchas familias comenzaron a necesitar con urgencia de las viandas que proveen las escuelas. Los primeros días del aislamiento, la comida que se entregaba en las instituciones educativas consistía en un sándwich de algo parecido a jamón y queso. Para esto, los padres y las madres de lxs pibxs debían hacer colas de varias horas. Estaba claro que el sistema no funcionaba y, a mediados de abril, el GCBA comenzó a repartir de forma quincenal un bolsón de comida que, se suponía, debía cubrir la alimentación del alumnx.
Por un lado, la legisladora porteña del FIT, Myriam Bregman, denunció en marzo al gobierno porteño por no entregar comida saludable y de calidad en las viandas que reciben los estudiantes cubiertos por el servicio alimentario escolar. Poco tiempo después, comenzó a circular un audio anónimo por WhatsApp, en el que una supuesta docente afirmaba que, por culpa de un amparo de Bregman, se suspendía la entrega mensual de alimentos. Otro caso fue el que protagonizó Mariano Martín, de Ámbito Financiero. En marzo el periodista publicó un tweet en el que denunciaba que en el jardín de su hija, la empresa Dassault había suspendido la entrega de una vianda ya de por sí precaria, y la había reemplazado por un sándwich, una fruta en mal estado y una barrita de algo inclasificable. A los pocos minutos recibió un ataque de trolls. Queda claro que detrás de la alimentación de lxs pibxs hay empresas millonarias e intereses que proteger.
Según un informe del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, el gobierno porteño paga 1.575 pesos por cada vianda correspondiente a la jornada completa. Sin embargo, el costo real de esos productos no supera los 750 pesos a precio minorista, lo cual implica que puede salir incluso más barato. Además, hay un costo agregado de “logística y distribución”. Al día de hoy, las familias deben hacer colas de más de dos horas, a veces debajo de la lluvia, e incluso trasladarse de un barrio a otro para acceder a un bolsón al que el adjetivo precario le queda corto. La canasta, por su formato de entrega, no contempla al grupo familiar, sino solo al niñx que va a la escuela. Frente a esta situación, lxs legisladorxs porteñxs del Frente de Todxs Matías Barroetaveña y María Bielli presentaron un proyecto de ley que proponía la creación de una tarjeta alimentaria para las familias, en la cual se depositaría el monto correspondiente a una canasta familiar. Gracias a la mayoría automática del PRO en la Legislatura, la propuesta nunca prosperó.
Desde hace más de 30 años, el sistema alimentario escolar se encuentra en manos de las mismas 19 empresas. Según los datos del BCRA, 16 de ellas presentan deudas con distintas entidades financieras, como el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, YPF, Mercedes Benz o hasta el Industrial and Commerce Bank Of China. Algunos de los casos más resonantes son el de Caterind SA, que tiene, por ejemplo, una deuda total de más de 58 millones de pesos con nueve entidades crediticias diferentes; Arkino SA, por su parte, debe más de 22 millones de pesos al Banco Ciudad; Friends Food SA tiene una deuda total de 54 millones de pesos con seis entidades financieras y Bagalá SA tiene una deuda de más de 25 millones con cinco entidades financieras distintas. Como se mencionó al principio del párrafo, la mayoría de estas concesionarias poseen deudas millonarias. Es importante recordar que, en 2018, el periodista Andrés Lerner realizó una investigación similar acerca del servicio alimentario escolar en la Provincia de Buenos Aires, donde reveló que tanto Bagalá como Friends Food, que también poseen concesiones en esa parte del país, multiplicaron sus ganancias después de realizar giros encubiertos a la campaña de Cambiemos. Por aquella investigación, Lerner también sufrió un ataque de trolls y su cuenta de Twitter fue bloqueada.
