Esperando la renta inesperada

 

En la Argentina de los últimos años, una veintena de industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno (Arcor, Molinos Río de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez –ex Kraft–, Molinos Cañuelas, Morixe, etc.). Las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Changomas, etc.) administran el 60% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. En ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos, que no tiene relación directa con el costo de producción.

A su vez, Cargill, Viterra S.A.-Glencore (ex Oleaginosa Moreno), la empresa china COFCO, Bunge, Aceitera General Deheza, ADM, Dreyfus, ACA y Molinos Agro (Pérez Companc), en ese orden, son las nueve empresas que vendieron el 90% de los cereales, oleaginosas y subproductos del país al resto del mundo entre enero de 2021 y julio de 2022.

Los grandes consorcios de carne declaran producir entre 3,2 a 3,3 millones de toneladas de carne bovina por año, de las cuales se declara exportar 900.000 a un millón de toneladas y se destinan al mercado interno 2,3 a 2,4 millones. A esto se suman casi 3 millones de toneladas de carne de pollo y cerdo. Los primeros frigoríficos son los brasileños Swift y el Grupo Marfrig, los nacionales Arre Beef, Friar (que era del Grupo Vicentin), Frigorífico Rioplatense (de los Constantini), Compañía Bernal, Importadora y Exportadora de la Patagonia, Azul Natural Beef, Santa Giulia, Ecocarnes, Rafaela, Frigolar, Logros y Runfo, que representan el 66% de las ventas al exterior y, además, controlan las ventas por Cuota Hilton y Cuota 481 a Europa y los contratos con Estados Unidos.

El acero tiene nombre y apellido: Grupo Techint. El Aluminio, Aluar. Las cementeras Loma Negra, Holcim, Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia explican la casi totalidad de la producción nacional. Telefónica de Argentina, el Grupo Clarín y Claro monopolizan las telecomunicaciones.

La extracción de petróleo y gas es realizada por YPF S.A., Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobas, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron. En refinería, las principales compañías son YPF S.A., Raízen (licenciataria de la marca Shell), Pan American Energy (PAE), Puma Energy, Dapsa, Gulf, Voy con Energía y New American Oil. Y en transporte de gas lideran Transportadora de Gas del Norte (TGN), de Techint y Eurnekián, y Transportadora General del Sur (TGS), de Pampa Energía (BlackRock, Marcelo Mindlin, Joseph Lewis y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país.

Respecto a la electricidad, la principal transportadora eléctrica del país es Trasener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión), controlada por Pampa Energía. Las distribuidoras son Edenor (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte, hoy controlada por el grupo Vilas-Manzano-Filiberti), Edesur (Electricidad Distribuidora Sur, controlada por el grupo trasnacional de origen italiano ENEL) y Edelap (Empresa de Electricidad de La Plata, cuyo principal accionista es Rogelio Pagano, ex socio de Marcelo Mindlin), las cuales dominan el 75% del mercado.

La minería en la Argentina se beneficia de características geológicas que favorecen la explotación protagonizada por Barrick Gold, Glencore (la dueña de Viterra y con participación accionaria de BlackRock), Yamana Gold, Anglo Gold, Pan American Silver, Osisko Mining Corporation y Shandong Gold, que extraen minerales (principalmente oro) y declaran haber exportado en los primeros seis meses de 2022 por 1.910 millones de dólares, incluyendo la incipiente venta externa de litio por 246 millones de dólares en el período, según informa la Dirección de Transparencia e Información Minera de la Subsecretaría de Desarrollo Minero. Pero no tenemos acceso a los balances de esas grandes empresas trasnacionales.

En el sector bancario, diez entidades privadas [1] captan el 35% de los 16 billones de pesos de los depósitos del sistema, pero constituyen casi el 60% de los 6,8 billones de pesos que son inmovilizados por pases pasivos, Leliq y Notaliq que, al incrementarse la tasa de referencia del mercado para el mes de agosto de 2022 –que pasó de 46,5% a 64,5% para los pases y del 60 al 69,5% para las Leliq y Notaliq–, implica que los intereses devengados por el stock total de deuda remunerada del Banco Central superan los 401.000 millones de pesos mensuales. No menos de 240.000 millones de pesos por mes de esa suma son apropiados por diez bancos, sin hacer nada. Sólo por tener la autorización para funcionar como banco, captan depósitos y una parte importante (sin correr ningún riesgo) se la prestan al BCRA y ganan fortuna por ello.

