El visir de la Puna

 

La mafia es una organización criminal. Organización indica aquí una estructura de carácter secreto, disciplinada por reglas no escritas y transmitidas oralmente. De ella no encontraremos listas de socios depositadas en ningún archivo ni certificados de afiliación en donde se indiquen rangos y jerarquías. Esa organización no puede reducirse al inocuo nivel de simple “mentalidad”, “costumbre”, “estado de ánimo”, “pertenencia étnica”. Ni mucho menos ser vinculada con las expresiones de protesta y lucha de un pueblo que –como el jujeño– se está manifestando contra la reforma constitucional elaborada por el carcelero de Milagro Sala. Digo esto último porque los precandidatxs a la presidencia por el PRO tildaron de “mafias” y “delincuentes” a las comunidades indígenas y a lxs trabajadores de la educación que están protagonizando protestas democráticas entre La Quiaca, San Salvador y Buenos Aires. Bien visto, los mafiosos son sofisticados empresarios del crimen, sujetos parasitarios de gran envergadura que empalman los Estados con los mercados, erosionan los Estados-nación y capturan el campo estatal con modos propios de la criminalidad. Su organización tiene una estructura familiarista tupida que se ubica fuera del Estado y dentro de él, contra él: esto es, contra las grandes mayorías trabajadoras que lo sostienen.

La célula primaria de la organización es la famiglia, una estructura rígidamente anclada en un territorio, que controla de manera tendencialmente totalitaria. El ingreso a la organización –complejo sistema modular sostenido por familias– se lleva a cabo por una “cooptación” que se elabora sobre la base de criterios de selección hereditarios o meritocráticos. La cooptación sigue esquemas muy similares a las costumbres feudales y coloniales. De esto desciende que la ligazón con la otredad implica relaciones sociales racializadas, prácticas subordinantes y modos propios del horror. En cuanto a los requisitos de selección: es necesario ser varón; pertenecer a familias que ya sostienen la organización o a familias que le son próximas; tener comprobadas cualidades de valor, coraje, sentidos emocionales barrados (en el sentido criminal); una situación familiar “limpia” según los arquetipos de una cultura antigua: preestatal. El sujeto que cumple con los requisitos es interceptado por la organización y “estudiado” con el fin de sondear sus capacidades y su disposición a formar parte de la sociedad mafiosa.

Uno de los signos más evidentes de la cultura mafiosa es la lógica familiarista (presente en el círculo del poder macrista). A continuación, veremos una pieza de este esquema político y de poder del que empezamos a comprender tanto la matriz como el desarrollo de su trama. La lógica familiarista que abarca ampliamente las fibras del poder cambiemita se ratifica también en la Jujuy del carcelero radical Morales. Pruebas: Héctor “Freddy” Morales, hermano, auditor del Tribunal de Cuentas, secretario de Hacienda de Libertador General San Martín, secretario administrativo del Consejo Deliberante de San Salvador, asesor económico en el Senado de la Nación y también secretario general de la Gobernación (2015); Walter Rolando Morales, hermano (otro), presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (hasta 2019), luego director titular del Banco Nacional de Jujuy; María del Carmen Morales de Cuéllar (hermana), designada en el Congreso de la Nación (hasta 2021); Gastón Morales, primogénito, asesor en el Senado (2009-2015), luego secretario de Asuntos Legales e Institucionales de la provincia de Jujuy (hasta 2018), luego director de CANNAVA (sociedad estatal del Gobierno de la provincia de Jujuy dedicada a la producción pública de derivados medicinales de cannabis de grado farmacéutico); Facundo Morales, otro hijo, entre 2013 y 2018 ocupó un cargo administrativo en la Defensoría del Pueblo de la Nación y a partir del 2018 coordinador general del Festival Internacional del Cine de las Alturas (un ente autárquico); María Eugenia Tulia Snopek (esposa), directora suplente de YPF (2021), antes nombrada en el Consejo de la Magistratura jujeño en calidad de prosecretaria (2020); María Inés Fernández (ex esposa), con cargo en el Congreso de la Nación; Osvaldo Francisco Cuéllar (cuñado), secretario administrativo del bloque radical; Marcelo Fernández (ex cuñado), auditor de la Auditoría General de la Nación (2009-2015), luego presidente del Banco de Desarrollo de Jujuy y posteriormente designado en la Agencia de Desarrollo de Jujuy (sociedad del Estado); Marcelo Cuéllar (cuñado), designado en Tribunales de la Provincia; Patricia Morales (prima), coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación; Néstor Navarro (primo), coordinador general del Ministerio de Seguridad; Armando Navarro (primo), contratado en la Legislatura Provincial; Luis Morales, trabajador de planta permanente de la Legislatura Provincial; Jorge Sebastián Morales (primo), secretario de “Freddy” Morales en la Secretaría General de la Gobernación; Nicolás Morales (primo), designado en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy; Ana Martinich (prima), designada en el ANSES de Jujuy; Lucía Fabiana Morales (hija de Freddy), designada en Tribunales. Desde ya, la lista no termina aquí, pero da una idea de lo que estamos explicitando. Aquí tenemos un concepto patrimonial del poder, un concepto familiar del poder, que Carlos Pagni cree encontrar en otras expresiones políticas populares y emancipadoras.

En otro orden de cosas, la mafia es un sistema de poder que se desarrolla en la línea –sutil y a menudo imperceptible– de intersección entre lícito e ilícito. Esa línea describe un territorio liminal entre lo legal y lo ilegal (lo criminal). En las protestas democráticas de Jujuy vimos que la represión tuvo un costado legal, desplegado por uniformados, y otro ilegal, hombres sin identificación, infiltrados en las columnas, que se desplazaban en vehículos privados.

