El turno de Bolivia y de Chile

 

Sudamérica atraviesa una convulsionada coyuntura, en la que han estallado conflictos diversos, aparecieron comportamientos inesperados de actores poco conocidos y ha sentado sus reales, también, una saludable espontaneidad política. Persiste, asimismo, como no podía ser de otra manera, tanto el accionar de viejos protagonistas reaccionarios vernáculos cuanto la consabida injerencia externa norteamericana.

Hace menos de un mes se desencadenó una crisis política en Perú a raíz de la pretensión de la derechista Keiko Fujimori –presa bajo el cargo de corrupción e hija del ex Presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos— de incorporar nuevos jueces al Tribunal Constitucional con el auspicio del Parlamento unicameral, cuya mayoría controlaba. Buscaba beneficiarse judicialmente con la ampliación de aquel organismo. El Presidente en ejercicio, Martín Vizcarra, impidió la maniobra. Disolvió el Parlamento en ejercicio de facultades que le concede la Constitución. Hubo tensión, juegos palaciegos, manifestaciones callejeras pero la cuestión se resolvió rápido en favor de Vizcarra, cuyo desempeño alcanzó un alto reconocimiento en la opinión pública.

Poco después, en Ecuador, la decisión del Presidente Lenin Moreno de imponer un paquete de medidas económicas antipopulares –típicas ya del FMI y del fundamentalismo de mercado— entre las cuales descollaba el aumento del precio de los combustibles, disparó una extendida protesta social. Acosado por las manifestaciones en su contra, Moreno se vio obligado a instalar la sede gubernamental en Guayaquil. Finalmente tuvo que transigir y sentarse a negociar con los contestatarios actores que lo jaquearon, entre otros, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. No tuvo más remedio que hacer diversas concesiones frente a los reclamos que se le exigían y desistir del incremento de precios aludido arriba. Quedó, asimismo, en la mira de sus movilizados opositores, ante quienes se comprometió a cumplir con lo pactado.

Hoy les toca el turno a Bolivia y a Chile. La primera acaba de atravesar un proceso electoral cuyo ajustado resultado en favor de Evo Morales no reconoce la oposición, que ha dado ya comienzo a la erosión de su próximo mandato. En el caso chileno se halla en curso una suerte de rebelión popular con un alto grado de espontaneidad y de persistencia, que está siendo contestada con una violencia estatal que puso en marcha diversas operaciones y medidas represivas.

Pero vayamos por partes.

En Bolivia, el conteo de los votos se realiza por dos vías. Una es la del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que como su nombre lo indica es sólo aproximativo. La otra es la del escrutinio oficial que realiza el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a partir de los datos que le envían los Tribunales Electorales Departamentales (TED), que sí es definitivo. Los resultados del TREP se interrumpieron el domingo a la noche debido a dificultades en la transmisión de datos desde las áreas rurales y porque había comenzado ya –como estaba previsto— el conteo oficial. Sobre un estimado del 83,79% de los sufragios, esos resultados preliminares fueron los siguientes: Morales 45,28% y Carlos Mesa, el principal candidato de la oposición, 38,16%. Conforme a estos datos había segunda vuelta; Evo no alcanzaba el 50% ni superaba por el 10% a su contrincante.  Sin embargo, con base en esos guarismos incompletos y no definitivos, la oposición pasó al ataque: puso en marcha una denuncia de fraude sin esperar los resultados oficiales. Esos números fueron suficientes para embestir contra el oficialismo y convocar a la movilización, a la protesta y en buena medida a la violencia en repudio al presunto fraude, que el TREP —vale reiterarlo— no verificaba, pues la información que daba a conocer indicaba que había segunda vuelta.

El candidato opositor Carlos Mesa anticipó que “la ciudadanía no va a aceptar esta votación, no va a aceptar este resultado que está totalmente tergiversado y amañado”. Incomprensiblemente, se refería también a los guarismos del TREP. Y llamó a “defender el voto en la calle”. Fue así que hubo agresivas manifestaciones en Potosí, Sucre, Cochabamba, Tarija y La Paz. Y que los TED de Santa Cruz, Potosí y Sucre fueron atacados e incendiados. La Misión de Observación de la OEA fue invitada por el gobierno a auditar el proceso que se venía desarrollando. De manera irrespetuosa y hasta petulante, respondió que lo haría bajo la condición de que sus recomendaciones fueran vinculantes —es decir, obligatorias— lo cual es inaceptable para cualquier Estado soberano. Morales respondió con un tiro por elevación: está en marcha un golpe de Estado, advirtió, y llamó a defender la democracia.

