En la mira

 

Confusión, escándalo y vacío. ¿Qué pasó en Dolores? ¿Por qué Mauricio Macri no prestó declaración? Prometía ser una jornada histórica: primera vez de Macri indagado en persona como imputado en un hecho judicial. Pero eso se desvaneció rápidamente por los aires. Mauricio Macri había asistido a declarar después de dos faltazos, pero el trámite quedó suspendido por la falta del permiso que eximía al ex mandatario del secreto de Estado. Así lo solicitó la defensa después de que el secretario judicial del juez Martín Bava leyera la acusación, así lo avaló la fiscalía, así en definitiva lo concedió el juez Bava. Confusión, escándalo, vacío: nadie sabía bien qué era lo que había ocurrido.

Antes de eso, Macri había hablado en una plaza cerca de los tribunales, donde fue acompañado por Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Hernán Lombardi y algunos seguidores acérrimos, ante una modestísima convocatoria de público –apenas entre 300 y 400 personas- que no llegó ni por asomo a los 400 micros que se habían prometido por redes sociales. En un acto político fuertemente repudiado por los parientes de las víctimas del submarino, que pidieron suspenderlo, a Macri no le importó el dolor y se volvió a calificar como víctima de la persecución política aunque esta vez, en su escueto discurso, adoleció del apoyo presencial de Horacio Rodríguez Larreta, de María Eugenia Vidal, del radicalismo y de un amplio espectro de la coalición de la que es miembro fundador. Fue la imagen de un líder abandonado en la mira de la justicia. ¿Triste, solitario y final?

 

 

 

 

Lo que ocurrió en sede judicial, con el correr de los minutos, ocasionó una pléyade de dudas. La discusión técnica que muchos comentaristas obviaron fue que, en realidad, Macri no necesitaba relevamiento del secreto para declarar. Uno de los argumentos de peso del juez fue que el espionaje a los familiares del ARA San Juan no se habría efectuado, según las pruebas del expediente, dentro del marco de la Ley de Inteligencia Nacional. Por tal razón, en rigor, es que es considerado ilegal. “La inteligencia es instrumental a todo gobierno. El problema es cuando se hace de forma ilegal, sin orden judicial”, había dicho en su momento el fiscal Daniel Adler de Mar del Plata, el primer funcionario judicial en investigar cómo se efectuó la inteligencia por fuera de los límites de la ley a los familiares de los tripulantes fallecidos.

En los pasillos de Dolores, un agente judicial cercano al juez Bava lo explicó con las siguientes palabras: “Salvo que la defensa quiera revelar que los familiares estaban siendo espiados por ser presuntos terroristas o algo que haya puesto en jaque la seguridad nacional, lo del secreto de Estado no tiene entidad. Supongamos que la AFI se entera que alguien va a poner una bomba contra el Presidente, es algo urgente y se necesita obrar con celeridad. Aún así, un juez tiene que estar al tanto. Pero en el espionaje a los familiares del ARA obraron durante un año y medio y sin autorización de ningún juez ni de nada. Entonces, ¿para qué la defensa esgrime lo del secreto de Estado si aquí estamos hablando de un delito por fuera del marco de lo que permite la inteligencia habiendo estado él como Presidente?”

—Lo del revelamiento del secreto fue una mera formalidad que el juez no había tomado en cuenta por considerarla intrascendente, y que el jueves simplemente cumplió para dar conformidad a todas las partes. Ahora, con el decreto firmado por el Presidente Alberto Fernández, no hay nada más que impida que Macri se presente y diga la verdad sobre el espionaje —agregó, en la mañana del viernes, una alta fuente judicial de la fiscalía de Juan Pablo Curi, quien junto al juez Martín Bava lleva la causa en Dolores.

¿Por qué, más allá de sus argumentos de peso, y después de la respuesta del 6 de octubre de Cristina Caamaño, interventora de la AFI, el juez Bava no notificó de inmediato para que se relevara el secreto de inteligencia a Macri? ¿Es un error que le puede costar caro al juez, pese a que la Cámara Federal de Mar del Plata lo había ratificado en su cargo luego del pedido de recusación de la defensa?

¿Fue más que una mera formalidad no cumplida? ¿O el juez, con toda la presión mediática y política a cuestas, esperó tener a Macri cara a cara para que no quedara ningún obstáculo técnico y le concedió su último pedido?

Bava podía haber tomado declaración a Macri aún en esas circuntancias. Así ocurrió durante meses en la causa del espionaje de Dolores, mientras estuvo a cargo de Alejo Ramos Padilla. Aquel juez tomó declaración a agentes de la AFI en calidad de imputados como lo está Macri. En numerosas ocasiones escuchó al fiscal Curi advertir a quien tenía que declarar que sus palabras podrían estar sujetas al secreto de la Ley de Inteligencia. En esos casos, Ramos Padilla le pedía a Curi que por favor no hablara en nombre de la defensa. Y al imputado le ofrecía que hablara con la reserva del caso. Muchas declaraciones tuvieron así una parte pública expuesta a los actores de la causa. Y una parte reservada, que es lo que podría haber ocurrido en este caso.

