Estamos tocando fondo

Con la llegada de Cambiemos comenzó una persecución dentro del Hospital Posadas, cuyo único precedente, salvando las distancias, fue la dictadura militar. Así desde comienzos de 2016 se produjo una ola masiva de 642 despidos, ya ampliamente conocida y que no debería ser olvidada. Una vez terminado su trabajo, la gestión encargada de los despidos, abandonó el hospital a fines de 2016. En ese momento asumió una segunda gestión que aún continúa en el poder, cuyos mentores y sostenes políticos fueron Silvia Majdalani, segunda de la AFI, y Carlos Regazzoni del PAMI, quien fuera separado poco después de la administración de la obra social de los jubilados. Es decir, que la gestión actual del hospital es sostenida hoy por la AFI.

La cabeza de esta conducción es el director nacional ejecutivo, Pablo Bertoldi Hepburn, quien puede ser caracterizado con una frase acorde a su origen de agente de inteligencia: Siempre quise ser militar, pero desgraciadamente fui médico. Durante dos años y medio se sucedieron los despidos (entre ellos una enfermera con cáncer recientemente fallecida), los robos de salarios (hay profesionales que no cobraron durante tres meses y jamás se les acreditaron los pagos adeudados), los descuentos ilegales, las vejaciones, las amenazas, la colocación de cámaras y micrófonos para vigilar al personal, la denigración, el vaciamiento de servicios (al punto de que no se cumple con el requerimiento legal de médicos y enfermeros por cama en las Terapias Intensivas de adultos y de pediatría), el escaso mantenimiento del equipamiento médico, la suspensión de la etapa dos de obras de refacción del edificio original ya licitada por el gobierno anterior, y que se encuentra francamente en deterioro, las dudosas licitaciones y un sinfín de irregularidades que ponen en jaque el buen funcionamiento de la institución.

Durante esta gestión se registró un total de 215 bajas de profesionales que no han sido reemplazados. Estas bajas incluyen despidos y bajas ilegales de mujeres que optaron legalmente por trabajar hasta los 65 años, y que en forma abrupta se enteraron de que estaban despedidas al no poder realizar el registro digital de presentismo. A esto se sumó, recientemente y en forma estremecedora, la renuncia de más de 50 profesionales jóvenes, (de aproximadamente diez años de antigüedad en el hospital), por el brutal clima laboral, la prohibición de concurrir a congresos, limitación arbitraria e ilegal de sus vacaciones (todo a través de órdenes verbales), no pago de guardias ya realizadas, deterioro del salario por paritarias paupérrimas, entre otras razones. Los profesionales monotributistas de guardia cobran montos no actualizados desde septiembre de 2017. Se les prometió esta semana un aumento del 15 por ciento, lo que explica la dificultad para cubrir las guardias.

En julio de este año, Bertoldi Hepburn “despidió” a su siniestro director de Recursos Humanos, Juan Ignacio Leonardi, un abogado de gremios que hostigó, persiguió, amenazó y malversó fondos destinados a salarios, aprovechando la precariedad laboral de alrededor del 85 por ciento del personal. Además, no solo no regularizó ninguna situación laboral a través de los concursos correspondientes, sino que incrementó los monotributos en forma discrecional e indiscriminada. Mientras tanto, cada vez más personas concurren al hospital, o por aumento de la pobreza, o por suspensión del Plan Remediar, o por pérdida de las obras sociales consecuencia de la pérdida de trabajo. Esta situación superó numéricamente la brutal experiencia del 2001- 2002.

Desde diciembre de 2018 se designó como directora de Asistencia Médica a Lidia Bormapé, quien hasta ese momento se desempeñaba como médica de guardia de Neonatología del hospital Oñativia de Rafael Calzada (función inapropiada para una médica de 68 años de edad), y auditora de obras sociales. Esta nueva directora puede ser definida como incapaz, violenta, sin conocimiento mínimo de la dinámica hospitalaria ni conciencia de su desconocimiento e inoperancia. Prueba de ello es que suspendió la comunicación con los jefes de departamento y servicio, conocedores de la historia y los problemas propios de la institución; y mantuvo una relación discrecional digna de un servicio penitenciario.

En estos últimos cuatro meses, sacaron de la función a la jefa de departamento de alimentación, que estaba ampliamente calificada para el cargo, y la enviaron a Patrimonio a contar chapitas con los números de camas y sillas del hospital. En su lugar designaron a la nutricionista Silvina Martin, que casualmente hasta el mes anterior a su designación era la gerente de ventas de la empresa Grupo L, que provee el 80 por ciento de los alimentos que compra el hospital, y a la que se le entregó la concesión del bar, parte de la limpieza que fue tercerizada y algunas obras.

Luego arremetieron contra la jefa de servicio de Hemoterapia, y colocaron en su lugar a una médica que fue expulsada en forma unánime de la Sociedad Argentina de Hemoterapia por falta de ética, de cumplimiento de las leyes de medicina transfusional de nuestro país, de las resoluciones ministeriales vigentes y definiciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con total anuencia de la Secretaría de Salud (Adolfo Rubinstein, secretaria Fina Rodríguez, subsecretaria Susana Rodríguez). En la última semana sufrió la misma suerte la jefa de Dermatología, que fue enviada a Docencia, y quedó en su lugar una médica con escasa trayectoria. En forma inminente se producirá la limitación de la función de la Coordinadora de Consultorios Externos, que fue hostigada y perseguida por esta gestión exclusivamente por haber sido seis años y medio directora de esta institución en el gobierno anterior.

¿Qué pretenden hacer? Hace pocos meses, “entregaron” la Coordinación de Docencia e Investigación a personas no idóneas, algo que ni siquiera sucedió durante la dictadura militar. Actualmente, como en el viejo mercado del Abasto, los representantes no electos de UPCN ofrecen la Coordinación de Consultorios a sus afiliados o a quien quiera ocupar el lugar.

El Hospital toca fondo. La absoluta falta de principios morales y éticos del conjunto de las autoridades, las relaciones interpersonales dolorosamente dañadas, la vida diaria — todo lo que hubiéramos pensado que perdidas las PASO iba a atenuarse, ha recrudecido. Van a arrasar con los que siguen en pie.

¿Esto debe ser permitido? El Hospital atiende 3.000 consultas diarias, más 500 consultas de guardia, sin contar a los miles que no consiguen turno porque la pobreza, el hambre y la falta de remedios incrementa exponencialmente la demanda. Las 500 camas del hospital se encuentran permanentemente ocupadas con pacientes graves que esperan por semanas prótesis e insumos que el Hospital ya no compra. De doce quirófanos nuevos (del 2015), nueve se encuentran vacíos por la tarde, mientras las listas de espera aumentan (la cirugía es un gasto). ¿Qué hacer? ¿Cómo visibilizar? ¿Cómo llegar al 10 de diciembre? ¿Cuántos quedarán por el camino?

A pesar de ser un hospital muy mediático, las marchas que los profesionales, incluidos jefes de servicio, mantuvieron durante más de tres meses a fines de 2018, fueron de un costo persecutorio alto. En este edificio de 72.000 metros cuadrados, nacen diez personas por día y mueren tres. No somos una fábrica de bulones (quizá en ese caso ya estaríamos cerrados).

 

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