El turno de la Corte

 

Milagro cumplió cuatro años presa. La llave jurídica de su salida estuvo durante los últimos meses en manos del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. La defensa había pedido la revisión del caso conocido como Pibes Villeros, por el cual ella recibió una condena a trece años de prisión. En la presentación discutieron irregularidades en el procedimiento, problemas de standards probatorios y si ciertos hechos son o no son delitos. El jueves pasado, el Superior Tribunal rechazó el pedido de inconstitucionalidad. Y las defensas ahora preparan un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso significa que la libertad de Milagro quedará en manos de la Corte y que será la primera vez que esa instancia deba revisar uno de los casos tramitados enteramente en el Poder Judicial y en el ministerio público de Gerardo Morales.

El momento no es sencillo. La Corte dice que no existen presos políticos en Argentina. El Ejecutivo reconoce la inscripción de Milagro como arbitraria, pero señala que su futuro depende de la Justicia. En ese contexto, es posible que la disputa por el reclamo de la libertad vuelva a posarse sobre las calles. No de casualidad esta semana las organizaciones en solidaridad con los presos y presas de Jujuy conmemoraron el cuarto aniversario con un acampe en la 9 de Julio. Y ese no es un dato menor: la prisión de Milagro Sala sostenida en el tiempo puede convertir a estos presos políticos en presos políticos de este gobierno.

 

 

 

Los cuchilleros

La decisión de Jujuy abre un tiempo nuevo para el futuro de Milagro. Ninguno de los actores judiciales en juego olvida que el proceso es seguido de cerca por el sistema internacional de protección de derechos humanos: Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y CorteIDH. Lo saben los jujeños que han sentado a trabajar durante toda la feria a los integrantes de la sala penal del Superior Tribunal para preparar los argumentos de esta decisión. Y lo sabe de sobra la Corte federal.

La Corte ha intervenido directo en el conflicto de Jujuy cuando la CorteIDH exigió al Estado argentino una salida urgente de Milagro de la cárcel al considerar que estaba en riesgo su vida. En aquel momento, los cortesanos ordenaron a los jujeños el traslado inmediato a la prisión domiciliaria. Desde entonces no hubo más.

Casación intervino en una causa federal, el escrache de los huevos. Pero no había llegado una causa tramitada completamente en la órbita provincial. Eso es ahora lo importante. Sin embargo el contexto no es fácil. Hoy la Corte tiene un campo de batalla abierto con el gobierno nacional por la eliminación de la jubilación de privilegio para jueces, con fecha de tratamiento en Diputados para el 29 de enero. Milagro ingresará antes o después, pero en ese escenario.

 

 

 

Y el escenario no es menor. Y no lo son los cuchilleros en juego. Un espejo de lo que puede esperarle a Milagro apareció esta semana en Cancillería. La reforma también prevé eliminar el régimen de privilegio de diplomáticos. Un tema que inquieta a los hombres y mujeres devoradores de canapés. Esta semana lo mostraron. El gobierno mencionó el nombre de la persona pensada como candidato a embajador ante el Vaticano, Luis Bellando. Inmediatamente salió a la luz una historia de sus carnavales en carrozas en Río de Janeiro. El Vaticano es apetecido. Bellando llegaba sin haber pasado por la Ruta Revlón (París, Roma y Nueva York), con última escala en Angola. Hoy el gobierno baraja el nombre de otra candidata, María del Carmen Squeff, ex embajadora en Paris.

Cancillería está convencida de que la agenda de la reforma se coló en esta movida. Si es así, habría que pensar qué puede colarse en la vida de Milagro.

 

 

Qué se discute

En términos jurídicos, la causa Pibes Villeros es emblemática porque condensa todo lo que el gobierno de Morales hizo mal.

Ella quedó detenida un 16 de enero, en 2016, en el contexto de una protesta social. Fue liberada sin salir de la cárcel e inmediatamente quedó detenida nuevamente por desviar y apropiarse de fondos del Estado destinados a la construcción de viviendas. La causa se llama Pibes Villeros porque es el nombre de una cooperativa de la Tupac. El dato simbólico de aquel comienzo son las imágenes que difundió el gobierno de Morales: cámaras de una ventanilla del banco Nación con dos personas de la cooperativa que retiraban dinero en un bolso para pagar salarios, pero las imágenes se editaron y difundieron como si aquellos dos cooperativistas realizaran un robo.

 

 

 

El juicio oral se hizo en 2018. No pudo probar un sólo caso de desvío de fondos o de apropiación. Milagro fue acusada por un hecho del que no pudo defenderse porque la fiscalía cambió la configuración del hecho (con su lógica de tiempo, modo y lugar) cuando concluía el juicio.

