Esa manía de espiar

 

El gobierno de Mauricio Macri promocionó como el reingreso de la Argentina al mundo la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebró en diciembre de 2017, y la del G20 – que se llevó adelante un año después. Sin embargo, los dos eventos le sirvieron a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para la realización de un espionaje masivo sobre periodistas, académicos y empresarios que se inscribieron para participar, pero también para infiltrarse entre los partidos de izquierda, que preparaban las manifestaciones de repudio.

El viernes a última hora, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia sobre espionaje contra 403 periodistas que se acreditaron para cubrir la cumbre del G20 así como 28 académicos y 59 personas que integran distintas entidades de la sociedad civil que quisieron participar de la Cumbre de la OMC – incluso la Sociedad Rural Argentina (SRA), que ningún espía en su sano juicio podría pensar que planeara un acto globalifóbico. La causa deberá ser investigada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Paloma Ochoa. El mismo magistrado tiene la causa por la pinchadura de mails que denunció Caamaño días atrás.

En su accionar, la AFI violó el artículo 4 inciso 2 de la Ley de Inteligencia (25.520), que prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

El Cohete accedió a la lista completa de periodistas, activistas y referentes de organizaciones de la sociedad civil que estuvieron bajo la mira de la AFI. La nómina está disponible en este link.

 

 

Eventos Especiales

Todos los rincones de la AFI esconden algún misterio. Caamaño, cuando llegó, empezó a recorrer las oficinas para ver qué sorpresas le deparaban. Todavía hacía calor cuando entró a una sala llena de televisores.

—¿Ustedes qué hacen acá? –les preguntó la interventora.

El intercambio no fue amable entre la funcionaria y los agentes. Mientras la discusión escalaba, una señora mayor insistía en que comiera un bizcochuelo. Caamaño salió enfurecida de esa oficina. Era la Dirección de Eventos Especiales. Desde allí se confeccionó el material que la interventora deberá presentar mañana ante el juez Martínez de Giorgi.

La Dirección de Eventos Especiales ya no integra la estructura de la AFI, pero hasta el 10 de diciembre último dependía de la Unidad de Inteligencia Estratégica. Dentro de la división de bienes y servicios que Gustavo Arribas y Silvia Majdalani habían hecho en la agencia, esa unidad había quedado bajo el ala del Señor 5.  Sin embargo, las fichas de periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil pasaron también por el área de Contrainteligencia, ubicada dentro de los dominios de la entonces Señora 8.

Caamaño pidió la indagatoria de los agentes que estuvieron abocados a la tarea, así como la de Arribas, Majdalani y el propio Macri – por ser quien trazó los objetivos de la política de inteligencia. En Comodoro Py explicaron que la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich está mencionada como copartícipe, pero no se pidió su indagatoria.

 

 

Fuentes propias

La cumbre de la OMC se llevó a cabo entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017, pero el espionaje arrancó bastante antes.

Un informe secreto da cuenta de que la AFI espió una reunión que el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) organizó en el Hotel Bauen. El encuentro se realizó el 24 de septiembre de ese año. Según la AFI, se reunieron para la “organización de la insurgencia” de la OMC 2017. Fue, en realidad, un plenario de agrupaciones clasistas, que, entre otras cosas, discutía movilizaciones para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado y el apoyo a la campaña del Frente de Izquierda para las elecciones de medio término.

“Se obtiene de fuentes propias que durante las actividades llevadas a cabo en relación al plenario de mención se establecieron las pautas generales de armado de comisiones que tendrán como misión operativa el entorpecimiento de la conferencia OMC a desarrollarse durante el corriente año; fines de obstaculizar el desembarco del G20 en el país”, dice el informe.  Cuando la AFI dice fuentes propias quiere decir que tuvo un agente en el plenario, por lo cual es posible que tuviera infiltrado al PTS. En el informe también hay menciones al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y a la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR).

El escrito fue producido por la Dirección de Análisis Interior del Departamento de Delitos contra el Orden Constitucional. El dossier incluye fotos y datos personales de algunos de los dirigentes del PTS, un listado de aportantes para la campaña y una lista de “cuadros formados”. También dice que el PTS es una organización bajo “observación progresiva”, lo que probablemente quiera decir que estaba siendo espiado y que ese espionaje escalaría cuando las actividades se incrementaran.

