ESA COSTUMBRE DE PEGAR

 

La Policía de Jujuy zanjó con balazos de goma el martes último un conflicto de tierras en la ciudad de Palpalá, quince kilómetros al sur de la capital jujeña. La represión apuntó contra miembros de la comunidad indígena Tusca Pacha, de Los Alisos, que dejaron el lugar asustados por la brutalidad policial.

El desalojo fue ordenado por la Justicia penal a partir del reclamo del grupo inmobiliario Sucre, que estaría vinculado con un funcionario de segunda línea del gobierno de Morales que reclama como propias las tierras donde la comunidad vive y trabaja desde hace 50 años. Hubo detenidos y personas heridas, incluido un niño. Entre los detenidos estaba Anastasia García, delegada local de la Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación.

El juez de control penal Jorge Zurueta y el fiscal Gustavo Araya fueron quienes firmaron la orden, a pesar de que rige la ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades originarias. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se presentó dos veces en el expediente por el conflicto de tierras, recordando que esa ley impide desalojar a la comunidad. La Secretaría de Derechos Humanos recibió la denuncia por la violencia institucional de la policía jujeña.

Las familias que integran Tusca Pacha poseen esas tierras desde hace más de 50 años. Allí viven y trabajan produciendo alimentos. Sin embargo, la Justicia dio como válido un título a nombre de la inmobiliaria Sucre, vinculada con el secretario de Asuntos y Relaciones Municipales, Javier Gronda.

Juana Mamaní, presidenta de la comunidad, reveló que el fiscal Araya los acusó de “ocupas y usurpadores”. “¿Cómo vamos a usurpar si nuestras casas son antiguas? Tienen 50 años. Mis abuelos estaban aquí, yo vivo aquí desde que tengo uso de conocimiento”, afirmó.

 

 

 

 

Ante la orden de desalojo firmada por el juez se acercaron al lugar dirigentes de organizaciones campesinas, las diputadas provinciales Alejandra Cejas y Fátima Tisera y el legislador Emanuel Martín Palmieri, del bloque del Frente de Todos-PJ, que el jueves denunciaron penalmente al Estado provincial por la “violencia extrema”.

Cejas dio detalles de los hechos en una conferencia de prensa que también incluyó a integrantes de la comunidad, a la concejala capitalina Lorena Alfaro y el delegado del Inadi Jujuy, Walter Méndez. “La policía llegó con el pelotón de combate, que es la división que actúa en casos de violencia extrema, con rifles, chalecos, armaduras. Con una beligerancia que nunca vi antes”, describió. Denunció que “la policía de Morales actuó en defensa de un interés privado de una inmobiliaria vinculada a un funcionario provincial” y remarcó que “a la policía le pagamos para que nos cuide”.

“Nunca hemos visto que en un desalojo privado haya más de 70 efectivos policiales, ocho móviles, que se actúe con la violencia con que se actuó, que se dispare a ciudadanos indefensos, a legisladores provinciales y comunales. Nadie estaba en actitud de beligerancia”, remarcó. La legisladora dijo que hay “un patrón” en el modo en que actúa la policía provincial. En ese sentido recordó la represión en la marcha realizada en Palpalá hace tres semanas para repudiar el femicidio de Iara Rueda y reclamar por la aparición con vida de Gabriela Cruz, quien luego fue hallada asesinada. “Allí la policía hizo exactamente lo mismo, disparó a mansalva contra gente indefensa”, recordó Cejas. “No vamos a permitir que en democracia la policía actúe como fuerza represiva de nadie”, advirtió.

Por su parte, Anastasia García relató que la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación trabaja en la zona desde 2012, tarea que dos años después derivó en un relevamiento territorial. “Se vio que todo el margen del río Los Alisos estaba habitado desde los años ‘50 y ‘60. Ahí se producen alimentos para subsistencia y se crían animales para consumo humano”, detalló.

