ESENCIALES Y ACCESIBLES

 

En línea con el decreto que los declaró servicios “esenciales”, el gobierno reguló por primera vez los aumentos en telefonía, Internet y TV paga. Astuto, el mismo viernes 18 habilitó a grandes empresas de comunicaciones como Telecom, Movistar y Claro a aplicar un 5% de aumento a partir de enero y estableció una Prestación Básica Universal (PBU) para garantizar el acceso a la población de menores ingresos. Si las empresas van a patalear, que los usuarios humildes festejen. Luego dedicó la semana de Navidad a recibir las quejas de la industria en una de las grandes salas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). “Escuchamos a todos”, parafrasean desde el ente a la gestión anterior. Le darán lugar a los reclamos puntuales de las pequeñas cooperativas, que se encargan de garantizar conexión y entretenimiento en los confines más remotos del país. Pero “el marco regulatorio no se toca”, advierten.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm y el presidente de Enacom, Claudio Ambrosini, presentaron la PBU, una serie de planes accesibles en telefonía fija y celular, Internet y TV paga para un gran universo de personas vulnerables: beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros planes sociales, jubilados, empleados y monotributistas que ganen menos de dos salarios mínimos, desocupados y trabajadores informales. En suma, calculan que la medida beneficia a 10 millones de personas.

En celulares, el plan más atractivo costará 200 pesos mensuales con 1 Giga de datos. Por 700 se podrá tener Internet con entre 5 y 10 MBps de velocidad según el tamaño y la ubicación de la prestadora. En TV por cable o satélite las empresas estarán obligadas a hacer un descuento de hasta 40% en el plan más económico que tenían a mediados de 2020 (el porcentaje se reduce para los más chicos).

Todo esto debe estar disponible el primer día del 2021.

Esta suerte de Precios Cuidados despertó críticas de algunas empresas que sugieren que irían a pérdida o que no tienen capacidad técnica de cumplir. Pero lo que más movió el avispero fue el primer aumento de tarifas habilitado desde marzo, cuando empezó la pandemia. En agosto, por decreto 690, el Presidente Alberto Fernández declaró a los servicios que conforman el cuádruple play como “esenciales” y “públicos en competencia”. De ese modo habilitó al Enacom a regular las tarifas por primera vez en el país.

En diciembre las empresas comenzaron a enviar notificaciones de aumentos de hasta el 25% para enero. Justo antes de que bajara la persiana del año, el gobierno les puso un tope: 5%, salvo para empresas con menos de 100.000 abonados que no hayan aumentado sus precios en 2020, que podrán aumentar hasta un 8%.

El número dejó disconformes a grandes, medianos y pequeños.

“La cifra que veníamos manejando con el gobierno era tres veces superior, un 15% a dosificar en el tiempo”, dijo una fuente de las grandes compañías que participó de la reunión del martes. Telecom, Movistar y Claro fueron recibidos por los directores “oficialistas” del Enacom (Claudio Ambrosini, Gustavo López, Gonalo Quilodrán, Florencia Pacheco y Alejandro Gigena; no estuvo la opositora Silvana Giudici), su jefe de Gabinete, el jefe de Legales y el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Martín Olmos. “El 15% era más razonable, estaba lejos pero era el principio del camino”, completó la fuente.

Las tres grandes afirman que podían sostener la baja en la recaudación que suponen las prestaciones universales si les habilitaban un aumento coherente con la inflación. Pero no las dos cosas al mismo tiempo.

En público, Telecom hizo el reclamo más fuerte: con estas medidas el gobierno “está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC”, expresó a horas del anuncio.

Telefónica/Movistar afirmó que “no se comprende el racional técnico que tomaron las autoridades para fijar sólo un 5% de actualización de precios”. Para la empresa española el “atraso” en las tarifas “tiene un impacto negativo directo en el gran desafío que tiene el país de achicar la brecha digital” y “va en contrasentido de cualquier visión de crecimiento y desarrollo”.

Claro fue algo más suave. “Medidas de carácter estructurales como las anunciadas debieron haber sido el resultado de consensos luego de un análisis profundo de sus alcances”, opinó Alejandro Quiroga López, del directorio de la firma. “Las dos resoluciones (tarifas y PBU) dejan a las compañías en una posición muy débil para encarar las inversiones necesarias. Venimos de 9 meses con tarifas no congeladas sino derritiéndose contra una inflación de 27% desde abril”, completó.

¿Cómo se llegó a establecer el 5% de aumento? Una alta fuente del Enacom contó el número “debía acompañar la economía en general: no podés generar un pico inflacionario y reventar todo”. Reconoció que “nos hubiera gustado anunciarlo antes y el 5% no alcanza, pero en promedio las empresas ya habían aumentado 17% sus tarifas en 2020. Además, en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri generaron un colchón que les permitió a algunas empresas una importante ganancia”.

