Elefantes en el bazar

Cuatro rounds semanales le costaron al impaciente Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo (“bisnieto”, aclara la Wikipedia), llegar al acuerdo que se decía inminente aunque resultaba esquivo, piloteado por el senador Alfredo Luenzo, chubutense a cargo de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (sic), y garantizado más o menos abiertamente por el justicialismo pichettista.

El miércoles 27 de junio, juntos, diversos senadores peronistas y del Frente PRO (UCR Cambiemos), lograron quórum y dictamen para que avance en el Recinto la llamada Ley Corta sobre infraestructura de telecomunicaciones, que afecta a los negocios infocomunicacionales en detrimento de las cadenas de valor del audiovisual, omitiendo el tratamiento integral de aquella prometida ley de convergencia.

Como ya hemos reseñado en El Cohete (https://www.elcohetealaluna.com/la-ley-corta-y-los-duenos-de-la-perinola/; (https://www.elcohetealaluna.com/ley-corta-e-incumplimientos-largos/), el objetivo central del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es dotar a las empresas telefónicas de telefonía fija asi como celular (llámense Telefonica de Argentina, Telecom y Claro) del derecho de dar televisión satelital, desafectar la reserva de frecuencias de ARSAT y obligar a ceder el uso compartido de infraestructuras pasivas de las telecomunicaciones.

Con la perseverante insistencia que honra a sus intereses, Pinedo auxilió al Ministro Ibarra para que el proyecto salga toqueteado pero conteste a la filosofía desregulatoria imperante en la saga de decretazos que precedieron a este proyecto y dejaron “groggy” a las Leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital por derogación de articulados, omisión del cumplimiento o desviación del marco lógico de sus reglamentaciones. De no tener trámite favorable este proyecto, los pasillos daban cuenta de advertencias de DNU con la posición más dura como la que inspiraba el proyecto originario.

Durante la puja senatorial, varios elefantes siguieron pisando con marcas en la regulación. Entre ellos:

* El megagrupo telefónico-cablero-audiovisual Clarín-Cablevisión-Telecom, que no tocó timbres sino se mantuvo expectante en su posición dominante a la espera de la media sanción. Fruto de la extraña ley de las compensaciones sobre los servicios públicos operada por el gobierno de Macri, el avance de este proyecto (que no lo beneficia directamente) habría ayudado en la guerra corporativa a hacer más tolerable para sus competidores el demorado dictamen (¡favorable!) de la Comisión de Defensa de la Competencia respecto de su fusión de facto. De hecho como “cablero” la aparición del satélite de las telefónicas perjudicaría al megagrupo. Pero como operador telefónico concentrado ha de tener disponibilidad de satélite.

* Las otras telefónicas con redes fijas o móviles: Telefónica-Movistar-Fibra (que en el camino se quedó sin el lobbista Rajoy, eyectado como presidente del gobierno de la Madre Patria y de cuya visita y sus resultados diéramos cuenta en nota anterior https://www.elcohetealaluna.com/la-ley-corta-y-los-duenos-de-la-perinola/) y la mexicana Claro. Las posiciones no son iguales, ni en tendido de red ni en la ocupación de mano de obra. Tras el diseño original del proyecto, y las reformulaciones de sus planes de inversión ocasionadas por la devaluación macrista, asumimos que aceptaron algunos cambios a través de sus fluidos intercambios con el Ejecutivo.

* Direct TV: cuasimonopólica en su rubro de prestador de TV satelital, además del acceso a brindar el cuádruple play, mantiene una reglamentación benigna de la obligación de transporte de señales —el dictamen dice que debe operar para ello de acuerdo a la legislación vigente, pero no legisla— mientras a nivel continental la empresa madre At&T completa la adquisición de Time Warner.

* Los “cableros” que también tienen señales televisivas, como Telecentro-Canal 26 y el grupo Vila-Manzano (América-América 24), lograron vía diferentes contactos conducentes con legisladores del amplio arco peronista, la inclusión de cláusulas de regulación asimétrica a través de modificaciones en el proyecto que se dictaminó, tales como la fijación de una ventana de tiempo un poco más grande en algunos casos por la ubicación geográfica para ser “iluminados” por la pisada del nuevo satélite telefónico

* Las cooperativas, PyMes y empresas de servicios públicos y telecomunicaciones provinciales. Con un persistente repiqueteo sobre funcionarios y senadores, limaron la mencionada obligación de ceder postes, antenas y ductos a una orden más light de “facilitar” los convenios demandados por los grandes prestadores. También incidieron en demorar entre 2 y 4 años la entrada de los servicios satelitales a ciudades medianas y pequeñas, y en que se les reserve algunas frecuencias para aspirar a dar telefonía móvil y poder hacerles frente a las telefónicas en las ofertas en combo de cuatro servicios (TV, telefonía fija, móvil e Internet). La demora de entrada de las telefónicas será efectivamente operable en términos tecnológicos y comprobable por la autoridad de aplicación, si pudiera controlarse el mercado gris de mudanza de antenas que se compran en un sitio y se instalen en otros.

