EN RIESGO DE EXTINCIÓN

 

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, comunicó que había pedido un informe exhaustivo y pormenorizado sobre el operativo Puma I, realizado entre abril y julio de 2019 sobre una hipotética invasión a Venezuela, pretextando una misión de asistencia humanitaria. Agregó que no le extrañaba que el gobierno del ex Presidente Mauricio Macrì, que fue miembro activo del Grupo de Lima, haya tenido esa actitud intervencionista. El informe debe precisar si se cumplió con las vigentes leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, promulgadas entre 1988 y 2001 por tres Presidentes distintos y que expresan uno de los acuerdos básicos de la democracia argentina post-dictatorial. También indagará sobre la naturaleza y objetivos del ejercicio.

Taiana recibió un llamado de su colega de Venezuela, general Vladimir Padrino, quien le transmitió la satisfacción del Presidente Nicolás Maduro por la decisión de investigar a fondo lo sucedido. El mensaje fue posterior a la dura declaración del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien dijo que le entristecía enterarse por un medio periodístico y que lamentaba no haber oído ningún pronunciamiento del actual gobierno argentino. Cabello es un habitual crítico del Presidente Alberto Fernández, pero su posición no representa la del gobierno de Maduro.

El Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional de Venezuela también solicitaron que la Argentina realice una investigación a fondo sobre el ejercicio en el que el Ejército argentino integró una fuerza multinacional, formada a partir de una resolución de las Naciones Unidas que nunca se produjo.

El canciller venezolano Félix Plasencia se comunicó telefónicamente con su colega argentino Santiago Cafiero para transmitirle esa solicitud y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que una delegación de parlamentarios venezolanos viajará a Buenos Aires para ponerse en contacto con legisladores argentinos.

 

 

 

 

Tanto Plasencia como Cafiero confirmaron al Cohete que toda la información disponible en la Argentina será puesta a disposición del gobierno de Caracas. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el envío de la comisión especial, integrada tanto por legisladores del oficialismo como de la oposición,  y Jorge Rodríguez dijo que los enviados entregarían una carta a CFK, a quien denominó como presidenta del Congreso argentino.

 

 

 

 

 

Entre ceja y ceja

Taiana encomendó la realización del informe al jefe de Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Pereda, y se salteó al jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Juan Martín Paleo, quien en 2019 planeó y condujo el operativo Puma. En aquel momento, Paleo era comandante de la fuerza de despliegue rápido del Ejército, con sede en Córdoba. El ejercicio se efectuó a lo largo de siete sesiones en las pantallas de las computadoras de Campo de Mayo y en conexión remota con la brigada de paracaidistas de Córdoba, la Brigada Mecanizada X de La Pampa y los comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales, también de Córdoba. Pereda fue jefe de la brigada aerotransportada de Córdoba y luego jefe de planeamiento del Estado Mayor Conjunto. Su designación como jefe de Estado Mayor del Ejército en diciembre pasado, implicó el pase a retiro de once generales, el reacomodamiento más drástico desde 2003, cuando Néstor Kirchner designó en ese cargo al general Roberto Bendini y se fueron a su casa 27 generales, e incluso más profundo que el producido en 1973 por Héctor Cámpora, cuando la designación del general de brigada Jorge Carcagno forzó el retiro de los nueve generales de división que lo precedían.

El antecesor de Pereda, Agustín Cejas, fue relevado cuando El Cohete reveló que había designado a su hijo de 28 años, el perito mercantil Facundo Cejas, como oficinista contable en la agregaduría castrense en Washington a partir del 1° de septiembre, con una remuneración mensual de 6.700 dólares. Entonces equivalían a 1,2 millones de pesos en el mercado ilegal.

 

 

 

El Grupo de Lima

Varios medios de Chile destacaron la participación en el operativo del actual Presidente, Sebastián Piñera, quien junto con Macrì, el brasileño Jair Bolsonaro y el colombiano Iván Duque desconocieron la legitimidad del Presidente Nicolás Maduro y tuvieron como máxima autoridad de Venezuela al legislador Juan Guaidó, quien se autoproclamó como Presidente encargado. El 23 de febrero de 2019, Piñera y Duque acompañaron a Guaidó en el intento de producir un alzamiento popular contra Maduro, mediante el envío de una caravana de camiones con ayuda médica y alimenticia, que ingresó por Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, la misma elegida en el ejercicio Puma para la invasión a Venezuela. Una semana después, Guaidó fue recibido en Buenos Aires por Macrì.

