En Mendoza también

 

Acepté ser perito técnico de la defensa de la organización Túpac Amaru de Mendoza en marzo de 2019; habían pasado casi dos años de persecución judicial y la consiguiente paralización de las obras, y la Fiscalía que lleva adelante las acusaciones acababa de nombrar como peritos técnicos de la causa a siete profesionales que a su vez son funcionarios contratados por el ex gobernador Alfredo Cornejo.

Esta causa es muy similar a la de Milagro Sala en Jujuy, con algunas particularidades. La persecución política y judicial contra la Túpac Amaru de Mendoza y ex funcionarios causa la pérdida de millones de pesos en materiales, mano de obra y tiempo. Aplicando una doble vara, la Fiscalía imputó sólo a intendentes y directores peronistas del Instituto Provincial de la Vivienda por firmar el mismo tipo de acuerdos de obras que intendentes y funcionarios radicales.

Cuando la entonces Octava Cámara del Crimen resolvió que las acusaciones no constituían delito, el gobernador Alfredo Cornejo los fustigó públicamente, pidió su destitución y apuntó al control de la Suprema Corte de Justicia. Al sumar un nuevo integrante de la Corte radical, José Valerio, la fiscalía apeló el fallo de la Octava Cámara del Crimen con la seguridad de hallar la forma de que la causa no muriera. Para eso había que encontrar algo, algún delito.

Lo primero que se les ocurrió fue enviar a un policía de los que hacen la seguridad de las obras a que contara las viviendas y anunciaron en la prensa que faltaban casas. Fueron las mismas autoridades radicales del IPV las que reaccionaron llamando a la Fiscalía para explicar que en el Instituto contaban con la geolocalización de cada una de las obras terminadas o en construcción, y que se ofrecían a dar los detalles y las coordenadas precisas para que no quedasen lugar a dudas. En efecto, no faltaba ni una sola construcción, y por cierto, los medios de comunicación de la provincia omitieron aclararlo.

Aquí es cuando aparece la necesidad de realizar peritajes; como las casas están, “hay que encontrar algo que esté mal”. Me plantearon visitar las obras que quedaron paralizadas por la causa judicial, unas 250 en Lavalle y 50 en Guaymallén, pero luego me citaron a peritar casas ya terminadas y entregadas hacía cuatro, cinco y hasta diez años. Es el caso de las viviendas del Distrito Ingeniero Gustavo André, una localidad muy pequeña y alejada de Lavalle. Este fue un proyecto rural muy particular, no sólo porque las casas son más grandes que el resto de las viviendas sociales —72 metros cuadrados— sino también porque estuvo pensado para que lo realizara una empresa constructora. Ocurrió que nadie quiso construirlas porque los costos se encarecían mucho con la distancia, y entonces la responsabilidad la asumió la Túpac Amaru.

 

 

 

 

 

La organización barrial Túpac Amaru había comenzado a construir casas en el 2007, bajo el liderazgo de Nelly Rojas, una enfermera del Hospital Público de Lavalle, ya jubilada, quien como Milagro se formó en la militancia como delegada de ATE. Ella no dudó en ponerse al frente de lo que le reclamaban sus ex compañeras y vecinas: construir viviendas para sus familias.

Lavalle, tierra de huarpes, está en el noreste de la provincia, lejos del Oasis. Si bien integra junto con Las Heras, Guaymallén y Capital el primer distrito electoral, su peso político es muy bajo, lo que influyó a la hora de decidir la construcción de viviendas sociales. Mendoza, a su vez, tiene un déficit habitacional mayor que otras provincias. Por este motivo es que si bien la organización social construyó muchas casas en Lavalle, decidió trabajar en otros departamentos de la provincia, en más de la mitad de ellos. Trabajaron con intendentes de distinto signo político, inclusive con quien después se dedicó a perseguirlos: Alfredo Cornejo.

 

 

 

 

Construir en territorios alejados requiere una logística muy aceitada; el desafío lo superó la organización social. Por ejemplo, se construyeron barrios en el Valle de Uco y en Tupungato, a unos 100 kilómetros de Mendoza. Esa experiencia es significativa porque debían comprar en los hornos ladrilleros del sur, en San Rafael, que venden gran parte de su producción a La Pampa, Neuquén y Río Negro. El tema es que en esas provincias, al no tener exigencias sísmicas, no tienen problema en que los mampuestos sean cada vez más chicos.  Cuando llegaron los ladrillos a la obra en Tupungato una inspección del IPV los prohibió para los muros exteriores, y hubo que traer ladrillones desde Las Heras con transporte propio. Si la organización no hubiese encontrado esta solución, dicho barrio no existiría.

