En los márgenes

 

En la medición anualizada (septiembre 2020-2021), la variación de precios de los alimentos y bebidas saltó más que la media nacional, al registrar una variación del 53,4 por ciento. Desde noviembre del año pasado, el diagnóstico de Cristina Fernández de Kirchner era que había que fortalecer los controles de precios, sobre todo de los alimentos que inciden en los sectores populares. El instrumento era (y es) la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y el Consumo, sancionada en 2014 y que modificó a la Ley de Abastecimiento de 1974. En ese texto se habla de establecer márgenes de rentabilidad.

Más allá del certero diagnóstico, Alberto Fernández tomó una decisión hace pocos días, cuando se designó a Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio Interior. El cambio, anunciado un sábado, fue una suerte de paraguas ante los datos de la inflación de septiembre, que en la variación mensual creció un punto, hasta el 3,5%. El gobierno nacional está frente a tamaño desafío al pretender, tal como anticipó Feletti, discutir márgenes de rentabilidad con un establishment poco propenso a mostrar sus reales costos de producción.

 

 

Márgenes de rentabilidad y especulación

El primer diagnóstico esbozado por Feletti al asumir en la Secretaría de Comercio Interior fue que el peso de los alimentos sobre los salarios había crecido. Si en 2019 era del 9%, para este año se ubica en el 11%. De ahí el primer intento de consensuar un congelamiento de precios para 1.200 productos.

“Yo quise formalizar un acuerdo para que fuera consensuado sin mayores traumatismos. Evidentemente si esto no llega, vamos a tener que aplicar las leyes”, sostuvo el funcionario. Durante el debate organizado por El Cohete a la Luna, ya adelantaba que “las regulaciones de precios son necesarias”. La ley que podría aplicar es la 26.991 (Regulación de las Relaciones de Producción y el Consumo). Cuando en noviembre del año pasado le acercaron al Presidente una propuesta para fortalecer la Secretaría de Comercio Interior, se pensaba en la posibilidad de contar con un observatorio para evaluar costos y márgenes. Pero primó la idea de que demasiados controles podrían espantar inversiones. Ahora, con una inflación interanual que no para de crecer, el escenario es distinto. Aunque se sabe que una ley es sólo un instrumento.

“Desde febrero en adelante se percibe una disociación de la evolución de los precios respecto de los costos de producción y distribución. El tipo de cambio entre marzo y septiembre varió sólo 10%, mientras que los precios lo hicieron un 27%. Algo parecido puede decirse de tarifas e incluso de combustible, con una evolución desde principios de 2020 hasta hoy por debajo de la inflación. Tampoco los salarios, que recién empiezan a recuperar parte del terreno perdido, pueden explicar incrementos en costos”, puede leerse en el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Por lo tanto, una primera conclusión sería que, ante la posibilidad de que el gobierno inyecte más recursos para los sectores populares hacia fin de año, los formadores de precios (fabricantes y distribuidores de alimentos) remarcaran anticipadamente para maximizar sus ganancias a partir de esa posible recuperación nominal de ingresos de los sectores populares. Para algunos una cuestión meramente racional. Para otros, pura especulación.

El miércoles pasado, Feletti estuvo reunido con representantes de las principales alimenticias, entre ellas Arcor, Molinos, La Serenísima y Mondelez. Arcor, de la familia Pagani, obtuvo una rentabilidad neta durante el primer semestre de este año de 8.806 millones de pesos, un 418% más que la registrada en el mismo período de 2020. Y Molinos Río de la Plata (Grupo Pérez Companc) obtuvo el año pasado una rentabilidad neta de 1.746 millones de pesos. En los primeros seis meses de 2021, registraron una ganancia de 998 millones de pesos.

En el caso de los lácteos, tres empresas manejan el 75% del mercado: Danone, SanCor y La Serenísima, del Grupo Arcor. Entre diciembre de 2015 y agosto de este año, el precio del litro de leche se multiplicó por cuatro. “Entre oferentes y comercializadores no debe haber más de una treintena de empresas. La concentración tiene un beneficio, que son pocos, y un perjuicio, que son poderosos”, analiza Feletti.

La tarjeta AlimentAr transfiere 27.000 millones de pesos a los grandes supermercados, analizan desde el bloque de Diputados del Frente de Todos. Es decir, una suerte de subsidio encubierto a la concentración. Algo tiene que cambiar. Aunque para alinear rentabilidades, precios y salarios tampoco alcance con un solo instrumento . Toda la política económica debería actuar en consecuencia.

 

 

Nuevos interlocutores

El martes de la semana pasada, el Presidente almorzó con varios dueños y ejecutivos de empresas, entre ellos, Alejandro Simón (Grupo Sancor Seguros), Hugo Eurnekian (Corporación América), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Francisco De Narváez (Grupo De Narváez), Jorge Brito (Banco Macro), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Marcos Bulgheroni (PAE).

 

 

También participó Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, quien explicó: “Hay una intensificación y un cambio en el modelo del diálogo. Lo usual era convocar a las gremiales como la UIA (Unión Industrial Argentina) y AEA (Asociación Empresaria Argentina), sobre todo en el gobierno anterior. Ahora se convoca a los dueños de grandes empresas”.

—¿Cuáles fueron los principales planteos hacia el gobierno nacional?

—Hubo una amplitud en la conversación. Se respondieron todas las preguntas, más allá de si alguna era más o menos amable. Se entró en temas molestos, como el acuerdo con el FMI o la reforma laboral. Esto último no creo que sea un tema prioritario.

