Elecciones, fragmentación y apartheid

 

Las últimas elecciones en Israel el pasado 23 de marzo reiteraron el esquema de descomposición cariocinética de sus partidos políticos y la escasez de liderazgos sólidos. Después de llevar a cabo la cuarta elección en los últimos dos años, se vuelven a repetir las dificultades para conformar una coalición gubernamental. Para nombrar a un Primer Ministro, el sistema unicameral israelí requiere el acuerdo de al menos 61 congresales de las 120 bancas elegidas. Hasta que eso suceda el actual premier Benjamín Bibi Netanyahu continuará comandando el gobierno en formato provisional, limitado en la posibilidad de tomar decisiones trascendentes. En caso de que ningún partido logre formar gobierno en los próximos 45 días, como ocurrió después de las elecciones parlamentarias consecutivas de 2019, la Knesset (parlamento israelí) volverá a disolverse y se convocarán nuevas elecciones dentro de los tres meses.

El lunes 5 de abril, el Presidente Reuvén Rivlin, depositario de una función que sólo expresa la representación simbólica del Estado, iniciará consultas con los referentes de los grupos parlamentarios que obtuvieron mayor cantidad de bancas: Netanyahu –del derechista Likud– y Yair Lapid, del partido de centroderecha Iesh Atid (Hay Futuro). De acuerdo a las normativas, el Primer Ministro designado debe formar parte de la Knesset de 120 miembros. La tarea de Rivlin no será sencilla dado que la contienda electoral ha replicado la vía muerta institucional generada por la fragmentación política, que evidencia más preocupación en obtener porciones de representación corporativa que en hacer valer posicionamientos ideológicos. El estancamiento sistémico ha dejado a los  9,3 millones de habitantes en una situación de indefinición cíclica y al gobierno ante la imposibilidad de aprobar nuevas normativas en la Knesset, dado su carácter de gobierno provisional.

El gobierno de Netanyahu llegó a las elecciones del 23 de marzo después de efectivizar una vacunación generalizada entre la población israelí en el marco de un polémico contrato con los laboratorios Pfizer, en el que se garantizaba un suministro masivo de vacunas a cambio de la recopilación de datos sobre los efectos de la inoculación, su impacto sanitario y sus consecuencias. Israel, de esa manera, se convirtió en un gran laboratorio de ensayo clínico que Bibi conjeturó como una plataforma indudable de su éxito electoral. La inoculación alcanzaba a un 50% de la población en la fecha en que se realizaron las elecciones.

La hipótesis optimista del Likud, sin embargo, no se vio acompañada por un resultado compatible con esa especulación: obtuvo, en forma aproximada, la misma cantidad de escaños que en las tres elecciones previas. En forma paralela, tres cuartas partes de los israelíes optaron por referentes alternativos al actual premier, con el claro propósito de librarse de Netanyahu y habilitarlo para que afronte las imputaciones pendientes ante la justicia como un simple ciudadano. Bibi está acusado de tres casos de corrupción, caratulados como fraude, cohecho y abuso de confianza, y será indagado en los tribunales durante el mismo lapso en que Rivlin lo convoque a consultas para formar gobierno.

La gran sorpresa de las elecciones ha sido la obtención de cuatro bancas por parte de la Lista Árabe Unida (UAL), también conocida como Raam, ligada en su origen a la Hermandad Musulmana, la misma formación que dio nacimiento a Hamas, agrupación que administra la Franja de Gaza. El jefe de la bancada de UAL es Mansour Abbas, un dentista que decidió separarse de la Lista Conjunta (LC) en la que convivía con el Partido Comunista y otras agrupaciones musulmanas laicas.

Las cuatro bancas de Abbas –sólo el mismo apellido que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina– sumadas a las seis obtenidas por LC ubican a ambas agrupaciones, por primera vez en la historia de Israel, como potenciales factores de poder real, capaces tanto de designar a un premier como de liderar una moción de censura que haga caer a un futuro gobierno. En 2019 un relevamiento realizado sobre la población judía, llevada a cabo por el Instituto para Democracia de Israel, encontró que menos del 19% de los encuestados avalaban una potencial cooperación política entre judíos y musulmanes. Dos años después, el mismo estudio mostraba que el 33% acordaba con dicha colaboración política.

 

 

Demografía étnica y religiosa

 

 

La población árabe islámica constituye un 20% de la población israelí. En Gaza y en los territorios ocupados de Palestina –población que no vota en las elecciones israelíes– se congregan alrededor de 5 millones de habitantes. Las elecciones parlamentarias en Palestina están previstas para el próximo 22 de mayo, las presidenciales para el 31 de julio y las correspondientes al Consejo Nacional Palestino se realizarán el 31 de agosto.

