En un mismo lodo

 

Gabriela Michetti manoteó el celular para mandarle un audio a Mario Cimadevilla, un aliado al que el gobierno había designado al frente de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA. Le reclamó, como reveló El Cohete la semana pasada, por las preguntas que la querella del Ministerio le hizo a uno de los ex fiscales durante el juicio por el encubrimiento que terminó el año pasado. El rapto de furia de Michetti puede servir ahora para desempolvar las denuncias contra Germán Garavano y otros funcionarios del Ministerio de Justicia, pero también para tirar de la piola y llegar más cerca de Mauricio Macri.

 

 

Denuncias

En febrero de 2018, la querella del Ministerio de Justicia no acusó ni a Eamon Mullen ni a José Barbaccia, los fiscales que intervinieron hasta 2004 en la investigación sobre el atentado a la AMIA. Para hacerlo, el gobierno tuvo que designar a las apuradas a un abogado  que alegó sin estar habilitado para hacerlo porque integraba el Consejo de la Magistratura porteño y no podía ejercer. El tribunal terminó por apartarlo, pero no antes de escuchar su alegato y darlo por válido. Al escándalo por la falta de acusación contra Mullen y Barbaccia, le siguió el desarme de la Unidad Especial de Investigación AMIA – cuya rejerarquización Macri había ponderado al llegar al gobierno – y el desplazamiento de Cimadevilla. Denuncias penales y pedidos de juicio político.

Después del episodio de los alegatos, Telleldín -- entonces acusado en el juicio del encubrimiento por haber cobrado para acusara un grupo de policías de la Bonaerense -- presentó una denuncia contra Garavano por intentar encubrir a los ex fiscales. Su presentación cayó en el juzgado de Luis Rodríguez.

Al tiempo, Cimadevilla hizo lo propio, porque dos de las querellas habían advertido durante los alegatos de que se podía estar ante un nuevo encubrimiento. Esa causa terminó en el juzgado de Julián Ercolini. Las dos denuncias se acumularon en el juzgado de Rodríguez. Mucho antes de que Rodríguez fuera designado, ese lugar lo había ocupado Juan José Galeano, el primer juez de la causa AMIA que terminó condenado en el juicio del encubrimiento.

Como no hubo impulso fiscal, la causa nunca llegó a abrirse. El fiscal que dictaminó que no había delito para investigar fue Carlos Rívolo, de buen vínculo con sus ex colegas. El 14 de septiembre de 2004, Rívolo y una docena de colegas les mandaron cartas de apoyo a Müllen y Barbaccia, después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 los separara del juicio y de que todo el proceso quedara en la nada. En misivas separadas pero idénticas, los fiscales expresaban su “confianza en su conducta personal, actuación e idoneidad funcional en el lapso de su desempeño como fiscal” tanto a Mullen como a Barbaccia. “No pretendemos por éste gestar una defensa corporativa de su gestión, sino exaltar claramente la vocación que nos consta de vuestro desempeño”, decían.

Al día siguiente, los fiscales le hicieron saber al procurador interino Luis González Warcalde que habían firmado las cartas de apoyo a sus colegas. Las copias de las notas fueron aportadas en agosto de 2008 en el expediente por el encubrimiento por parte de los propios defensores de los fiscales, Enrique Paixao y Miguel Ángel Almeyra, para recusar a uno de los firmantes, Patricio Evers. Era el fiscal de la causa y los propios defensores sostenían que debía ser apartado por haber asumido una actitud de apoyo y solidaridad.

 

 

Pasaron más de diez años, pero la madeja AMIA sigue cada vez más enmarañada. El viernes último, Telleldín volvió a presentarse con nueva abogada y pidió al juez Rodríguez que desarchive las actuaciones contra Garavano. Todavía no aportó prueba, pero iba a presentar el audio que difundió El Cohete y pedir que se lo cite a Cimadevilla a declarar.

En la semana, el ex titular de la UEI AMIA le dijo a El Destape Radio que Macri, a través de Garavano, le pedía que no acusara a los fiscales y al ex policía Jorge Fino Palacios – también ligado al ex presidente. En otra entrevista con C5N, Cimadevilla también denunció que Daniel Angelici operó fuerte en la causa AMIA.

En el juzgado esperaban ver cuáles eran las pruebas que piensa aportar Telleldín o las medidas que sugiere. La causa no está digitalizada ni entra –entienden en la oficina del cuarto piso de Comodoro Py – en los temas habilitados para ser tratados durante la feria extraordinaria.

