Endeudarse para destruir

 

Para el próximo viernes 11 de febrero está prevista la licitación de la Autovía de Punilla por un monto de 100 millones de dólares en las oficinas de Caminos de las Sierras SA. La obra será posible gracias a un préstamo internacional de la Corporación Andina de Fomento (CAF) otorgado en 2021 que solo abarcaría la construcción de un primer tramo de 24 kilómetros. Cuando ese acto se concrete se estará consumando, además de una licitación irregular, un procedimiento administrativo viciado y nulo que ya ha sido considerado “ilegal” por la población activa del Valle de Punilla y que podría traer consecuencias irreversibles en materia de bienes comunes y calidad de la vida.

Por principio precautorio la obra no debería avanzar: hay un amparo ambiental presentado en 2017 solicitando que se dicte una medida cautelar y se detenga el avance administrativo y efectivo de este proyecto por incumplimiento a la Ley General del Ambiente. Los cuestionamientos incluyen la ausencia de un estudio de impacto ambiental acumulativo, irregularidades en materia de participación ciudadana y acceso a la información, y la violación del derecho a la jurisdicción, es decir a que un juez asuma la competencia y emita un fallo definitivo sobre el tema de fondo. A ello se suman las violaciones a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, el 90% de rechazo que recibió en la audiencia pública más larga de la historia de Córdoba (un mes y medio vía zoom), la existencia de restos arqueológicos y paleontológicos que datan de 12.000 años ahora bajo amenaza, y el aval firmado por el Decreto Nacional 295/2021 cuando todavía no existía una licencia ambiental. La crisis hídrica escandalosa que el 10 de enero empujó al Valle de Punilla al borde del abismo y las más de 2500 personas que marcharon el 29 de enero en la 14ª Caminata por el Agua, la Vida y la Tierra rechazando una obra provincial –cuyo estudio ambiental reconoce que atravesaría en un 40% la zona roja de máxima protección de bosque nativo– son la cara opuesta a la falta de argumentos para su realización, al silencio infundado de una justicia que permite su efectiva ejecución durante la crisis hídrica más preocupante de los últimos años, para que se permita sin reparos el avance de las máquinas, causando un daño irreversible que condicionaría la calidad de vida de las futuras generaciones.

 

 

 

 

La huella de la satrapía

Así calificó el geógrafo, fotoperiodista y viajero incansable Pablo Sigismondi a la imagen espantosa del cerro El Cuadrado, en la ciudad de La Falda, durante el conversatorio virtual “No pasarán, organización popular ante el ecocidio”, luego de las interminables obras (jamás finalizadas en más de 10 años) de la empresa Caminos de las Sierras S.A. Se trata de una sociedad anónima cuyo único accionista es el Estado provincial y que ahora, en oficinas privadas y con dudosa transparencia, prevé adjudicar la obra de 100 millones de dólares por los 24 kilómetros de Autovía que pretenden construir durante 2022. El cerro El Cuadrado, diezmado y mutilado de manera irreversible como una muestra del diseño de la futura traza de la Autovía, es sólo una foto de lo que podría llegar a pasar si avanzan las obras proyectadas. Ello implicaría  la puesta en marcha de una nueva industria vial alrededor del corredor bioceánico del IIRSA [1], la solución logística más eficiente que el desarrollismo y el extractivismo argentino encontraron para desviar las exportaciones de materias primas directamente al puerto de Coquimbo, y de ahí a la China. El lejano Buenos Aires dorado por las reliquias del Río de la Plata, cede su potencia exportadora frente a la avanzada colonialista del IIRSA que condiciona a diferentes gobiernos de Sudamérica.

 

 

La Corporación Andina de Fomento debería suspender de inmediato el financiamiento de 100 millones de dólares al gobierno de Córdoba para la construcción de la Autovía de Punilla por la violación al Principio Precautorio que aquí se denuncia como “inminente”, en particular los principios de salvaguardas ambientales y sociales (capítulo 5 inciso A de las Políticas de Gestión CAF). Ante la emergencia de la crisis climática global que amenaza la existencia de las futuras generaciones, el financiamiento del extractivismo infundado debería calificarse como crimen de Lesa Humanidad, con penas de cárcel para funcionaries y empresaries implicades. Ese crédito internacional también será motivo de inminentes denuncias internacionales en materia de violación al Principio de Escazú y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

 

 

 

Acción Precautoria Popular

Según el artículo 38 inciso 8 de la Constitución de la provincia de Córdoba, “es un deber de toda persona evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica”. Mientras un tribunal competente no se expida de manera fundamentada sobre los aspectos centrales que se denuncian en los amparos, en los que se solicita una medida cautelar que detenga de inmediato el avance de las obras de la Autovía de Punilla, es deber de todes impedir que ese daño irreversible suceda. La Acción Precautoria Popular para detener un proyecto Ilegal que pone en riesgo a las generaciones presentes y futuras es un deber histórico que exige la Constitución de la Provincia de Córdoba. Poner el cuerpo para impedir que el ecocidio se consume.

 

 

 

Fuente: www.sanroquedespierta.blogspot.com

 

[1] Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí