ESTADO DE LA SITUACIÓN

 

El INDEC estima que este año 3,7 millones de argentinos perdieron sus empleos. Esto se debe a una caída del 16% de la actividad económica, que produjo un deterioro de los ingresos de casi de un 20%, con una inflación acumulada del 26,9% hasta octubre. La consecuencia fue una ampliación de la desigualdad, ya que los ingresos que más caen son los de los sectores más postergados. En síntesis,  la pobreza alcanza a más de 20 millones de personas, entre ellas, mayoritariamente niños y ancianos.

En medio de la pandemia del Covid-19 el Estado Nacional reconvirtió y aumentó fuertemente el gasto en salud pública y en asistencia a las provincias, a las empresas y a la población. Como resultado financiero de esa política, el déficit fiscal de la Administración Nacional acumulado hasta octubre del año 2020 supera los 2 billones de pesos (2 millones de millones de pesos que, al tipo de cambio oficial de $ 85 por dólar, son unos 23.500 millones de dólares). La tercera parte del gasto estatal nacional no se paga, arrastra deuda que devenga intereses que tampoco se pagan. Es más, de cobrarse el llamado aporte solidario que es el impuesto a la riqueza y que alcanza, según la AFIP, a 9.298 personas humanas, la recaudación podría alcanzar los $ 307.898 millones.  O sea que aunque se pague este año ese ingreso extraordinario, el déficit sería de un billón setecientos mil millones de pesos, unos 20.000 millones de dólares.

En ese marco se realizan las reuniones con el FMI por una deuda en Derechos Especiales de Giro, que ronda los 49.000 millones de dólares. Sólo se pagan los intereses (en torno a los 300 millones de dólares por trimestre) y el capital debería, según lo firmado por el gobierno de Cambiemos, empezar a pagarse en septiembre de 2021.  El Ministro Martín Guzmán volvió a afirmar el miércoles 11 de noviembre que la idea no es esa, sino comenzar a amortizar el capital de esa deuda dentro de cuatro años y seis meses, para el año 2025, e igual trato se le dispensaría a la deuda con el Club de París cuya acreencia asciende a unos 10.800 millones de dólares, que devenga intereses a una tasa del 4% anual.

Obviamente que para llegar a ese acuerdo, el FMI va a tratar de imponer condiciones que le aseguren cobrar la deuda en un plazo para ellos razonable, pero que con su lógica histórica implicaría ajustar el gasto público, limitando el rol imprescindible del Estado nacional en apuntalar al mercado interno mediante subsidios y disminución impositiva, devolución de impuestos, créditos blandos a través del Banco Nación Argentina y del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y de líneas de redescuentos por medio de los bancos oficiales de provincia a sus respectivas jurisdicciones (impulsando esas economías), generando puestos de trabajo y mejorando las remuneraciones, lo cual mejora la situación de los jubilados y pensionados. Al mismo tiempo se recrea la ecuación de ajuste de los haberes previsionales en base al crecimiento del RIPTE y de la recaudación tributaria de la ANSES, en partes iguales. El RIPTE es la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, en relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses. La recaudación tributaria de la ANSES incluye IVA, Débitos y Créditos, Cigarrillos, entre otros impuestos.

El gobierno apuesta al aumento del PIB porque la fórmula es pro cíclica, pero si el crecimiento económico no se produce, se deteriora aún más el magro ingreso de la mayoría de los jubilados y pensionados, que perciben ingresos mensuales por debajo de la canasta básica total de bienes y servicios que define la línea de pobreza.

Que casi 9 millones de personas reciban el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque no tienen trabajo o el que tienen es precario, implica una presión a la baja de los salarios. El mismo miércoles 12 de noviembre de 2020, en la Ciudad de Rosario, pedían seis empleados y se presentaron más de 400 personas. E igual sucede con el ajuste por recaudación, si el nivel de actividad no aumenta la recaudación tampoco, ya que está atada básicamente al consumo y, en una economía que reduce su gasto público y la masa salarial, no hay estímulo a que el consumo crezca.

El gasto en seguridad social representa el 44% del presupuesto del año 2021 (9,02% del PIB esperado). Son casi siete millones de beneficiarios, que trabajaron toda su vida y que requieren de una remuneración digna y no ser variable de ajuste como siempre pretendió el FMI, amén de extender la edad para jubilarse y otras medidas similares en desmedro del trabajador en actividad y en pasividad. La ecuación de actualización de los haberes jubilatorios y pensiones aprobada por la Comisión Mixta  de Movilidad Previsional asegura la reducción del gasto público cuando el PIB no crece.

 

 

Gobernar o administrar

La única manera que tenemos de revertir la situación es con un Estado presente y fuerte y cobrando impuestos a los que pueden pagar.  Esto es, debe discutirse públicamente qué se hace con un déficit de un tercio del gasto público, quién lo paga y cómo. Debe plantearse una profunda y amplia reforma tributaria que haga posible cumplir las metas planteadas en el presupuesto nacional 2021 de un aumento del 44% en la proyección de recaudación de los gravámenes. En una situación de extrema gravedad y si no se trata de administrar sino de gobernar, deben pagarlo quienes tienen manifiesta capacidad adquisitiva y no el consumo y la actividad:

• los diez mayores bancos privados, que en medio de la crisis producida por la pandemia tienen fuertes utilidades;
• los productores, acopiadores y exportadores de granos, harinas y aceites que tienen fuertes ganancias y lo hacen solo por Declaraciones Juradas, máxime cuando el precio de los granos, esencialmente la soja y de los derivados (harinas y aceites) son los más altos de los últimos años;
• las mineras y demás extractivas;
• que se graven todas las rentas, incluidas las que tienen mercado cautivo como es el caso de los bienes de uso difundido (acero, aluminio, petroquímica, caleras y cementeras, etc.).

La base del crecimiento sostenido en la Argentina es cuando se apuntala y crece el mercado interno, porque a pesar de la herencia del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, el mercado interno es el 75% del destino de nuestra producción.

Las exportaciones de alimentos están aseguradas por la demanda mundial para varios años, como bien lo proyectan las estimaciones del Presupuesto 2021, donde  las exportaciones superan a las importaciones en torno a los 14.000 millones de dólares anuales hasta el año 2023.

Solo mejorando la distribución del ingreso y un uso racional del superávit comercial se logra fortalecer la demanda agregada que empuja a su vez a la mayor inversión bruta interna fija, como bien lo pondera al Presupuesto Nacional 2021.

Gobernar es, como dice el ingeniero Enrique Martínez, apuntalar a nuevos actores de la producción, a la vez que modificar buena parte del sistema de distribución y comercialización, para que el productor reciba una proporción aceptable del precio final y los consumidores cuenten con precios accesibles y estables. En estos casos, poner orden es sinónimo de transformar, al menos comenzar a hacerlo, si es que se quiere validar la legítima pretensión de gobernar para todos.

 

 

 

 

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