Entre la fantasía y la catástrofe social

 

El art. 36 de la Ley N° 6884 dispone que el ministro coordinador o jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dos veces por año, en junio y noviembre, para informar sobre la marcha del plan general del gobierno.

En cumplimiento de esta norma, Néstor Grindetti, actual jefe de Gabinete, concurrió el martes 9 de junio a la Legislatura porteña para presentar su informe y realizar el balance de los primeros seis meses de la gestión de Jorge Macri como jefe de gobierno.

En su discurso, se destacaron principalmente dos aristas. Por una parte, se vanagloria por la implementación de un Estado policial que, bajo la excusa del orden y el respeto por la ley, descarga toda su brutalidad sobre las personas en situación de calle, manteros y quienes ejercen el derecho a la protesta. Por otra parte, se va develando cuáles serán las herramientas de este nuevo gobierno para la caja política. En esta línea, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), sociedad anónima cuyo principal accionista es el GCBA y que tiene a su cargo la concesión de las autopistas de la ciudad, se consolida como el instrumento opaco para la realización de las obras públicas.

 

 

El imperio de la ley focalizado

En su “convicción para dar batalla” a aquello que “sabían que estaba mal”, Grindetti indicó como logro de la gestión haber levantado alrededor de 500 ranchadas entre enero y mayo. Se refiere a los operativos compulsivos donde a familias en extrema vulnerabilidad social por no tener donde dormir les plantean dos únicas alternativas: ir a paradores o que se vayan a dormir fuera de la ciudad.

Los funcionarios del GCBA pretenden ocultar su deshumanización de las personas que viven en la calle, entre discursos represivos y políticas sociales que tratan a las personas como objetos no deseados. Recordemos que luego de la campaña en las redes sociales del “Operativo Orden y Limpieza” se anunció una supuesta nueva política social y habitacional para este sector de la población, denominada “Red de Atención”. En los hechos, este anuncio implicó sólo un cambio de nombre a las políticas de paradores y centros de inclusión social (CIS) que sostiene el GCBA desde hace 20 años, aun cuando la Justicia en miles de sentencias ha reconocido que estas políticas no garantizan el derecho constitucional a la vivienda adecuada ni reconocen la dignidad humana.

En lo cotidiano, por toda la ciudad, camiones acompañados de las fuerzas de seguridad obligan a las familias a desocupar el espacio público, en muchos casos, tirándoles sus pertenencias sin darles otra alternativa que un régimen cuasi carcelario en los paradores o CIS, donde resulta imposible cualquier conformación de un proyecto de vida a futuro. Son depósitos de personas, coherentes con la política de cierre y encierro de este gobierno.

Mientras tanto, la Justicia acaba de liquidar una suma por 290.000 pesos como sanción porque el GCBA no quiere cumplir una sentencia que le ordena incrementar el subsidio habitacional a una mujer con dos hijos que recibió un tiro de bala hace años y que le dejó secuelas en su salud. Este monto surge de la multa diaria de 5.000 pesos que pesa sobre el GCBA por no garantizar el dinero suficiente para que la familia pueda alquilar una habitación.

Pero lo más grave es que las políticas de este gobierno no están impidiendo que mueran personas en situación de calle por falta de una vivienda adecuada. En los últimos 12 meses fallecieron 17 personas y en la última semana tres personas.

Otro de los focos de esta gestión son los manteros, que surgen como una expansión informal de las ferias en un contexto de grave crisis económica y alimentaria. Esta ocupación “ilegal” del espacio público le resulta intolerable al gobierno, mientras privatiza nuestros parques para eventos privados, algo prohibido por la ley. Por ejemplo, el Primavera Sound en el parque Sarmiento y Secret Garden en el parque Tres de Febrero.

La sobreactuación por el respeto a la ley y el apego a las normas de este GCBA, así como la constante auto-promoción, no tienen ningún correlato con la realidad.

Permanentemente, la Justicia le recuerda al GCBA su poco apego a la ley. En otra oportunidad hicimos un breve racconto de los incumplimientos reconocidos judicialmente en cuestiones habitacionales, en la prestación del servicio de agua potable y de saneamiento, en la planificación urbana, en la protección del patrimonio. Recientemente, la Justicia declaró la ilegalidad de permisos de obras en el Bajo Belgrano que autorizaron ilegalmente a construir edificios en el pulmón de manzana.

La ciudad cada vez más profundiza su rasgo de ciudad al margen de la ley y en una permanente disnomia.

 

 

Dejar de tener delincuentes no es una opción

Grindetti informó que están sumando 216 nuevas plazas para personas privadas de libertad a través de la instalación de módulos en tres comisarías y obras de mejoramiento en 19 alcaidías, y la construcción de una nueva alcaidía central en el sur de la ciudad.

La frase célebre del día para justificar estas cárceles modulares fue que “dejar de tener delincuentes no es una opción”.

Estas cárceles modulares se están instalando en playones o estacionamientos dentro de comisarías: en la Comunal 12, Ramallo 4398 (Saavedra); en la Comunal 15, Guzmán 396 (Chacarita), y en la Vecinal 4D, California 1850 (Barracas).

