EN LA CORTE SUPREMA PASAN COSAS

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

Nadie lo confirma pero tampoco lo desmiente. Por estos días circula por algunos medios y despachos judiciales el rumor de una supuesta denuncia penal contra el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, por participar en causas de las que debería haberse apartado.

Más allá de las internas y el clima de desconfianza entre ellos, las fuentes supremas consultadas por este espacio prefieren no hacer comentarios sobre este rumor y aseguran que en el Palacio no hablaron de ningún cambio en la Corte. Quienes conocen los pasillos de Talcahuano 550 dicen que cuando nadie quiere hacer comentarios es porque hay cosas densas para decir. En el singular lenguaje palaciego de los tribunales, el silencio suele ser un grito.

Es que el rumor es verosímil. En abril de este año, el colega Horacio Verbitsky reveló en El Cohete a la Luna que Rosenkrantz intervino desde el 18 de diciembre de 2017 hasta el 9 de abril de 2019 en dos recursos de queja de sendas importantes petroleras que habían sido sus clientas contra los municipios de La Matanza y Quilmes. Se terminó excusando “por motivos de delicadeza”, cuando las críticas circulaban con fuerza por los corrillos del Palacio de Justicia.

Aquellos no habrían sido los únicos descuidos. De acuerdo con la colega Irina Hauser, autora de los libros Rebelión en la Corte y Los Supremos y quien más conoce cómo funciona el máximo tribunal, Rosenkrantz no se privó de opinar sobre una tercera petrolera que fue su clienta en sus épocas de abogado. Hauser también señaló la intervención de Rosenkrantz en un conjunto de expedientes vinculados con la regulación de honorarios de abogados sobre firmas que habían sido sus clientas.

Independientemente de la la existencia de la supuesta denuncia penal, hay al menos dos grandes temas que se desprenden del comportamiento de Rosenkrantz que preside unos de los poderes del Estado. Uno de ellos tiene que ver con el eterno conflicto de intereses a la que aparece condenada la función pública en nuestro país. Los casos que cité anteriormente demuestran que esa peculiaridad atraviesa a muchos funcionarios importantes. En efecto, ellos asumen el ejercicio de la función pública y también son fieles custodios de sus intereses privados.

En general, el foco se pone en el Ejecutivo. Los casos del “Correo Argentino” o el de los “Parques Eólicos” son muy elocuentes. No obstante, la costumbre se extiende a la Justicia. Carlos Rosenkrantz, además, llegó a la Corte como el portador de la impronta judicial macrista y con sus vínculos personales y su trayectoria profesional y académica. Encarnaba, si se quiere, el modelo opuesto a la Corte “Lorenzetti”. Los avatares de su rol en la Corte, sea cual fuese el resultado de esta trama, constituyen un síntoma de época.

En segundo lugar, la sola existencia del rumor que el presidente de la Corte de la era Macri podría llegar a ser investigado penalmente durante una nueva gestión política describe un rasgo obvio y preocupante de nuestra república: cada vez que hay elecciones, pasan cosas en la Justicia.

Pasan cosas, irónicamente, quiere decir que tiemblan los cargos político/judiciales, que son los que de alguna manera pueden fijar las grandes líneas de gestión del sistema judicial. Ello no debería ser así porque la Constitución no prevé que el cambio de gobierno derivado de elecciones tenga dichos efectos en el campo de la Justicia.

Es que casi todos los gobiernos quieren “una Corte diferente”. Salvo durante la breve gestión de Gustavo Béliz como ministro de Justicia de Néstor Kirchner, que eligió el camino de la ley — aunque contaba con un terreno tan pero tan fértil como la “Corte Nazareno”, la regla no escrita dice que los Presidentes tienden a cambiarla. El gobierno de Mauricio Macri no ha escapado a esa lógica.

El fiel ejemplo es la designación en diciembre de 2015 de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto. Después lo corrigió. Pero fue una poderosa marca de agua en la política de Cambiemos frente a la Justicia. Aún no se calibraron con la debida atención los efectos políticos de ese mensaje dentro del aparato judicial. Pero esto, básicamente, mostró la intensidad y el camino que recorrería Cambiemos para intervenir en el formato de la Justicia.

Aquel decreto de 2015 tiene demasiados puntos de contacto con el traslado del fiscal Juan Pedro Zoni que investigaba el caso del “Correo Argentino” que dispuso el Procurador interino Eduardo Casal. Más allá de ello, lo cierto es que la gestión macrista buscó “su” Corte.

Aunque aún los argentinos no elegimos nuevo Presidente, desde que la fórmula Fernández-Fernández se impuso en las PASO, aparecieron preguntas sobre qué va a pasar en el máximo tribunal del país. Aunque el interrogante no debería ser parte de la agenda, de hecho lo es. Fuentes supremas consultadas por este espacio reiteran que Alberto Fernández “cae bien”, que ven una transición complicada y que por ello deben cooperar. Nadie se anima a expresar en blanco sobre negro qué harán los Fernández si efectivamente son electos.

Pesa sobre ellos la marca de las leyes de democratización judicial que impulsó Cristina Kirchner. También la gestión de Gustavo Béliz, que logró “autorecortar” las facultades del Presidente para nominar a los jueces supremos y bajo cuyo ministerio se nombró a la prestigiosa Corte que reemplazó a la de la mayoría automática menemista. Alberto Fernández era por entonces el jefe de gabinete. Estos dos hechos tornan más brumosa cualquier especulación. Pero lo importante para la salud republicana pasa por otro lado.

Supongamos, como dicen la mayoría de los expertos, que Alberto Fernández es honrado por los ciudadanos con el cargo de Presidente. En ese caso, asumiría con muchos problemas por delante. La Justicia decididamente sería uno de ellos. Además el tenor de la crisis judicial aumenta proporcionalmente las chances de intervención. Sobre todo, porque la sociedad reclama desde hace tiempo una regeneración institucional que el macrismo no atendió.

En esas condiciones, la pregunta es si el binomio Fernández imitará a Ulises que se ató al mástil para resistir la tentación derivada del canto de las sirenas, o bien si utilizará el contexto crítico para meter mano y tener, una vez más, “su” Corte Suprema.

 

 

 

* Publicado en #DosJusticias

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