ENTRE LA CARIDAD Y LAS REGLAS JUSTAS

 

La reducida oferta para satisfacer la demanda mundial de las vacunas contra Covid-19 es una preocupación creciente en los organismos multilaterales y foros intergubernamentales. Las farmacéuticas que poseen los derechos de propiedad intelectual de la vacuna, no cuentan con capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades globales. A ello se añade la denuncia conjunta, el 10 de febrero, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF sobre el acaparamiento de las vacunas de parte de los países desarrollados. Del total de 128 millones de dosis administradas hasta ese momento, más de las tres cuartas partes habían tenido lugar solo en diez países que representaban 60% del PBI global. En cambio, hasta ese momento, 130 países con 2,5 mil millones de habitantes no habían recibido ni una sola dosis.

Entre las múltiples declaraciones y propuestas surgidas en torno a esta dramática realidad, la iniciativa de India y Sudáfrica presentada en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual relacionados con tratamientos y prevención de la Covid-19 sea, probablemente, el único camino viable para erradicar la pandemia. La medida permitiría producir las vacunas en las instalaciones que tienen esos países, Brasil, entre otros.

Esta propuesta fue discutida por última vez el 23 de febrero en el Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. Actualmente, es respaldada por más de cien de los 164 países miembros de dicha organización, así como por más de 350 organismos no gubernamentales como Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, entre otros. Sin embargo, cuenta con la oposición de los países sede de la industria farmacéutica: Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Canadá.

Cualquiera podría suponer que la importante cantidad de fondos públicos destinados al desarrollo de las vacunas en algunos de estos países, permitiría a los gobiernos insistir en que las empresas se comprometan con licencias suficientes para permitir una producción mundial generalizada a precios asequibles. Pero el poder de la Big Pharma es enorme y tienen un rol fundamental en el financiamiento de las campañas políticas.

Antecedentes

La propuesta de India y Sudáfrica fue presentada por primera vez el 2 de octubre del año pasado después del fracaso de la propuesta “voluntarista” de conformar un Technology Access Pool (C-TAP), una suerte de banco de datos que permitiría centralizar en la OMS todo el conocimiento disponible para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la Covid-19. La iniciativa impulsada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, implicaba que la industria farmacéutica dejara de lado, voluntariamente, los derechos de propiedad intelectual en este ámbito.

El 29 de mayo, la OMS anunció la propuesta con bombos y platillos en el marco de un “llamado a la acción solidaria”. Sin embargo, no despertó mucho entusiasmo pues fue opacada por los alaridos de rechazo de la Federación Internacional de Compañías y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), a pesar de su carácter voluntario. Horas después de que la OMS lanzara dicha propuesta, Donald Trump anunció su retiro de la organización por considerarla al servicio de China.

Un mes antes de ese anuncio se había creado el Centro de Acceso Global a Vacunas Covid-19 (COVAX) una iniciativa de colaboración global de financiamiento con miras a una distribución equitativa de las vacunas. COVAX está conformado por la Alianza para las Vacunas (Gavi), que cuenta con la participación de la Fundación de Bill Gates, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la OMS. La idea original de COVAX era coordinar las compras a nivel mundial para garantizar que los países más pobres no quedaran fuera de la carrera de las vacunas. Pero lo cierto es que, en un escenario de estrechez de la oferta y acaparamiento de las vacunas por parte de los países ricos, COVAX quedó debilitado.

El representante de Sudáfrica ante la OMC, Mustaqeem da Gama, describe la situación de esta manera: “Mientras los países pobres dependan de la buena voluntad y la caridad de los millonarios del mundo, no van a poder avanzar y desarrollar sus propias capacidades. (…) La filantropía es buena hasta cierto punto, pero si lo que queremos es construir capacidades que vayan más allá de esta pandemia particular, porque vendrán otras pandemias, necesitamos invertir recursos en lo local, en transferencia de tecnología, en capacidad de construir”. En términos similares se refirió el Embajador de India ante la OMC, Brajendra Navnit, al señalar que dichas iniciativas eran insuficientes para los desafíos que enfrentamos.