Con ancestral paciencia el TSE continuó con el conteo oficial. En el atardecer del  24 de octubre dio a conocer que, con el 99,93% de los votos ya escrutados, Morales alcanzaba el 47,04% en tanto que Mesa conseguía sólo el 36,51%, con lo que aquel ganaba en primera vuelta con una diferencia de 10,53%.  El 0,07% aun por contar no podía ya cambiar esa ventaja. Fin de la película. No obstante, la oposición seguramente desconocerá también estos resultados y se dedicará a menoscabar ese triunfo, a erosionar la figura del Presidente y a desestabilizar al nuevo gobierno cuando llegue la hora, con la ayuda de sus socios foráneos. Una primera muestra de esto se dio el 23 de octubre en la OEA cuando Gustavo Tarre, representante de Juan Guaidó en el antedicho organismo, habló en representación de Carlos Mesa.

Chile cambió de la noche a la mañana, de la mano de la frescura de unos estudiantes que el pasado jueves 17 de octubre, a temprana hora, decidieron saltar los molinetes del Metro de Santiago exasperados por el aumento de $30 del costo del boleto. Allí comenzó a descargarse sobre Chile un vendaval de insubordinación social. A día siguiente, las protestas –algunas de ellas violentas— fueron surgiendo prácticamente de la nada: masivas movilizaciones, quemas de estaciones y vagones del subte, cacerolazos, concentraciones y paros se pusieron en marcha. Y abarcaron a un cúmulo de ciudades: Santiago, Antofagasta, Concepción, Coquimbo, Temuco, Valdivia y Valparaíso, entre otras.

Sebastián Piñera apeló a una dura represión que trajo a la memoria el tiempo pinochetista y advirtió a la ciudadanía que estaba en guerra. Estableció el estado de emergencia para el Gran Santiago y decretó el toque de queda en 11 de las 15 regiones chilenas. Puso en acción, también, un amplio dispositivo policial-militar. Al momento del cierre de esa nota se contabilizan 19 muertos, un mínimo de 2.000 heridos y un número impreciso de detenidos que supera –quizá largamente— al de estos últimos.

Advertido de que la mano dura no alcanzaba, reculó y procuró bajar los decibeles del conflicto. Pidió perdón por lo que llamó su “falta de visión” y anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas sociales y económicas. Se cuentan entre ellas: un incremento de las pensiones; mejoras para los menos pudientes en el acceso a la salud y a los medicamentos; un aumento del ingreso mínimo garantizado; la estabilización del precio de la electricidad y el incremento de los impuestos de los sectores de mayores ingresos, entre otras. Pero nada ha cambiado en lo inmediato. La huelga por 48 horas convocada por los estudiantes, la Central Única de Trabajadores y otros agrupamientos insubordinados se desarrolló como si Piñera no existiese.

Los casos boliviano y chileno son contrastantes. Morales es  acosado sistemáticamente desde 2006, año de inicio de su primera presidencia, por el centro-derecha vernáculo adicto al fundamentalismo de mercado y por los Estados Unidos o sus subrogantes de turno u ocasión. (En esta coyuntura electoral claramente la OEA, timoneada por el sibilino Luis Almagro.) El pecado de Evo es obvio: haber buscado un camino alternativo al neoliberal y haber alcanzado un éxito indesmentible.

Chile, en cambio, es la contracara: se abrazó tempranamente –con Pinochet— a los Chicago Boys y al consenso de Washington. Y siguió por esa vía aun con el retorno a la democracia. Consiguió un sostenido crecimiento económico, que lo convirtió en el mejor alumno de la región, pero sin extender prácticamente beneficio alguno a gran parte de su sociedad. Un clásico, en rigor, de la perversa dinámica de la globalización que exalta la competitividad mercantil y la contrapone a la inclusión social. Se trata, en fin, de una contradicción propia e insoluble del modo neoliberal de concebir y gestionar la economía. La consigna “No son 30 pesos sino 30 años” que se agitó en las calles de Santiago lo ha registrado de manera sencilla y sensata.

Los dos casos ponen en evidencia que nuestra Sudamérica se ha convertido en un campo de batalla entre contrastantes modelos de desenvolvimiento económico, que coinciden con los que se han perfilado en Bolivia y Chile: uno progresista y el otro claramente reaccionario. Ya lo sabíamos. Pero conviene machacar y reiterarlo, para tenerlo siempre presente.

 

 

 

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