Lo curioso es en octubre de 2017 el PTS –a través de su abogada Myriam Bregman– denunció que ellos y la familia de Santiago Maldonado estaban siendo espiados. La causa está abierta en el juzgado de Daniel Rafecas. El otro dato de importancia es que varios dirigentes del PTS fueron detenidos al año siguiente cuando iban para la marcha en repudio del G20, bajo el argumento de que tenían material “peligroso”, cuando, en realidad, eran los handies que se utilizan en todas las marchas. El juez Claudio Bonadio terminó cerrando la causa.

“Trabajé mucho este tema con otros abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, por lo que no puedo decir que me sorprenda”, dijo Bregman al ser consultada por El Cohete, y adelantó que van a presentarse en la causa como querellantes.

“En el caso de Cambiemos lo que lo hace tan burdo es que asumieron hablando de la república, las instituciones, y tuvieron una injerencia feroz en la justicia federal, feroz literalmente; un manejo del Consejo de la Magistratura atado a los humores del ex Presidente y un uso despiadado de los servicios de inteligencia, con las más amplias finalidades”, agregó la legisladora porteña.

 

 

 

 

 

Sin admisión

El 29 de noviembre de 2017, varios de los inscriptos para participar de la cumbre de la OMC recibieron un correo que les informaba que el gobierno argentino había decidido cancelar sus acreditaciones. Según las estimaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fueron alrededor de 60 personas nacionales y extranjeras las que quedaron en esta situación.

El 2 de diciembre, el Ministerio de Seguridad informaba que el “Equipo de Seguridad” de la cumbre de la OMC había vedado el ingreso de quienes habían hecho llamamientos explícitos a manifestaciones de violencia a través de redes sociales. Bullrich no decía quiénes integraban el “Equipo de Seguridad” –por la documentación encontrada en la AFI, es obvio que la pata más importante era la agencia de inteligencia–, pero sí decía que se estaban revisando fuentes abiertas.

Luciana Ghiotto es investigadora del CONICET y trabaja en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Según los registros de la AFI, se había acreditado por el Transnational Institute (TNI), una ONG con base en Amsterdam con 40 años de historia y que habitualmente participa de las conferencias de la OMC.

La pertenencia de Ghiotto al TNI dio pie a que la AFI realizara un extenso informe de inteligencia sobre esa organización y el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” – dependiente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF). Para la agencia de inteligencia, eran “organizaciones que a priori podrían actuar como elementos desestabilizadores del normal desarrollo del encuentro” y consideradas opuestas al libre comercio.

Sobre Ghiotto decían que era una referente de la Cumbre de los Pueblos y que “utiliza sus vínculos con organizaciones y casas de altos estudios para poder realizar actividades de proselitismo sobre la causa que lleva adelante”. La AFI concretamente desalentaba el ingreso de la investigadora, junto con otros dos colegas. Decía que su entrada podría generar un “ambiente propicio para llevar adelante acciones de sabotaje y boicot a la organización del evento principal”. Además, confeccionó una ficha sobre Ghiotto, que incluía toda su información personal y su caracterización ideológica.

“Me hace sentir extremadamente vulnerable”, dijo la investigadora de CONICET al ser consultada por este medio. “Mi actividad es una actividad vinculada con la formación y la educación popular. Ese es mi involucramiento con la Asamblea Argentina Mejor sin TLC. Efectivamente esto muestra que lo que hicieron fue juntar información de mi perfil público. No hay ninguna actividad ilícita ni muestra ninguna peligrosidad hacia la OMC ni hacia ninguna institución pública, lo que sí muestra es que somos un grupo grande de gente que tiene una posición crítica respecto de estas instituciones, y no solo en la Argentina”, agregó.

Ghiotto también se presentará ante la Justicia.

 

 

 

 

 

Familia, amigos y cuentas bancarias

Beatriz Busaniche preside la Fundación Vía Libre y, como tal, integra el consejo consultivo de expertos a quienes convocó Caamaño para reformar la AFI y trabajar en una reforma de la ley de inteligencia. Busaniche se había anotado para participar de las mesas de la OMC y fue una de las espiadas por la AFI.

En su caso, no solo miraron fuentes abiertas –que tampoco sería legal—, sino que ingresaron evidentemente a otras bases de datos disponibles en el Estado. La AFI recolectó información laboral, situación financiera, obra social, vínculos familiares y otros. Incluso su ficha menciona un artículo suyo contra el voto electrónico y está acompañado por una charla TED que brindó.

