¿ESTABILIQUÉ?

 

 

El inquietante número del 8,4 % que alcanzó la variación mensual del IPC da por concluida cualquier prédica sobre la expectativa de una tendencia a la baja y fuerza a reconocer que el dato de inflación “no es lo que queremos”, como admitió el Presidente Alberto Fernández en una entrevista radial. Sin embargo, las respuestas que se ensayan no permiten concluir que tenga lugar ningún acontecimiento favorable en el tiempo que queda de esta Administración, y las reacciones políticas que se gestan frente al enrarecimiento colectivo son lo suficientemente preocupantes como para no pasar desapercibidas.

La Secretaría de Comercio mantiene negociaciones con empresas y supermercados, con la finalidad de alcanzar un acuerdo en el que los precios se incrementen a una tasa general del 3,2 % en los próximos meses, con un aumento del 1,8 % para el final de mayo. También se busca incluir dentro de las tratativas a empresas proveedoras de insumos difundidos, para tener una forma de control sobre los costos. Lo que no se definió es cómo avanzar con los comercios de cercanía, que son aquellos en los cuales se registró la mayor diferencia con las pautas determinadas en el programa de precios. Esta característica de los incumplimientos fue destacada por el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en el mensaje audiovisual que se difundió luego de que se conociera el IPC de marzo, del 7,7 %.

Parte de los objetivos de estas conversaciones es la de establecer que se retrotraigan incrementos recientes. Es un objetivo problemático. Como resalta regularmente este semanario, los factores que inciden en los costos, principalmente el aumento de las tarifas de servicios públicos y la devaluación constante, acrecientan la presión de base, que necesariamente fuerza los precios al alza. Una idea que se repite es que la semana pasada se efectuaron remarcaciones en respuesta al alza del dólar blue. Hay voces dentro del gobierno que lo desmienten, y, de cualquier manera, no puede sostenerse que la tendencia de que el IPC alcance aumentos mensuales del 6 % o (cada vez) más con el que son consistentes las condiciones macroeconómicas tenga alguna relación con algo que ocurrió solamente hace dos semanas.

No es un detalle menor. En la medida en la cual esto no se altere, la Secretaría de Comercio solamente puede intentar amortiguar incrementos sin éxito. Atribuirle a lo que el gobierno llama “la dispersión” de los precios —las diferencias que se constatan entre los comercios de cercanía y los grandes supermercados— una incidencia causal destacable implica perder de vista que el problema es la elevación general de su nivel. Algo que a su vez es representativo del adocenamiento alcanzado en la discusión pública, conducente a exponer una cuestión de inestabilidad macroeconómica como si se tratara de una materia de vigilancia. La retahíla de banalidades también enmascara que no se cuenta con recursos para atenuarla. Se conoce esto, pero lo que queda en evidencia es que cada vez es menos claro cómo se va a obtenerlos.

Luego del viaje a Brasil, en el que el Presidente local, Lula Da Silva, sintetizó afirmando que Alberto Fernández vuelve con afecto pero sin fondos, las noticias alrededor del tema desaparecieron. Como es previsible, no se conoce hasta el momento que haya surgido una propuesta para reemplazar el gambito que se pretendía efectuar con el país vecino. Lo más concreto a lo que se aspira es a la renegociación del acuerdo con el FMI para adelantar desembolsos —que no equivale a modificar políticas económicas, como reclama la disidencia en el Frente de Todos—, de lo cual se repite lo mismo desde hace un mes: que las autoridades del Fondo Monetario y el Ministerio de Economía mantienen reuniones virtuales para “fortalecer el programa”. Precisiones, bien gracias.

 

 

Las ideas como hechos

La ausencia de novedades en este clima caliginoso lleva a ocupar el espacio con mucho ruido y pocas nueces. Al llegar a tal estado de cosas, las ideas que se formulan sobre la situación económica pasan a formar parte de los hechos. Una en la que se recae con alguna frecuencia en los últimos meses es en la idea de la necesidad de un plan de estabilización. Es una respuesta de los economistas al clima de malestar que existe con el nivel de precios, que no agrega mucho a la percepción común sobre el tema si se le acendra a la noción la jerga técnica. El problema es que ese “plan” no puede escindirse de las condiciones macroeconómicas en las que se encuentra el país ni del proyecto político que sostiene a la coalición que lo ejecute. Lo primero pareciera ser un comentario que, con matices, sería aceptado por quienes mantienen esta posición. Pero lo segundo es una cuestión sinuosa para el imaginario colectivo.

Antes que nada, lo que impide poner en práctica un plan de estabilización es la crisis de balanza de pagos que se exacerbó con la sequía de este año. Para alcanzar el aminoramiento de la tasa de inflación es necesario mantener el tipo de cambio oficial en un nivel fijo sobre el cual se produzcan fluctuaciones leves. Pero, al encontrarse la economía argentina con déficit comercial y con carencia de reservas para mantener el nivel de actividad hasta que se revierta la situación, la devaluación es requerida para contraer la economía mediante su efecto inflacionario.