Pero nadie sabe dar una sola respuesta. En lo concreto, y mirando hacia el escenario futuro, hay una sola certeza: el 3 de noviembre Bava citó nuevamente al ex Presidente luego de que Alberto Fernández lo relevara —con urgencia, por decreto— de cumplir el secreto sobre cuestiones de inteligencia. Y un nuevo dato da cuenta, tal vez, de la hipótesis del empoderamiento del juez luego del escándalo del jueves: la audiencia será presencial y no vía Zoom, como pretendía la defensa de Macri.

El Presidente apuró el escrito antes de partir a Roma por la cumbre del G20. La postergación de la indagatoria fue vitoreada por los simpatizantes de Macri como prueba de que la única intención política era citarlo a poco de las elecciones legislativas del 14 de noviembre para, después de la indagatoria, pedir su procesamiento y llegar en esa condición a los comicios. Por eso, cargaron contra el juez por su supuesta celeridad en convocarlo.

 

 

 

—Tarde o temprano, Macri estará sentado en el banquillo de acusados. En esta causa es imposible que zafe y en su partido político lo saben, por eso la movilización fue tan pobre. Las pruebas son notorias y él no podía no saber lo que sus informantes hacían porque todo el esquema de inteligencia dependía de su mando. El juez no especuló con las elecciones de noviembre, sólo fue por él después de indagar a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani —agregó el agente judicial cercano al juez Bava.

Para el abogado querellante Luis Tagliapietra, Macri, como ex máxima autoridad de la AFI, está en otra situación que la de Arribas y Majdalani, por los que sí se había pedido el relevamiento del secreto de Estado. “Se está investigando un delito de orden público, pero no está vinculado a la seguridad nacional. Cuando se empezó a investigar el hundimiento del submarino, ahí se hizo un relevamiento del secreto de Estado por las misiones que tenía la nave. En el caso del espionaje de la AFI, no existe sustento legal para pedir el secreto”, explicó el letrado.

Macri ha variado su discurso. Primero dijo que no sabía nada. Luego explicó lo del funcionamiento de la Casa Militar, donde contempló tareas de inteligencia. Y ahora pidió el relevamiento del secreto de Estado. Los querellantes sienten que ya se le agotaron los recursos.

“La verdad es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que saber con quién va a reunirse”, dijo Macri en una entrevista antes del último jueves. Valeria Carreras, otra de las abogadas querellantes, pidió al juez que incorpore la grabación como prueba. Entiende que Macri buscó decir que la AFI registraba los movimientos de los familiares porque tenía que conocer si existía algún riesgo para la seguridad presidencial. Ese argumento ya lo había empleado en su indagatoria la ex subdirectora general de la AFI, Silvia Majdalani, quien declaró que la AFI hacía tareas de “adelantado previamente” junto con la Casa Militar y en enlace con la custodia presidencial.

Sin embargo, Bava rechazó esa explicación: lo que no puede entender es cómo un grupo de mujeres que iban a entregar un petitorio al entonces mandatario, desesperadas en la búsqueda del submarino, habían significado un peligro tal como para las filmaran, les sacaran fotos, les espiaran sus redes sociales y hasta les armaran fichas de inteligencia. Para quienes siguen la causa esto es una imagen como la de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en plena dictadura militar. Hasta entonces, los militares podían usar las teorías de la seguridad nacional de la guerra fría para defenderse. Pero a partir del seguimiento a las Madres ya no pudieron decir nada. Es lo que ocurre en este momento con el ARA San Juan.

“Ante el pedido de relevamiento de secreto del imputado Macri, como querellantes estamos expectantes de lo que tenga para decir dentro de dicha órbita preservada por la Ley Nacional de Inteligencia. ¿Acaso aportará la explicación que motivó la baja de los 44 celulares de la tripulación el día 11/03/2018? ¿Acaso tendrá relación con los intentos de ingreso a los emails de los tripulantes durante el 2018? ¿Será que alguno de los familiares tenía información en su casa que fuera reservada? ¿Qué relación puede tener esta causa de espionaje ilegal sobre un puñado de familiares de víctimas con la ley de inteligencia nacional? ¿Acaso los buques pesqueros El Repunte y Rigel estaban pescando en áreas cedidas por el gobierno de Macri a navieras extranjeras?”, se preguntó en un comunicado la abogada Valeria Carreras.

El camino que recorrió el juez Bava para llegar a Macri, en realidad, como viene anticipando este medio desde el año pasado, arrancó en las primeras investigaciones del fiscal Daniel Adler en Mar del Plata. Bava lo imputó como máximo responsable, en su cargo de ex Presidente, por haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas”. La vigilancia, en efecto, iba más allá del “perímetro” que señaló Macri cuando habló de las tareas de la Casa Militar: hay escenas concretas de cómo a los familiares se los siguió cuando fueron a manifestarse frente a la Base Naval de Mar del Plata o cuando se reunieron en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón.

