Esa costumbre de matar

 

El día de la primavera del año 2000, el asesinato de sus hijos cruzó para siempre las vidas de Ana María Liotto y Raquel Witis. El cabo de la Policía Bonaerense Rubén Emir Champonios fusiló a Darío Riquelme, de 16 años, y a Mariano Witis, de 23, durante una toma de rehenes en San Isidro, al norte del Conurbano bonaerense.

Todo comenzó cuando Darío y otro joven tomaron de rehenes a Mariano y a su amiga Julieta Schappiro para robar el banco Itaú-Buen Ayre en Béccar. Se subieron al auto de la chica, un Volkswagen Gol, y la obligaron a ir hasta Márquez al 700 donde robaron 5.400 pesos y huyeron. Fue un asalto veloz. Pero una vez que el Comando de Patrullas de San Fernando tuvo conocimiento del robo, los persiguió hasta que un patrullero les cerró el paso y puso en pausa la fuga. El chico que acompañaba a Darío logró escapar. Rodeado, Darío tiró el arma oxidada que no servía para disparar. La secuencia no terminó ahí porque Champonois se acercó al auto y disparó a muy corta distancia y por la espalda contra los dos jóvenes que habían quedado atrapados en el Gol de dos puertas. Ninguno salió vivo.

Aunque los dos fueron igual de vulnerables, algunos medios de comunicación construyeron un relato que sólo mostraba a Mariano como víctima: “Juicio por la muerte de un inocente”, titularon. Frente a la doble vara mediática, las madres de los jóvenes juntas reclamando justicia desarmaron todos los estigmas y prejuicios. La madre del joven ladrón, Ana María Liotto, y la mamá del chico secuestrado y usado como escudo, Raquel Witis, unieron esfuerzos para dejar un mensaje claro: ambos habían sido víctimas de la violencia policial.

Darío Riquelme era un buen jugador de fútbol que contaba con algunas entradas en la comisaría. Mariano Witis era profesor de piano, estudiante del Conservatorio y había fundado el Coro de Jóvenes de San Isidro. “Las historias de vida son diferentes pero todas las vidas valen lo mismo”, dice Raquel Witis 20 años después.

Aquel 21 de septiembre Raquel llegó hasta la comisaría de Beccar y los policías le dijeron que Mariano había sido “abatido en un enfrentamiento”. Desde el momento en que ocurrieron los hechos, las maniobras policiales buscaron licuar la responsabilidad del agente e imponer la versión de la legítima defensa.

Tras el doble crimen, la familia Witis empezó a hacer movilizaciones los 21 de cada mes. A uno de esos actos se acercó Ana María, por consejo de uno de sus hijos. Raquel y Jorge Witis la recibieron en su casa. Jorge fue el primero en darle el pésame a Ana María por el asesinato de su hijo.

 

 

 

 

“Eso descolocó a los medios y a los jueces. Para nosotros fue algo natural. Si bien Darío tenía una responsabilidad en la situación, estaba en completo estado de indefensión y Champonois podía hacer otra cosa. Tenía opciones. Ellos no tenían opciones”, dice Raquel. Y suma: “Hicimos todo un camino porque sabíamos que esta lucha es colectiva”. Ella tenía la certeza de que su familia sola no iba a poder. Por eso, a pesar de que ya estaba acompañada por una abogada, se acercó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y compartió los avances en el expediente. Finalmente el CELS representó a la familia de Darío.

La causa llegó a juicio oral en 2003. “El proceso fue muy lento. El Poder Judicial genera un clima hostil que nunca es favorable para las víctimas. Aunque tengas un fiscal que acompañe, siempre es difícil porque en la Justicia hay personas anquilosadas con una mirada clasista, patriarcal”, cuenta Raquel.

El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de San Isidro resolvió condenar a Champonois solamente por el homicidio de Mariano y lo absolvió por la muerte de Darío con el argumento de que había ocurrido en el marco de una legítima defensa. Tanto la querella como la fiscalía apelaron. En el recurso presentado por el CELS se detallaba un listado de arbitrariedades.

En 2005 el Tribunal de Casación desestimó el fallo en primera instancia atribuyéndole a Champonois la culpabilidad por ambas muertes. Dos años después, el Tribunal Oral 4 de San Isidro dictó la pena de 12 años y nueve meses de prisión. En 2011 el Tribunal de Casación elevó la condena a 15 años. Fue recién en 2014 cuando la pena quedó firme, después de que la causa pasara por el máximo tribunal del país. Es que el ex policía había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue rechazado. Todo el proceso judicial duró 14 años: casi el mismo tiempo que la condena al ex agente, que estuvo preso 4 años y 9 meses, de los cuales sólo uno lo pasó en una unidad penitenciaria.

Con el paso de los años y la visibilidad de las dos madres reclamando juntas, el caso se volvió paradigmático y abrió una conversación para cuestionar la naturalización de la muerte de personas acusadas de la comisión de delitos.

“Cuando a una le pasan estas cosas que desconoce, porque nunca fue a los tribunales ni nada por el estilo, se siente desamparada porque es el Estado el encargado de fusilar a corta distancia”, dice Raquel. Ella se convirtió en una referente en la lucha contra la violencia institucional. En 2003, cuando el por entonces presidente Néstor Kirchner creó el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI), que después sería un Programa contra la Violencia Institucional, convocó a familiares de víctimas del Estado y del poder durante la democracia. Una de ellas fue Raquel, que empezó a trabajar allí. Primero, acompañando a las víctimas en su vínculo con el Poder Judicial. Después, en el área de capacitación. Ella ya se jubiló pero a su teléfono siguen llegando mensajes con pedidos de ayuda. Raquel contesta y también acompaña otras luchas sociales y de derechos humanos. Para ella es necesaria una batalla cultural para erradicar todos los discursos de odio que justifican el accionar policial. Cree que hay que lograr un repudio colectivo ante la violencia institucional y leyes que vayan más allá de los protocolos que, muchas veces, no se sostienen con los cambios de gobierno. “Cuando te matan a un hijo de esta manera, una desea que ese sea el último caso. Es sanador aportar y acompañar”, dice.

 

 

 

* El artículo es la introducción al capítulo de Violencia Policial del CELS, disponible aquí, que incluye estadísticas, historias y análisis de las muertes y lesiones provocadas por agentes de las distintas fuerzas de seguridad de todo el país.

 

 

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