—Los empresarios que exigen un rápido acuerdo con el Fondo, ¿lo hacen porque necesitan o quieren volver a tomar deuda?

—Algunos creen que se les abrirá el mercado de crédito en forma inmediata. Pero tener las tasas de interés que tienen otros países llevará su tiempo. El tema es quién paga la fiesta.

Madanes Quintanilla se convirtió en una especie de vocero del Poder Ejecutivo esa misma semana. Después de rechazar en público la reforma laboral reclamada desde la tribuna del Coloquio de IDEA, el dueño de Aluar cerró un principio de acuerdo con la Secretaría de Energía por el que se congela el precio de la electricidad que sale de Futaleufú, la hidroeléctrica que no sólo es operada, sino que fue creada específicamente para el fabricante monopólico de aluminio. Ante El Cohete, Madanes Quintanilla reconoció que, como parte de ese acuerdo, están dispuestos a discutir precios con sus proveedores. No sería un dato menor, sobre todo porque muchas pymes industriales recibieron en el año aumentos del 100% en el aluminio. Un buen punto de partida para la discusión sobre los márgenes de rentabilidad asociados a la altísima inflación.

Para ahondar en la historia de la hidroeléctrica y Aluar, vale recordar el libro del historiador Jorge Oriola titulado Presa Futaleufú, entre cipreses y aluminio. “No podemos hablar del caso de la construcción del Complejo Futaleufú sin hacer las debidas aclaraciones relacionadas con Aluar, en Puerto Madryn. Ese proceso, que se convirtió en los años '70 en una de las mayores denuncias de corrupción de nuestra historia, está íntimamente vinculado a la Presa, ya que el Estado nacional decidió que en la embocadura del río Futaleufú debía construirse la central productora de energía que posibilitaría la fabricación del aluminio en la costa”, sostiene Oriola, quien recuerda otros escritos, como el libro del ex senador Hipólito Solari Yrigoyen (El escándalo Aluar, de 1976) y un dictamen de la Comisión Bicameral de 1975. Lo que se había pensado como una planta de aluminio que sirviese de llave para la soberanía económica y una producción eléctrica que beneficiase al desarrollo productivo de la región, no lo fue, enfatiza el historiador que vive en Esquel.

 

 

La concesión de la hidroeléctrica vence en 2025. Mientras tanto, el gobierno llegó a un principio de acuerdo con Aluar para mantenerles el precio de la energía. A cambio, Madanes Quintanilla se comprometió a impulsar inversiones y a contribuir a la reactivación de las pymes industriales que utilizan el aluminio como insumo clave. “Si el tema es el precio del insumo, tendremos que revisarlo”, enfatiza el ejecutivo.

El análisis de los márgenes de rentabilidad que propone Feletti podría arrancar por Aluar. Hay pymes que recibieron, en lo que va del año, incrementos del 100% en el aluminio, mientras que a las pequeñas autopartistas de la provincia de Buenos Aires les aumentaron casi un 90% las piezas de aluminio que manejan, que a su vez contienen aleaciones de otros materiales.

En su ejercicio cerrado en junio de este año, Aluar anotó una ganancia neta de 4.641 millones de pesos. En el ejercicio anterior había registrado una pérdida de 3.383 millones (que luego corrigieron en 5.000 millones), mientras que en 2019 su ganancia neta fue de 10.291 millones de pesos.

El economista Martín Carballa realizó un análisis sobre cuánto pagan en impuestos (Ganancias, cargas sociales, entre otros) las grandes corporaciones. En el caso de Aluar, sería sólo el 6,45% de lo facturado. Es decir, habría espacio para discutir márgenes de rentabilidad y presión fiscal con las grandes empresas.

 

 

Autoritarismo a la carta

“En otras épocas electorales no nos animábamos a hablar de inflación y reforma laboral. Ahora sí”. El moderador José del Rio, del diario La Nación, habló como un empresario más. El mensaje era claro. Ya no les tenemos miedo, pareció interpelar el periodista durante uno de los primeros paneles del Coloquio de IDEA.

De principio a fin, lo que unificó las diferentes exposiciones fue el reclamo para una reforma laboral. El establishment económico ya tiene su plan. Ni Alberto Fernández pudo eludir el tema al momento del cierre del Coloquio, cuando sostuvo que la doble indemnización y la prohibición de despidos son medidas de excepción. En concreto, el establishment reclama facilidades para contratar (baja de impuestos) y facilidades para despedir. Les trabajadores, por más que ahora sean denominados colaboradores, aparecen como un commodity más.

A este cronista le llamó la atención un dato dicho al pasar, pero que está en línea con el insistente discurso de que “la política es mala”, propalado por los medios de comunicación hegemónicos porteños, empresarios y candidatos más o menos libertarios. Mientras el Frente de Todos intenta establecer un nuevo vínculo con el establishment basado en el diálogo, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, sostuvo durante el Coloquio de IDEA que el 42% de lxs argentinxs no tendría inconvenientes en que haya un gobierno autoritario y que a otro 14%  le sería indiferente con tal de que “las cosas funcionasen”. “El apoyo a la democracia cayó 20 puntos desde 1995”, agregó.

El dato no pareció moverle un pelo a ninguno de los y las participantes del cónclave. Es que saben, en su interior, que el poder económico siempre queda.

 

 

 

 

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