 

 

 

 

La cuestión formó parte del debate entre Macrì y el actual Presidente Alberto Fernández, en la semana previa a las elecciones de octubre de 2019. Fernández enrostró entonces a Macrì que su gobierno estuviera comprometido con una aventura militar en Venezuela y dijo que la única solución aceptable pasaba por la negociación política. Macrì dijo entonces que Maduro era un dictador que violaba los derechos humanos y que su gobierno reconocía a Guaidó. Fernández replicó que Macrì estaba preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir y lo interpeló en forma directa: “Espero, Presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana”. Consultado para esta nota acerca de qué información tenía entonces sobre el ejercicio Puma de invasión a Venezuela, respondió que “no sabía nada. Eso lo dije porque el Grupo de Lima bancaba a Trump en su idea de avanzar sobre Venezuela. Por eso saqué a la Argentina del Grupo de Lima”.

Este es el video de aquella discusión.

 

 

 

 

 

 

 

 

Morales e inmorales

Fernández también condenó por entonces el golpe que en noviembre de 2019 forzó el alejamiento de Evo Morales de la presidencia de Bolivia y, aun como Presidente electo, coordinó con el Presidente mexicano Andrés López Obrador el rescate de Evo para impedir que los golpistas lo mataran. En cambio, Macrì envió un avión con armas, agresivos químicos y municiones, que los golpistas utilizaron para reprimir las manifestaciones populares que reclamaban por la interrupción del orden institucional.

Luego de un lapso en México, Morales se radicó en la Argentina, desde donde condujo la campaña electoral que culminó con la amplia victoria electoral de su partido MAS, ahora bajo la presidencia de quien fuera su ministro de Economía, Luis Arce. Alberto lo acompañó hasta la frontera entre La Quiaca y Villazón, donde se dieron el abrazo de despedida. Antes, Evo visitó en San Salvador a Milagro Sala, detenida en forma arbitraria por Gerardo Morales. El Yuto gobernador jujeño es nieto de una boliviana de Tupiza y no tiene parentesco con Evo.

Tanto en el golpe en Bolivia como en los proyectos de derrocamiento del gobierno venezolano tuvo una participación descollante la OEA y, en especial, su secretario general, Luis Almagro. Su principal asesor político es el empresario hotelero argentino Gustavo Cinosi, quien antes fue asesor del delegado de Trump en el FMI, Mauricio Claver-Carone. Alberto Fernández tuvo fuertes choques con él. En los encuentros con enviados estadounidenses, que Fernández tuvo en México antes de asumir la presidencia, Cinosi fue introducido como un hecho consumado por Claver y Elliot Abrams, quienes lo presentaron como un amigo de la Argentina que intentaba ayudar. Fernández les advirtió luego que el accionista del hotel Sheraton de Pilar (que encubre así sus tareas de inteligencia para organismos estadounidenses), no sería admitido en futuras reuniones salvo que asumiera formalmente la representación de sus mandantes.

Para nadie es un secreto que Cinosi es el único agente secreto con chapa de agente secreto.

 

Hacia arriba

Tal como informó El Cohete hace una semana, el ejercicio Puma fue encomendado a Paleo por su predecesor en la jefatura de Estado Mayor Conjunto, el general Bari Sosa, hijo de una candidata a la vicegobernación de Tucumán por el partido del ex dictador Antonio Bussi. El informe que solicitó Taiana también deberá determinar qué rol cumplió el entonces jefe del Ejército, general Claudio Pasqualini, yerno del coronel Athos Renes, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén. Su hija, María Laura Renes de Pasqualini, milita en los grupos negacionistas que consideran a los condenados por crímenes de lesa humanidad como presos políticos. En aquella edición publicamos también uno de los informes de inteligencia sobre Venezuela realizado el 23 de abril de 2019 por orden del general Sosa, que dio lugar a una protesta del director de la AFI macrista, Gustavo Arribas, quien le recordó que las Fuerzas Armadas no tienen permitido realizar

• inteligencia estratégica nacional (que corresponde a organismos del Poder Ejecutivo),
• inteligencia estratégica militar, asignada al Ministerio de Defensa, ni
• inteligencia criminal, propia del Ministerio de Seguridad.

“El Estado Mayor Conjunto pretendería establecer un sistema de Inteligencia al margen de la ley, sin conducción legalmente instituida ni régimen de control legítimo”. El acto es inconstitucional, “contrario al régimen legal instituido y a normas federales y de rango superior”, precisó. Las coincidencias ideológicas no suprimen las pugnas interburocráticas.