Durante el juicio, hubo 66 días en las que ella permaneció fuera de la sala del debate: entre el 30 de agosto y 6 de noviembre debió sentarse en una pieza contigua sin posibilidad de repreguntar a quienes sostenían testimonios en contra. El juicio tampoco tuvo garantías de publicidad porque en la sala con 29 imputados y capacidad para 16 personas del público, los periodistas tuvieron prohibido el ingreso con lápiz y papel y debieron firmar un compromiso inédito de confidencialidad.

Sobre la solidez de la prueba, existen todo tipo de cuestionamientos. Uno es que la defensa pidió al Tribunal un peritaje de las obras, ejecución, costos, avances pero la fiscalía se opuso, y lo mismo hizo el Tribunal. Otro es que la única prueba importante de la fiscalía era una evaluación de un ingeniero del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, dirigido por el hermano del gobernador,  Walter Morales. Pero cuando el ingeniero Carlos Guarch declaró dijo que no había analizado las obras que se supone había analizado en tres localidades: Palpalá, San Pedro y San Salvador. Nunca estuvo en Palpalá. Y para el análisis dijo haber seguido una tendencia.

 

La identidad política

Hoy la revisión de esta causa es muy importante porque va a poder mirar el rol de las instituciones de Jujuy, dice Matías Duarte del equipo defensor. “Va a poder mirar el trabajo del Poder Judicial y sobre todo de los fiscales: entender que existió una discrecionalidad para elegir standards jurídicos según las personas que iban interviniendo —explica—. Una fiscalía que llega a juicio con una acusación vaga, que no puede establecer día, fecha y lugar, pero lo hace con plena impunidad. Y después la cambia sabiendo que eso significa que la persona no se puede defender, pero con la certeza de que la sentencia iba a ser alcanzada”. Al final, sigue, “al empezar a juntar las piezas, lo que se observa es que buscaban sacarla de la vida pública y social de Jujuy como efecto de las causas. Y eso es el resultado que hasta ahora consiguieron”.

Este es uno de los puntos más importantes del caso. Un punto que explica por qué las organizaciones hablan de presa política. Y por qué una y otra vez sostienen que hubo un andamiaje con apariencias de legalidad para sostenerla fuera de juego. Milagro era una figura pública y la persecución mostró –dice Duarte— la evidente necesidad política de sacarla de un espacio en el que ella intervenía como líder social en un movimiento opositor a Gerardo Morales.

 

 

Echale agua

Todo esto no se escondió. Dos de las mujeres que integraron el proceso judicial, recuerda Duarte, también hicieron públicas estas posturas. Una, la presidenta del Superior Tribunal de Jujuy, Clara Langhe de Falcone. En diciembre dijo públicamente que no iba a permitir que Milagro Sala quede en libertad. No fue la primera vez que dijo algo por el estilo. Pero habían cambiados los tiempos políticos. Y el gobierno nacional. Langhe de Falcone debió dejar la presidencia del tribunal.

 

 

 

 

Otra fue una de las tres juezas que condenaron a Milagro: Ana Carolina Pérez Rojas. En una cuenta pública señaló que estaba orgullosa de ser parte del 40% pensante de este país, en referencia a su simpatía por Mauricio Macri, en la que pulverizó al electorado que optó por una alternativa distinta.

A partir del lunes próximo, la defensa tiene diez días para presentar en Jujuy un pedido para recurrir a la Corte. Si Jujuy, acepta, la causa llega a la Corte. Si no, llegará por queja. Después la pelota quedará en manos del resbaladizo cuarto piso de la calle Talcahuano.

 

 

 

Alberto y la Corte

La semana pasada, Alberto Fernández dijo que Morales le dijo que la detención de Milagro Sala es decisión de la justicia de Jujuy. Ocurrió durante una entrevista con el director de este Cohete. Horacio Verbitsky le recordó, entonces, que la Justicia de Jujuy no es justicia sino que está conducida por un tribunal superior que maneja Morales. Para justificarlo habló del comienzo: cuando Morales asumió, amplió el número de integrantes de 5 a 9,  y dos diputados que habían votado a favor de esa ampliación, juraron 24 horas después en el Superior Tribunal.

El Presidente dijo entonces:

—Morales sabe lo que pienso sobre esos temas y que, para mí, sigue siendo una preocupación Milagro. Lleva más de cuatro años presa.

También dijo saber que hubo procedimientos cuestionables. Y finalmente agregó:

—Siempre nos queda la tranquilidad —entre comillas— de que eso va a tener una revisión última de la Corte Suprema. Y, si lo que digo es correcto, la Corte podrá resolver las arbitrariedades que se han cometido.

Que así sea.

 

 

 

 

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