Lo que demuestra que los controles técnicos funcionaban. De hecho, desde el punto de vista técnico de la construcción todos los profesionales de distintas reparticiones y estamentos del Estado, ya sea de la Municipalidad de Lavalle, Guaymallén bajo administración radical, e IPV tanto del gobierno peronista como del gobierno de Cambiemos, coinciden en desmentir que las casas tuviesen problemas o patologías derivadas de su construcción, material o mano de obra. Incluso las auditorías nacionales del gobierno de Mauricio Macri. Veamos por caso el ACU2226/14. Junto con el ACU2227/14 forman parte de las casi 300 casas que quedaron inconclusas. Son dos acuerdos firmados por la Túpac Amaru de Mendoza con la Nación en diciembre de 2014. El primero de ellos era por 150 casas, 100 en Lavalle y 50 en Guaymallén, repartidas a su vez en 20 ubicadas en el Distrito Kilómetro 11 (tercera etapa) y 30 en el Barrio Higueritas.

El ACU2226/14 se firmó por un monto total de 56.868.700 pesos, es decir, un promedio de 7.000 pesos el valor del metro cuadrado. El inicio de obra fue en septiembre de 2015, cuando el valor del metro cuadrado ya rondaba los 8.300 pesos. En diciembre del mismo año, con el cambio de gobierno, la Nación suspende la construcción para hacer una auditoría que concluye en marzo de 2016. Para entonces el metro cuadrado ya cotizaba a 9.000 pesos. Las obras en Mendoza continuaron pese a que el 16 de enero de ese año la detenían a Milagro Sala en Jujuy. Así llegamos a abril de 2017, es ahí que se produce la detención de Nelly Rojas y otros dirigentes de la Túpac Amaru y las obras se paralizan. En ese momento, el valor del metro cuadrado superaba los 13.000 pesos. Los valores del metro cuadrado son aproximados. Están extraídos de la página del Colegio de Arquitectos de Mendoza y son similares a los que históricamente maneja el IPV en sus licitaciones para Constructoras. El ACU 2226/14 que firmó la organización social era de $ 6114,26 el m2, o sea un 20 % inferior a estos valores.

 

 

 

 

Vale recordar que este Programa de Integración Socio-comunitaria no tenía prevista la actualización del monto otorgado. Y que todas las obras en construcción promediaban entre un 20 y un 25% de avance físico, habiendo cumplido con todo lo estipulado, comprado todos los materiales para terminar todos los barrios, tenía la mano de obra al día y el avance físico acorde a los desembolsos financieros. Todo esto se logró pese a que el 50% del presupuesto se lo devoró la inflación del primer año de gobierno de Mauricio Macri.

En agosto de 2018, un grupo de profesionales de la Secretaria de Vivienda de la Nación dependiente en ese momento del Ministerio de Obras Públicas, cuyo titular era Rogelio Frigerio, elaboró un informe donde describió la obra de la Túpac Amaru en Mendoza, y en referencia a las casas que quedaron paralizadas detecta como problema la exposición ambiental y el tiempo transcurrido de la paralización, como humedad en paredes, estructuras de cubierta de rollizos de madera y cielorrasos de machimbre sin protección. Es decir: nada objetable a la organización social, al material ni a la mano de obra, que en gran medida provenían de ser beneficiarios de planes sociales a los que hubo que capacitarlos previamente. El problema era la paralización de la obra.

Como agravante  de esta situación se suma la falta de seguridad. Hoy nos encontramos con las 100 viviendas de Lavalle paralizadas, sin seguridad, algunas vandalizadas, mientras que en Guaymallén sucede algo llamativo: en las 30 del Barrio Higueritas se robaron ladrillones y las columnas fueron cortadas de cuajo, para disimular la impericia, el IPV las terminó demoliendo. En Kilómetro 11 las construcciones sí fueron protegidas por los vecinos de la primera y segunda etapa; se adjudicó a una constructora, por supuesto con valores actualizados que quintuplican lo acordado con la Túpac Amaru, y para el mes de mayo tienen previsto entregarlas terminadas.

 

 

 

 

 

Una pregunta obligada es cómo tres obras que tienen el mismo diseño de vivienda, los mismos materiales, la misma calidad de mano de obra, pudieron correr tan distinta suerte. La respuesta tiene más que ver con la arbitrariedad o la persecución política que con la técnica de la construcción y la prueba está en las casas terminadas sin necesidad de realizar ninguna modificación estructural.

 

 

 

 

Volvamos a comienzos de 2019 y al “había que encontrar algo, algún delito”. Ese año la Fiscalía imputó al intendente Roberto Righi, de Lavalle, junto a ex presidentes y directivos del IPV, todos peronistas, a tan sólo 2 días de las PASO municipales. Fueron imputados por firmar los mismos acuerdos que suscribieron intendentes y funcionarios radicales, como Alfredo Cornejo, ex intendente de Godoy Cruz, quien ni siquiera está siendo investigado. El mismo que ordenó destruir obras de barrios financiados en su totalidad por recursos financieros del Estado Nacional.

Arquitecto Oscar Giammatteo

Defensa Técnica caratulada “F. C/ RIGHI OLAIZ ROBERTO VICTORIO Y OTS. P/ FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

 

 

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