Equidad y solidaridad social

 

Hace seis años nos reuníamos en el Congreso de la Nación Argentina representantes de Cuba, Brasil, México, Uruguay y la Argentina para debatir sobre la construcción del “ciudadano social”. En dicho encuentro se resaltó la idea de que sólo con equidad y solidaridad es posible construir una sociedad más igualitaria. Aquí van algunas ideas que dieron vuelta por aquellos días y que, producto de la pandemia y la crisis que nos dejó el neoliberalismo, adquieren una actualidad inusitada.

La equidad representa un valor social vinculado, por lo general, al concepto de igualdad y justicia. La noción de igualdad surgida en el siglo XVIII se asoció, originalmente, a los derechos y la dignidad de las personas, aunque no todas las personas se consideraban aptas para ser ciudadanos titulares de derechos. A partir de la progresiva expansión del concepto de ciudadanía y del sufragio universal, incluyendo a las mujeres, la igualdad se entiende como una convención mediante la cual se otorga idéntico valor a componentes de una sociedad cuya diversidad se basa en razones de sexo, clase social, etnia, cultura o edad, entre otras características.

En ocasiones, al tratar de explicar el concepto de igualdad, se entremezclan y confunden dos nociones diferentes. Por una parte, la referida a la semejanza, es decir, dos o más cosas o personas que son idénticas y, por otra parte, la referida a la idea de justicia.

Aquí conviene diferenciar el concepto de equidad del de igualdad porque, si bien son principios estrechamente relacionados, presentan diferencias. La equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. Una sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta, ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos. Y, al mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se reconozcan como iguales, tampoco podrá ser justa. De esta manera, la equidad complementa a la justicia al reparar aquello que la justicia no pueda o no esté en condiciones de otorgar en el marco de una ley escrita, representando un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. Asimismo, la equidad busca la promoción de la valoración de las personas como seres humanos con el derecho a tener una vida digna, sin importar las diferencias que presenten entre sí, y su ejercicio alcanza diversos ámbitos de la vida. En el aspecto económico, la equidad toma la forma de una adecuada distribución de la riqueza entre los miembros de una sociedad y de un proporcionado reparto de oportunidades de diversa índole.

Cabe señalar que el valor de la equidad toma relevancia a partir de la constante discriminación a la que se ha sometido a diferentes grupos de personas a lo largo de la historia: los denominados grupos vulnerables. Ejemplo de ello es la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y social, lo que ha impulsado la creación de diferentes organizaciones, tanto a nivel gubernamental como independiente, que luchan por la equidad de género y lidian por la igualdad en el uso y el control de los bienes y servicios de una sociedad. Sucede también que en muchas naciones se discrimina a aquellas personas provenientes de otras culturas, marginándolos de la sociedad y limitando en forma dramática las posibilidades de adaptación, integración y desarrollo.

La historia nos proporciona numerosos ejemplos que han demostrado que la equidad representa un antídoto poderoso contra la discriminación. Por ello es necesario concientizar respecto del impacto que tienen los roles personales en la sociedad. Es relevante que cada individuo, a partir de su propia intimidad y cotidianeidad, ponga en práctica el valor de la equidad. Los seres humanos, independientemente de su condición social, sexual, cultural, su apariencia física o su religión, merecen ser respetados y con el derecho a acceder a condiciones de vida dignas.

Una sociedad democrática debe encarar, como tarea fundamental, acciones tendientes a suministrar o equilibrar condiciones apropiadas para que todos puedan participar en la vida común, por lo que resulta innegable que el poder público debe formular y aplicar políticas, programas y recursos orientados a atemperar las desigualdades originadas por motivos económicos, sociales o culturales.

Es en ese accionar público que los sistemas de seguridad social toman especial relevancia, ya que brindan a la sociedad mecanismos y herramientas de regulación de desigualdades económicas y sociales. La seguridad social no tiene por objeto imponer conductas individuales de índole ética o moral, sino que pretende promover la adopción de acciones colectivas que conduzcan a crear mejores condiciones de vida para que todas las personas puedan desenvolverse en forma adecuada en su vida diaria, gozando de oportunidades ecuánimes en base a sus aptitudes y posibilidades.

La solidaridad social representa un requisito indispensable para el funcionamiento equilibrado de la vida en común. En primer lugar, configura un compromiso hacia la generación de bienes públicos y hacia la protección de los intereses grupales que configuran el modelo de sociedad, suministrando un conjunto de normas de equidad que implican que cada individuo cumpla con sus obligaciones, asumiendo una parte justa de las cargas colectivas y promoviendo su máximo rendimiento en aras de los objetivos comunes preestablecidos. Y aunque la tentación de comportarse de manera no solidaria se presenta muchas veces en cualquier empresa colectiva, lo cierto es que la actitud del “inadaptado” produce pérdidas de eficiencia y eficacia en la realización de los objetivos que dan sentido a determinado tipo de interacción colectiva amenazando, a la larga, su reproducción estable.