“El objetivo de este año fue recuperar los postulados de ley Argentina Digital, que el macrismo había derogado u omitido –dijo a El Cohete Diego Rossi, especialista en políticas de comunicación de la UBA–. Valoro la capacidad de generar medidas regulatorias que estuvieron encerradas durante 30 años. Son un primer paso para trabajar en una regulación inteligente sobre asimetrías y dominancias”.

 

 

Números grandes

En los primeros nueve meses del año Telecom (que aglutina a Cablevisión, Personal y Fibertel y es propiedad del Grupo Clarín a través de distintas sociedades) tuvo ventas por 208.220 millones de pesos y una pérdida neta de 1.249 millones. Además achicó su deuda financiera un 8% interanual a $132.450 millones. Al mismo tiempo, Telecom sumó 78.000 clientes de banda ancha fija en el tercer trimestre: tiene 4,2 millones. También ganó casi 70.000 clientes de TV por cable: tiene 3,6 millones. Pero perdió 150.000 clientes móviles: tiene 18,7 millones.

El resultado operativo antes de amortizaciones (EBITDA) de Telefónica fue de 106,5 millones de dólares entre julio y septiembre, un 3,4% menos que los 110 millones de igual tramo de 2019. En pesos ajustados por inflación, el indicador creció un 3,6% interanual “gracias a la continua generación de ahorro de costos y de sinergias”, informó en su balance.

Con 21,5 millones de clientes móviles, Claro asegura haber hecho “esfuerzos extraordinarios para contener los costos y prosperar en un entorno inflacionario”. Así logró un aumento secuencial en el EBITDA de 8.6%. En los primeros nueve meses de 2020 tuvo ganancias por 25.370 millones de pesos, un 18,4% menos que en el mismo período del año pasado.

Como en otros rubros, las empresas no van a dejar el país de un día para el otro: tienen la inversión hecha, el capital enterrado. La incertidumbre pasa por quién hará las inversiones necesarias para ampliar la cobertura de redes: ¿será el Estado, o conminará a los privados de alguna manera?

 

 

Dicen que no, dicen que sí

En la secretaría de Innovación Pública a cargo de Micaela Sánchez Malcolm aseguran que la PBU no representa un problema para las empresas (grandes): en telefonía celular, se trata de darle a los clientes de menos ingresos, que pagan hasta el triple más por minutos y datos al contratar planes prepagos, un abono que rinda más. El plan incluye un abono de 380 pesos mensuales para telefonía fija. Con la red tendida, conectar a nuevos clientes sería muy económico.

“Es irreal que no puedan afrontar” la baja de ingresos que implican estos planes, dicen. Agregan que algunas medidas venían siendo reclamadas por las propias empresas para competir en pie de igualdad. Por ejemplo, la despaquetización en la oferta de señales de TV. La resolución 1491, publicada el 24 de diciembre en el Boletín Oficial, obliga ahora al dueño de las señales –sea Clarín, Fox o HBO– a ofrecerlas por separado. “Lo venían pidiendo Claro y otras compañías” que ofrecen TV, dicen en la secretaría.

Por último, destacan que por primera vez se empezó a trabajar en la regulación asimétrica, un pedido histórico de los jugadores pequeños para competir con los monstruos del triple y cuádruple play.

 

 

Mesa mediana

De las cinco cámaras que fueron a presentar sus reclamos al Enacom, la más dura fue Cabase. La Cámara Argentina de Internet, que agrupa a 500 proveedores de Internet (ISP por sus siglas en inglés) heterogéneos, envió a su presidente Ariel Graizer y a cinco directores, todos dueños de pymes. Sostuvieron sus argumentos contra la PBU con números sobre la mesa: un ISP que da Internet inalámbrica en el interior profundo está cobrando los 5 megas 1.200 pesos. “Ahora tiene que cobrar 700, de los cuales 210 son impuestos directos. A las 1.200 pymes como esta, la PBU las quiebra”, dijo una fuente presente en la reunión. Por eso presentaron el pedido formal para suspender su aplicación.

Los proveedores de Internet compran ancho de banda a un mayorista. Es un mercado desregulado con variaciones desde los 447 pesos por mega de Arsat –que no llega a todo el país– hasta tarifas de 12 dólares. Las empresas reclamaron una oferta mayorista de valores constantes.

