Entre la continuidad y el cambio

 

En el peor momento de la pandemia, Perú elegirá hoy a un nuevo Presidente, a los representantes de su unicameral Congreso así como a los miembros del Parlamento Andino. Quienes regirán los destinos del país durante los próximos cinco años difícilmente pondrán fin a la inestabilidad política del actual período gubernamental en el que renunciaron tres Presidentes, se disolvió y eligió un nuevo Congreso y tuvo lugar el mayor destape de casos de corrupción de la era republicana, en el que estuvieron involucrados todos los Presidentes que sucedieron a Alberto Fujimori desde su renuncia en 2001, además de alcaldes, gobernadores regionales y el tejido político en general.

Cualquiera sea el elegido, el escenario de gobernabilidad se avizora más complejo que el actual. De los 18 candidatos que compiten por la presidencia, siete se encuentran en un empate técnico. Las diferencias entre ellos son menores a los márgenes de error de las encuestas, de tal manera que cualquiera podría pasar a la segunda vuelta. En lo que se ha calificado como la elección más fraccionada de la historia, ningún candidato llega al 13% de intención de voto, lo que implicará que el gobierno electo no tendrá mayoría en el Congreso.

 

Candidatos en empate técnico

Los candidatos de ideologías de centro en empate técnico tuvieron mayor intención de voto al inicio de la campaña electoral que al cierre. George Forsight, ex alcalde del populoso distrito limeño de La Victoria y líder del partido Victoria Nacional, mantuvo por lejos el primer lugar al inicio. Sin embargo, no pudo sostenerse en ese pedestal y ha caído sistemáticamente. En menor medida, Yonhy Lescano, del tradicional partido de centro derecha fundado por Fernando Belaunde Terry, Acción Popular, ha registrado una disminución en la intención de voto. Lescano figuraba en el primer lugar de las encuestas hasta hace poco más de una semana.

En empate técnico se ubican también tres partidos de derecha. En primer lugar, Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, quien en los últimos días ha superado levemente a los otros dos candidatos de ese espectro político: Hernando de Soto, de Avanza País, y Rafael López Aliaga, la versión peruana de Jair Bolsonaro, del partido Renovación Nacional. Fujimori, quien tiene un juicio pendiente pues la Fiscalía ha presentado al Poder Judicial la acusación por aportes ilícitos durante sus campañas en 2011 y 2016, y un pedido de pena de prisión de 30 años, ha hecho una buena campaña. Ya tiene experiencia política. En 2011 perdió las elecciones en segunda vuelta con Ollanta Humala y en 2016 con Pedro Pablo Kuczynski.

Hernando de Soto, autor del El Otro Sendero y acérrimo defensor del Consenso de Washington, es un liberal que ofrece ideas para contener a los marginados que deja el modelo que él promueve, sin que se hayan visto éxitos de sus propuestas en ningún lugar del mundo. Como si se tratara de la compra de ventiladores o focos de luz, ha anunciado que él “no va a dar las vacunas” sino que “los sectores privados, comunitarios y ONG” van a competir entre ellos para llevar adelante esa tarea. Según él, eso permitiría aliviar todos los trámites que, en su opinión, demoran el proceso de vacunación.

Este trío lo completa Rafael López Aliaga, un empresario millonario que dice ser célibe, estar enamorado de la Virgen María y autoflagelarse todos los días con cilicio –una cadena de metal con puntas– para contener los impulsos. Su candidata a la primera vicepresidencia, Neldy Mendoza, dice que “las mujeres que toman anticonceptivos son literalmente violadas por los esposos, porque el varón no se preocupa de un posible embarazo”, y que “la virginidad es el estilo de vida sanitario más efectivo”. Su candidato a la segunda vicepresidencia, el almirante retirado Jorge Montoya, ya ha deslizado que podría haber fraude en los comicios. López Aliaga es miembro del Opus Dei. A diferencia de Hernando de Soto ha dicho que él mismo viajará a Estados Unidos el día que asuma la presidencia y traerá 40 millones de dosis.

Por el lado de la izquierda, Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, cuenta con un plan de gobierno que propone cambios en el modelo económico, fortalecer el rol del Estado e imponer un impuesto a las grandes fortunas para financiar un programa para resolver los estragos que ha dejado la pandemia. Según la mayoría de las encuestas, es la candidata que ha tenido el mejor desempeño en los debates electorales. Su programa de gobierno cuenta con el respaldo de múltiples movimientos sociales así como de medios artísticos e intelectuales. Sin embargo, la campaña mediática del establishment económico juega poderosamente en su contra, en especial cuando señala la necesidad de modificar el capítulo económico y político de la actual Constitución, que tiene como principio rector el rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial (aunque en la práctica se da también en la salud y la educación).

En la extrema izquierda se ubica Pedro Castillo, de Perú Libre, cuya candidatura ha crecido vertiginosamente. Hasta hace poco más de una semana no alcanzaba el 5% de los votos pero hoy pertenece al selecto grupo de los candidatos en empate técnico. Maestro de escuela, tiene el respaldo de una base magisterial importante que se hizo conocida en 2017 por liderar las protestas en contra de la evaluación periódica de los docentes. En días recientes, los sectores empresariales le han organizado tribunas mediáticas para debilitar la candidatura de Mendoza así como la de Lescano. Castillo ha señalado que no impondrá el impuesto a las grandes fortunas porque las empresas están generando empleo. Además, ha dicho que desactivaría el Tribunal Constitucional.

