Errores para el mismo lado

 

La Procuración bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, autorizó a un fiscal suspendido por estar implicado en delitos de lesa humanidad a acceder nuevamente a las causas de mayor sensibilidad. Se trata de Federico Nieva Woodgate, fiscal general de Morón, implicado en el asesinato de un militante montonero que estaba detenido en la Unidad 9 de La Plata bajo su custodia.

Nieva Woodgate está suspendido desde el 6 de agosto del año pasado a la espera de que se sustancie un jury en su contra. Sin embargo, el 4 de mayo la Suprema Corte bonaerense lo autorizó a ingresar al sistema informático – donde se encuentran todos los registros de las causas que tramitan en la provincia. Fue a pedido de la fiscalía general de Morón, que actualmente está a cargo de la segunda de Nieva Woodgate, Karina Iuzzolino. La información fue revelada por el portal Data Clave.

En 2010, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que juzgó los crímenes en la Unidad 9, encomendó al juzgado federal 1 de esa ciudad que investigara a catorce magistrados que habían sido mencionados por ex presos políticos y familiares como quienes consintieron la represión. Uno de ellos era Nieva Woodgate.

A los pocos días del veredicto, el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel y dirigente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó una denuncia contra Nieva Woodgate por su rol en el homicidio de Ángel Georgiadis en 1977. La esposa de Georgiadis, María Teresa Piñero, pidió la remoción del fiscal de Morón. El director de El Cohete brindó su testimonio durante esa etapa de la investigación.

 

Angelito

Nieva Woodgate era uno de los dos jueces que tenía bajo su custodia a Angelito Georgiadis, un militante de Montoneros detenido el 16 de julio de 1975, cuando dobló a contramano con un Citröen que manejaba. Como en el auto le encontraron unos planfletos, terminó procesado por la llamada ley antisubversiva.  Y, como el auto no era suyo, terminó con una investigación por hurto. Hasta fines de ese año, estuvo preso en el penal de Villa Devoto. Después, lo trasladaron a la Unidad 9 de La Plata.

Angelito ocupaba los llamados “pabellones de la muerte” en la U9. El 13 de diciembre de 1976, hubo una golpiza generalizada en la Unidad. A los pocos días Nieva Woodgate indagó a Georgiadis pero nada hizo después de que le comunicara lo que había pasado. En enero de 1977, sacaron a dos militantes de la Unidad, Dardo Cabo y Rufino Pirles, para un traslado. Los asesinaron. Angelito, que era delegado del pabellón, pidió una audiencia con el jefe del penal, Abel Dupuy, pero no se la concedieron.

El 14 o 15 de ese mes, lo retiraron de su celda junto a Julio César Urien. Los llevaron al despacho del jefe de la Unidad para amenazarlos. Con cada atentado habría cinco fusilamientos, les dijeron. Ellos lo comentaron con sus familiares.

El 26 de enero, volvieron a llevarlos hasta la oficina de Dupuy. Los esperaban tres uniformados del Regimiento 7 de La Plata.  Los esposaron, los vendaron y se los llevaron supuestamente para “indagarlos” en esa dependencia militar que estaba al mando de Carlos Roque Presti. La comitiva de traslado estuvo a cargo de Lucio Carlos Ramírez, que dos días después llevó también a Horacio Rapaport.

Georgiadis y Rapaport fueron asesinados mientras estaban en el Regimiento 7. Urien es el único sobreviviente de ese traslado y gracias a quien se pudo reconstruir gran parte de lo sucedido. Los certificados de defunción decían que habían muerto por anemia. A Teté Piñero le llegó un telegrama que le comunicaba que su marido y el papá de su hijita María de la Paz había muerto por “lesiones de autoagresión”.

 

No sabía

En su descargo, Nieva Woodgate dijo que él se enteró del traslado de Georgiadis cuando ya había sucedido. Sin embargo, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires remarcaron que tampoco se preocupó por averiguar qué había pasado con una persona que estaba bajo su custodia y que apareció muerta en un traslado.

En el proceso hacia el jury, Nieva Woodgate – cuya actuación en el caso de Candela Sol Rodríguez mereció severos reproches – está patrocinado por el abogado Alfredo Gascón, que marcó un hito al acusar a un grupo de abogadas de derechos humanos por no haber impedido la desaparición de Jorge Julio López.

A Nieva Woodgate, que llegó a Morón en 1978, le preguntaron también cómo podía ser que no supiera de los centros clandestinos de la zona oeste del conurbano. Dijo que, por ejemplo, la comisaría 1ra. De Morón se incorporó a la nómina de sitios en 2009 o que no estaba al tanto de la desaparición de personas porque no había tramitado habeas corpus. Sin embargo, organismos de derechos humanos lo denunciaron por no haber investigado desapariciones ocurridas en el oeste.

 

 

 

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