En busca de las Actas perdidas

 

Tres semanas después de la elección presidencial, Venezuela continúa siendo centro de atención en la región y en el mundo. El viernes, la OEA, en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, aprobó una resolución con contenido muy similar a la que no logró consensuar el 1° de agosto, tal como señaláramos en una nota publicada en El Cohete.

En esta oportunidad, el proyecto de resolución fue presentado por Estados Unidos con el co-patrocinio de de Antigua y Barbuda, la Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay. Costa Rica, que suele agruparse con esos países, no lo co-patrocinó –aunque sí respaldó– pues a juicio de ese gobierno el texto debía ser más firme en su condena a la violación de derechos humanos.

El texto de la resolución de la OEA exige el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias y el derecho a juicio imparcial en Venezuela y en todos los Estados del hemisferio. Asimismo, solicita a las autoridades proteger las instalaciones diplomáticas, preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral e invoca al Consejo Nacional Electoral (CNE) a publicar de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, con una verificación imparcial de los resultados.

Brasil y Colombia aceptaron aprobar la resolución si no se hacía referencia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que forma parte de la estructura institucional de la OEA que denunciaba violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno del Presidente Maduro. México, junto a Bolivia, Honduras y San Vicente y las Granadinas, no participaron de la reunión. La Argentina y Uruguay fueron los más duros, mientras que Brasil, con diplomacia de filigrana, desnudó la santidad de la OEA al señalar que el organismo no estaba exento de controversias y que durante las reuniones convocadas en 2017 y 2018 para tratar los asuntos políticos de este país, no fueron prudentes, pues no se constituyó en un actor que buscara soluciones. Para lograrlas, señaló, “tenemos que tender puentes y promover el diálogo”.

El representante diplomático brasileño señaló que la postura de su gobierno es la establecida en el comunicado publicado conjuntamente con los cancilleres de México y Colombia el 8 de agosto, en el que expresan que es fundamental presentar los resultados de las elecciones presidenciales desglosados por mesa de votación, por parte del CNE, pues es este el órgano al que le corresponde la divulgación transparente de los resultados electorales por mandato legal. En él hacen un llamado a los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos y a las fuerzas de seguridad para que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático, dentro de los límites de la ley. Señalan que el respeto a los derechos humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia y que las soluciones a la situación actual deben surgir de Venezuela.

 

 

Derechos humanos en estéreo

Aunque este tema de los derechos humanos no apareció en la declaración de la OEA, fue el más mencionado por los representantes que hicieron uso de la palabra, quienes se refirieron al informe de la CIDH y de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) –publicado el día anterior–, en el que condenan prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela (represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política). Se señala que “el régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”. Dicen observar una campaña de propaganda oficial que combina elementos de terror, incluyendo acciones de ciber-patrullaje por organismos de inteligencia, detenciones y producción de contenidos que exhiben a personas críticas como criminales, a quienes se estaría forzando a emitir mensajes de arrepentimiento como actos ejemplarizantes y de escarnio público. Según el informe, la violencia resultó en la muerte de 23 personas y al menos 1.393 personas detenidas.

Poco antes del reporte de la CIDH y la RELE, el fiscal general de Venezuela presentó uno “sobre acciones terroristas tras el 28 de julio” que reportó un número similar de muertes, solo que estas fueron atribuidas a los “Comanditos”, grupos organizados de la oposición. Según el informe el 84% de las muertes ocurrieron entre el 29 y 30 de julio y el 68% de los homicidios ocurrieron durante la noche. Se señala la instrumentalización de bandas delictivas vinculadas al terrorismo y narcotráfico, sobre las cuales se disponen de 170 videos con evidencias.

Maduro caracterizó estos actos como un intento de intimidar a la sociedad y establecer un estado de terror, comparando la situación con eventos similares ocurridos en el pasado con las llamadas “guarimbas”, movimientos de la oposición que se manifestaron violentamente durante varios meses en 2017 y en 2014. Maduro enfatizó que, gracias al fortalecimiento de las instituciones, esta vez se logró restablecer la paz en tiempo récord tras los hechos violentos que según el gobierno han causado destrucción en varias infraestructuras públicas y privadas. (universidades, escuelas, hospitales, módulos policiales, instalaciones de transporte público, once estaciones del metro de Caracas, 38 autobuses, monumentos emblemáticos, sedes de alcaldías, locales del CNE, entre otros.)

El tema de los derechos humanos también fue destacado durante la toma de posesión del Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el mismo día que tenía lugar la reunión de la OEA. En esa oportunidad 13 países de nuestra región (la Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay), más España, Estados Unidos, Italia, Marruecos, Países Bajos, República Checa, Reino Unido, Surinam, Portugal y un representante de la Unión Europea, suscribieron una declaración conjunta sobre Venezuela. En ella exigen la inmediata liberación de los detenidos, expresan su profundo rechazo por la represión a los manifestantes y, entre otros, solicitan que se permita el regreso a Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de  la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional. Ningún país del Caribe, ni Brasil, México, Colombia, Honduras, y Bolivia suscribieron la declaración.

