En modo mínimo

 

“Nos volveremos a juntar cuando Dios disponga”, casi bufó el presidente del Consejo de la Magistratura al cerrar el último plenario con la actual conformación del órgano, el miércoles 13. El objetivo central de esa reunión era aprobar un reglamento de “funcionamiento mínimo y de contingencia” en esta transición que tiene lugar hasta que se apruebe una nueva ley (que ya tiene media sanción del Senado y resta el tratamiento en Diputados) o bien hasta que se vuelva a la integración de 20 miembros que preveía la ley 24.937 de 1998, según dictaminó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre del año pasado. El oficialismo buscaba que el reglamento se aprobara por unanimidad; la oposición, que hasta último momento parecía dispuesta a votarlo, cambió de parecer y dijo que no era necesario. El vocero de la negativa fue el consejero-abogado Diego Marías, que responde al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

“Estamos en un momento de altísima sensibilidad política”, arrancó Marías. Manifestó que la medida cautelar de la Justicia federal de Paraná sólo “complejizó” el escenario. “Hay señales que no podemos desconocer de que la Corte Suprema va a actuar de manera inminente, de alguna modalidad que hasta ahora desconozco, pero en concordancia con el fallo de diciembre del año pasado, que se encuentra en pleno proceso de ejecución”, aseguró. No especificó el contenido de esas señales. Y más tarde se rectificó: dijo que no quiso decir que la Corte iba a “actuar”, aunque consideró que “no tiene otro remedio que actuar porque es la cabeza del Poder Judicial”.

El martes pasado, la Justicia federal de Paraná admitió una cautelar del diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) y pidió al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta del Senado que “se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación”. “Las Cámaras no podrán designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura, y se les otorga cinco días hábiles para efectuar los descargos. “El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley sobre el tema”, escribió Casaretto en Twitter, una vez que se conoció el fallo del juez Daniel Alonso. Para admitir la cautelar, el juez valoró que se encontró “acreditada la verosimilitud del derecho, como así el peligro en la demora que aparece nítido en el supuesto de no proteger el derecho concretamente reclamado respecto de la aplicación de una norma que fuera derogada por el Congreso de la Nación (ley 24.937)”. En paralelo, mientras se reunía la Magistratura, el miércoles 13 el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se “avoque” y anule la decisión dictada por la Justicia federal de Paraná para que el Congreso Nacional no nombre a los dos representantes legislativos que deben sumarse a la estructura de 20 miembros del Consejo.

 

 

 

 

El reglamento, que tras una hora y media de discusión se aprobó por siete votos contra cinco, prevé “delegar en la persona del actual presidente del Consejo de la Magistratura, desde el vencimiento del plazo dado por el Alto Tribunal en el fallo ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN –ley 26.080– dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento’ y hasta tanto se verifique la integración conjunta y simultánea del Órgano si ello no resultare concomitante, las siguientes facultades mínimas de gestión administrativa: representación en juicio, ejecución de los actos de administración necesarios para la asistencia y soporte material de los tribunales de justicia y del propio Consejo, gestión de los recursos humanos bajo la superintendencia del Cuerpo en las materias impostergables –licencias que exceden las facultadas de los funcionarios de máxima jerarquía e inicio de actuaciones disciplinarias– y asignación de asuntos a las diferentes comisiones al solo efecto de su radicación”. La mayoría estuvo conformada por los consejeros Graciela Camaño, Diego Molea, María Inés Pilatti, Mariano Recalde, Vanesa Siley, Gerónimo Ustarroz y Alberto Lugones y la minoría, de cinco, por Juan Manuel Culotta, Diego Marías, Carlos Matterson, Ricardo Recondo y Pablo Tonelli, como se vienen dando las últimas votaciones al interior del Consejo.

El consejero-académico Diego Molea dijo que estaba “sorprendido” con el planteo de Marías y denunció el cambio de último momento de la oposición en el Consejo. No hubo “respeto a la palabra”, se quejó. “Había un consenso de los 13 [consejeros] en votar para dar certezas a partir del día 15. Una resolución judicial de Paraná no nos afecta en nada, no nos puede hacer cambiar lo que hemos consensuado”, sostuvo.

“Yo realmente no sé qué va a pasar el lunes, martes o miércoles, pero como cuerpo estamos obligados a garantizar el funcionamiento mínimo. No puede haber un vacío respecto a la representación legal. ¿Quién atiende ese reclamo si entra una denuncia contra un juez por un hecho gravísimo el lunes?”, se preguntó Gerónimo Ustarroz. El consejero que es nexo entre el órgano que selecciona y sanciona a los jueces y el Ejecutivo dijo que no tenía “certezas, pero tampoco dudas” sobre el rol que tendrá la Corte a partir del lunes 18. Buscó bajarle el tono a la “precautelar” de la Justicia federal de Paraná y aseguró que “sólo dice [a la Cámara de Diputados y al Senado] que no envíen a la segunda minoría”. Ustarroz consideró que “la solución es la ley. Esperemos como actores de la política que somos que se solucione así. Los remedios están en el fallo de la Corte Suprema, integración conjunta y simultánea, quórum de 12 [sobre 20] y mayoría para las resoluciones”. Coincidió con Molea en el cambio de postura de la oposición a último momento: “Hasta ayer a la tarde hemos estado charlando esta resolución y estábamos todos absolutamente de acuerdo. Me sorprende que por una causal exógena, una precautelar dirigida al Poder Legislativo –que es altísimamente compleja– y por las dudas de que el lunes, martes o miércoles venga la Corte no hagamos esto”, planteó.

En tanto, la consejera Graciela Camaño indicó que los 13 consejeros de la Magistratura se “ajustaron” al fallo de la Corte. La diputada del Interbloque Federal advirtió sobre la “nulidad” de los actos a partir del primer día hábil después del 16A. En ese sentido, instó a aprobar el reglamento de “funcionamiento mínimo” para que “los ciudadanos puedan acudir a la Justicia”. “Abstraigámonos de lo que sucede afuera, como hicimos en estos 120 días”, pidió. Y anticipó que puede haber “judicializaciones”. “El Consejo no debe entrar en indefensión y debemos velar [por] los intereses de esta institución hasta que venzan nuestros mandatos”, sostuvo.

Vanesa Siley, consejera diputada y referente del gremio SiTraJu (Sindicato de Trabajadores Judiciales), cuestionó con fuerza la decisión de la oposición de rechazar el reglamento. Se refirió en particular al punto de la “gestión de los recursos humanos en materias excepcionales e inicio de actuaciones disciplinarias”. Puntualizó que “es muy importante para la vida de este poder del Estado, [teniendo en cuenta que] el 70% de las licencias son psiquiátricas, fundadas muchas veces en la violencia laboral”. Y abrió otra ventana de posibilidad: “Si no votamos esta delegación, no lo va a hacer nadie, a no ser que la propia Corte incumpla su fallo”. Luego enfatizó: “Somos el órgano de conducción política del Poder Judicial”. Siley agregó que “todos tenemos el espíritu de que salga una nueva ley. Debemos trabajar sobre eso y no cambiar de caballo a mitad del río porque aparecen llamados o presiones, porque quienes lo hacen no llegan por representación del voto popular” e instó a no frenar el trabajo del Poder Judicial: “Le debemos a la sociedad que las instituciones funcionen: hablo de un divorcio, un accidente de tránsito”, detalló.

El opositor Recondo, que votó en contra del reglamento, advirtió sobre una posible “ultra-actividad del Consejo”. “Mi largo ejercicio me da la absoluta seguridad de que la Corte, como cabeza del Poder Judicial, se va a hacer cargo de este tema”, planteó, en sintonía con Marías.

Por su parte, Lugones pidió “cuidar la integración del Consejo”. “La propia Corte dijo que iba a asumir cuando esté completa la integración”, sostuvo. Y hasta el momento no lo está. Lugones recordó que cuando la integración no fue “plena” se logró destituir al juez Eduardo Freiler, cuyo caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y apuntó: “Mi amigo Diego Marías dice que ‘la Corte va a venir’. ¿Qué es esto? ¿Una instrucción o una información?”. Dijo que, como presidente del órgano, no le informaron ni oficial ni extraoficialmente qué haría la Corte. El titular del Consejo reiteró que tiene mandato hasta mediados de noviembre y “si no les gusta, nos vemos en las urnas, pero no antes del 18 de noviembre”. “Los que somos amigos de todos no somos amigos de nadie. Cuando hay que jugarse, hay que jugarse”, cerró Lugones.

 

 

Las ternas, pendientes de aprobación

Minutos después de las 8:30 del miércoles, el consejero Ustarroz admitió que el oficialismo no llegó a los nueve votos necesarios para aprobar las ternas en los concursos que tienen en juego más de 50 cargos de jueces y juezas. “Hicimos muchos esfuerzos para llegar a los 2/3 del Consejo y no hemos arribado a ningún acuerdo”, dijo. Y enfatizó: “Fuimos generosos en nuestra oferta hacia el grupo que debería haber generado esos dos votos que faltaban, arrimamos, estuvimos a uno y no llegamos”.

“Es cierto que no vamos a aprobar ninguna terna hoy”, señaló Pablo Tonelli, pero dijo que no hubo “tantos esfuerzos para arribar a consensos” y que “faltó conversación entre nosotros”. Aseguró su “compromiso” como diputado en dictar una nueva ley “como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la 26.080”. Tonelli volvió a reclamar, como en casi todas las sesiones del Consejo, al Senado que de acuerdos y al Ejecutivo que elija candidatos de las ternas que se elevan.

El Consejo tiene pendiente aprobar ternas en 17 concursos que definirán cargos de jueces y juezas de primera instancia y de Cámaras y Tribunales Orales de todo el país, entre ellos para los juzgados federales (3 cargos) y para la Cámara Federal (2 cargos) de Capital, que funciona en Comodoro Py 2002.

 

 

Todo al 18

La abogada Jimena de la Torre, funcionaria de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri y cabeza de la lista “Abogacía por la Independencia Judicial” que se impuso en las elecciones del estamento de abogados, dijo en un canal de televisión que el lunes 18 se presentará junto con la segunda consejera-abogada María Fernanda Vázquez (decana de Derecho de la Facultad de Lomas de Zamora), la consejera jueza Agustina Díaz Cordero y el presidente de la Corte Horacio Rosatti (“según los trascendidos”, aseguró) a asumir sus mandatos en el Consejo de la Magistratura.

En el fallo de diciembre de 2021, la Corte dijo que todos los nuevos consejeros deben asumir al mismo tiempo. Para llegar a la integración de 20 (que prevé la ley 24.937) ya fueron designadas dos abogadas (De la Torre y Vázquez), una jueza (Díaz Cordero), el mismo lunes 18 se elegirá a la académica (sería Pamela Tolosa, decana de la Universidad Nacional del Sur). Rosatti es el candidato cantado y faltan un/a senador y un/a diputado/a.

 

 

 

 

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