 

 

 

Cadena de mandos

Por encima de Sosa estaban el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, y Macrì, como comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación. Taiana recuerda también que el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, había creado en febrero de 2019 un organismo interministerial para coordinar acciones respecto de Venezuela. Se trata de la Unidad de Gestión para el Apoyo a la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela. Sus funciones eran:

1. Recopilar y sistematizar la información relativa a las necesidades humanitarias de Venezuela.
2. Establecer junto con la Comisión Cascos Blancos y otras autoridades, y en coordinación con el ministerio de Salud y Desarrollo Social, un equipo de trabajo que sirva de punto focal a los fines de organizar la recepción, administración y envío de donaciones y asistencia humanitaria.
3. Recopilar y sistematizar la información referente a las necesidades relativas al proceso de reconstrucción en materia sanitaria, alimenticia, de desarrollo y fortalecimiento institucional, de infraestructura, entre otras, de Venezuela.
4. Coordinar con las autoridades nacionales competentes, la implementación de programas de cooperación, capacitación y asistencia técnica en diferentes materias (derechos humanos, educación, transparencia y gobierno abierto, entre otras) así como todas las acciones relacionadas con el proceso de recuperación y reconstrucción de Venezuela.
5. Facilitar, junto a las demás áreas competentes del Estado, la participación de entidades argentinas (empresas, instituciones académicas, ONGs, entre otras) en las tareas de recuperación y reconstrucción, manteniendo el Registro de Entidades Argentinas Participantes en el Proceso de reconstrucción de Venezuela.

En la coordinación no se incluye al Ministerio de Defensa.

El comunicado de la Cancillería difundido el 15 de febrero de 2019 por la agencia española EFE describe la situación venezolana como una "profunda crisis política, económica, social y humanitaria", términos muy parecidos a los que utilizaría Paleo en el análisis de su ejercicio de invasión con pretexto de asistencia humanitaria. También dice que, junto al resto de países del Grupo de Lima, apoya la "hoja de ruta" de la Asamblea Nacional, y del "Presidente encargado", Juan Guaidó. En la reunión de ese día de la Unidad de Gestión participó el titular de Cascos Blancos de la Cancillería, embajador Alejandro Daneri. El 12 de junio, Daneri se sentó junto a Faurie en una conferencia de prensa sobre ayuda humanitaria.

 

 

 

 

El canciller se refirió específicamente a Venezuela y destacó las instrucciones de Macrì respecto “del trabajo que han hecho los Cascos Blancos en Cúcuta, cuya misión desde el año pasado dio atención primaria a 5.000 pacientes”. Pero Cascos Blancos es una organización que en sus 27 años de existencia sólo se ha basado en la tarea de voluntarios, que han realizado 700 misiones en 73 países. Y el ejercicio que en ese contexto planificó y dirigió el general Paleo fue de una operación militar, en la cual la columna armada invadió Venezuela justamente por Cúcuta. Ninguno de los documentos elaborados por Paleo menciona a Cascos Blancos, sólo a unidades militares con armamento de guerra.

 

 

Dilemas

Una vez esclarecida la cadena de responsabilidades, llegará el momento de analizar la situación del general Paleo. La situación es compleja, dado que roza un tema como la subordinación castrense a las autoridades electivas, que es uno de los mayores logros de la Argentina post-dictatorial. Si el ejercicio fue ordenado a través de la cadena de mandos, siguiendo decisiones políticas del gobierno constitucional, la sanción a quien ocupaba el cuarto o quinto eslabón de ese encadenamiento presenta dificultades institucionales, sobre todo a la luz de los antagonismos políticos. Un oficial superior retirado sostiene que se corre el riesgo de que algunos militares se nieguen a cumplir determinadas directivas del actual gobierno (el ejemplo que cita es el acuerdo para que reciban entrenamiento en la Federación Rusa) por temor a que un eventual futuro gobierno de JxC los sancione.

Desde el Estado Mayor Conjunto destacan el carácter teórico del ejercicio, que no incluyó ningún movimiento real de tropas, y afirman que el Ejército no poseía en ese momento la cantidad y el tipo de vehículos empleados en la planificación.

También pesan algunos razonamientos políticos. Como se especificó aquí en la nota anterior, este ejercicio de invasión fue simultáneo a la escalada contra el gobierno venezolano del Comando Sur estadounidense. Pero quienes conocen las líneas internas del Ejército niegan que Paleo exprese las posiciones estadounidenses. Por el contrario, dicen, es partidario de fortalecer las relaciones castrenses con la República Popular China, donde fue agregado militar durante tres años. Ése es uno de los principales temas que preocupan a la representación diplomática de Washington en la Argentina, que ya hizo saber a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores su malestar por la posible adquisición de material chino para las Fuerzas Armadas. En términos generales, esa preocupación fue expresada hace poco más de cuatro años por el documento sobre Estrategia de Seguridad Nacional, del entonces Presidente Donald Trump, que el actual, Joe Biden, no ha modificado. Allí se afirma que Estados Unidos se encargará de los “anacrónicos gobiernos izquierdistas autoritarios de Venezuela y Cuba”, porque permiten que operen los competidores de Estados Unidos, China y Rusia, que “buscan expandir sus vínculos militares y la venta de armas en la región”. Pero además China busca atraer a la región a su órbita mediante “inversiones y créditos estatales”.  La Argentina es el destino de la mayor inversión china en todo el mundo.