 

¿Una convergencia de camino único? 

Mientras el intercambio de borradores se sucedía entre los pro-gobierno y la “oposición responsable”, otras fuerzas políticas se preguntaban si podrían hacer una propuesta superadora en el estrecho marco ideológico y pragmático que planteaba el Proyecto Oficial. O si debía haber un rechazo de plano a esta repartija de privilegios sobre negocios.

Así, los senadores del Bloque Frente para la Victoria, más la puntana María Eugenia Catalfamo (alguna legisladora más no se animó a contradecir las presiones “de arriba”), y también Pino Solanas se decidieron por sendos dictámenes de rechazo, de lo que denominan lisa y llanamente una “convergencia de negocios” realizada a espaldas de los intereses de la mayoría ciudadana.

Solanas mantuvo la línea de hacerse eco de los reclamos de los realizadores del cine y el audiovisual, planteando que se debe trabajar una Ley Larga, integral para actualizar el alcance de las virtuosas tradiciones de fomento de la producción y la extensión de cuotas de pantalla para garantizar cine y series nacionales en las plataformas digitales. También de la afectación a los fondos nacionales de fomento de parte de los impuestos que a partir de esta semana se recaudan por uso de plataformas como Netflix y Spotify.

Por su parte, el bloque del Frente para la Victoria recordó la modificación de la normativa vigente por Decreto de Necesidad y Urgencia, la creciente “ultraconcentración del Grupo Clarín” a pesar de las advertencias que realizara la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto, denunció el desmonte por etapas de la estrategia de la empresa pública ARSAT (de la cual este proyecto es una pieza más, al quitarle reserva de espectro para brindar servicios complementarios o mayoristas, y al permitir el uso a discreción de las infraestructuras tendidas), y el manejo a su antojo de las promociones de los grandes operadores, garantizando sus ganancias en detrimento de los consumidores cautivos.

El dictamen de mayoría –que para los cultores de la reducción de daños puede parecer razonable— siguió negando aspectos clave para la diversidad cultural.

Bajo la apropiación de “la democratización de las comunicaciones a través del despliegue de infraestructura”, según la jerga que obtuvo mayoría de votos en el dictamen, la iniciativa que seguramente tenga media sanción en el Senado promueve la inversión de unos pocos — los mismos que aumentan sus ganancias cada mes con nuestros abonos.

La protección a las industrias culturales nacionales fue ignorada a pesar de los reclamos de diversos expositores en las Reuniones Informativas; medidas de protección al pluralismo, tampoco se contemplan; la compensación en el acceso a los capitales para inversiones, no fue avalada. Obligación de contenidos nacionales tampoco; divulgación de señales locales por servicios de suscripción, sujeto a reglas removibles de la autoridad de aplicación. De protección a los derechos del público y audiencia, prefirieron no hacerse eco.

En suma, nada que se parezca a lo que se comprometió el gobierno nacional en abril de 2016 ante la Comisión Interamericana. Recordamos que el Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, inquirió tanto por la situación actual generada por DNU 267/15 como sobre el futuro escenario que traería la ley de la convergencia que sigue esperando que se la escriba.

Preguntaba Lanza: ¿cómo se implementarán los estándares de diversidad y pluralismo al sector de TV por suscripción? ¿Cómo abordará el nuevo proyecto de ley el tema de la concentración de medios? ¿Cómo se contemplará a los sectores de la sociedad civil que no están ligados a las propuestas empresariales? ¿Se considerarán las recomendaciones de la CIDH en relación a la constitución plural de los organismos reguladores? ¿Y en relación a las reglas de transición que pueden afectar el pluralismo al obturar mecanismos de acceso a plataformas?

La respuesta de la delegación argentina hace ya más de dos años fue que “el nuevo marco regulatorio que se propone es acorde con el derecho internacional”.

Como el pastorcito...

 

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