En la lona

 

Después de casi trece años de recursos y suspensiones, el ex juez Ricardo Lona se sentó ante el tribunal oral federal 2 de Salta para responder sobre las acusaciones que lo vinculan con delitos de lesa humanidad antes y durante la última dictadura. En este juicio, Lona –quien fuera el único juez federal de Salta– enfrenta cargos por encubrir y no investigar la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

El proceso contra Lona será breve. Arrancó el martes 6 y está previsto que termine a fines de octubre. Lo que fueron extensas fueron las presentaciones hechas por Lona y su defensa –encabezada por Ricardo Gil Lavedra hasta la instancia del debate oral– para tratar de esquivar la posibilidad de que el ex magistrado se sentara en el banquillo.

Gil Lavedra no está interviniendo en las audiencias, aunque sí participó en las instancias recursivas y protagonizó una polémica con uno de los fiscales de la causa, Carlos Amad, a días de que se cumplieran 40 años del golpe. En ese entonces, el ex juez del Juicio a las Juntas y actual coordinador del programa Justicia 2020 sostuvo que debían terminar los juicios porque se estaba juzgando a personas que usan pañales o en sillas de ruedas. Amad, por su parte, le respondió que no era inocente esa intervención porque Gil Lavedra representaba a Lona.  En 2015, Gil Lavedra le dijo a La Gaceta que había aceptado la defensa del ex juez porque creía que era inocente y que se trataba de una “acusación mentirosa”.

 

 

El caso

Ragone, un médico de origen humilde y activo en la Resistencia Peronista, llegó a la gobernación de Salta en marzo de 1973. Su gobierno se terminó en noviembre de 1974, tras una intervención ordenada por María Estela Martínez de Perón. Tras su destitución, volvió a trabajar como médico.

El 11 de marzo de 1976 salió a las 8 de la mañana de su casa, para su trabajo en un hospital. Manejaba su Peugeot 504. En la intersección de la Calle del Milagro y del Pasaje San Lorenzo, le cruzaron un auto. Los integrantes de una patota se bajaron y subieron al auto de Ragone, lo inmovilizaron y lo pasaron para la parte de atrás. Ragone gritaba y pataleaba. Hay testigos que vieron que agitaba las piernas fuera de la ventanilla. Uno de sus zapatos quedó tirado como su último rastro antes de desaparecer.

Los secuestradores –que se movían en al menos tres autos– abrieron fuego cuando Margarita Martínez de Leal, una mujer de 26 años, salió a ver qué pasaba. La hirieron en un brazo.

Santiago Catalino Arredes estaba en su almacén. Escuchó ruidos y le dijo a su empleado: “Eso suena a hierro”. Salió corriendo a ver qué pasaba y empezó a gritar en defensa de Ragone. Los autos de los secuestradores ya estaban en retirada, pero aminoraron la marcha para dispararle a Arredes. Murió.

Lona, que era el único juez federal de la provincia, se presentó en el lugar, fue hasta la casa de los Ragone y se terminó haciendo cargo de la causa. Prometió investigar, pero delegó la investigación en la policía hasta que declaró un “sobreseimiento provisional”.

Para el juez que instruyó la causa contra Lona, Fernando Poviña, y para la fiscalía, la maniobra del ex magistrado resultó en apoderarse de una investigación en la que no era competente porque debía tramitar en la Justicia provincial , y así garantizar el encubrimiento de los responsables.

 

 

El descargo

En la indagatoria, Lona contó que fue al lugar del secuestro y se enteró de la muerte de Arredes. Como encontraron el zapato, fue hasta la casa de Ragone para ver si podía obtener información. Habló con dos amigos del ex gobernador, recordó.

También explicó que había conversado con la familia del comerciante, que le había dicho que no querían que se le practicase una autopsia porque ya lo había revisado un médico legista. Según Lona, él fue hasta el hospital –donde estaban la mujer herida y Arredes– y habló con un médico que le dijo que no hacía falta la autopsia, que era lo que se estilaba.

Después se tomó licencia por 40 días. Entonces la principal hipótesis era que el secuestro lo había cometido gente de afuera de la provincia y que había logrado huir. No indagó demasiado y dispuso el sobreseimiento provisional sin correrle vista al fiscal, porque ya lo habían conversado antes. Todo esto es lo dicho por Lona, que no coincide con la información que tiene la fiscalía.

Pasó el tiempo, terminó la dictadura y Lona seguía en su cargo. Corrían nuevos aires. Poco después del Juicio a las Juntas, en 1986, vio una noticia en El Tribuno de Salta que mencionaba a una persona vinculada a la desaparición de Ragone y desarchivó el expediente.

Ahora Lona dice que si se pudo investigar y juzgar a los autores de la desaparición de Ragone fue por lo mucho o poco que hizo en aquellos años.

 

 

Los testimonios

Margarita Martínez de Leal, la única sobreviviente del operativo que terminó con la desaparición de Ragone, testimonió en el inicio del juicio. Contó que en el Hospital San Bernardo la dejaron a ella –herida– en la misma sala en la que estaba el cadáver de Arredes, y durante horas. La fue a ver la policía. No recuerda si habló ella o el marido, pero sí que nunca la llamaron a prestar declaración. Estuvo con custodia por más de un mes.

La fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, estuvo presente en la primera audiencia, después de varias postergaciones del juicio. “Es muy importante porque ya no se puede parar”, dijo. “El interés de la sociedad está vigente, aunque es un juicio acotado a lo que ocurrió con Ragone. Él enfrenta otras acusaciones”.

En el juicio empezaron a declarar víctimas y familiares del terrorismo de Estado que sufrieron en carne propia las omisiones de Lona. Mariana Gamboa, de HIJOS Salta, conmovió a la sala cuando le reclamó a Lona que hiciera memoria porque en su juzgado habían perdido el maxilar de su mamá, el único resto al que ella podría darle sepultura. “Al Estado no le importó nunca nuestro duelo ni la verdad”, dijo.

 

Un patrón

Lona renunció como juez federal en 2003, cuando la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó tres dictámenes en su contra. Uno era por su responsabilidad en el asesinato de once detenidos en lo que se conoce como Masacre de Palomitas, de 1976.

Lona, de 83 años y en prisión domiciliaria, todavía debe ser juzgado por ese hecho. El problema es que esa causa está a la espera de que la Corte Suprema resuelva un recurso. “Es una vergüenza que no lo hayan tratado todavía”, protestó el fiscal Amad.

También está imputado por más de 54 casos ocurridos en Salta. La de Lona no es una situación anómala. Según estadísticas de la Procuración, fueron 59 los funcionarios judiciales denunciados por su vinculación con crímenes de lesa humanidad. Muchos de ellos funcionaron como escollos para la propia Corte cuando se reabrieron los procesos e impedían el avance de las causas. Desde entonces, once ya fueron condenados.

 

 

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