Esa(s) mujer(es)

 

 

El poder mafioso (como el patriarcado) busca por todos los medios limitar la afirmación femenina. Dentro de los márgenes de la criminalidad mafiosa la participación de las mujeres es menor que la de los hombres, porque las famiglie son formaciones patriarcales, organizadas sobre la base de la relación desigual (jerárquica) que llamamos género y que regula los vínculos entre hombres y mujeres. En las famiglie las mujeres son socializadas de manera distinta a los hombres. Tienen una cuota menor de poder y libertad. Sobre ellas pesa un “código de honor” específico de respetabilidad, que impone un sistema de usos y costumbres genérico. Se trata de mandatos que impone el padre (o los miembros masculinos del clan). En el ámbito del poder mafioso, el sujeto femenino es entendido como una prolongación del hombre, como uno de sus bienes, un ser —menor— sobre el que se ejerce derecho de propiedad, que es posible intercambiar para ramificar las alianzas entre familias. Las mujeres de la mafia saben que el hombre a quien llaman “padre”, al que le deben la vida, también tiene el poder de quitársela.

Cuanto más tradicional es el clan, más “secundarizadas” son sus mujeres. En los clanes más modernos tienen un mayor grado de libertad y su rol dentro de la organización puede ser más central. En ambos casos, una función posible de las mujeres es estimular la pedagogía de la violencia y ayudar a impartir a los hijos varones la cultura criminal en torno a la que gravita el poder mafioso y la propia estructura del capitalismo. Esto quiere decir impartir una enseñanza sobre los cuerpos y la naturaleza, producir a través de ella seres externos al Estado para, desde esa exterioridad, colonizar y dominar el campo estatal, extorsionarlo, rapiñarlo, ubicar en sus tejidos un doble poder permanente. Pueden tener otros roles. Ser mensajeras, por ejemplo, entre la cárcel y la organización, si un capomafia está preso. Ahí se convierten en soporte de instrucciones para desplegar negocios o disponer acciones violentas. Cuando un capomafia es encarcelado, y no hay otro hombre que pueda asumir el mando de una familia, se crea una vacancia, entonces la regencia puede ser asumida por una mujer, que dictará las políticas criminales, entrará en contacto con otros mafiosos, tomará decisiones acerca de los negocios, estrechará alianzas estratégicas. En estos casos, esa mujer puede recibir el título de “hermana de omertà”. Se trata de un rótulo que se les asigna a las mujeres que hicieron méritos especiales dentro de la organización. El revés de esta figura es la mujer disidente.

De esto desciende que la mafia es un poder que responde a un paradigma patriarcal denso, compacto. Sin embargo, existe un sujeto que puede ponerlo en crisis: el femenino disidente. Son las mujeres que se sustraen a los mecanismos del poder mafioso, quienes, en algún momento de sus vidas, toman distancia de sus familias o que desde una situación de externalidad las denuncian. Cuando el sujeto femenino rechaza el orden mafioso, cuando rompe la sociabilidad que ha recibido, lo hace para preservar su vida. Alejarse de la estructura del poder mafioso implica para el sujeto femenino una emancipación, entendida como liberación de la violencia mafiosa, afirmación de la propia individualidad y confirmación de la propia subjetividad.

Las mujeres que se rebelan al poder mafioso, que rompen el pacto de silencio, desde el punto de vista de la famiglia se “deshonran”, pierden “respetabilidad”, y “deshonran” al poder que desafían. Denunciar públicamente el poder mafioso implica que este responda siempre de la misma forma: con persecución y muerte, gestualidad conocida como “homicidio de honor”. Vale tanto para el sujeto femenino interno a ese poder como para el que se ubica por fuera de sus confines. La orden para llevarlo a cabo corre por cuenta de un hombre, que puede ser el padre de la mujer disidente, el marido, un hermano o una autoridad investida del poder mafioso. Ese homicidio restituye la “respetabilidad” de la familia deshonrada, repone el “honor” perdido.

En Italia, las mujeres que desafían el poder mafioso lo hacen por distintas razones. Porque se enamoran de un hombre ajeno a la famiglia. Ahí se convierten en “putas”, quiebran la moral sexo-afectiva del poder mafioso. Porque son reducidas a estado de esclavitud por lo cual para, por ejemplo, salir a pasear deben solicitar un permiso. Para preservar a sus hijxs de un destino aciago. O porque denuncian un poder que tiende a ser omnímodo si el Estado no lo condiciona.