Todos los nombrados gozan de una renta extraordinaria por la simple razón de que fijan los precios muy por encima de sus costos reales. La legislación vigente y la falta de controles en la aplicación de leyes regulatorias explican que:

• En el caso de YPF S.A., durante el segundo trimestre de 2022, el EBITDA [2] ajustado de la compañía alcanzó los 1.500 millones de dólares, consolidando una ganancia neta de 94.063 millones de pesos.
• Molinos Río de la Plata informa en el balance del primer semestre de 2022 que registró una ganancia de 5.195 millones de pesos. Detallar sus principales marcas facilita la identificación de la magnitud de la compañía, con presencia dominante en góndolas y alacenas de los hogares. Entre otras varias, se destacan Matarazzo, Lucchetti, Exquisita, Granja del Sol, La Salteña, Arlistán, Gallo, Cocinero, Lira, Gallo Snacks, Cruz de Malta, Nobleza Gaucha, Chamigo, Salus, Bodega Nieto Senetiner, Bodega Ruca Malen, Viña Cobos.
• El grupo Arcor (Luis Pagani), líder en alimentos, principalmente chocolates, golosinas, dulces, helados y galletitas –que incluso tiene participación accionaria en la principal empresa láctea del país (La Serenísima)– reporta ganancias para el primer semestre de 2022 por 18.346 millones de pesos.
• Cablevisión (Héctor Magnetto-Grupo Clarín) presenta en su balance del primer semestre de 2022 ganancias por 28.640 millones de pesos, gracias a fijar los precios que quisieron porque la Justicia argentina le dio lugar a su reclamo de que no prestan un servicio esencial a la población. Por ende, no respetan ninguna regulación al respecto.

 

 

 

La renta extraordinaria y nuestra historia

En 1946, el gobierno de Juan Domingo Perón consiguió que el Congreso de la Nación aprobara –y después año tras año renovara repetidamente– la autorización para cobrar el llamado Impuesto sobre las Ganancias Extraordinarias, creado a finales de la guerra para gravar aquellos beneficios que se consideraban el producto excesivo de las condiciones bélicas.

Ese mismo año, también se creó el llamado Impuesto a las Ganancias Eventuales, que afectaba a la venta de activos y propiedades inmobiliarias que suponían un rápido incremento de patrimonio no gravado por el impuesto a los réditos. La tasa de este impuesto era del 20% proporcional a la ganancia.

La llamada Revolución Libertadora y las medidas propiciadas por el Plan Prebisch significaron una fuerte devaluación de nuestra moneda y la supresión del impuesto a los beneficios extraordinarios [3]. Nunca más se volvió a tratar el tema hasta llegar a la situación actual que, fruto de eliminar las juntas nacionales de granos y de carnes y los mecanismos de controles de precios, nos encontramos con empresas con fuertes utilidades y un incremento incesante en el nivel general de los mismos.

Este panorama se exacerba, además, con la guerra entre Ucrania y Rusia, dos grandes productores de trigo y de girasol, e impacta en todos los mercados. Y en el caso de Rusia, a su vez, en el precio del gas y todo lo que ello significa.

Ante ello, el pasado 6 de junio, el gobierno nacional presentó el Mensaje 33/2022 y el Proyecto de Ley 0010-PE-2022 en el Congreso de la Nación para incorporar una alícuota adicional del 15% al impuesto a las Ganancias para Sociedades que tuvieron una “renta inesperada” [4], producto de la disparada de precios internacionales que generó la guerra en Ucrania.

En los fundamentos del proyecto se sostiene que, ante esta situación excepcional, se requieren nuevas y mejores herramientas para dotar al Estado de los recursos necesarios para llevar adelante políticas públicas para redistribuir la riqueza hacia los hogares. Mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza y contener el proceso inflacionario son objetivos fundamentales, y es preciso instrumentar todas las herramientas que se tengan al alcance para lograrlos.

