EQUILIBRIOS

 

La pandemia les ha sustraído a los economistas del mainstream el indicador excluyente de sus diagnósticos respecto del estado de la economía, la tasa de crecimiento. Naciones centrales y periféricas registrarán en 2020 un retroceso en el tamaño de su PBI. Tampoco podrán evaluarla analizando el éxito o fracaso de los resultados fiscales consolidados. Tanto las ofertas como las demandas agregadas de todos los países quedarán sujetas a reducciones. Pero lo que permanecerá como una herida abierta en el cuerpo del mundo de la globalización financiera es la desigualdad, la miseria conviviendo en sociedades opulentas, el retroceso de las capacidades de atención sanitaria, el incumplimiento con derechos humanos elementales.

El retorno en la Argentina de un gobierno de carácter democrático, nacional y popular se topó con la pandemia a pocos meses de haber asumido. Adoptó frente a la misma una actitud preocupada, que este viernes 31 de julio volvió a usar el tono severo, dramático y atento con que se había iniciado una política que se puede identificar con el lema primero la salud. También, la circunstancia de ese drástico cambio de vida y de dinámica en la economía mundial abrió el camino para que el Presidente cuestionara el capitalismo existente e hiciera una reivindicación del valor de la igualdad, objetara el hiperconsumismo y expresara la necesidad de un cambio de la lógica con que se movía la economía global contemporánea.

Transcurridos más de cuatro meses de pandemia, mientras su extensión y gravedad se intensifica a nivel mundial –y también en nuestro país—, confrontan dos perspectivas respecto del futuro de la vida económica en la Argentina.

• Una restauradora de las condiciones previas.
• La otra, transformadora.

Las instituciones representativas del gran empresariado argentino son tributarias de la primera. La AEA, por ejemplo, ha señalado que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”, y se pronunció en contra de la presencia del Estado en una empresa que interviene en el comercio exterior. La UIA, menos doctrinaria, pero en sintonía con la prédica antiestatista, reclama del sector público subsidios, rebajas impositivas, moratorias tributarias, pero es siempre favorable a promover flexibilizaciones laborales que mejoren la correlación de fuerzas del capital frente al trabajo.

En términos de la economía política, el tema fundamental al que se aboca es a la distribución del ingreso. Respecto de los objetivos de la igualdad y la reducción de la pobreza ese reparto resulta sustantivo. Pero para que sea factible es indispensable la intervención del Estado en la economía. La legislación, las políticas salariales testigo del sector público, el salario mínimo vital y móvil y el funcionamiento adecuado de las convenciones colectivas de trabajo persiguen una determinada distribución del ingreso. En general se puede afirmar que en el marco de gobiernos de raigambre popular se despliegan políticas distributivas que favorecen a los trabajadores y a los sectores más carenciados. En cambio, las políticas flexibilizadoras del mercado de trabajo, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y la ausencia de la participación del Estado en la economía persiguen aumentos de la tasa de ganancia respecto de los salarios.

 

 

La restricción externa

La Argentina afronta cíclicamente sus episodios de restricción externa. Cuando la economía crece, también lo hace la industria, que requiere de insumos importados y se expande la necesidad de divisas que demanda el aparato productivo. La exportación concentrada en el tradicional sector agropecuario, que goza de ventajas naturales, depende en precios y cantidades exportadas del mercado internacional. Si sus condiciones son las habituales, entonces el impacto de la expansión tendrá un límite. Hoy existe consenso de la necesidad de expandir las exportaciones industriales con el fin de alejar lo mayor posible la restricción externa. Pero respecto de cómo hacerlo las posiciones están enfrentadas.

Lo que no está en duda es que un mayor nivel de exportaciones depende de la competitividad de la economía y de un cambio en la estructura productiva que amplíe la canasta de bienes exportables. Respecto de la primera se abre una importante discusión distributiva. La pregunta es: ¿cómo se aumenta la competitividad?