“Los cargos más altos de la Agencia Federal de Inteligencia fueron quienes llevaron adelante la planificación, la organización y la distribución de la información ilegalmente producida por la Delegación de Mar del Plata; la cual, sin dudas, llegó a lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional”, se lee de forma categórica en el expediente que investiga cómo los espías, entre fines de 2017 y a lo largo de 2018, anticipaban a Macri todos los reclamos que planeaban hacer los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos. Sabían, en efecto, quiénes serían las viudas y otros familiares que hablarían en las reuniones con funcionarios y hasta qué petitorios iban a presentar.

Como el caso de Malvinas Vallejos, hermana de un tripulante del ARA San Juan. Ella fue una de las víctimas directas del espionaje y su caso ocupa una de las fichas personales que los vigilantes trazaron en sus informes a través de seguimientos, infiltración en marchas, hackeo de correos electrónicos, registros fotográficos y de sus perfiles de redes sociales, tal como viene denunciando El Cohete a la Luna. “Fuimos manoseados y tan maltratados en la búsqueda del submarino que hasta Macri nos espió. Fue algo muy morboso”, se indignó Zulma, su madre.

Las primeras denuncias en sede judicial sobre el espionaje ilegal se realizaron en abril de 2018, cuando las víctimas notaron que sus celulares experimentaban llamativas irregularidades. “No fue una tragedia: a los tripulantes los mandaron al muere con una nave repleta de desperfectos”, decía en aquel momento la abogada querellante Valeria Carreras. “Eso es lo que reclamaban las mujeres de las víctimas. Y encima que las maltrataban cuando los recibían en Casa Rosada, por atrás sabían quiénes eran las que organizaban las marchas y qué tipo de reclamos iban a hacer. El espionaje fue para adelantarse a sus reclamos y ofrecerles falsas promesas. Antes de que un fiscal investigara, lo denunciamos en la Justicia y nos trataron de locas”.

El perfil de las esposas de los tripulantes que espiaron desde la AFI macrista era preferentemente el de mujeres jóvenes, sin experiencia previa en movilizaciones, mujeres del interior del país que en su mayoría se habían mudado a Mar del Plata para acompañar a sus maridos en la Armada, con sus hijos a cuestas. A ellas se les unieron en el reclamo los familiares de otros barcos pesqueros hundidos, como el “Rigel” y “El Repunte”.

 

 

 

 

 

Pese a las denuncias previas de la querella, la causa por el espionaje ilegal recién se originó en septiembre de 2020 –y tras un allanamiento en la AFI de la delegación Mar del Plata– cuando la Justicia Federal se encontró impensadamente con una pila de discos y material digital. Al abrirlos, comprobaron que eran registros del espionaje a las viudas. La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, convocó a los medios a una conferencia. Luego radicó la denuncia, donde pidió la indagatoria de Macri, de los ex jefes de la AFI Arribas y Majdalani, del director de Reunión Interior –una dependencia de la ex-SIDE dedicada a recolectar información desde las provincias y del jefe de la delegación marplatense de la AFI. El pedido de Caamaño –con el correr del tiempo– se fue convirtiendo en realidad, una rareza en los tiempos lentos de la Justicia cuando se trata de una pesquisa que compromete a poderosos de la política.

El de Vallejos es uno de los seis hechos concretos por los que el juez Bava indagará a Mauricio Macri. Los investigadores confirmaron a este medio que no existe ninguna fisura para contradecir la hipótesis de un espionaje ilegal organizado y sistemático contra los familiares del San Juan. Hipótesis directriz que empezó a diseñar el fiscal Adler y continúa ahora el juez Bava junto al fiscal Curi.

“No deja de sorprender a este magistrado que casi la totalidad de las víctimas resultan ser mujeres. Son las madres, las hermanas, las parejas de los tripulantes del submarino y de los buques Rigel y El Repunte, que solo buscaban –y buscan– saber qué pasó con sus seres queridos”, enfatizó el magistrado en un pasaje de la causa.

Los métodos eran diversos. Se acercaban a las mujeres, primero por redes sociales y luego en las reuniones alrededor de la Base Naval, ganándose su confianza. Agentes que llegaron a hacerse pasar por periodistas o por brujos y mentalistas que decían tener visiones sobre la nave. “Y eran profesionales al estilo de Alfredo Astiz. Espías que posaban con actitudes angelicales, apoyando buenas causas, y que por detrás pasaban información”, explica la abogada Carreras.

“Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri”, corroboró Bava en el expediente. Con la nueva fecha del 3 de noviembre, algunos familiares vuelven a ilusionarse. “Esperamos que se presente todas las veces que lo llame la Justicia y no mienta. Hay pruebas irrefutables como reuniones en Casa Rosada con los familiares donde él sabía de antemano qué le íbamos a presentar en el petitorio. Eso porque los espías ya lo habían puesto al tanto de nuestros reclamos. Macri no puede callar al respecto”, dijo Isabel Polo que perdió a su hermano, Daniel Alejandro Polo, en el hundimiento del submarino.

 

 

 

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