En busca de la soberanía perdida

 

Dos hechos recientes han activado la posibilidad de relanzar la cooperación y coordinación latinoamericana y caribeña, tan abandonada durante el último lustro: el discurso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el del nuevo canciller de Perú, el ex guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Héctor Béjar durante la asunción de su cargo en el Palacio de Torre Tagle de Lima, quien ha anunciado un giro de 180 grados a la política exterior del Perú.

Ambos discursos coinciden en la necesidad de utilizar las plataformas de integración como organismos de coordinación política en diversos ámbitos. En particular, ambos se refirieron a la necesidad de delinear algunas pautas comunes de políticas públicas en torno a la pandemia y de utilizar las instituciones existentes para actuar conjuntamente en el ámbito de la salud. Tal es el caso del denominado Convenio Hipólito Unanue en la Comunidad Andina, el moribundo Consejo de Salud de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y convenios similares en el Mercosur y otros organismos de la región.

A diferencia de América Latina y el Caribe, varios países del sudeste asiático, la Unión Africana (UA) –compuesta por 56 naciones de distintos credos ideológicos—y la Unión Europea adquirieron parte de las vacunas de forma conjunta y establecieron algunas pautas comunes de salud pública. La UA fue más allá y tuvo una posición unánime de apoyo a la propuesta de India y Sudáfrica de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra la Covid-19 hasta disponer de una oferta que permitiera proveerlas a toda la población en el marco del foro de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio.

En los últimos dos años, América Latina y el Caribe han hecho gala de la desintegración. Así, los gobiernos permitieron que se quebrara la Unasur, que se nombrara a Mauricio Claver-Carone en la presidencia del BID, que la OEA fuera cómplice de un golpe de Estado en Bolivia, sin contar las tensiones que tienen lugar actualmente en el Mercosur. Sin embargo, aparecen algunas luces lanzadas por el Presidente de México, el giro de la política exterior del recientemente electo Presidente del Perú, Pedro Castillo, y la posibilidad de surgimiento de nuevos gobiernos de izquierda, que podrían configurar un nuevo escenario para la cooperación y concertación de la región.

 

 

La propuesta de México

El 24 de julio, en la reunión de cancilleres de la CELAC, el Presidente AMLO pronunció un discurso histórico en el que hizo un repaso de la lucha por la independencia y el ideal de integración de las nacientes naciones americanas del libertador Simón Bolívar. “No todo fue fácil en su lucha: perdió batallas, enfrentó traiciones y, como en todo movimiento transformador o revolucionario, aparecieron las divisiones internas que pueden llegar a hacer hasta más que las contiendas contra los verdaderos adversarios”, señaló, y concluyó que el propósito de la integración regional no había podido hacerse realidad.

Parte de esta imposibilidad la atribuyó a la preponderante influencia de la policía exterior de Estados Unidos en el continente. Ese gobierno “nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del Río Bravo –advirtió–. Sólo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia enfrentando políticamente a los Estados Unidos”. Por eso, agregó, “el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad”. El Presidente agregó que se puede “estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña… aunque mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos…”.

López Obrador invocó a decir “adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos, y a aplicar en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”. En ese espíritu, llegó a decir que “no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia”. Un llamado audaz sin duda, en un escenario de creciente conflictividad entre Estados Unidos y China, en la que la región es también escenario de ese enfrentamiento.

La sustitución de la OEA mencionada por AMLO es una figura retórica que puede interpretarse más bien como su debilitamiento mediante el fortalecimiento de instancias como la CELAC y la Unasur, que han sido relegadas como espacios de concertación política para abordar los problemas que afligen a países de la región en términos de respeto a los derechos humanos y a la democracia. Son estos foros los que revisten mayor importancia puesto que las diferentes opciones de inserción en la economía internacional de países miembros de organismos subregionales de integración –como la Comunidad Andina e inclusive el Mercosur– han derribado, o están a punto de hacerlo, los proyectos de construir un mercado común o una unión aduanera. La integración económica al estilo de la Unión Europea, adaptada a nuestra realidad, como sugirió AMLO, ha dejado de ser un modelo posible, pero ello no significa que esas plataformas no puedan ser utilizadas en el ámbito de la cooperación política y en una multiplicidad de materias.

 

 

El giro de la política exterior de Perú

La cancillería peruana a cargo de Héctor Béjar ha sido la protagonista del anuncio más importante de la primera semana de gobierno de Pedro Castillo. Durante su discurso de asunción, el ex guerrillero del ELN durante los años ‘60, preso durante cuatro años y liberado por el general Juan Velasco Alvarado, trazó los lineamientos que la regirán. Destacó que se pondrá en marcha una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada. Es decir, el servicio exterior será funcional a los requerimientos sociales y económicos de las mayorías.