“Lo sospechábamos porque habían hecho una lista negra. Lamentablemente todos los mecanismos institucionales y judiciales fallaron. El control falló hasta que cambió la administración de la AFI, que ahora lo está presentando a la justicia”, le dijo a El Cohete. “Hubo un doble juego: la AFI operó de una manera criminal, mientras que la justicia no actuó y ejerció el control que debía”. Busaniche también coordinará con otros activistas y se presentará en la causa.

Hubo otros integrantes de ONGs como Poder Ciudadano, que incluso al año siguiente tendría un rol protagónico en el G20 de la sociedad civil, que fueron “fichados” también. Hubo, asimismo, casos más ilógicos como Daniel Pellegrina, de la SRA. Hay, al menos, dos dirigentes más de esa entidad en las fichas.

 

 

El más alto nivel

Uno de los documentos que se encontraron en la AFI es una carta que el entonces canciller Jorge Faurie le mandó al mismísimo Arribas para que reconsiderara la admisión de una ciudadana finlandesa, Kirsi Chavda, que integraba la ONG Siemenpuu.

“La embajada de Finlandia en nuestro país ha remitido asimismo a esta cancillería una nota verbal expresando que la Sra. Chavda y la ONG Siemenpuu nunca han participado de manifestación ilegal alguna”, escribió el canciller el 1 de diciembre, intentando convencer a Arribas que Chavda no constituía ningún peligro para la seguridad presidencial. “Ruego su colaboración para solucionar esta situación a la mayor brevedad posible”, le imploraba al poderoso Señor 5.

Más allá de lo anecdótico, la carta deja en evidencia que quien tenía poder de veto era la AFI. En diciembre de 2017, el CELS le preguntó a la AFI si había participado en la evaluación de las acreditaciones. El 28 de diciembre –día de los inocentes— Arribas contestó que “no son labores que estuvieren a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia”. Ni la Cancillería ni la Agencia de Acceso a la Información Pública aportaron los datos, lo que dio paso a un reclamo que está actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia – después de los rechazos de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

“Se confirma con esto lo que la AFI y las autoridades del anterior gobierno negaron”, dice Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS. “Todos presumíamos que hubo inteligencia ilegal en estos dos eventos, pero la decisión de hacer intervenir a la AFI en el proceso de selección involucra al más alto nivel de gobierno. Las distintas autoridades políticas y judiciales, así como el órgano de control de Acceso a la Información, avalaron que la AFI se amparara en el secreto. Eso encubrió la comisión de delitos”, apunta.

¿Qué dirá la Corte?

 

 

El semáforo

James Grainger es inglés, pero vive hace años en Argentina. Fue editor en el Buenos Aires Herald y actualmente tiene a su cargo la edición del Buenos Aires Times, un suplemento que sale todos los sábados con Perfil. Grainger estuvo dentro de los periodistas que se acreditaron para cubrir el evento del G20 y que terminaron fichados por la ex SIDE. Cuando El Cohete le consultó, no podía creer lo que estaba oyendo. La AFI le revisó las redes sociales. Dice, por ejemplo, que comparte los artículos del Times en Twitter y agrega algún comentario – la AFI no evaluó de qué tenor. También que en Facebook comparte fotos familiares y que su cuenta de Instagram es privada.

 

 

 

Mariano Fuchila es fotógrafo de Ámbito Financiero. A él también le miraron las redes sociales y confirmaron que Fuchila publica fotos en ese diario desde marzo de 2011 en Ámbito. “Sólo publica contenido personal”, dijeron sobre su Twitter, pero también miraron sus fotos familiares y artísticas. Tanto Grainger como Fuchila fueron consultados antes de la publicación de su ficha.

 

 

 

 

Los dos consiguieron sortear la prueba de la AFI con un alegre color verde. Hubo otros que fueron agrupados bajo el color amarillo y otros con color rojo. No se sabe específicamente cuál era el criterio que adoptada la AFI para ello.

En algunos casos, por ejemplo, la pesquisa sobre los y las periodistas llegaba hasta sus antepasados. Algunos a un pasado del padre en el Partido Comunista. A otros, con menciones de padres y abuelos e incluso entrevistas con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en El Calafate.

El interés de los agentes llegó a casi todas las áreas –y todas prohibidas por la ley de inteligencia– como el credo. A un fotógrafo lo catalogaron por “su devoción al catolicismo”. A una periodista la califican “activa feminista”. De otra dicen que usa sus redes para difundir cuestiones del feminismo. Del periodista Lucas Bo escribieron que, como su medio –El Destape—, era opositor al gobierno; otros comunicadores eran descriptos por su pertenencia al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).

En el gobierno planean entregar cada ficha a cada periodista espiado.

 

 

 

 

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