EL TRASPASO DE EDENOR Y EDESUR

 

El programa energético de Cambiemos anunciado en 2016 por el entonces ministro, Juan José Aranguren, comenzó a trastabillar al poco tiempo de su implementación y terminó sepultado por el diseño macroeconómico implementado por el Presidente Macri y sus colaboradores. Si hubiera que ponerle fecha, la mega devaluación operada en 2018 sería tal vez el principal evento señalado en su acta de defunción. De allí en más, el respaldo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) colabora en mantener inconmovibles dos premisas básicas del otrora programa: la transferencia de renta a los principales grupos económicos del sector vía desregulación y dolarización de precios, y la oscilante reducción de subsidios. Estas definiciones tensionan, cual dogma neoliberal, cada vez con mayor intensidad con la realidad económica y social de la Argentina.

En la actualidad, la evidente ausencia de coordenadas ha transformado al sector en un hervidero de tensiones y disputas donde las empresas buscan maximizar aún más sus beneficios y los funcionarios acompañar la voluntad privada mientras transitan el cada vez más estrecho camino entre la sustentabilidad política del gobierno nacional y los compromisos asumidos con el FMI. En este marco se inscribe el traspaso del control y la regulación de la distribución eléctrica bajo jurisdicción federal a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concesionado a las empresas Edenor y Edesur, el traspaso del servicio de distribución eléctrica fue anunciado por el Presidente Macri e incluido en el presupuesto nacional 2019.

Las verdaderas razones que explican tal decisión, de complejísima aplicación, son todavía una incógnita. En rigor, se mencionó una motivación fiscal, la cual quedó descartada dado que la distribución eléctrica no cuenta en la actualidad con un subsidio específico. También se especuló con una motivación política a partir de la cual el gobierno nacional buscaría compartir el costo de aumentar las tarifas. No parecería ser el caso, dado que el incremento tarifario resulta ser uno de los principales estandartes del discurso presidencial. Mientras la búsqueda de una mejora en la regulación y control de la actividad ni siquiera fue barajada como una opción, en las condiciones acordadas entre las distintas jurisdicciones para efectivizar el traspaso se encuentran algunas claves que pueden explicar la movida.

En el Acta Acuerdo, firmada en marzo por Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, se convoca al Estado nacional  y las concesionarias a dar una solución integral a los reclamos pendientes. En este sentido, la principal condición de las empresas para avalar el traspaso de la concesión es que les reconozcan algunas deudas del erario público por la provisión de energía en barrios carenciados, pero, fundamentalmente, que les condonen la deuda que al día de hoy mantienen con el Estado nacional.

Una porción importante de la deuda de las concesionarias responde a multas impagas impuestas por el ENRE, a préstamos para inversiones realizados por CAMMESA durante el gobierno anterior, y a deudas por el pago de la energía a CAMMESA. En los últimos tres años, el endeudamiento de las distribuidoras del AMBA con el Estado se incrementó exponencialmente tanto por los mecanismos de actualización de deuda como por nuevos incumplimientos en la calidad del servicio. Si se contabilizan en conjunto los tres principales ítems que explican el enorme endeudamiento de las concesionarias con el Estado (multas impuestas por el ENRE, los préstamos para inversiones, y deuda por pago de energía), a diciembre de 2018 la deuda de Edenor con el Estado alcanza los $ 21.189 millones, en tanto que la de Edesur es de $ 21.399 millones.

En el caso de Edesur, los compromisos pendientes con el Estado explican de manera excluyente el sobreendeudamiento de la compañía, cuyo ratio de endeudamiento (Pasivo/Activo) se mantuvo en los niveles máximos, oscilando entre 0,9 y 1 durante los últimos cuatro años. En este punto es dable destacar que el ratio de endeudamiento esperable para una compañía varía entre 0,4 y 0,6. En este sentido, Edenor comparte la situación de sobreendeudamiento (también con ratios que oscilan entre 0,9 y 1 en los últimos 4 años), aunque los compromisos con el Estado explican cerca del 60% del endeudamiento total de la compañía bajo control de  Pampa Energía. Si bien el ajuste por inflación, aplicado en el balance anual de 2018 recientemente publicado, mejora sustancialmente la performance de endeudamiento de las compañías, queda clara la relevancia que tuvieron durante los últimos años los compromisos pendientes con el Estado para el desempeño de estas dos distribuidoras.

En el marco de las ingentes ganancias otorgadas por los sucesivos incrementos tarifarios aplicados durante el gobierno de Cambiemos, llama la atención la negativa de las concesionarias a cancelar la deuda con el Estado. Su principal argumento refiere a que los gobiernos anteriores no les otorgaron los incrementos tarifarios correspondientes, razón por la cual incumplieron sus compromisos más básicos. Paradójicamente, su actitud irreverente los privó de acceder a los planes de refinanciación de deuda otorgados por CAMMESA, que en algunos casos sorprenden por su generosidad. Tal es el caso del grupo DESA que concentra el control de las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Regenteado por Rogelio Pagano, este grupo económico acordó a fines de 2017 el pago de $3.623 millones en 93 cuotas con un interés del 10%. En tanto, a principios de 2018 llegó a un nuevo acuerdo por un remanente de deuda de $1993 millones  y acordó su pago, en 20 cuotas sin interés.

Así las cosas, la regulación funcional del organismo de control y la pasividad del Estado para cobrar las deudas le permitieron a Edenor destinar durante 2018 más de $1.300 millones a la recompra de acciones para mantener la cotización de la compañía, situación que no debiera llamar la atención si no estuviéramos hablando de una compañía concesionaria de un servicio público. También le permitió colocar más de $4.000 millones en instrumentos financieros para obtener una ganancia extra a la otorgada por el regulador. En tanto, Edesur, a pesar de la nula propensión a saldar sus deudas, accedió recientemente a una línea de crédito por hasta $2.000 millones con una sociedad relacionada.

La negociación de los abultados compromisos con el Estado adquiere creciente centralidad en el escenario del traspaso de la concesión de Edesur y Edenor, desplazando los importantes desafíos regulatorios y administrativos que supone implementar una medida de estas características. El resultado de la puja entre el interés común y la voluntad empresaria dependerá entonces del análisis y fundamentos de las autoridades intervinientes.

 

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