 

 

Je n'accuse pas

El juicio por el encubrimiento del atentado comenzó en agosto de 2015. Su inicio no estuvo exento de tironeos entre el gobierno, la Corte y el propio TOF 2 — a cargo del proceso. Cuando arrancó, faltaban cuatro meses para el cambio de gobierno.

Al asumir Macri, Garavano todavía tenía buena relación con Elisa Carrió. Ella le sugirió a su abogada, Mariana Stilman, para incorporarse a la querella del Ministerio de Justicia. Así sucedió. Garavano, después, le pidió a Cimadevilla que tomara a Miguel Inchausti, hijo homónimo del abogado y político radical que había formado el grupo folclórico Los Arroyeños. Garavano ponderó los conocimientos de derecho penal de Inchausti y Cimadevilla aceptó.

La relación entre Stilman e Inchausti no fue nada armoniosa. Las peleas iban desde las preguntas o las mociones que apoyaban en la sala de audiencias hasta discusiones por la silla a viva voz y ante la atenta mirada del resto de los asistentes al juicio. A Stilman le hicieron saber que debería seguir las indicaciones de su colega.

—Inchausti es Garavano –le repetían.

La abogada recibió una visita inesperada, según denunció Cimadevilla, mientras el juicio estaba en pleno trámite. Llegaron dos enviados del ministro a verla a la oficina de la calle 25 de mayo al 350. Eran el entonces jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, Esteban Conte Grand, y uno de los asesores más cercanos del ministro, Manuel Izura. Conte Grand e Izura, sin avisarle al titular de la UEI AMIA, le reclamaron que se desmarcara de la querella de Memoria Activa.

La siguiente reunión fue, según Cimadevilla, para oficializar lo que Izura y Conte Grand le habían transmitido a Stilman. El encuentro fue el 14 de marzo de 2017 en la ex ESMA. Garavano iba un par de días al Espacio Memoria y se había acomodado en el que  solía ser el despacho de Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de Macri y ex director ejecutivo de la DAIA cuando la presidía Rubén Beraja, uno de los acusados en el juicio.

En la ex ESMA, el ministro les dijo que él mismo iba a definir los lineamientos de la acusación. Stilman dejó su lugar como querellante en el juicio, pero permaneció en la UEI AMIA. Lo mismo había pasado con su colega Ezequiel Strajman, que integraba la querella desde el gobierno kirchnerista. A Stilman la reemplazó Horacio Di Filippo, que acompañaba a Inchausti en las audiencias.

Como el juicio estaba llegando a la instancia de alegatos, hubo que salir a buscar a abogados que aceptaran sumarse a un proceso tan complicado y tan avanzado. Di Filippo le sugirió a Cimadevilla los nombres de tres letrados, a quienes conocía del Colegio Público de la Capital: Enrique Ventos, José Console y Carlos Ortea.

La querella estatal tenía que comenzar a alegar el 1° de febrero de 2018. Para entonces, ya era un secreto a voces que el gobierno no quería acusar ni a Mullen ni a Barbaccia. Garavano estaba de viaje para la fecha. La máxima autoridad en el Ministerio era el Secretario de Justicia Santiago Otamendi, que firmó una resolución el 31 de enero – un día antes del alegato – que tiraba por la borda los acuerdos entre los abogados y lo recogido en las audiencias. Otamendi disponía que el alegato no lo iba a hacer Ventos, sino Console. El colmo: Console ni siquiera tenía poder para presentarse ante el tribunal, por lo que Di Filippo tuvo que pegársele como una sombra. Durante cuatro días, Console reprodujo un alegato desordenado, armado a retazos, pero finalmente pidió la absolución de Beraja, de los ex fiscales y del Fino Palacios.

El juicio por el encubrimiento terminó a principios del año pasado. Mullen y Barbaccia recibieron una pena de dos años, que fue apelada por la fiscalía y por el resto de las querellas.  Casación aún debe revisar ese fallo. Memoria Activa denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incumplimiento del compromiso del Estado argentino para investigar el atentado, sanear las instituciones y asegurar que nunca más ocurra y pidió que el caso pase a la Corte Interamericana para avanzar en una condena.

