Escaramuzas antes de la batalla

El macrismo supo asombrar a los partidarios del kirchnerismo por la rapidez y determinación con la que procedió a desmontar uno a uno los logros y avances que se habían realizado trabajosamente a lo largo de 12 complejos años. Atacó todos y cada uno de los aspectos del gobierno anterior, buscando revertir aceleradamente lo que para muchos era un intento de construir un proyecto nacional viable.

Numerosos opositores quisieron sacar una lección de lo realizado por el gobierno de Cambiemos: ¡miren con qué decisión actúan! ¡Miren qué poco les importan las instituciones y las formalidades legales! ¡Miren cómo encuentran las formas, prolijas o desprolijas, de revertir todo lo que se construyó y construir poder propio! La conclusión a la que se llegaba era simple: el próximo gobierno popular debería hacer otro tanto, con el mismo desapego a las formalidades legales, pero en la dirección opuesta.

Desde ya que las cosas son muchísimo más complejas, ya que si bien la voluntad política es fundamental, también existen condicionantes materiales, institucionales y humanos que inciden en la libertad de tomar decisiones públicas.

 

 

Asimetrías de poder

Desde la dictadura cívico-militar, estamos viendo la asimetría existente entre los gobiernos de la derecha depredadora y las dificultades que tienen los gobiernos democráticos y populares para reorientar la economía hacia senderos más promisorios.

La dictadura fue un fracaso político, ya que nadie la pudo reivindicar públicamente ni dejó descendencia partidaria permanente, como sí lo hizo la dictadura de Pinochet.

Pero desde el punto de vista económico, dejó un cuadro estructural que condicionó al extremo al gobierno de Alfonsín. Lo significativo de la herencia dictatorial es que si bien aparentemente no quedaban en el país actores políticos que defendieran lo realizado por Martínez de Hoz y sus Chicago Boys, el gobierno militar había atado al país a compromisos con acreedores externos que serían, de hecho, los custodios de la herencia de la dictadura.

La deuda con los bancos acreedores llevó a introducir al FMI en el diseño de las políticas públicas. Pero el FMI no tiene ejército, ni cuerpo diplomático, ni maneja medios de comunicación globales. No puede presionar por sí mismo. De eso se ocupan las grandes potencias, que fueron finalmente las custodias reales de que el gobierno democrático no pudiera zafar de la nefasta herencia dictatorial de ajuste y estancamiento, en función de pagar los compromisos externos. Siempre con el FMI en el medio, para que parezca más “técnico” y multilateral.

Este punto es central: las minorías sociales que cada tanto se encaraman al poder en el país no logran sostener el control del Estado, porque hay importantes fuerzas sociales que los cuestionan y logran desplazarlos. Pero cuentan con un respaldo externo invalorable: el conjunto de instituciones globales que regulan la gobernabilidad neoliberal. Los que garantizan que ciertas cuestiones no puedan ser revertidas por los gobiernos populares son las principales potencias de Occidente, las instituciones globales que les responden, los organismos financieros “multilaterales”, los acuerdos económicos, los compromisos legales, las presiones “blandas” de la prensa internacional, etc.

La deuda externa es una relación económica y política que vincula nuestra sociedad –representada por el Estado— con el capital global e indirectamente, con los Estados centrales. Una vez contraída, es el capital global a través de sus Estados, sus instituciones y sus medios de presión el que exige que esos compromisos se cumplan, blandiendo siempre el conjunto de sanciones –financieras, económicas, militares— de toda índole que se enfrentarían si los pagos debidos no se efectuaran.

De alguna forma, los “garantes del modelo neoliberal” que se intentó implantar hasta 2019 en la Argentina son hoy los acreedores internacionales. La traba está puesta por arriba de la sociedad argentina, y si se hiciera caso a todas las demandas de los financistas –de afuera y de aquí—, nos encontraríamos al final de las negociaciones a un gobierno nacional, elegido por el voto popular y con un mandato de impulsar el crecimiento y mejorar la realidad social, despojado de toda capacidad de cumplir con los compromisos electorales que asumió.

Imaginemos por un segundo a este mismo país, a este mismo gobierno, con una deuda externa muy reducida, que fuera irrelevante desde el punto de vista presupuestario y de la cantidad de divisas que hay que destinar a los pagos externos. Con el muy buen equipo económico que ha designado el Presidente Fernández, el despliegue de ideas en relación a la inversión, el crecimiento, el empleo, el desarrollo regional y el avance tecnológico podrían significar un vuelco en nuestra historia económica y social. El tema del hambre se podría resolver mucho más rápido, y ya se estarían articulando planes muy ambiciosos en materia de empleo, recomposición del salario y reconstrucción de capacidades industriales.

La diferencia entre la velocidad que tuvo el macrismo para cambiar el país y las dificultades de la actual gestión deben enmarcarse, por lo tanto, en un contexto de época: el neoliberalismo global. Fue ese conjunto de intereses –Barack Obama incluido— el que trabó la normalización financiera del gobierno de Cristina para evitar la recuperación plena, el que apoyó todos los dislates económicos del macrismo y el que hoy puede jugar como un freno –no sólo en lo económico— a un gobierno alternativo.

La adhesión del orden global al gobierno satelital de Cambiemos fue grosera. No se vio ninguna advertencia ni presión durante la gestión macrista, de ninguna embajada occidental, sobre los DNU nombrando jueces en la Corte Suprema, ni sobre las irregulares relaciones entre Estado y empresas, ni sobre los encarcelamientos fraguados de opositores, ni sobre los fusilamientos por la espalda de manifestantes o delincuentes, ni sobre la asfixia económica a los medios de comunicación o sobre la gestación irregular de la deuda externa. Porque iban en la dirección deseada por el orden internacional. Doble standard total.