Además de quejarse porque desde agosto no lograban reunirse con las autoridades, Cabase y otras cámaras también pidieron que se subsidie directamente al consumidor con el Fondo del Servicio Universal, al que aportan mensualmente todas las empresas del rubro. “Nos contestaron que no alcanza, que en pocos meses se acabaría”, dijeron a este medio. Como las tres grandes, Cabase está analizando la posibilidad de presentar reclamos judiciales para frenar la vigencia de las medidas.

Fuentes de Claro sugieren que “la resolución del Enacom es inconsistente con el DNU 690, una norma superior, que dice que los precios aumentaban en enero”. También reniegan por su incertidumbre sobre cómo van a acreditar los usuarios que pueden acceder a los planes básicos. La norma establece que aunque la empresa considere que el cliente no está alcanzado, debe instalar el servicio y quejarse ante el Enacom. “Eso es directamente ilegal”, se enojaron en una telefónica.

También afirman que les resulta imposible poner en marcha estos planes en pocos días hábiles. El 15 de diciembre las grandes empresas de tecnología “frizan” sus sistemas para aguantar el estrés al que están sometidas las redes a fin de año. Y necesitan 15 ó 20 días para programar cualquier cambio en las tarifas y condiciones de los planes, advierten.

 

 

Mesa chica

Democrático, el gobierno también recibió a los jugadores más pequeños, cooperativas y pymes de todo el país agrupadas en distintas cámaras como Colsecor, Fecosur, Fecotel, Fedecoba y Catel. Son la evolución de las viejas cooperativas de pueblo que brindaban luz, agua, gas y electricidad, más tarde telefonía, luego cable e Internet, y próximamente también telefonía móvil.

Entienden que el aumento diferenciado es un primer paso en el sentido de una regulación asimétrica, pero que no es suficiente. Y hacen la siguiente cuenta: el 5% de aumento para un grande es más dinero que el 8% para un chico, porque en general suelen vender sus productos a menor precio que las grandes. El triple play con 100 megas de velocidad de una cooperativa del Conurbano cuesta 4.200 pesos, contra 6.200 de Cablevisión.

Estas empresas calculan que hasta el 30% de sus abonados pueden aspirar a la prestación universal. Además, como ninguna supera los 30.000 clientes, estarían alcanzadas por las excepciones de la regulación. En la reunión plantearon que se siga discutiendo la cifra de 8%: “Nosotros no movemos la inflación, 1 punto más o menos no cambia nada a nivel macro”, dijeron, conscientes de la máxima kirchnerista de cuidar los precios que afectan a la canasta del consumo familiar.

A las cooperativas, que se pasaron los cuatro años de Giudici al frente del Enacom denunciando que no se las tomaba en cuenta y ven con buenos ojos la filosofía pro-pyme enunciada por este gobierno, les resulta difícil definir su (o)posición. “El riesgo es juntar a los que no son parecidos contra un gobierno con el que las cooperativas, en los ideales y fundamentos, teníamos varios puntos en común. No queremos recorrer ese camino, pero nos están empujando”, dijo un representante que estuvo sentado a la mesa.

Otro dirigente cooperativo expresó que “desde el punto de vista filosófico acuerdo con tender un puente hacia aquellos que no pueden acceder a estos servicios esenciales”. Su visión de las medidas no es “ni apocalíptica ni positiva”. Agregó que “las autoridades se mostraron muy dispuestas a escuchar nuestros reclamos. Pedimos que le den ayuda a todas las cooperativas con menos de 10.000 clientes”. Hoy el corte está en 2.000.

La cooperativa que dirige, con unos 30.000 asociados, va a tener disponibles los planes accesibles el 1 de enero. “No me cierran los números, pero como ya tengo hecha la red, si pagan la instalación lo amortizo en dos años en lugar de uno. En cambio, a las de ciudades más chicas las matan. Muchas no van a poder cumplir con los 5 megas de Internet, no tienen la capacidad técnica”, afirmó.

 

 

“Si el Estado fuera yo”

El gobierno vive como un triunfo que los jugadores no se hayan agrupado a la hora de reclamar. Ni siquiera las tres grandes emitieron un comunicado conjunto, lo que demuestra que en algunos puntos tienen intereses distintos. Las autoridades confían en tener al público de su lado y aseguran que harán los cambios necesarios para garantizar el desarrollo de los jugadores más chicos. Por lo pronto, en enero habrá novedades: el gobierno tiene que definir la grilla de aumentos para los meses siguientes.

Después de enumerar sus quejas particulares y sectoriales, que en muchos casos coinciden con las de otras empresas del sector, y de asegurar que van a unirse con otras federaciones y presentar notas argumentando uno por uno todos sus reclamos, un dirigente se sinceró: “Si yo fuese el Estado, haría algo parecido a lo que está haciendo”.

 

 

 

 

 

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