Las respuestas del poder mafioso hacia las mujeres disidentes pueden consistir en la violencia simbólica, la física, la desaparición y la muerte. La gradación depende de si los desacatos son considerados menores y las traiciones, pequeñas. La deshonra se castiga con la muerte. A través de este abanico de opciones, el poder mafioso hace dos cosas: repone el honor mancillado y envía un mensaje con el que advierte de las consecuencias que conlleva la traición interna a las famiglie o la denuncia externa al poder mafioso. Disney ha descubierto todo esto y va a hacer un negocio con esta historia trágica. En breve estrenará la serie The Good Mothers, que cuenta la historia de tres mujeres que en Calabria denunciaron la ‘Ndrangheta.

 

 

Esa mujer

En la Argentina también existe una mujer disidente que viene denunciando el poder mafioso ubicado en el Estado y que lo tensa hasta convertirlo en un Estado ilegal. Esta situación de estatalidad ilegal es estudiada por Rita Segato en La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (Tinta Limón, 2013), en el que postula la existencia de dos realidades paralelas, una legal y otra ilegal, imbricadas en una estructura única. La denuncia a la que hago referencia no empezó ayer ni el año pasado cuando se formuló la consigna “Argentina y democracia sin mafias”. En Sinceramente encontramos este pasaje: “El nuevo gobierno y sus voceros [en alusión a 2015] se cansaron de buscar todo el tiempo cómo nos habíamos ‘robado un PBI’ o ‘la ruta del dinero K’, pero solo encontraron ‘la ruta del dinero M’. [...] El espejo invertido y la proyección: hablan de mafia porque ellos son la mafia” (2019, p. 159). Con la inversión de un procedimiento que en realidad constituye una metodología propia del poder mafioso se intentó destruir la representación y la organización popular con el berretín de la “pesada herencia”.

El magnifemicidio contra la Vicepresidenta puede ser leído como la tentativa de un homicidio de honor. Su objetivo: restituir la “respetabilidad” de un poder deshonrado, reponer el “honor” perdido como consecuencia de la denuncia cifrada en Sinceramente y en la consigna “Argentina y democracia sin mafias”. En la atmósfera mafiosa, ese homicidio se vive como acción moral y mensaje. El mensaje de la mafia “desafía y destruye la moral de aquel que debería proteger y cuidar ese cuerpo” (R. Segato, La guerra contra las mujeres, 2018, p. 199). El magnifemicidio en tanto mensaje tuvo tres destinatarios: estuvo dirigido a la militancia, al gobierno, al Estado para enrostrarles su derrota por no poder proteger el cuerpo de esa mujer, la de mayor representatividad política del campo nacional y popular. Puesto que la bala no salió, el homicidio de honor debe ser considerado como una latencia de espesor real. No se trata de una hipótesis ociosa. Debe ser tenida en cuenta por las grandes fuerzas democráticas, de tradición peronista y de izquierda, pues puede volver a repetirse. Sabag Montiel, el agresor stricto sensu, no es culpable porque el magnifemicidio es un crimen de poder y quien está preso en este caso ni es, ni representa el poder, aunque quiso matar: “'¿Y la quisiste matar?' 'Sí, estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma [...] Yo, en vez de tirar el pestillo —imagínate los nervios de estar en un lugar—, de tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo, no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso'”.

Esa latencia además tiene otro sostén: un segmento conspicuo del Poder Judicial, que protege el poder mafioso y trata de suprimir a la Vicepresidenta. Eso sucede porque se trata de poderes concurrentes. El derecho nace para suprimir la violencia privada, para que el Estado ejerza el monopolio de la violencia y emplea la violencia —o su espectro, la amenaza— para imponer las normas a través de un régimen discursivo —las sentencias— acompañado por un régimen procedimental, policial/carcelario. El Poder Judicial constituye su identidad por medio del ejercicio de la violencia sobre sus integrantes para garantizar un modelo de justicia. Lo explica con extraordinaria precisión Alejandra Gils Carbó en Acceso a la Justicia (2022): “Desde el primer día los ingresantes padecen [...] ese ejercicio de la violencia al interior de la institución que los acompañará a través de las distintas escalas jerárquicas. Una violencia simbólica que impone los límites de los que no es posible correrse y que se expresa en múltiples formas: instrucciones verbales concretas de obrar o conducirse de determinada manera, prácticas aparentemente absurdas pero dirigidas a naturalizar ciertos comportamientos o valores, o directamente bajo la amenaza o el uso directo del poder disciplinario ante algún acto o expresión que ponga en tela de juicio esas reglas no escritas” (p. 37). Por su parte, el poder mafioso también se estructura alrededor de la violencia, organizada estratégicamente en torno de la famiglia que es su sostén. Esta, en su vertiente judicial, es un espíritu de cuerpo que la lleva a “reaccionar corporativamente cuando estiman que se puede poner en crisis su estabilidad o ese orden establecido que se sienten llamados a preservar. Los lazos jerárquicos van entretejiendo redes de relaciones personales que son utilizadas luego como redes de poder y de intercambios hacia afuera. Esa trama se consolida a través de los padrinazgos ejercidos sobre aspirantes a magistrados y la herramienta predilecta de los vínculos de parentesco para designar personal y funcionarios que refuerzan esa identidad de ‘familia judicial’. Cualquier mancha de nepotismo es aventada mediante el recurso de los nombramientos cruzados, vale decir, acuerdos para nombrar familiares concertados entre distintos miembros de la corporación” (Gils Carbó, p. 36). Al proteger el poder mafioso, que no podemos ver ni delimitar completamente, ya que ocurre por debajo de lo visible, el Poder Judicial —el segmento del que hablamos— preserva un estado de cosas funcional a la dominación, al “honor” y a la “respetabilidad” deshonradas por esa mujer. Sujeto disidente en el que late la emancipación popular.