El Perú vuelve a considerar a la región y a sus organismos de integración como espacios de coordinación política y cooperación en los ámbitos ambiental, cultural, económico salud, entre otros. Ha anunciado que fortalecerá la integración latinoamericana “sin distinciones ideológicas”. Así, activará la Unasur al retirar del Congreso de la República la solicitud de denuncia del Tratado de su creación. Esta iniciativa brasileña, creada en 2008, fue abandonada diez años después por seis de sus doce miembros (la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) por indicaciones del gobierno de Donald Trump, específicamente de Mauricio Claver-Carone, entonces asesor de la Casa Blanca en materia de Seguridad Nacional para América Latina.

En su lugar se creó, en abril de 2019, el supuestamente desideologizado Foro para el Progreso Social de América del Sur (Prosur), que duplica varias de sus funciones y que no ha tenido ningún protagonismo. Un mes antes, el ex Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, le dio la última estocada a la Unasur al anunciar su retiro y sumarse a la decisión adoptada conjuntamente por los seis socios. El día anterior, el FMI le había aprobado un crédito por 4.200 millones de dólares.

La Unasur nació con un fuerte perfil político, en el que la seguridad regional jugó un papel clave. En su corta historia tuvo un rol protagónico durante la crisis por los enfrentamientos entre el gobierno central y los gobiernos regionales autónomos en Bolivia en 2008; en las consultas sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia en 2009; y en el intento de destituir al Presidente Rafael Correa en 2010. Sin embargo, al surgir gobiernos con diferente signo político, la Unasur no pudo albergar ya el proceso de paz en Colombia ni las conversaciones para lograr un acuerdo entre Nicolás Maduro y la oposición que evitara la erosión del Estado de derecho en Venezuela.

El fortalecimiento de la CELAC como foro de coordinación política forma parte también de sus anuncios, en línea con la propuesta del Presidente de México durante la reciente reunión de cancilleres de ese organismo. Si bien Bolsonaro la abandonó en enero de 2020, Lula podría retornar si ganara las elecciones en octubre del próximo año.

Al pedido de tener “un rol constructivo” respecto de Venezuela, Cuba y Nicaragua, formulado por el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, al Presidente Castillo, la Cancillería ha respondido con una condena a “los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que solo afectan a los pueblos”.

En el caso de Venezuela, específicamente, apoyará una “renovación democrática” que busque cautelar los derechos humanos y un entendimiento de las diversas tendencias políticas, sin intervenir en su política interna”. Así, Perú se sumaría a la Argentina y México, que ya no participan del Grupo de Lima, creado en 2017 por iniciativa del ex Presidente Trump, específicamente de John Bolton, ante la imposibilidad de conseguir los votos suficientes en el marco de la OEA para sancionar a Venezuela. Cabe señalar el hecho inaudito de que dos miembros del Grupo de Lima no estaban en condiciones de impartirle clases de democracia a ningún gobierno: Honduras y Bolivia. El gobierno del primero fue electo en un proceso muy irregular que determinó que hasta el propio Luis Almagro, cuando todavía era independiente, dijera que estas debían repetirse. En el caso del gobierno de Bolivia, presidido por Jeanine Áñez, su designación fue resultado de un golpe de Estado avalado por la OEA.

El gobierno peruano no reconocerá a Carlos Scull, embajador de Juan Guaidó, toda vez que en diciembre de 2020 dejó de ser presidente de la Asamblea Nacional y por lo tanto perdió el paraguas bajo el cual se lo reconocía como presidente interino. Desde ese momento, la Unión Europea sólo lo reconoció como un líder de la oposición. Pero como Estados Unidos lo siguió reconociendo, Perú también.

De hecho, las negociaciones en Venezuela avanzan por otras vías. El jueves, el Presidente mexicano anunció que su país sería sede de las negociaciones que llevarán a cabo, a mediados de agosto, sectores de la oposición y el gobierno venezolano, con la mediación de Noruega y el acuerdo de Estados Unidos. El eje de las conversaciones se centrará en la agenda electoral (este año se eligen gobernadores y alcaldes en todo el país), la liberación de presos políticos, el fin de las sanciones económicas, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional y los poderes del país y la devolución de las cuentas bancarias a Petróleos de Venezuela y al Banco Central de Venezuela.

Las posibilidades del triunfo de Gabriel Boric, del Frente Amplio, en las elecciones de noviembre en Chile, de Gustavo Petro del izquierdista Colombia Humana, en mayo del próximo año, y de Lula en octubre de 2022, auguran nuevos espacios de concertación en la región.

 

* Publicación para la plataforma Programa de las Américas.

 

 

 

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