En este escenario incierto hay, sin embargo, algunas certezas. Habrá una segunda vuelta que, si la pandemia lo permite, tendrá lugar el 6 de junio. Lo que no es seguro es si se enfrentarán entre sí dos de los tres candidatos de derecha; o uno de ellos con el candidato de Acción Popular o con alguno de izquierda (Mendoza o Castillo).

Por otro lado, como ninguno de estos candidatos alcanza en las encuestas el 13% de la intención de voto, el Congreso estará fragmentado y la gobernabilidad será probablemente más compleja que la que ha caracterizado el actual período, lo que es mucho decir.

 

 

Un poco de historia

Como se recordará, en 2016 Pedro Pablo Kuczynski le ganó las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori, en segunda vuelta, por una diferencia de apenas 0,2 puntos porcentuales. Pero Kuczynski no tuvo mayoría parlamentaria. Durante los veinte meses que duró su gobierno, conformó un gabinete “técnico” integrado por importantes empresarios y representantes del mundo financiero, carentes de experiencia política. Esa impericia le impidió enfrentar a Fuerza Popular, el avasallador partido de Fujimori, que ostentaba la mayoría en el Congreso y que no cesó en sus intentos por debilitarlo a pesar de representar el mismo modelo económico.

En marzo de 2018 Kuczynski tuvo que renunciar a la presidencia debido a la divulgación de videos en los que sus partidarios intentaban extorsionar a congresistas para que votaran en contra de la vacancia presidencial que había sido puesta en debate en el Congreso. Entonces, se había producido el hallazgo de pruebas de corrupción de Kuczynski con la empresa Odebrecht mientras fue ministro de Economía y premier del ex Presidente Alejandro Toledo, quien a su vez se encuentra preso en Estados Unidos, por razones similares, a la espera de que concluya su proceso de extradición.

El 23 de marzo Martín Vizcarra asumió la presidencia, propuso a los congresistas un pacto social para luchar contra la corrupción y exhortó a poner punto final a la política de confrontación que propiciaba inestabilidad y zozobra institucional desde el inicio del gobierno de Kuczynski. No fue un camino fácil. La alianza de Fuerza Popular y el APRA, liderado entonces por Alan García, dificultaron investigaciones en el Congreso a una red criminal conformada por jueces y fiscales sospechados de corrupción, con fuertes vínculos con ambos partidos.

En septiembre de 2019 los socios de esa alianza intentaron nombrar en el Congreso, en un trámite express, a seis miembros del Tribunal Constitucional que, entre otros, debía revisar la prisión preventiva en que se encontraba Keiko Fujimori. En ese contexto, y en el marco de la Constitución, Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de septiembre y convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. Los congresistas electos debían completar el mandato de los destituidos, hasta el 28 de julio de 2021, y no podían ser reelectos.

En noviembre de 2020 esos congresistas vacaron a Vizcarra en circunstancias en que las elecciones presidenciales para hoy ya estaban convocadas. Los congresistas aprovecharon la imprecisa figura de la vacancia “por incapacidad moral permanente” para destituir al presidente, basados en acusaciones de aspirantes a colaboradores eficaces que señalan que Vizcarra había recibido sobornos cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), una región en el sur de Perú, y que estaban siendo investigadas por la Fiscalía. Lo cierto es que detrás de la vacancia había un conjunto de intereses espurios de los congresistas, quienes necesitaban un nuevo gabinete y un nuevo presidente que no objetara sus proyectos de ley.

En reemplazo de Vizcarra asumió Manuel Merino de Lama, en su calidad de presidente del Congreso, pero hasta la OEA condicionó su reconocimiento al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Las multitudinarias protestas y dos muertes dieron lugar a la renuncia de Merino de Lama y la asunción del actual Presidente, Francisco Sagasti.

 

 

Un arma poderosa

El 19 de noviembre el Tribunal Constitucional debía pronunciarse o darle contenido al impreciso concepto de “incapacidad moral permanente”, causal por la que fue vacado Vizcarra. Pero no lo hizo. Con esa lamentable decisión se perdió una oportunidad histórica para emitir una sentencia que definiera con claridad ese concepto y evitar así su uso arbitrario. Al no haberse pronunciado, el Congreso tiene en sus manos una herramienta poderosa para vacar a cualquier presidente que no cuente con mayoría en el Congreso, como ocurrirá con el próximo gobierno.

En el Perú existe además una crisis de los partidos políticos que no representan a la ciudadanía y son sólo cascarones, una suerte de vientres de alquiler o franquicias de grupos con intereses definidos (universidades, minería ilegal, etc.) que buscan candidatos para llegar al Congreso. No sólo no representan a la ciudadanía, sino que no rinden cuentas a nadie.

El próximo gobierno debería reconocer el evidente agotamiento del modelo económico heredado del fujimorismo, el cual ha permanecido invariable durante tres décadas. Los gobiernos han cambiado pero la tecnocracia enquistada en las instituciones públicas ha mantenido el modelo de cuentas en equilibrio detrás de las cuales se esconde una pobre inversión social que la pandemia ha puesto al descubierto. La única candidata que tiene un programa para cambiar esta realidad es Verónika Mendoza. Pero para lograrlo no sólo hace falta ganar las elecciones. Cualquiera que sea el/la elegido/o, necesitará armar alianzas o coaliciones con algunas tiendas políticas. De lo contrario, será imposible gobernar.

 

 

 

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