El ministro de Economía de ese entonces, Martín Guzmán, durante la presentación del proyecto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, destacó que la normativa alcanzaría a firmas con ganancia neta imponible o ganancia contable de más de 1.000 millones de pesos (en 2021 fueron solamente 3,2% de las empresas, unas 19.000 sociedades anónimas) y que cumplan con, al menos, una de dos condiciones:

1. Su margen de ganancia sobre los ingresos (utilidad neta, se descuenta la inflación) debería ser superior al 10% o
2. debería aumentar sus utilidades netas en un 20% en 2022 con relación a 2021.

Sin embargo, tras la renuncia del ministro Guzmán se dejó de lado dicho proyecto y se lo reemplazó en la práctica por la Resolución 5248/AFIP que, en lugar de gravar la renta inesperada, lo que hace es un pago adelantado por única vez, a cuenta de la liquidación del Impuesto a las Ganancias.

De acuerdo con esa resolución, serán alcanzadas las empresas que hayan tenido resultados positivos de entre 100 y 300 millones de pesos con una tasa del 15%. Para aquellas empresas que hayan ganado más de 300 millones, la tasa será del 25%. En tanto, quedarán excluidas aquellas personas jurídicas que hubieran obtenido un certificado de exención de Ganancias, vigente en 2021 o 2022.

La norma establece que estas compañías deberán adelantar en seis meses el pago del Impuesto a las Ganancias, con los que la AFIP espera recaudar 250.000 millones de pesos entre octubre y julio de 2023, según afirmó su titular, Carlos Castagneto.

 

 

 

En síntesis

La demostrable existencia de renta petrolera, minera, agropecuaria y financiera debería obligar al gobierno, en una situación límite y totalmente justificada por el exacerbado incremento de los precios y de la tasa de interés, a aplicar un impuesto adicional al de Ganancias, para revertir al menos –en parte– la regresividad del sistema impositivo vigente. Sin embargo lo sustituye por un adelanto en el pago del Impuesto a las Ganancias.

Y lo hace porque el presupuesto de la Administración Nacional, por DNU 331/22, implica una fuerte reducción del gasto para que sea solamente del 20,9% del PIB, cuando el menor gasto público del gobierno de Cambiemos fue del 21,38% del PIB. En el mismo se prioriza el pago de los servicios de la deuda externa e interna en desmedro de las erogaciones previsionales, de los subsidios y de la inversión pública.

Así y todo, la creciente necesidad de financiamiento de mercado interno, con títulos mayoritariamente indexados a una inflación que va a rondar el 90% en 2022, puede hacer que rápidamente el costo de la deuda de corto plazo se acelere, cuando las tres cuartas partes de dicha deuda en pesos está indexada a CER (a la inflación), tiene una duración promedio en torno a un año, y en cada licitación los plazos se acortan más porque los interesados no quieren tomar deuda más allá del 10 de diciembre de 2023.

Es obvio que todo el sistema tributario argentino, tanto en su faz teórica como en la práctica concreta, adolece de no cumplir el “principio de equidad”, que articula y sintetiza a todos los demás principios constitucionales. Un tributo es justo cuando considera las garantías de legalidad, igualdad, generalidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad e irretroactividad. Y en ese marco, ni siquiera se busca compensar la inequidad con gravar la renta extraordinaria o no esperada, que hubiera sido lo justo.

 

 

 

[1] Los 10 bancos privados más grandes son, en ese orden, Santander, BBVA, Galicia y Macro (en estos cuatro primeros tiene participación accionaria BlackRock), Credicoop, Citi, HSBC, ICBC, Patagonia y Supervielle.

[2] Resultado bruto de explotación, antes de pagar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

[3] Plan Prebisch: a) Suprimir los controles de cambio y la comercialización de exportaciones con intervención estatal. b) Se aplicaron fuertes devaluaciones que beneficiaron a los sectores agrarios más concentrados e hicieron caer el salario real. c) Frente a una inflación creciente, los salarios fueron congelados. d) Se suprimieron todos los subsidios dirigidos al consumo de los sectores populares.

[4] Durante la Guerra de los Seis Días (1967), las empresas petroleras en los Estados Unidos aumentaron sus ganancias en un billón de dólares como consecuencia del enfrentamiento bélico, mientras que los costos locales no se modificaron porque tenían autoabastecimiento. El gobierno de Richard Nixon les fijó un tributo sobre sus utilidades, que tuvo vigencia por dos años.

 

 

 

 

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