En segundo lugar, precisa relaciones de confianza, y necesita no sólo el establecimiento, sino el ejercicio de mecanismos de control que disuadan y prevengan de las violaciones a las propias normas. A su vez, la solidaridad social, como rasgo de la acción colectiva, presupone la identificación mutua de los integrantes de la sociedad. Implica compartir determinados sentimientos y valores y cultivar un sentido de pertenencia a algo cuya preservación conlleva una dimensión moral, todo ello en un marco de libertad individual. Precisamente esa libertad es la que garantizará relaciones cooperativas, en tanto sean producto de la autodeterminación y responsabilidad de los individuos, ya que de esa forma podrán integrar los grupos sociales de su elección y modelar, por sí mismos, el compromiso público y la responsabilidad social para el mantenimiento de las instituciones sociales.

La solidaridad social requiere un contexto de condiciones sociales que favorezcan y promuevan esa cooperación autodeterminada, así como un marco normativo debidamente divulgado y conocido de aplicación obligatoria para la sociedad, el cual también confiera a las personas protección frente al ejercicio arbitrario del poder y frente a quienes violen las normas. El sentido teleológico de esta obligatoriedad está dado en que el ser humano, por actuar dentro de una sociedad, deja de ser “individuo” para transformarse en “ciudadano social”. Por ende, a quien se quiere proteger no es a la persona, considerada en lo individual, sino a la sociedad en su conjunto. El marco normativo debe incluir, implícita o explícitamente, pautas morales, compromisos políticos y construcciones jurídicas e institucionales. Por lo general, el Estado es el responsable de generar en la sociedad la predisposición necesaria para la construcción del ciudadano social, ya que el conjunto de sus instituciones –dada su preeminencia en la interacción local que ejercen– son las que se encuentran concebidas para modelar las pautas y los cursos de acción deseados, así como el marco adecuado para la construcción del andamiaje normativo.

A su vez, en reiteradas ocasiones, el ejercicio de la ciudadanía social requiere que el aporte individual no se encuentre vinculado con lo que luego pueda obtenerse. Esto implica que contribución y recompensa no serán variables dependientes. En este marco, podría establecerse una “solidaridad moral” en la que el comportamiento solidario, dado por la contribución al bien de la comunidad o la ayuda al necesitado, estará motivado por razones morales, es decir, por razones confesables y públicas que tienen un sesgo de universalidad e imparcialidad. De esta manera, la ciudadanía social no se asocia con la identificación mutua ni con un cierto sentido de pertenencia o con un sentimiento de reciprocidad, sino más bien con un reconocimiento, con un respeto y con la consideración que se debe al prójimo en tanto existe en el imaginario colectivo la posibilidad de encontrarse en el lugar de esa otra persona. La noción de igualdad entre las personas de la especie humana y el hecho de compartir situaciones naturales (y otras no tanto) tienden a igualar el trato de unos hacia otros y a que los intereses de todos pesen lo mismo.

En este punto se yuxtaponen nociones de solidaridad moral y social con justicia social. Algunas veces los afectados, demandantes de esa forma de “justicia solidaria”, son integrantes del mismo grupo comunitario, por lo general los más vulnerables. Pero, otras veces, los afectados se corresponden con los que el propio grupo considera como “de afuera”, es decir, personas de otras comunidades o de otras naciones. El grado de madurez social de una sociedad, vinculado con lo que todos consideran que corresponde o es apropiado a su seno –y por ende, el grado de evolución de su solidaridad social– se refleja en el trato que ella otorgue a los que, de una u otra manera, le resulten extraños, desconocidos, o incluso invisibles. En la era de la globalización, es cada vez más complejo explicar (y sobre todo justificar) cómo una sociedad puede practicar la solidaridad social hacia “adentro”, mientras que sólo deja la insolidaridad “para los de afuera”. En un mundo interdependiente como el nuestro, los muros no funcionan y las fronteras se difuminan. La pobreza y la inseguridad de unos amenazan la riqueza y la seguridad de los otros.

En función de que para el ejercicio de la solidaridad social se requiere una clara disposición a participar en la producción o gestión de los bienes comunes –cuyo mantenimiento necesita, a su vez, la responsabilidad social de los ciudadanos–, la participación en la deliberación pública se erige como vital. Es esta participación la que permite a los individuos desarrollar un juicio propio respecto a objetivos comunes o comprender los proyectos de los demás y ser imparciales respecto a sus propios intereses inmediatos, aun cuando estos queden en suspenso.

De esta forma, la participación en lo público representa una experiencia crucial del ciudadano social, que estimula tanto la responsabilidad (en el sentido de hacerse cargo de sus propias acciones), como la responsabilización, en el sentido de que el cuidado de los otros resulta parte integrante de la propia realización y del propio bienestar). Esta forma de desarrollo de la ciudadanía realimenta la esencia de la solidaridad social porque promueve el cultivo de una identidad propia y el sentimiento de pertenencia a un grupo con valores similares.

La solidaridad, tanto en su dimensión social como moral, representa un componente intrínseco de la concepción universal de justicia y constituye un insumo imprescindible para la construcción del ciudadano social y para la legitimación de los regímenes políticos de inspiración democrática.

 

 

 

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