Algunas de ellas se están instalando sobre predios zonificados como Urbanización Parque (UP) donde la ley impide que haya estructuras que vayan en detrimento de su carácter público, verde y de suelo absorbente. Pero eso poco le importa al GCBA. Tampoco le importó que asambleas ciudadanas en estos tres barrios se opusieran a la instalación de estas cárceles modulares. En el predio de Chacarita hace tiempo que la ciudadanía había solicitado la instalación de un polideportivo.

El jefe de Gabinete dejó en claro que la política de seguridad va a reducirse a acciones represivas, al “orden” y a un Estado policial y de vigilancia cuyo objetivo es meter presas a las personas y seguir construyendo cárceles.

 

 

Un plan hidráulico a medida de las corporaciones inmobiliarias

En su discurso, Grindetti detalló que “en los últimos 20 años se incrementó en un 11% el volumen de la lluvia” y que la ciudad invertirá 312 millones de dólares para sumar más de 25 kilómetros de túneles hidráulicos” en las cuencas del Medrano, el Cildañez y el Maldonado.

El anuncio, que ya había realizado Jorge Macri y que analizamos en su oportunidad, incluye obras ya ejecutadas y obras muy esperadas como la ampliación de los reservorios del parque Sarmiento que hace más de una década los vecinos de Saavedra vienen reclamando. Pero uno de los anuncios más llamativos en esta reedición del “no se inunda más” es la construcción del colector del Bajo Costanera, una obra completamente emblemática que nada tiene que ver con mitigar el problema de las inundaciones.

Esta obra faraónica de 17 km de extensión va de punta a punta de nuestra costanera norte. Es un mega conducto cloacal para recibir los vuelcos cloacales de los emprendimientos suntuosos ubicados en tierras públicas y privadas de nuestro entorno ribereño que se realizará con el dinero de las y los porteños para satisfacer las necesidades de infraestructura del boom de la especulación inmobiliaria que impulsó el GCBA a través de excepciones y del remate de la tierra pública. Mientras tanto, uno de cada siete habitantes no accede al agua y a la cloaca en el distrito más rico de la Argentina. Gran parte del presupuesto anunciado irá para esta obra.

Recordemos que el recientemente anunciado plan hidráulico de la ciudad no tiene ni siquiera planes de contingencia para que la ciudadanía sepa cómo manejarse frente a un evento extraordinario (qué debe hacer si entra agua en la vivienda, cuáles son las vías de evacuación, qué lugares debe evitar, etc.). Sólo contamos con los consejos caseros de Jorge Macri, que cuando llueve mucho nos recomienda por Twitter manejar despacio, sacar las macetas de los balcones o barrer la vereda hacia adentro de casa para no tapar los sumideros.

La sobreactuación por un lado y la realidad por otro. La ejecución presupuestaria del primer trimestre, en el ítem Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial, tuvo una ejecución de cero pesos. Respecto del Mantenimiento de la Red Pluvial durante el primer trimestre, cuando la ciudad se inundó reiteradas veces en febrero y marzo, solo se ejecutó el 6%.

 

 

Emergencia climática

Grindetti anunció la revisión y actualización del Plan de Acción Climática para alcanzar la carbononeutralidad en 2050 y el lanzamiento de un nuevo gabinete de cambio climático que busca integrar políticas para potenciar la acción entre todas las áreas del gobierno de la ciudad.

Al mecanismo de proyección de esta gestión hay que sumarle un doppelgänger malvado. Ya que, mientras se muestra preocupada por la crisis climática, su doble se encarga de sostener la privatización de toda la costanera; la destrucción del mayor pulmón verde y uno de los pocos humedales que la ciudad conserva en la costanera sur para construir una Dubai Argentina; el aumento exorbitante de la tarifa del SUBTE, que aleja a la ciudadanía del uso del medio de transporte público más sostenible que tenemos; la sobreconstrucción descontrolada; la construcción ilegal en los pulmones de manzana en determinados barrios, el no reclamo de tierra pública a grandes emprendimientos inmobiliarios para espacios verdes como determina el Código Urbanístico, etc.

El actual Plan de Acción Climática fue aprobado en 2021 sin ninguna instancia de participación, sin indicadores serios y sin presupuesto.

También hubo anuncios de obras de agua y cloaca en los barrios Villa 20, 21-24 y Rodrigo Bueno. Las obras de agua y cloaca en la Villa 21-24 que el GCBA venía ejecutando están paralizadas desde octubre del año pasado.

El jefe de Gabinete no hizo mención de la falta del Código Ambiental cuya aprobación ya fue ordenada por la Justicia. Tampoco hizo referencia a la promesa de campaña de Jorge Macri de modificar el Código Urbanístico para frenar la destrucción de la identidad de los barrios de casas bajas y el colapso de los servicios públicos en toda la ciudad.

Mientras el gobierno nos habla de una ciudad de fantasía, la ciudad real atraviesa una catástrofe social: el 57% de la población porteña se encuentra en condiciones de indigencia, pobreza, vulnerabilidad o fragilidad en el distrito más rico del país. Del 2015 a la fecha, la indigencia se triplicó, alcanzando en la actualidad al 15% de las y los porteños. En 2015, el sector de clase media alcanzaba al 53,2%, mientras que actualmente sólo el 37% de la población porteña es de clase media. 

 

 

 

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