Es así que ambos países, plantearon en octubre su audaz propuesta ante la OMC, ámbito donde se pueden cambiar las reglas del juego en materia de derechos de propiedad intelectual. La propuesta suspensión sería por un tiempo limitado, y solo para tratamiento y prevención de la Covid-19, hasta disponer de una oferta que permitiera proveer las vacunas a toda la población. Si bien en el acuerdo sobre propiedad intelectual existen algunas exenciones previstas como el hecho que, por razones de interés público, un Estado puede pedirle al titular de una patente que autorice a un tercero a que produzca su medicamento o vacuna, el proceso es complejo y engorroso.

La iniciativa considera que la única manera de satisfacer la demanda de vacunas requerida por la población mundial consiste en facilitar el conocimiento a los países que tienen la capacidad de producir medicamentos tanto para su consumo interno como para exportarlos a otros, sin ser sancionados por violar las normas de propiedad intelectual de la OMC.

La propuesta advierte sobre la importancia de la rapidez y simultaneidad con la que la población mundial debe ser vacunada para derrotar la pandemia, y destaca la desigualdad de su acceso: las importaciones per cápita de los bienes médicos esenciales para mitigar la pandemia  han sido unas 100 veces mayores en los países de ingresos altos en comparación con los países de ingresos bajos. Canadá ha reservado tantas vacunas que podría vacunar a cada uno de sus ciudadanos seis veces. En el Reino Unido y Estados Unidos, son cuatro vacunas por persona; y dos en la Unión Europea y en Australia.

La Unión Africana. ¿Y América Latina?

Un día antes de la última reunión en el Consejo de la ADPIC de la OMC, el 23 de febrero, la Unión Africana, organización intergubernamental política y de cooperación que agrupa a los 56 países de ese continente, suscribió un ejemplar comunicado en el que apoya la suspensión temporal planteada por India y Sudáfrica en la OMC. Señalan que es el medio más efectivo para abordar la “escasez artificial”, resultante del “nacionalismo de las vacunas y los mecanismos impulsados ​​por el mercado”. Asimismo, hacen suyas las declaraciones del Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha señalado que “permitir que la mayoría de la población mundial no esté vacunada no solo perpetuará enfermedades y muertes innecesarias, así como la continuidad de las cuarentenas en curso, sino que también generará nuevas mutaciones del virus a medida que continúe propagándose entre las poblaciones desprotegidas”. Estas variantes podrían no ser controladas por las vacunas disponibles hoy.

Por su parte, en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 17 de febrero, el canciller de México, Marcelo Ebrard, instó a los países desarrollados, en nombre de América Latina y el Caribe, a evitar el acaparamiento de vacunas y a acelerar su entrega al mecanismo COVAX. Afirmó que “COVAX ha resultado insuficiente hasta ahora y que el escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando”. A la fecha, señaló, “todavía no se han distribuido vacunas por vía de este instrumento multilateral”. Sin embargo, las invocaciones de Ebrard se direccionaron al mecanismo de la caridad y no se refirió a la propuesta de India y Sudáfrica.

Dicha propuesta no solo permitiría aumentar la oferta de vacunas, reducir sus precios, terminar con las cuarentenas, reactivar la economía y acabar con los contagios y muertes, sino que eliminaría los chantajes a los que son sometidos los gobiernos por la industria farmacéutica. Las empresas firman acuerdos con cláusulas de confidencialidad que se vienen traduciendo en precios exorbitantes y ganancias excesivas en una situación en la que muchos países tienen sus sistemas de salud colapsados y atraviesan una profunda crisis económica.

Una investigación conjunta llevada a cabo por el Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres, y el medio de investigación Ojo Público de Lima, da cuenta de las condiciones que impuso Pfeizer para la venta de sus vacunas al exigir que los gobiernos pusieran sus activos soberanos como garantía contra el costo de futuros casos legales. Argentina y Brasil no llegaron a ningún acuerdo. Chile y Perú sí han firmado acuerdos con esta empresa. En el caso de este último, Pfizer solicitó durante el proceso de negociación incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos.

En este escenario América Latina no solo está lejos de tener una voz conjunta. Está silente, es obsecuente con el poder de la industria farmacéutica y apuesta a las medidas de caridad de millonarios, así como a la buena voluntad de la Big Pharma. La próxima reunión donde se discutirá la propuesta conjunta de India y Sudáfrica tendrá lugar el 10 y 11 de marzo en el Consejo de la ADPIC de la OMC. Habría que hacer un “check list” sobre la posición que llevará nuestra región. En general, estos importantes eventos pasan desapercibidos por la ciudadanía.

 

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