 

Todos los hombres del ministro

Para la época de los alegatos, Carrió ya estaba harta de Garavano y preparando un pedido de juicio político contra el ministro. En ese texto, Carrió describe al detalle a Console. Dice que era integrante del tribunal de Disciplina de Boca Juniors, el club que Macri había dejado al cuidado de Daniel Angelici. También ejercía de secretario letrado en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad en la vocalía de Silvia Blanco, que está casada con Juan Sebastián De Stefano. El Enano De Stefano estaba a cargo, nada más y nada menos, que del área de Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo. Jurídicos era un área enorme que dependía directamente de Gustavo Arribas, también ligado al negocio del fútbol y al club de la ribera.

“Cimadevilla nos relató (en) una conversación que mantuvo con el Dr. Console al respecto en la que éste le había indicado que había recibido instrucciones para solicitar la absolución de los ex fiscales por parte de Angelici”, escribió Carrió.

El Cohete se comunicó con Console, quien negó lo dicho por Cimadevilla. "Jamás recibí ningún tipo de indicación al respecto de Daniel Angelici", respondió. El abogado también aclaró que aun sigue desempeñándose en la UEI AMIA -- casi seis meses después del cambio de gobierno.

Otro de los nombres que aparecen merodeando el tema AMIA es el de Manuel Izura. Años antes del salto a la política nacional, Izura fue el representante legal de la Policía Metropolitana, la criatura macrista. Lo era cuando se conoció la denuncia por espionaje ilegal que iba desde el Fino Palacios hasta Macri. El abogado también patrocinó a otro conocedor en esos oficios, al ex subjefe de la Armada Benito Rótolo, en la causa por el espionaje en la base Almirante Zar de Trelew. Como Garavano, Izura estuvo ligado a Unidos por la Justicia, una ONG que tiene como secretario a Fernando Yuri – que trabajó como secretario de los ex fiscales. Unidos por la Justicia también promociona en su zócalo inferior la página personal del ex ministro de Justicia.

El nombre de Izura volvió a surgir hace pocos días cuando se conoció la denuncia de la jueza Ana Figueroa sobre aprietes que habría sufrido durante el macrismo. Rápidamente se asoció el episodio con el entonces subsecretario Juan Bautista Mahiques. Sin embargo, cerca del actual fiscal general de la Ciudad negaban que Mahiques se hubiese interesado por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y sugerían que ese recado había quedado en manos de Izura. Del otro lado, replicaban con más delicadeza, negaban y sugerían que la mesa judicial del macrismo está en llamas.

Carrió también le dedicó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) a Izura porque, mientras oficiaba de asesor en el Ministerio de Justicia, atendía otra ventanilla. Era abogado de Miguel Plo en la causa de los cuadernos. El expediente sigue su trámite en la OA.

 

Más arriba

A Michetti se la escucha enojada por las preguntas inoportunas que la querella estatal le habría hecho a José. José es Barbaccia – o el Tano, como lo llaman algunos referentes del PRO.

Barbaccia es amigo de la infancia de Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón y un referente fuerte del PRO en la justicia federal. Montenegro fue también uno de los firmantes de la carta en apoyo a Barbaccia y a Mullen en septiembre de 2004.

Cuando eran chicos, Montenegro y Barbaccia jugaban juntos al rugby en el Liceo Naval. Algunos partidos se repitieron cuando ya ostentaban cargos altos en la justicia. Por ejemplo, en Justicia – Era Kirchner, Pablo Abiad y Mariano Thieberger se refieren a un encuentro en el que se enfrentaron los centauros – cuyo referente más conocido es José María Campagnoli – con los federales. Del lado Py se acomodaron Montenegro, Mullen, Barbaccia, Rívolo y Paul Starc.

La relación fue siempre fluida entre Barbaccia y Montenegro, tanto que el actual intendente lo convenció para que concursara para camarista. Después del juicio AMIA I, esas expectativas se desvanecieron. La renuncia de Barbaccia, en 2004, coincidió con el desembarco de Montenegro como juez federal. Cuando dejó el Poder Judicial para sumarse al gobierno de Macri en la Ciudad, Montenegro se llevó a Barbaccia con él como asesor – según difundió en junio de 2008 la revista 7 Días. Aunque la publicación no lo daba por confirmado, era probable que también se les hubiera sumado Mullen. Los dos ex fiscales comparten hace tiempo un estudio jurídico a pocas cuadras del Palacio de Tribunales.

Para entonces, Montenegro –como publicó El Cohete— le debía su cargo como ministro de Justicia y Seguridad a Michetti, la voz en el teléfono que clamaba por José.

 

 

 

 

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