El vivo de los Juicios

 

Durante el tiempo que llevamos de cuarentena algunos tribunales federales reanudaron sus audiencias empleando las plataformas de videoconferencia conocidas popularmente. El precursor fue el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata al transmitir en vivo la sentencia de la megacausa Subzona 15; siguió el TOF de Rosario y luego Paraná. A través de los canales formales de los respectivos juzgados, del Centro de Información Judicial –CIJ– y de otras instituciones como algunas universidades nacionales, las audiencias asumieron la novedad de la modalidad virtual.

Dentro de la diversidad, la experiencia del TOF 4 de San Martín es quizá la de mayor apertura histórica. Los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y la jueza María Claudia Morgese Martín, autorizaron el pedido de un medio de comunicación alternativo y popular para realizar la transmisión televisada de sus audiencias. El 11 de junio pasado, por primera vez en la historia de los juicios de lesa humanidad, el colectivo La Retaguardia transmitió en vivo la audiencia 37 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros 1979/1980. Quien brindó testimonio fue la licenciada Stella Segado, especialista en Archivos y Derechos Humanos. Su declaración aportó nuevos elementos a la causa desbordando en el mismo acto a la información pública, ya que desmenuzó el modo de operar y reunir información de las estructuras de inteligencia del Estado durante la dictadura. Se trataba de una investigación realizada a lo largo de sus 17 años de experiencia enfocada en la desclasificación y reconstrucción de los archivos del Ejército, en especial del Batallón 601 de Campo de Mayo. Segado declaró durante 6 horas en una sala sin público presente –también por primera vez–, sola, frente a los 3 jueces, la fiscal y los abogados de la defensa. Sin embargo, en los televisores de la sala podía ver las caras de sus compañeras y compañeros y de los abogados querellantes escuchándola atentamente.

 

 

 

A partir de esta experiencia, Segado contó: “Mi declaración fue seguida por 1.000 personas en vivo y llegó a 1.700 visualizaciones. Es una magnitud inesperada para estos juicios. El valor que puede tener la publicidad de estos debates supera el acto de justicia para transitar otros: los académicos, didácticos, culturales y hasta de índole personal. Creo que más allá de los tiempos que impone esta nueva normalidad, el poder ver una audiencia dentro de los tiempos posibles –de cada uno–, es una oportunidad que hay que sostener.”

Quienes seguimos estos juicios desde hace años, nos hemos preguntado más de una vez: ¿qué construye una justicia que solo se expresa al momento del fallo sin hacer público el debate que la llevó al mismo? ¿Que no explota una proyección pedagógica para la sociedad, y restringe exponer el horror del terrorismo de Estado?

Para Pablo Llonto, abogado de la querella, “la transmisión en vivo de las audiencias es un verdadero avance. El código procesal penal no las contempla como tampoco la posibilidad de hacer audiencias por Zoom o por Jitsi. Hay que entender que no está prohibido y por lo tanto debe estar permitido. No necesitamos una ley que diga expresamente que se deben utilizar tales aplicaciones, además no hay ninguna violación a ningún derecho humano, no hay ninguna violación al debido proceso, las partes prestan conformidad y se lleva adelante: eso es lo que hay que desbloquear. Hay que romper la tendencia conservadora de un sector del poder judicial que desde siempre ha sido expresión de un mecanismo oscuro de limitar el acceso a los expedientes; de limitar la opinión de los jueces a la instancia de la sentencia; de limitar la capacidad de los espacios donde se celebran los juicios; de limitar siempre el acceso a la información pública. La única manera de romper es con la llegada de jueces, juezas, fiscales, abogados y abogadas más jóvenes, más humanistas y garantes de los derechos humanos”.

Llonto participó entre las y los querellantes y familiares que asistieron de manera virtual, y en este sentido argumenta: “hay que alentar este tipo de transmisiones siempre. Como regla, porque la sociedad tiene que tener acceso a la información. Los testimonios, los relatos e intervenciones de las partes, las caras de los jueces, de los protagonistas y de los imputados tienen que ser conocidas y públicas. La norma establece que los juicios de lesa humanidad son públicos y, al decir públicos, lo que se interpreta es que la mayor cantidad de gente pueda conocer, mirar, observar, semblantear y escuchar los procesos”.

Y es cierto. María Emilia Lires lo confirma. Ella vive en una localidad cordobesa y aun así pudo ver y escuchar la audiencia desde su computadora. Sus hijas también pero desde Córdoba capital. En la historia familiar de María Emilia, sus tíos Alfredo Lires y Graciela Álvarez, fueron detenidos y desaparecidos durante la dictadura. “Nosotros no tenemos muchos datos para armar la historia. Mucho de lo que pudieron contar mis abuelos y mi papá –hermano de Alfredo– se perdió. Que mis hijas puedan escuchar, quizás no la historia de su tío abuelo pero sí la de otras y otros compañeros, les ayuda a revivir y entender lo que pasó. Lo que me interesa realmente es que ellas se informen y que podamos mantener de generación en generación la presencia en la búsqueda de justicia”.

Lo mismo se replica una y otra vez al escuchar las experiencias de las y los sobrevivientes y familiares que componen el colectivo de querellantes de esta causa. Desde hace 10 años, Ana María Montoto Raverta integra este grupo que fue armando y peleando la instancia para llegar a juicio oral. Con voz entrecortada nos dice: “La emoción fue escuchar la audiencia otra vez. Pienso que no importa desde dónde lo veas, ya sea desde tu casa, desde la sala del tribunal, o desde cualquier otra provincia o incluso desde otro país, lo importante es estar presente y acompañar a las y los testigos y a las familias”.

Que los juicios continúen a pesar de la pandemia es un avance pero aún más lo es el hecho de que sean medios de comunicación los que transmitan los debates, brindando información adicional desde lo periodístico que ayuda a contextualizar los testimonios de familiares y sobrevivientes, actualizando al presente un debate que historiza años de impunidad.

“En mi familia nunca se habló de la desaparición de mis tíos”, cuenta Lires. Ellos desaparecieron y desapareció su historia. Yo siento una similitud con ellos y con ciertas cosas que van pasando de generación en generación sin saber por qué ni de dónde vienen. Me moviliza e interesa saber sobre Graciela y Alfredo, cómo vivían y qué pensaban”.

Replicar las iniciativas del TOF 4 de San Martín y de La Retaguardia resulta fundamental para que los juicios sigan siendo cámaras de eco de las experiencias político-culturales de los ´70, de las historias de vida de las y los militantes, así como de las prácticas genocidas desplegadas contra el pueblo.

 

 

 

* Nota publicada originalmente en Mundo Lesa, especial para El Cohete

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