 

Un lance

El día anterior a la reunión de la OEA, los cancilleres de Colombia y de Brasil se reunieron en Bogotá para conversar, entre otros, sobre Venezuela. Luego de ello, los Presidentes Petro y Lula sugirieron, cada uno por su lado, la convocatoria a nuevas elecciones con observadores internacionales como posible solución a la crisis política. Lula consideró también, como posibilidad, un “gobierno de coalición”, mientras que Petro propuso, adicionalmente, el levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política y gobierno de cohabitación transitorio.

María Corina Machado y Nicolás Maduro rechazaron de inmediato las propuestas. Ella las consideró una falta de respeto y el Presidente le recordó a Petro el papel que históricamente ha tenido Venezuela en la búsqueda de la paz en Colombia, ya que es garante de las conversaciones con el ELN. “Yo soy el garante de la negociación de paz y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible”. Seguidamente, el Presidente de México manifestó su discrepancia frente a la sugerencia de convocar nuevas elecciones y reiteró “no meter las narices” en la situación de Venezuela. “Vamos a ver qué resuelve el tribunal, es que no creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos”, dijo López Obrador.

Añadió que lo que su gobierno quiere es que se den a conocer los resultados y que sea “la autoridad competente del país, donde hubo elecciones, la que decida si hay inconformidad; lo único que pedimos es que todo se resuelva de manera pacífica, que no haya violencia”. De paso criticó a la OEA, por actuar “como si fuesen autoridades electorales de Venezuela”. A pesar de estas discrepancias en torno a las sugerencias emitidas por los mandatarios de Brasil y Colombia, los tres mantienen una postura pareja, al no reconocer todavía a ningún ganador y exigir la publicación de las actas de las elecciones.

 

Qué esperar

La información disponible no permite inferir que Maduro esté en un proceso de negociación que lo lleve a abandonar su cuestionado triunfo electoral. Después de las violentas protestas y represión durante los tres días posteriores a las elecciones, el país retomó el orden, aunque sumergido en la incertidumbre de esta nueva versión de Juan Guaidó, en un escenario de mayor tensión. Maduro cuenta por el momento con el respaldo de las Fuerzas Armadas y una intervención militar de parte de Estados Unidos no es previsible en un escenario electoral. Las declaraciones que hagan la OEA, la CIDH, el Centro Carter, el Panel de Expertos de la ONU o algunos países de la región cada vez que se encuentren en algún evento internacional o asunción de algún Presidente, no le quita el sueño a Maduro. Ha sido reconocido ya por 48 países e invitado a la cumbre de los BRICS+.

Los gobiernos de la región aplauden el informe de la CIDH sobre las violentas protestas post electorales en Venezuela, país no miembro de la OEA. El de Perú, por ejemplo, critica la represión de la protesta y levanta la voz por los muertos venezolanos. Sin embargo, rechaza el informe que la misma CIDH publicó sobre las protestas ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 (luego de la salida de Pedro Castillo) y el 23 de enero de 2023, que dejaron 56 muertos y 912 heridos por la represión de las fuerzas de seguridad. El gobierno ha acusado a los detenidos de terroristas y de ser manipulados por los “ponchos rojos” de Bolivia. La propia Presidenta Dina Boluarte ha premiado a quienes dirigieron las muertes. El día que los venezolanos elegían Presidente, en el Perú los familiares de las víctimas estaban siendo reprimidos con gases lacrimógenos por reclamar justicia en una manifestación.

Es evidente el doble rasero de la OEA. ¿Vimos acaso a los Presidentes del hemisferio preocupados por convocar a reuniones en esa organización para abordar el caso de los denominados “falsos positivos” en Colombia? Esto es, las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes presentados oficialmente como dados de baja en combate, en el marco de operativos de cuerpos de seguridad del Estado, que superaron los 6.400 muertes durante la presidencia de Álvaro Uribe.

Venezuela es víctima de haber intentando manejar sus recursos naturales soberanamente. Donald Trump dijo abiertamente en 2023 que, cuando dejó la presidencia, Venezuela estaba a punto de colapsar: “Nos hubiéramos apropiado de ella y nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Lejos de eso, estamos haciendo rico a un dictador”.

Los venezolanos y los países que no han reconocido a Maduro como Presidente electo le exigen la presentación de las actas desglosadas por mesa y que sean contabilizadas con transparencia. Es lo que le corresponde hacer para evitar la tensión y la violencia que provoca este manto de opacidad. Sin embargo, aun si fuera el legítimo ganador, nada garantiza que no se pudiera instalar un plan de desestabilización. Cuando de recursos naturales se trata, poco importa la democracia.

 

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