La visión conservadora y resignada respecto de la estructura económica argentina entiende como la herramienta central de estímulo de las exportaciones, lo que habitualmente se llama competitividad espuria. La competitividad espuria radica en depreciar el tipo de cambio para bajar el salario en dólares y disminuir el costo empresario. Como se observó en la historia argentina, esas devaluaciones provocan inflación y el descenso de los ingresos en dólares se resuelve en una baja del salario real en pesos. O sea que el aumento de la competitividad de la economía se lograría bajando los salarios. Pablo Gerchunoff, un economista actualmente devenido en vocero refinado del establishment, se las ingenió para plantear un dilema de la economía argentina distinguiendo entre un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico y otro de equilibrio social. Una forma elíptica de sostener que el nivel de vida culturalmente ganado por los asalariados argentinos era incompatible con la estabilidad macroeconómica. Su dilema le abre el camino para tratar de consensuar corporativamente un salario menor al socialmente requerido por los trabajadores, aunque buscándole la vuelta para que sea un poco más alto que el que se supondría de equilibrio macroeconómico.

Los empresarios argentinos frecuentemente se quejan de problemas de productividad del trabajo en la economía nacional. Sin mayores honduras, la productividad del trabajo resulta de la cantidad de unidades producidas por trabajador ocupado en un tiempo determinado para una planta productiva. El peor de los sentidos comunes que utiliza el empresariado local en su argumentación es que la productividad depende del esfuerzo de los trabajadores. Sin embargo, en los procesos productivos y, mucho más en los de alta complejidad de la contemporaneidad, la productividad depende de la dotación y modernidad de los equipos y máquinas con que la producción se lleva a cabo y de la potencialidad de la tecnología empleada. Estas cuestiones no son responsabilidad de los trabajadores sino de los empresarios. Depende de sus decisiones de inversión.

La gran pregunta es con cuál modelo económico-social se alcanza un progresivo, genuino y estable aumento de la productividad real de la economía. Aquélla que no facilita competitividad espuria, sino efectiva. Esa productividad es la que proviene de la Inversión.

 

 

La alternativa es entre bajar el salario y, por lo tanto, incrementar la tasa de ganancia, o aumentar el salario, ensanchando el tamaño del mercado interno y, así, con una menor tasa de ganancia, mantener un nivel de beneficios importante por la dimensión de la masa de ganancias. Es una elección de política fundamental, porque la respuesta a esta pregunta arroja claridad respecto a si la inversión empresarial se relaciona más con el nivel de demanda de la economía o con la tasa de beneficio.

 

 

Para el gran empresariado argentino esta reflexión adquiere una vuelta más de complejidad en la época de la financiarización. Las organizaciones empresariales han hecho ya su elección. Promueven salarios bajos, poca intervención estatal, flexibilización laboral, tipo de cambio alto y liberalismo económico. Sin embargo se observa que la tasa de inversión en los períodos en que ha regido este tipo de política ha sido más que modesta, la reprimarización de la economía intensa y el crecimiento del producto nulo o descendente, como ocurrió en el período de Macri.

El fenómeno que explica la relación entre el entusiasmo liberalizador y los magros resultados en diversificación productiva, crecimiento y competitividad debe encontrarse en la financiarización de ese empresariado. Sería inexplicable, si no, por qué la UIA en su último documento-powerpoint ha solicitado, en un momento más que inadecuado, la liberalización progresiva del mercado de cambios. El comportamiento del gran empresariado es la obtención de un volumen de ganancias relativamente importante en el corto plazo, para su dolarización, especulación financiera y el destino de buena parte de ellas a la fuga de capitales y constitución de activos externos. Los grandes empresarios no constituyen una burguesía nacional, con la perspectiva de mediano plazo puesta en construir un mercado interno poderoso. El tipo de cambio Gerchunoff les viene como anillo al dedo. Su presencia en la economía argentina está fuertemente atada al endeudamiento externo para la fuga.