Por último, también circulan argumentos muy rebuscados referidos a las tensiones internas en el Frente de Todos: como la investigación sobre el general Paleo(lítico) fue publicada en El Cohete a la Luna, un castigo en su contra podría interpretarse como un avance de Cristina sobre Alberto Fernández. Ese no es el estado de ánimo imperante entre ninguno de ellos. En ambos casos, se difiere cualquier decisión a los resultados del informe encargado por Taiana. Paleo no será absuelto ni condenado antes de tiempo y se procurará que la decisión sea justa.

 

 

 

Trece décadas de coherencia

Las nítidas posiciones de Alberto Fernández tanto respecto de Bolivia como de Venezuela se inscriben en la mejor tradición argentina, que se remonta a trece décadas. Ya en 1889 el delegado argentino a la primera Conferencia Panamericana, Roque Sáenz Peña, denunció el intervencionismo yanqui y apenas se había iniciado el siglo XX cuando el canciller Luis Drago se opuso al cobro compulsivo de deudas que Alemania y Gran Bretaña forzaron a cañonazos a Venezuela y que Theodore Roosevelt consintió mediante una interpretación oportunista de la doctrina Monroe. En cambio, Drago planteó el rechazo multilateral a la intervención y dijo que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas. Una doctrina con su nombre consagra ese principio interesante para los países más débiles. Ahora, el congresista republicano de Florida Matt Gaetz afirma que la visita de Alberto Fernández a China donde firmó el ingreso a la iniciativa de la franja y de la ruta es un peligro mayor que la tensión por Ucrania, porque la presencia económica y militar china en la región amenaza la doctrina Monroe.

Las intervenciones estadounidenses del siglo pasado, desde México hasta Centroamérica, fueron rechazadas en la Argentina. Esta posición tuvo vertientes de izquierda y de derecha, fue compartida por los incipientes partidos socialistas y comunistas y por el nacionalismo hispanista, y alentada por la hegemónica Iglesia Católica romana.

La Argentina fue neutral en las dos guerras mundiales del siglo pasado. Esa actitud de autonomía convenía a los intereses económicos de las clases dominantes y fue impulsada por Gran Bretaña, principal cliente de las exportaciones de alimentos argentinos que nutrían a sus combatientes por la libertad.

En la década de 1960 el general Presidente Juan Carlos Onganía recurrió a Europa para el aprovisionamiento de material pesado para las Fuerzas Armadas y lo mismo hizo la dictadura de la década siguiente, que además se negó a participar en el bloqueo cerealero contra la entonces Unión Soviética. El primer gobierno electo luego de la dictadura disintió con la intervención estadounidense en América Central.

 

 

Relaciones carnales y causales

Recién en la década de 1990 la Argentina tuvo un gobierno que incluyó el alineamiento automático con los Estados Unidos en su tarjeta de presentación, tanto en política exterior como en asuntos internos.

Pero al cabo de una década que el canciller de entonces definió como de relaciones carnales con los Estados Unidos se produjo la quiebra de la economía argentina y el más drástico descenso de los niveles de vida de la población.

Cuando todo esto terminó en forma catastrófica, la subdirectora estadounidense del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, dijo que el “problema de la Argentina se esperaba, y entonces dio tiempo a que los inversores se acomodaran, y así encontró a los bancos, especialmente, con poca exposición”. Esta frase equivale a una confesión: pese a que era evidente que la Argentina marchaba hacia el mayor default soberano de la historia, el FMI le siguió prestando, no por altruismo sino para financiar esa puesta a salvo de los bancos, que disponían de la información que los ciudadanos ignoraban.

En el año que duró esa caída en cámara lenta, bancos y grandes inversores sacaron del país tanto dinero como el que el FMI inyectó. Es decir que el Fondo no financió a la Argentina (que luego pagó la factura) sino la fuga de capitales. El ranking de quienes se pusieron a salvo bajo la sombrilla del Fondo, mientras se violaba el derecho de propiedad de cada ciudadano con algún ahorro en el sistema financiero, es encabezado por dos bancos estadounidenses. No hace falta explicar qué país es el principal accionista del FMI, cuyas políticas violan sus propios estatutos, que no le permiten ser lobbista de intereses particulares o nacionales.

Cualquier semejanza con lo ocurrido entre 2015 y 2019, bajo la presidencia de Maurizio Macrì, es pura causalidad.

 

 

La música que escuché mientras escribía

 

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