Esta vez, ni sed ni hambre

 

En una entrevista que le concedió al diario estadounidense The Wall Sreet Journal el 30 de agosto de 2019, Alberto Fernández sostenía que la Argentina se encuentra en un “Default Virtual”, ante las medidas unilaterales tomadas por el gobierno de Cambiemos de “reperfilar” los vencimientos, porque no podía hacer frente a los pagos que vencían el 28 de agosto de 2019.

Repitió las mismas palabras el Ministro de Economía Martín Guzmán, en su primera conferencia de prensa el miércoles 11 de diciembre de 2019, cuando presentó su equipo de Secretarios de Estado.

Se debe tener en cuenta que muchos de los vencimientos de capital e intereses de los primeros meses del año 2020 son justamente de la deuda reperfilada. El problema es que recaen sobre el presupuesto público y, debido al cierre de los mercados internacionales de crédito para nuestro país tras la irracional política de endeudamiento del gobierno de Macri, deberán ser pagados con los recursos del Tesoro, por lo cual habrá que recurrir a la colocación de letras intransferibles al BCRA, disminuyendo las reservas internacionales de libre disponibilidad.

Ante la magnitud de la deuda las reservas son escasas, por lo que es imprescindible, para construir un sendero de crecimiento estable y sustentable de la economía argentina, reestructurarla con quita de capital y disminución  sideral de la tasa de interés.

La última publicación oficial de la deuda, al 30 de junio de 2019, dice que se compone de:

Intra Sector Público:       U$s   124.724  M    (37,0%)

Multilater. y Bilaterales:   U$s      68.073 M   (20,2%)

Sector Privado:                U$s   144.470 M    (42,8%)

TOTAL:                              U$s   337.267 M    (100%)

Nota: En millones de dólares corrientes.

Fuente: Secretaría de Finanzas de la Nación.

Obviamente falta el cierre y la consolidación total, pero en base a esos datos oficiales sabemos que el 76,6% de la deuda es en divisas y solo el 23,2% en pesos. A su vez, el 59,2% de la deuda es bajo legislación extranjera y el 40,8% en jurisdicción nacional, lo que también  dificulta negociar su reestructuración.

En el periodo enero a junio del 2020 y si se excluye la deuda intra sector público por tratarse de una deuda refinanciable, con lo que al total de vencimientos se restan aquellos con entidades como el BCRA (adelantos transitorios), la ANSES o el Banco de la Nación Argentina, las obligaciones ascienden de esta forma a unos 24.000 millones de dólares, cifra que es incluso mayor que las reservas internacionales de libre disponibilidad del Banco Central. Un monto aproximado se dilapidó tras las PASO: del 12 de agosto al 25 de octubre de 2019, el BCRA vendió, para mantener la paridad cambiaria, 21.200 millones de dólares.

Hay una relación causa-efecto simple y directa. La administración de Cambiemos nos endeudó por el equivalente a 129.000 millones de dólares de los cuales unos 85.000 millones fueron con tenedores privados (fundamentalmente grandes bancos y fondos de inversión financiera) y unos 44.000 millones de dólares con el FMI, que básicamente se empleó para financiar el déficit fiscal que es en pesos [1]. ¿Por qué no se audita la deuda y se determinan las responsabilidades del gobierno de Macri?

Tanto la Administración Nacional como la de las provincias se endeudaron en dólares para pagar gastos corrientes en pesos contrariando cualquier manual de economía elemental.  Esos dólares fueron vendidos al BCRA que, a cambio de ellos, emitió pesos y, para esterilizar esos pesos colocó primero LEBACs (Letras del BCRA) y después, las reemplazó por LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) que abonaron tasas usurarias de interés, de manera tal que al 9 de diciembre de 2019 el stock de LELIQs ascendía a  701.610 millones  de pesos [2] cuando la Base Monetaria, que es el total del dinero creado por el BCRA, era a esa fecha de 1.642.592 millones de pesos.

El BCRA vendió la mayor parte de esos dólares por los que se endeudó el Estado Nacional a particulares que, a su vez, en su mayor parte, los sacaron del circuito legal argentino. Tan es así que el mismo BCRA estima la fuga de capitales de enero de 2016 a octubre de 2019 en 85.200 millones de dólares. Obviamente los bancos saben quiénes fueron las personas físicas y jurídicas que le dieron la orden de compra y, el BCRA sabe cuáles son los bancos que compraron por esas órdenes o por su cuenta.