La consigna “Argentina y democracia sin mafias” es el índice que señala la indefensión del campo estatal con respecto al poder mafioso ubicado en sus tejidos. Pues ese poder interviene en la ejecución de las funciones propias del Estado. Dar cuenta de la magnitud del fenómeno es imprescindible (aún no lo hemos logrado): entender la racionalidad de un poder que ha constituido un Estado con una naturaleza dual, que opera sobre la base de un doble poder permanente y que, por lo tanto, responde solo en parte (por la mitad) a los principios democráticos. A 40 años de la vuelta a la institucionalidad democrática, esto es una trampa a la democracia. Esa consigna además nos insta a abrir distintas preguntas (que son luchas) sobre qué tipo de democracia, qué tipo de Estado, que tipo de intervención estatal son necesarias en la Argentina. Para libertarnos de esa captura, del secuestro del aparato estatal es importante advertir que esas luchas (que son preguntas) deberán darse afuera del campo estatal con los movimientos y dentro de ese campo con la representación popular. Es preciso advertir también que la temporalidad del cambio será larga. El doble poder del que estamos hablando es atávico y anuda oscuramente distintas cuerdas subterráneas de la historia argentina. Una de ellas vibró con las expresiones de “cariño” y “afecto” con motivo del fallecimiento de un criminal de lesa humanidad que empalmó el apagón, el ingenio y el azúcar.

Todo esto debe ser proyectado también a nivel teórico. Es necesario elaborar una crítica política y cultural a la estructura del Estado ilegal. Segato lo ha entendido bien, habla de la necesidad de un modelo interpretativo: “Una apuesta de interpretación que permite dar sentido y constelar eventos dispersos que parecen sueltos e inexplicables, respecto de los cuales no se ha descubierto qué los causa” (La guerra contra las mujeres, p. 201). Las manifestaciones del poder mafioso no son plenamente observables porque las mafias son organizaciones secretas. Esas manifestaciones se dan de manera dispersa, no se concentran nunca en un solo territorio y nuestro reconocimiento de su accionar es esporádico. Sus indicios suelen parecer inconexos. Los eventos de violencia se dan de manera fragmentada y tienen una baja inteligibilidad. Una orden puede ser emitida en un lugar geográfico pero sus efectos pueden manifestarse en otro muy distante. Una de las cuestiones centrales del poder mafioso es su invisibilidad, condición que refiere al mafioso y a su víctima. El mafioso es invisible porque el lugar en el que concibe y ejecuta el delito no coincide con el lugar en el que se advierten sus efectos. En el caso del narco es evidente —el lugar de producción no coincide con el del consumo— y en la trata de personas también. Las víctimas a su vez son invisibles, porque a menudo están ausentes de la escena del crimen y frecuentemente no son conscientes de su victimización. Es el caso de la deuda ante el FMI. Cuando Macri la solicitó, nadie se movilizó. La invisibilidad concierne también a la temporalidad del crimen: el tiempo de planificación y ejecución no coincide con el tiempo en el que su impacto se vuelve evidente (el caso de los crímenes ambientales). En la Argentina además contamos con una peculiaridad que complejiza la cuestión. En el campo de la mediaticidad monopólica, el hecho mafioso es tratado como un hecho “policial”, en los Ministerios de Seguridad como un hecho “securitario” y en el de la cientificidad (casi) como una forma del ignorar.

 

 

 

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