Juan Pablo Rabal es el presidente de la Cooperadora de la escuela primaria Ernesto Padilla de Caballito, donde Lamerich SRL tiene la concesión. Desde hace varios años, docentes, padres y madres, vienen reclamando los balances comerciales de la empresa. Y así, en todas las cooperadoras de las distintas instituciones educativas. “No sabemos ni cuánto ganan, ni cuánto cobran, ni cuánto vale el servicio que prestan”, explica Juan Pablo. Uno de los problemas que queda en evidencia es la ausencia de transparencia entre las empresas y las escuelas. Ante cualquier problema con la comida, como una intoxicación, son las mismas empresas las que envían a sus propios bromatólogos. Un caso especial es el de Siderum SA que tiene, entre otras, la concesión de la escuela "Indira Gandhi", ubicada en las inmediaciones de la Villa 31. Según la IGJ, esta empresa es una sociedad no registrada, por lo tanto no posee balances. Según una madre del colegio, en las últimas entregas de comida, todas las verduras y frutas llegaron podridas o en mal estado. Además las cantidades son ínfimas y de ninguna manera alcanzan para cubrir las necesidades nutricionales de lxs alumnxs.
Si bien todas estas empresas brindan servicios al Ministerio de Educación y ganan año tras años las licitaciones, también son contratadas por el Ministerio de Salud y el Servicio Penitenciario Federal, según consta en “Buenos Aires Compras”, la página que lanzó el GCBA para hacer “más transparente” el sistema de licitaciones. Una de las empresas que más grafica este sistema es Dassault SA. Según M.P., una empleada que lleva más de 15 años al servicio de esta concesionaria, la empresa ha cambiado de nombre varias veces para evadir impuestos, bajó sueldos a más del 50 por ciento y obliga a sus trabajadorxs a rotar en los puestos. “Esto quiere decir que, si un día trabajaste en el hospital, al otro día puede que estés trabajando en un colegio”, cuenta M. Este medio pudo acceder a los balances comerciales de 2016, 2017 y 2018 de esta y otras empresas, y la evolución del patrimonio de Dassault SA es exponencial: en 2016, el patrimonio neto era de 46.741.781, durante 2017 fue de 60.836.570 y, en su último balance, presentado hace casi dos años, el número aumentó a 121.389.930. Es interesante remarcar que en 2019 ninguna de las empresas presentó balances.
La empresa Friends Food SA está a cargo de Rubén Forastiero. El empresario es famoso por haber sido el presidente de Argentinos Juniors, mas no es conocido por haber obtenido, mediante su empresa, contratos distritales, negocios vinculados con el PAMI y también adjudicaciones para la provisión de hospitales, además de las concesiones a las escuelas de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. En abril de este año, una trabajadora denunció despidos, suspensiones y rebajas de salario por parte de una empresa que, en su último balance comercial presentado en 2018, declaró poseer un patrimonio de 399.617.950. Además Friends Food SA fue una de las principales aportantes de Cambiemos en las campañas de 2015, 2017 y 2019. Merece la pena destacar que, en 2018, la empresa gastó más de 20.521.227 en juicios fiscales y 3.232.037 en juicios laborales. Para finalizar el apartado Friends Food, de 2017 a 2018, la caja en dólares pasó “como por arte de magia” de cero a U$S 38.242.667. Decidimos centrarnos en estos casos, pero la mayoría de las empresas presentan irregularidades en sus balances comerciales, cifras exorbitantes de patrimonios y ganancias, es imposible dar con sus dueños, y muchas veces sus galpones y domicilios fiscales se encuentran blureados en Google Maps, o son inexistentes.
El problema de la alimentación en las escuelas porteñas es uno más de todos los problemas en el contexto de pandemia mundial referidos a la educación. Sin ir muy lejos, en estos casi seis meses, más de mil docentes en condición de suplentes o interinxs fueron despedidos; los reclamos ante la falta de computadoras o equipamiento para llevar adelante clases virtuales por parte de padres, madres y alumnxs han sido ignoradoxs; y el problema de la falta de internet en los barrios populares aún no fue solucionado. Pero la cuestión de la alimentación de lxs pibxs pone en evidencia el nivel de violencia simbólica estructural que han ejercido el PRO y la clase empresaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante más de 14 años contra el sector público. Bienvenidxs a Springfield.
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