Nos preguntamos por qué el pueblo argentino tiene que pagar ese desatino (por decir una palabra) cuando hay responsabilidades por malversación de fondos públicos de los principales funcionarios del área del gobierno de Cambiemos, empezando por los Ministros Prat Gay, Dujovne y Lacunza y los presidentes del BCRA Sturzenegger, Caputo y Sandleris. A lo que se suma saber si esas adquisiciones son congruentes con los ingresos que le declaran al Fisco.

La imprescindible auditoría de la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos sería un hito contra la impunidad. En diciembre de 1983 Bernardo Grinspun, el primer ministro de economía de Alfonsín, quiso estudiar qué deuda era legítima y cuál no y propuso una comisión investigadora para ese fin. Pero todo quedó en la nada porque la gran banca nacional y extranjera presionó por el reconocimiento de toda la deuda y el pronto y mayor pago posible de los servicios de la misma. El 18 de febrero de 1985 Bernardo Grinspun, ante los desmesurados requerimientos de Joaquín Ferrán, representante del FMI en la Argentina, lo echó del Ministerio de Economía.  Al día siguiente Alfonsín le pidió la renuncia a Grinspun. El plan de legitimar la deuda externa y de acordar con los grupos económicos locales se ponía en marcha. En marzo de ese año, el Presidente Alfonsín viajó por segunda vez en su mandato a Estados Unidos y subrayó la necesidad de adoptar medidas de reforma estructural del Estado y de privatizaciones, de manera acorde con la filosofía ortodoxa de los financistas y empresarios norteamericanos (Plan Houston).

 

 

Que la historia no se repita

El nuevo Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, importante académico sobre el tema deuda externa y su renegociación, tesis con la que se doctoró en Brown University (EEUU) y, razón por la cual Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía en el año 2001, lo incorporó como investigador en la Universidad de Columbia en temas relativos a la reestructuración de las deudas soberanas, encabeza un equipo de reconocida solvencia técnica y sin dependencia de bancos u organismos internacionales de crédito, pero debe enfrentar a tenedores de bonos públicos argentinos, cuyo valor de mercado en la primera quincena de diciembre de 2019 se encuentra en torno al 40% de su valor nominal, y al FMI.

Incluso el precio de mercado de los títulos de deuda argentinos era menor hace una semana atrás. La prudente conferencia de prensa del Ministro Guzmán hizo entender a sus tenedores que sufrirían una pérdida de valor presente neto de aproximadamente un 25% respecto del valor nominal de los bonos (que es un porcentaje menor que el 40% promedio antedicho). Pero antes de plantear las pautas concretas de la renegociación, el Ministro quiere saber cuál será la senda de equilibrio fiscal y de crecimiento que necesita el país para salir de la recesión y, una vez definida, ofrecer lo que denominó una “negociación constructiva” con todos los acreedores, incluido el FMI.

Una vez presentada, esa propuesta debería ser aceptada por los acreedores. Seguramente habrá una franja, exacerbada por el pago sin límites que Macri les hiciera a los fondos buitre, que profesamente quedará afuera y tratará de dirimir su cobro en la Justicia extranjera.

El Ministro de Economía quiere proponer una reestructuración de la deuda que permita crecer. A la vez, debe cobrar más impuestos para financiar el mayor gasto estatal en que se incurrirá al aumentar jubilaciones, pensiones, subsidios, obras y salarios públicos. También deberá mantener el control cambiario y el valor en términos reales del tipo de cambio y conseguir un superávit comercial lo suficientemente importante y sostenido para pagar las obligaciones de la deuda.

Son demasiados objetivos en forma paralela y con un instrumento por cada objetivo y con los mismos grados de complejidad e incertidumbre, máxime que en toda la historia argentina la deuda externa se utilizó para detraer riquezas, afianzar la dependencia al capital extranjero y beneficiar a una minoría en desmedro de la mayoría de la población que termina abonando la misma sobre el hambre y la sed de los argentinos como dijo en el año 1877 el entonces Presidente, Nicolás Avellaneda.

Se espera el plan final del Ministro Guzmán, pero la carta fuerte del gobierno sigue siendo, de complicarse la renegociación, la de declarar el default y obligar de ese modo a los acreedores de todo tipo a aceptar la suspensión total del pago de capital e interés por un plazo prudencial, que el mismo Ministro había estimado en dos años, para después realizar una quita del capital adeudado y el estiramiento de los plazos, como se hiciera en los años 2005 y 2010.

Detrás de toda la deuda están los que se beneficiaron y el pueblo argentino que debe pagarla. Establecer un cronograma de pago posible es válido, pero tanto o más importante es dirimir responsabilidades, única garantía de justicia y que la historia no se repita.

[1] Y lo mismo hicieron las provincias a las que el gobierno de Macri las autorizó a endeudarse en moneda extranjera

[2] Descendiendo fuertemente desde las PASO

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