 

Guaridas extractivas

El capital es insaciable. Necesita más de lo que está en la naturaleza. En la racionalidad propia del capitalismo todo lo que está sujeto a limitaciones naturales es escaso, aunque se nos haga creer que los bienes naturales comunes son infinitos. Por eso mismo, el capitalismo necesita organismos que garanticen su expansión: el imperialismo, el colonialismo, las mafias. Estas son catalizadores del capitalismo. Todo lo que está sujeto a limitaciones naturales, quiero decir, que es escaso en el modo de entender del sistema capitalista, y todo lo que se presenta como medio de producción para una producción ulterior, debe ser sometido a un control monopólico. De ahí que el capitalismo necesite de las mafias, tanto en la economía como en la política, para desplegar dispositivos tendencialmente monopólicos. El capital es una masa amorfa: está muerto. Parece vivo porque chupa sangre. Es (como) Drácula y las mafias son sus dientes. Esto quiere decir que sin seres humanos el capital no funciona. Complementariamente, para sostener la desigualdad y la división asimétrica de la explotación laboral en el plano nacional e internacional (ambos planos están conectados), el capitalismo necesita una maquinaria represiva en expansión constante –el sistema de poder mafioso– junto con una concentración de medios de destrucción y coerción (Mies, María / Bennholdt-Thomsen, Veronika / Von Werlhof, Claudia, Women, the Last Colony, 1988). Esa concentración pavorosa se especifica a menudo a través de la mediaticidad monopólica adosada a las redes sociales, adosadas a un segmento conspicuo del Poder Judicial (y policial), entramado que se constituye en un aparato de poder-fabricar-la-verdad. Este tejido espeso constituye una potente tecnología de gobierno. De ahí la justa precisión de Juan Alonso acerca de El Tribuno y del PJ jujeño a través de Rubén Rivarola. Desde Jujuy, en un tuit del lunes pasado escribió:

 

Jujuy: la Mafia está encabezada por Rubén Rivarola del PJ local -dueño del diario El Tribuno- y el clan de @GerardoMorales que controla el negocio del litio, la marihuana industrial, y ahora busca quedarse con el agua y la tierra de las comunidades originarias con la reforma.

— Juan Alonso (@jotaalonso) June 19, 2023

 

Los mafiosos son expertos en operaciones de ingeniería financiera de gran magnitud que comportan colocar fondos espurios en cuentas offshore con la finalidad de reinsertarlos luego en los circuitos legales. Además de las clásicas cuevas fiscales, si focalizamos en Jujuy, ahora pretenden desplegar otra categoría –la de guarida extractiva– encabalgada con sus acciones criminales. El modo cognitivo para fraguar esa nueva categoría es una represión brutal –contra los sindicatos docentes y comunidades indígenas– que alcanzó repercusión nacional y una nueva Constitución provincial que incluía, entre otros asuntos, dos artículos referentes a las tierras de los pueblos indígenas. Los artículos fueron retirados, pero esa decisión no convenció a las movilizaciones indígenas que persisten en sus reclamos y piden la derogación completa de la reforma constitucional. Esta pretendía dejar sin agua y tierra a las comunidades, suprimiendo la prescripción adquisitiva e imponiendo más requisitos para reconocerles la propiedad sobre tierras ancestrales que no son apenas territorios geográficos ni guaridas extractivas, sino lugares filosóficos para la elaboración de la existencia. La cuestión esencial de la tierra y el agua se expande obviamente al litio, cuya mayor explotación (en Jujuy y en la Argentina) se verifica en Salinas Grandes. El gobierno de Morales no avanzó con una consulta popular previa para contar con el consentimiento del pueblo sobre la reforma.

En otro orden de cosas, criminalizar la protesta social democrática para “garantizar la paz social” significa promover una estupidización sistemática, porque los cortes de rutas están codificados en el Código Penal. Y un “delito” que se resuelve con una multa no puede convocar la represión (i)legal. Sin embargo, se convoca la violencia elitista que en la Argentina responde a un empalme espeso integrado por dimensiones oligárquicas y mafiosas. Las mafias de ascendencia italiana aquí nacionalizadas y la oligarquía son subclases del colonialismo español. En la Argentina configuran un bloque social y lo fraguan sobre la base de la violencia privada (estatalizada) siempre en estado de latencia. Una metáfora de este bloque social podría ser el matrimonio de Franco Macri y Alicia Blanco Villegas.

El lunes 19 a la noche, el carcelero dio una conferencia de prensa y anunció la revocación de los artículos referidos a la explotación de tierras ocupadas por las comunidades indígenas, a la espera de “mecanismos de consulta y de participación” para lograr una “legislación” que “será definida por las comunidades”. En esa alocución no especificó cómo se instrumentarían “canales de diálogo” con las comunidades y, a pesar de la negación de la protesta democrática, dijo estar “convencido (de) que las comunidades van a poder”. Finalmente, un apunte necesario: en el ámbito de las relaciones de producción capitalistas la ausencia de normativas facilita la impunidad de los negocios, y las mafias tienen el ojo aguzado para intervenir en sectores de negocios aún no reglamentados puesto que vuelven más sencillo el control de esos recursos comunes, que en el caso de Jujuy es centralmente el litio. El poder mafioso tiene un interés particular puesto en las llamadas energías “limpias”, que hasta tanto no sean reglamentadas son fuentes de grandes flujos de capitales opacos. La cuestión del litio en la Argentina tiene un antecedente: la energía eólica, en la que intervino la familia Macri sentada en ambos lados del mostrador. Sobre estas cuestiones debatimos en El Cohete en 2021.

 

 

 

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