 

 

La cuestión de la igualdad

Pero hay una cuestión adicional que radica en la contradicción de esa macroeconomía y proyecto de país con el objetivo central de esta etapa histórica para una Argentina desarrollada y autónoma. Es la cuestión de la igualdad. De la cual la distribución del ingreso es fundamental. Tanto la funcional (entre propietarios de medios de producción y asalariados) como la personal (entre los deciles pobres, medios y ricos de la población). Esta etapa histórica de nuestro país, que eligió un gobierno democrático, nacional y popular, no podrá ofrecer crecimiento –por lo menos hasta que la pandemia y sus efectos posteriores se retiren—, ni de la producción, ni de las exportaciones. ¿Qué puede resolver hoy, entonces, un gobierno de ese carácter? Más igualdad. Reducir la miseria. Reestructurar el diseño productivo. ¿Se trata simplemente de redistribuir ingresos y riqueza? No sólo. Eso mejorará algunas condiciones de vida, pero para otras hay que cambiar la matriz productiva. Esta ya no habrá de tener el perfil para atender el sobreconsumo de los sectores medios altos y altos, sino que deberá ser mucho más rica en bienes públicos (aquéllos cuyo uso es para todos: plazas, transporte público, infraestructura recreativa gratuita y/o accesible, acceso a la cultura, y en general todos los servicios que atienden al respeto de los derechos humanos).

Ese cambio de estructura productiva cambiará la demanda. Ya no habrá tantos bienes y servicios novedosos con insumos importados abundantes –como los automóviles  o equipos electrónicos de alta gama— para la demanda de los sectores de altos ingresos. En cambio habrá más bienes y servicios para los masivos sectores populares. La nueva estructura productiva impondrá una nueva distribución del ingreso. Y esa estructura productiva no será un efecto de la financiarización que desnacionaliza la vida nacional. Más bien será el resultado de decisión democrática del pueblo. Para lo cual se requerirá una gran inversión en ciencia y tecnología. Esta perspectiva nos remite al espíritu más vigente que nunca de Oscar Varsavsky, respecto a sus pensamientos en tecnología quien en su texto Estilos Tecnológicos reflexionaba: “Nuestro punto de partida es que a pesar de esa base innegable y a pesar de las cosas interesantes que cada año tiene para ofrecernos, ese 'estilo tecnológico' de los países dominantes tiene demasiado de mito. No es el único posible ni el más adecuado para construir una sociedad nueva y mejor. No puede ser rechazado en bloque pero menos aún aceptado en bloque, tanto en sus resultados como en sus métodos y modalidades. Tampoco alcanza con la actitud del comprador inteligente, que elige lo que le conviene: cuando empezamos planteando nuestros propios objetivos, encontramos que esa tecnología no tiene respuesta para muchísimos de los problemas prácticos que esos objetivos nos obligan a resolver, y debemos entonces adoptar una decidida actitud creativa y construir nuestro propio estilo tecnológico”.

Estas miradas sobre las cuestiones distributivas, de autonomía tecnológica y de perfil productivo no imaginan que un cambio estructural para la construcción de un modelo nacional y popular haya de provenir de un decisión burocrático-estatal sino que, como afirma Martín Abeles en el número extraordinario por el 40 aniversario de la revista FIDE, dependerá de “la existencia o no de un actor social capaz de orientar en esa dirección. En ese sentido, el problema no pasa por la conformación de una agenda estatal y un equipo de gobierno esclarecido en materia de desarrollo industrial y tecnológico, sino por la demanda de un cambio estructural proveniente de los actores sociales”. Frente a la resistencia a la intervención pública que se ha expresado por parte de los sectores defensores del viejo régimen prepandemia, se evidencia la necesidad de fortalecer una creciente organización política de las mayorías populares que necesitan y desean un cambio que las favorezca y para el cual el papel del Estado resulta fundamental, como ha quedado demostrado en las circunstancias del drama actual que vivimos.

 

 

 

 

 

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