En cuatro semanas se van

 

La política del gobierno saliente en materia laboral se ha caracterizado tanto por la distribución regresiva del ingreso –restándolo de los sectores populares para trasladarlo a los ricos amigos del poder incrementando sus ganancias— como por la pretensión de redistribuir regresivamente la dignidad.

Hemos escuchado al ministro de Trabajo del Presidente Macri decir que “hay que entender a los empresarios que despiden” y no tener una sola palabra de contemplación para los trabajadores despedidos; y lo que es peor que no haberles dirigido una sola palabra, tampoco tuvieron una sola acción tendiente a que no fueran despedidos.

Más de una vez quisieron hacer creer a nuestra sociedad que la culpa de que las inversiones no llegaran a la Argentina era de los trabajadores, que tenían derechos y un Poder Judicial donde reclamar cuando aquellos eran vulnerados. Con la misma intención el gobierno atacó a los abogados laboralistas —aquellos que defendemos a los trabajadores en sus derechos—, a los jueces laborales –que son quienes, cuando corresponde, obligan a que se respeten los derechos de los asalariados— y a los dirigentes sindicales que representan y defienden sus intereses colectivos. Estas persecuciones –vale destacar— valieron una denuncia contra el gobierno de Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por suerte los intentos del gobierno nacional de hacer creer a la sociedad que la culpa de las nefastas consecuencias de su política económica era de los trabajadores fueron vanos y frustrados. Los trabajadores –sea que tengan empleo o que no tengan empleo— no comen vidrio. Supieron ver que detrás de esas falsedades se escondía la intención de quitarles derechos y suprimir la justicia del trabajo.

Y esa intención quedó patentizada con el Proyecto de Reforma Laboral que el gobierno de Macri envió al Congreso de la Nación a los pocos días de la elección de medio término de 2017, aun cuando antes de la elección había dicho que no habría proyecto de ley de reforma laboral. Una mentira más, y ya iban… Ese proyecto pinta de cuerpo entero qué  quiere el neoliberalismo para los trabajadores: que no tengan derechos, tal como dijo su Secretario de Empleo – que se puedan “descomer”.

Bastan algunas muestras del contenido del proyecto para acreditar lo que afirmo. El gobierno quería:

• que fuera válido que los trabajadores renuncien a sus derechos (modificación del principio de irrenunciabilidad);
• implementar “bancos de horas” que servirían para que el trabajador hiciera horas extras pero sin cobrar horas extras;
• que se reemplazara la protección contra el despido arbitrario que constituye la indemnización por despido, por un sistema de desprotección contra el despido consistente en cuentas de capitalización llamadas “fondo de cese” (con lo cual dejaría de existir un disuasivo para evitar despidos) y, para el supuesto de que no lograra constituir los “fondos de cese”, disponía la reducción de la indemnización por despido.

A todo esto la mayoría del pueblo argentino dijo que no. Y es bueno que lo tenga en mente, porque no era solo el proyecto de Macri, es el proyecto laboral del neoliberalismo, y en cualquier momento reaparecerá con otro vocero.

El gobierno de Alberto Fernández asumirá el 10 de diciembre con otra filosofía, porque otros son su ánimo y su intención. Y eso es lo que marcará su política, su carácter inclusivo y, en materia estrictamente laboral, el resguardo de los derechos de los trabajadores y la equidad en las relaciones del trabajo.

Personalmente creo que va a ser la oportunidad de efectuar una redistribución pero esta vez progresiva, no solo de los ingresos sino también de la dignidad. A tal fin, además de operar sobre la dinámica cotidiana de las relaciones laborales, también hay que operar sobre la legislación.

En este último sentido, aún quedan vigentes normas que la dictadura cívico militar impuso en 1976 en sustitución de la ley de contrato de trabajo de la democracia. Si bien algunas de aquellas normas dictatoriales fueron desactivadas durante los períodos de gobierno de Néstor y Cristina, aún restan otras vigentes y es un imperativo republicano —de ética de la democracia— su derogación.

Es preciso además fortalecer la estabilidad en el empleo, tendiendo hacia la estabilidad propia. Ello, además redunda en beneficio económico para la sociedad, porque quien no tiene temor a perder arbitrariamente el empleo incrementa sus niveles de consumo generando el círculo virtuoso de crecimiento económico.

En ese camino habría que retomar una idea de Norberto Centeno –el autor del anteproyecto de ley de contrato de trabajo promulgada en 1974—, la previsión de las consecuencias del “despido socialmente injusto”. Hay situaciones o contextos en que un despido adquiere mayor gravedad, que hacen que se transforme en “socialmente injusto”. Para esos supuestos, tal como lo había propuesto Centeno, correspondería facultar al juez para declarar la nulidad de tales despidos, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder en función de la gravedad de la conducta del sancionado.

En cuanto al seguro de desempleo, creo que es necesario por razones de justicia que se extienda su cobertura a los trabajadores no registrados. No existe razón alguna para privar al trabajador no registrado del derecho a percibir el seguro de desempleo. Ya es víctima de no haber sido registrado por su empleador; no reconocerle el derecho a percibir el seguro de desempleo cuando lo pierde es victimizarlo nuevamente haciéndole pagar las consecuencias del incumplimiento patronal.

Es indispensable también mejorar la protección legal hacia los trabajadores víctimas de enfermedades o accidentes incapacitantes. Para dar un ejemplo: el trabajador víctima de una enfermedad inculpable –que no tiene su causa en el trabajo— en proceso de recuperación una vez vencido el plazo de licencia, paga por enfermedad; no cobra sueldo ni seguro de desempleo, queda absolutamente desamparado. Ni que hablar de aquellos que están incapacitados por enfermedades o accidentes derivados del trabajo.

Para finalizar estas ideas preliminares, la sociedad y los vínculos que ella genera tuvieron una enorme evolución, y la legislación laboral que protege esas relaciones es de la década del '70. Es imperioso regular nuevamente lo referido a la protección de la familia y las licencias parentales, teniendo en consideración los nuevos roles, las nuevas familias, los nuevos vínculos y las nuevas necesidades.

Este 10 de diciembre se termina una pesadilla para el derecho del trabajo y para las personas que trabajan. El futuro es promisorio.

 

 

 

Abogado Laboralista

Presidente de FUENTES

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