Existen dos bloques políticos con posibilidades reales de formar gobierno: los oponentes de Netanyahu, que alcanzaron 57 escaños, y los que vuelven a proponer al líder del Likud como premier, que cuentan con 52 bancas. En ninguna de esas dos articulaciones aparecen ni Raam ni la Lista Conjunta, agrupamientos no sionistas que pueden transformarse en potenciales árbitros de la próxima administración. Esta curiosa situación introduce de forma colateral el tema central de la política israelí, invisibilizado en los debates públicos: la impostergable solución de la cuestión palestina.

Antes de las elecciones, Netanyahu descartó conformar alianzas con Raam dado que se trataba de un partido anti-sionista. Sin embargo, el actual Primer Ministro adelantó el último martes un potencial acuerdo de cooperación con esa organización islámica. Aunque las elecciones posibilitan el voto de los ciudadanos israelíes (de origen judío y musulmán), la definición de Estado exclusivamente judío –aprobada por el parlamento a instancias de Netanyahu– plantea la encrucijada estructural de un país que continúa jerarquizando a sus ciudadanos según sus creencias religiosas o identidades étnicas.

Dicho escenario deja en evidencia la literal carencia de derechos básicos respecto del resto de los árabes palestinos, cuyas tierras son controladas, en forma incremental, por colonos fundamentalistas protegidos por tropas militares. A ese colectivo, además, se le restringe en forma creciente su espacio vital y se le priva de la autodeterminación. En la última semana, el gobierno de Joe Biden volvió a caracterizar el control sobre Judea y Samaria –por parte de Israel– como una clara forma de ocupación, reemplazando las definiciones más indulgentes instituidas por el trumpismo.

Los problemas tribunalicios del líder del Likud no tienen proveniencia ni jurisdicción únicamente israelí. La Corte Penal Internacional (CPI), que tiene sede en la ciudad de La Haya, decidió el 5 de febrero que tiene competencia para investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por las autoridades israelíes y los referentes de Hamas contra la población civil. La encargada de llevar a cabo la pesquisa es la fiscal Fatou Bensouda, quien fue hostigada durante el gobierno de Donald Trump con el objeto de impedir su investigación. A mediados de marzo, la CPI envió sendas misivas a Israel y a Gaza (gobernada por Hamás) con detalles de las acusaciones, brindando 30 días de plazo para hacer el descargo sobre las imputaciones. Luego de iniciado el proceso, la procuradora podrá llamar a declarar a políticos, oficiales del ejército y comandantes de las fuerzas de Hamas, y –en el caso de no concurrir– podrá requerir órdenes de captura internacional.

Por detrás de los debates electorales y las convocatorias a conformar gobierno en Israel existe un amplio acuerdo entre los analistas internacionales acerca de las dos posibles soluciones al conflicto que se vive en Medio Oriente desde hace más de 70 años. Por un lado, la retirada de los territorios ocupados por parte de Israel y el establecimiento de la soberanía plena de Palestina, con fronteras seguras y reconocidas. Por el otro, el establecimiento de un Estado Binacional con plenos derechos ciudadanos para todos los habitantes, más allá de su origen religioso o étnico. La combinación de la colonización arbitraria ejecutada por Israel en tierras palestinas y el involucramiento político creciente del colectivo musulmán israelí muestra que la segunda opción –la más temida por los sectores supremacistas– aparece como la más probable para superar el estado actual de innegable apartheid que sufre la población palestina.

En julio pasado, el ensayista judío Peter Beinart, editor general de la prestigiosa publicación Jewish Currents, escribió un artículo para el New York Times que aún hoy se sigue debatiendo en diferentes espacios políticos y académicos. En uno de los párrafos medulares afirma: “Es hora de abandonar la solución tradicional de dos Estados y abrazar el objetivo de la igualdad de derechos para judíos y palestinos. Es hora de imaginar un hogar judío que no sea un Estado judío”. Esa es la misma propuesta que hizo el recordado intelectual Edward Said, quien advertía dos décadas atrás: “Una vez que concedamos que palestinos e israelíes están allí para quedarse, entonces la conclusión lúcida tiene que ser la necesidad de una coexistencia pacífica y una reconciliación genuina”. El título de su artículo de 1999, casi una profecía laica, era La solución de un Estado.

 

 

 

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