Es precisamente la razón por la que la obtención de desembolsos provenientes del FMI, cualquiera sea el concepto formal bajo el que se efectúen, se vuelve tan urgente. Esto le da lugar a un interrogante. Si esos desembolsos se obtuviesen, ¿se utilizarían para disminuir el nivel de tensión manteniendo el statu quo, o, dentro de lo posible, se realizarían cambios en el sistema de precios que permitan alterar la situación socioeconómica en favor de los trabajadores?

Este dilema equivale a preguntarse si el gobierno se dirige a ahondar el malestar social mediante la primera opción, o a atenuarlo, con la posibilidad de comenzar a resolverlo, mediante la segunda. Todo parece indicar que lo último no va a suceder. La contradicción entre la praxis y las necesidades de la base electoral fue una característica primordial del Frente de Todos, que derivó en su impopularidad a la par que crecieron las tensiones internas. La falta de vocación del oficialismo y de la oposición por revertir el derrotero de la economía, aciago para la población argentina, impide alcanzar un acuerdo en el que se definan matices según la fuerza que gobierne.

Cuando se produjeron situaciones similares, lo más frecuente a lo largo de la historia argentina fue diseñar programas en los cuales los salarios y los precios quedasen determinados en niveles inamovibles. Las experiencias más acabadas en este sentido fueron las del pacto social de José Ber Gelbard durante el tercer gobierno de Perón y el Plan Austral que lanzó Sourrouille con el apoyo de Alfonsín. Los dos fueron abandonados al cabo de un tiempo por la resistencia política que se les opuso. Los asalariados no estaban dispuestos a aceptar las pérdidas que se les imponían y los precios internos no se podían congelar porque los insumos importados acrecentaban los costos de producción cuando se modificaban los precios internacionales.

En definitiva, se trataba de planes que no tenían por fin recomponer el salario, sino fijar los precios que consolidaban la reducción acumulada. En la actualidad, algunos economistas reconocen que esto es impracticable. Sostienen que no es posible amortiguar los precios a costa de los ingresos de los trabajadores y las clases populares. En realidad, organizar el plan de estabilización que se requiere debe producir el efecto contrario, que es el de mejorar su capacidad de compra. Los términos de esta discusión se mantienen muy abstrusos, porque parece que el problema por sí mismo es la variación del nivel de precios y no las consecuencias que tiene, y reconocerlo exige elevar el nivel de conciencia con el que se plantean estas discusiones en el presente.

 

 

Intervención disfuncional

Cuando en una sociedad moderna se producen crisis políticas relacionadas con la vida material sin que emerjan soluciones orgánicas por parte alguna de las fuerzas que conforman los diferentes segmentos de la representación social, afloran las respuestas que remiten a la supresión de los conflictos para evitar afrontar las contradicciones que les dan origen. La raíz de los problemas no se reconoce, y se deja de lado la investigación profunda sobre las causas históricas que condujeron a la debacle en favor de la repetición de lugares comunes y las promesas de un nuevo programa que surja desde dentro de las estructuras en decadencia. El resultado final es que mientras la crisis prosigue, se agravan sus consecuencias debido a que sus condiciones generatrices permanecen inmutadas.

Un proceso de este tipo se está gestando en la Argentina, en el que la crisis económico-política es encarada de manera superficial por parte de la dirigencia en muchos aspectos. La acepción de crisis utilizada en esta descripción no se limita a la caracterización de una situación como “mala o difícil”, que es la definición dada por la Real Academia Española. Le atribuimos al término una connotación más específica. El estado de crisis se alcanza porque la situación histórica bajo escrutinio —la administración del Estado nacional— se desenvuelve en condiciones que le impiden una continuación afirmativa.

Por esto la crisis es económico-política y no meramente económica. Se imbrican en ella una economía que tiende al deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, los cuales se rehúsan a aceptarla porque observan que el equilibrio al que conduce conculca su valor moral histórico, entendido como un conjunto de necesidades y expectativas asociadas con un nivel de vida. La superestructura política tiende a ahondar el conflicto, en vista de que alberga ideas que promueven la continuación del deterioro e interviene de manera disfuncional.

Lo anterior indica que en lo que queda del año nos encontraremos con una situación cada vez peor, frente a la cual la dirigencia política reaccionará con una apatía que conducirá a las autoridades oficiales a emprender acciones poco sustanciosas y a la oposición a pronunciarse a favor del empeoramiento económico apuntalado mediante la represión. La incógnita que debe responderse es si dentro del Frente de Todos y de alguna fracción razonable de la oposición (de haberla) se cuenta con los elementos y la disposición para formular un programa político al cual atenerse. Es la condición necesaria para solucionar la crisis antes de que se extienda hasta alcanzar el límite del estallido social. La alternativa de recurrir al plan de estabilización de los salarios que provocan la crisis es una contradicción en sus términos, porque la característica definitoria de la crisis es la inestabilidad.

 

 

 

 

 

 

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