 

 

Tensiones entre prudentes e imprudentes

Se entiende. Estamos en un momento muy delicado, de negociaciones decisivas sobre la deuda externa, en las que se busca construir los márgenes económicos necesarios y vitales para poner a la economía nacional en marcha. Y eso implica, para facilitar las negociaciones y no dar pasto a las fieras, proyectar una imagen de prudencia, de sensatez, de mesura. Nada que pueda oler a populismo o a chavismo. Nada que se salga del libreto de la moderación. Es cierto: no tendría sentido, a priori, enturbiar las negociaciones con palabras altisonantes ni gestos destemplados.

Sin embargo, es por el lado de los acreedores donde han aparecido varias actitudes que se alejan de la reclamada “buena fe” y entran en el terreno más duro del tironeo y de las presiones más diversas. Tanto al ministro Martín Guzmán como al gobernador Axel Kicillof les han rechazado propuestas razonables para trocar bonos por otros títulos a más largo plazo, o propuestas de postergación de pago hasta que se aclare la situación total de la deuda externa.

Los protagonistas de estas negativas a facilitarle una salida viable al país han sido grandes fondos externos, entre ellos Fidelity y Templeton. Se trata de las primeras escaramuzas de una pulseada donde buscarán obtener los mayores beneficios posibles de una situación muy complicada, de la cual son, en realidad, corresponsables. Fueron ellos los aventureros que le prestaron  al equipo de irresponsables y timberos que nombró Mauricio Macri al frente de la economía argentina. Los elevadísimos intereses que le venían aplicando a los préstamos a la Argentina ya incluían, evidentemente, la inseguridad sobre el cobro en tiempo y forma. Ahora los acreedores externos fingen estar sorprendidos y vuelven con la cantinela de la falta de seriedad argentina.

Axel Kicillof debió pagar esta semana con fondos provinciales los 250 millones de dólares por vencimientos de capital que se le exigían, lo que algunos de afuera –y muchos de adentro— calificaron y festejaron como una derrota del gobernador bonaerense. Es importante la comprensión del hecho. Un fondo, uno solo, trabó la propuesta formulada por la provincia, dado el porcentaje del 75% requerido para dar valor legal a un esquema de prolongación de plazos.

Pero que Kicillof haya debido realizar este pago contra su voluntad, no debe ser interpretado como que la Provincia puede hacer esto todos los meses: no es una vaca lechera. El pago se hizo porque se evaluó que a la Nación le servía más que la provincia de Buenos Aires no entrara en default ahora. Pero la situación externa no da para más.

Lo que ha dicho la Argentina es que no puede pagar, y es totalmente cierto. No depende de la genialidad de las presiones que los bonistas están ejerciendo a múltiples niveles. Si los financistas internacionales piensan que con presiones y extorsiones “van a ir haciendo pagar” a la Argentina, se confunden gravemente, y pueden terminar generando conflictos a mayor escala.

El problema es qué tipo de lectura hagan los “mercados” (que muy pocos fondos de inversión lideran) y qué piensan que pueden lograr. Siempre debemos recordar que quienes manejan esos fondos, así como tienen conocimientos especializados en las oportunidades financieras globales, son fuertemente ignorantes de la política y de las realidades nacionales.

Desgraciadamente, los medios de comunicación locales están infestados de voceros internos de los intereses externos, lo que no contribuye a establecer con claridad el estado de la opinión pública. Si bien numerosos economistas y analistas trabajan para lograr que la gente piense como los acreedores —lo que constituye un grave problema interno de nuestra sociedad—, la actual pasividad de la población no debe ser interpretada como una ausencia de demandas y necesidades acumuladas.

Sería una mala lectura política creer que el gobierno nacional puede ceder ilimitadamente, frente a fondos y frente al Fondo. No hay que confundir silencio con vacío social.

 

 

Los dos caminos

Si bien casi todo el mundo apuesta a una salida negociada entre las partes –el contexto global tampoco necesita malas noticias financieras adicionales, y parece que los norteamericanos no quieren arriesgar a una radicalización de este lado de los Andes—, pueden ser muy distintas las expectativas de unos y de otros.

Si los fondos acreedores piensan que el principal temor del gobierno argentino es al default, las presiones serán infinitas y el gobierno nacional se encontrará con pedidos insensatos e intransigencias irracionales. Si el gobierno argentino se comportara como si el default fuera su principal temor, habilitaría a los acreedores a presionarlo y acorralarlo.

Para el gobierno argentino, la peor alternativa no debería ser el default sino firmar un acuerdo con los acreedores que no permita crecer. Que se le imponga una rendición y se le exija disimular al mismo tiempo.

Desde una perspectiva nacional de largo plazo, lo inaceptable hoy es que el gobierno popular sea obligado por las finanzas internacionales a efectuar una gestión decepcionante, impotente, de estancamiento. Ese fracaso habilitaría nuevamente la reaparición del relato ficcional de los neoliberales que, como bien sabemos, nunca termina de morir porque está sostenido por el orden global.

La peor opción entonces no es el default, aunque nadie lo quiera. Lo peor para este gobierno es ser obligado a aceptar el congelamiento de la realidad en el punto que el macrismo la dejó, porque eso significaría dejar sin alternativa política a las mayorías argentinas y confirmar el discurso único de la derecha local, de que estamos condenados al ajuste eterno, al subdesarrollo y a la resignación.

Las ensordecedoras operaciones cotidianas de la timba internacional no pueden pesar más que el silencio expectante de las mayorías nacionales.

 

 

 

 

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