 

 

 

 

En 2015 la comunidad junto a la Secretaría de Derechos Humanos, el INTA y el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF-NOA) presentó una propuesta legislativa en el Concejo Deliberante de Palpalá, que en ese momento firmó el concejal Pablo Palomares, y se declaró de interés municipal todo ese territorio. En la ordenanza se daba cuenta de las posesiones históricas de esas familias. La declaración se fundamentó en que se trata de una zona de producción de alimentos de cercanía, además de ser un pulmón verde para una ciudad con altos niveles de contaminación. García dijo que la empresa Sucre conoce la realidad de las familias que habitan el lugar. “En el proyecto de la ordenanza está delimitada la zona y se incluye el territorio en conflicto. Después lo sacan de la ordenanza y llega la empresa”, reveló.

Walter Méndez, delegado del Inadi Jujuy, señaló al gobierno provincial como “responsable de la violación de los derechos humanos” por la violencia ejercida.

 

 

Respuesta del gobierno

El ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Agustín Perassi, salió a decir que desde el gobierno provincial “se garantiza el estado de derecho y la propiedad pública y privada de tierras a través de las fuerzas de seguridad en concurso con el Poder Judicial, para evitar desbordes, muchas veces alentados de manera mal intencionada, incluso por legisladores provinciales que deberían legislar por una Ley en ese sentido y no impulsando a la gente a violentarla”. Defendió así la actuación policial porque “el Estado debe accionar a través de las fuerzas de seguridad en ese tipo de situaciones para que se reestablezca el orden donde corresponda”.

En este caso en particular, explicó, se trata de un juicio de larga data “donde se fueron realizando inspecciones y constatando que en el lugar no hay sembradíos, viviendas, ni ningún tipo de construcción”, contradiciendo a las familias que habitan los terrenos, a funcionarios nacionales y legisladores provinciales. “Cuando la Justicia ordena el desalojo, esta nueva organización, que no tiene reconocimiento ni personería jurídica, se moviliza llevando familias y niños, para generar violencia que no se justifica”, acusó Perassi.

Al ministro le contestó el diputado Martín Palmieri: “No nos sorprende porque sabemos los intereses que defiende, que no son los de su comunidad, como debe ser, sino los del gobernador”, opinó, y recomendó que “vaya a aprender las leyes”. “Esta gente posee ese territorio”, explicó el legislador. “Está en acto posesorio desde hace más de cincuenta años y la posesión vale por título, legalmente. La posesión no es ilegal, está regulada”, agregó.

 

 

 

 

 

Morales, en otra dimensión

Pasadas 24 horas de la represión policial contra la comunidad Tusca Pacha, el gobernador Morales brindó un reportaje exclusivo y presencial al local Canal 4. Allí expresó que en 2023 “quisiera un presidente radical y voy a hacer todo lo posible para eso”. Confesó que “a nivel nacional me molesta un poco que nuestro partido sea furgón de cola en la coalición (Juntos por el Cambio), pero eso depende mucho de nosotros", y opinó que “la coalición tiene que ser más transversal”.

Antes esas expresiones políticas-electorales, salió a responderle la diputada Carolina Moisés, del Frente de Todos-PJ. “No me extraña que el gobernador esté tan perdido como para pensar en algo tan indigno como quién va a ser el candidato a presidente en 2023”, lanzó. “Es muy molesto escuchar al gobernador decir eso porque es un cachetazo a la gente y una falta de respeto al dolor de los jujeños, una desubicación tras otra en una realidad que no existe, que es una ficción que él construyó y que cree sostener”, agregó.

“A mí ni se me ocurriría hablar de las elecciones porque me parece una falta de respeto a la gente, a los que están viviendo con la imposibilidad de sostener un comercio, con la dificultad de mantener una pyme, desde la tristeza de familias que no pudieron despedir a sus seres queridos por la forma en que murieron y con la crisis sanitaria por la que todavía estamos viviendo y que pretenden tapar con 10, 12 ó 14 muertos diarios”, concluyó.

 

 

 

 

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