El tramo final

 

El gobierno de Cambiemos que endeudó irresponsablemente al país, que desindustrializó, que redujo en términos reales los salarios, las jubilaciones y pensiones, que empujó a gran parte de la población a la pobreza mientras permitió que se fugaran capitales e hicieran negocios los bancos, las principales empresas prestadoras de servicios públicos y los grandes acopiadores y comercializadores de granos, está terminando su mandato.

Un gobierno que comenzó “liberando” el precio del dólar aduciendo que el del mercado era el dólar paralelo y que permitió comprar la cantidad de divisas que se quiera (y pueda); que sacó la mayoría de las retenciones (derechos de exportación) y redujo la de la soja; que eliminó todos los plazos para liquidar las operaciones de comercio exterior; que disminuyó los impuestos internos para la compra de autos de alta gama, yates, artículos de lujo y la alícuota de Bienes Personales; que hizo un “blanqueo” de capitales para todos aquellos que evadieron el pago de impuestos; que acrecentó sideralmente las tarifas eléctricas, del gas, de los combustibles, del agua, de las comunicaciones; y que subió las tasas de interés muy por encima de los precios y mucho más que los salarios, termina restableciendo las retenciones en septiembre de 2018[1], reprogramando los vencimientos de la deuda de corto plazo desde el 28 de agosto de 2019  y entablando negociaciones con los acreedores por la deuda de mediano y largo plazo y, desde el 1° de septiembre de 2019 fijó límites a la compra de divisas, bloqueó la remesa de utilidades, limitó a las entidades financieras a que la posición propia en divisa no puede superar el 4% de su patrimonio e impuso severos plazos para liquidar las exportaciones.

La lógica inicial en el modelo macrista era la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori.

Ingresaron divisas por el sector financiero (deuda, blanqueo de capitales) pero en forma sistemática: por un lado se fugaron y por otra parte se pagaron intereses de esas mismas deudas contraídas y se financiaron importaciones que mayoritariamente sustituyeron producción local.

El 25 de abril de 2018, ante la suba de la tasa de interés de largo plazo (10 años) de los EE.UU., acercándola al 3% anual, se produce en el país la fuga de capitales encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda (JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.). Los que no pudieron irse por tener vencimientos a posteriori, esperaron cierta estabilidad para vender títulos públicos y privados argentinos, y cuando esa estabilidad lograda tras las PASO se perdió, no trepidaron en vender tratando de salir como sea de un mal negocio.

Pero también hubo quienes ingresaron fuertemente a mediados de 2018, incluso acrecentando sideralmente su posición en títulos públicos y acciones de empresas argentinas, principalmente la aseguradora suiza-francesa Allianz SE (Pimco), el banco de inversión Goldman Sachs y los fondos Franklin Templeton y BlackRock.

Pimco, por ejemplo, posee el 50% del total de título público denominado por su sigla BoPoMo (Bono de Política Monetaria), que es un bono en moneda nacional por 24.000 millones de pesos, atado a la tasa de interés de política monetaria que cerró al 83,205% anual y se paga el lunes 23 de septiembre. La otra mitad está en manos de otros fondos del exterior. Obviamente, PIMCO y tal vez los otros tenedores esperaron la fecha de vencimiento para cobrar e irse, más que probablemente con el mecanismo de contado con liqui, comprando con esa plata otros títulos públicos y privados y vendiéndolos en el exterior a un dólar a mayor precio, que es el costo de volver a esa moneda, por lo que definitivamente no ganaron plata.

 

La declaración del default

Ante lo desproporcionado del endeudamiento incurrido por la administración de Cambiemos y la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos, el gobierno mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 596/2019 del 28 de agosto de 2019 modificó las condiciones de los pagos de los títulos públicos que vencen en el año. Solamente se abona el 15% del valor  a la fecha original de cancelación y el 85% restante se refinancia (25% a los 90 días y 60% a los 180 días de la fecha de vencimiento), configurando un default de hecho [2].

El mismo día del Decreto, el ministro Hernán Lacunza dijo también que se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para el “reperfilamiento” de los vencimientos de  los títulos de deuda de mediano y largo plazo 2020-2023 con jurisdicción nacional, en forma similar a los títulos bajo ley extranjera. Y que la Secretaría de Finanzas se contactaría con bancos internacionales para recibir propuestas de diagramación y ejecución de un “reperfilamiento” de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas que vencen en los próximos diez años.

A última hora del jueves 19 de septiembre de 2019, el gobierno de Cambiemos envió al Congreso de la Nación el Mensaje 174/2019 y Proyecto de Ley por el cual se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para que con los títulos de deuda emitidos bajo legislación argentina se le den al gobierno las “herramientas legales para proceder a la modificación de los términos y condiciones de los títulos representativos de deuda pública nacional, mediante el consentimiento de una mayoría calificada de sus titulares, de manera concordante con lo previsto en las emisiones efectuadas bajo legislación extranjera”. De aprobarse el Proyecto, se habilita al Gobierno de Cambiemos a entablar una negociación con los acreedores para tal fin.

En esa negociación el gobierno va a incorporar a los títulos públicos la Cláusula de Acción Colectiva “que establece que si el 66% de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por especie”.

Pero en el Mensaje  174/2019 propone:

1.  Determinar el monto de capital pendiente de amortización de aquellas series de títulos que estén denominados en moneda extranjera, convertidas a pesos argentinos utilizando el tipo de cambio que se establezca en la respectiva solicitud.
2. Vuelve a introducir el no cumplimiento del Art. 65 de la Ley 24.156 [3], que implica que las modificaciones que acepte el gobierno pueden ser a favor del tenedor del título de deuda y no un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
3. El ministerio de Hacienda puede realizar la compra, venta y/o canje de instrumentos financieros, pases de monedas, tasas de interés o títulos; la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados y esas transacciones podrán realizarse a través de entidades creadas "ad hoc" y no estarán alcanzadas por las disposiciones del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001, que es el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, cuyo Art. 5to Inciso “d” excluye expresamente las contrataciones en operaciones de crédito público.

Sin embargo, el “reperfilamiento” queda reducido a la extensión de plazos y no está acompañado de una quita del capital ni una rebaja de los intereses, como fueron las reestructuraciones de 2005 y 2010.

Finalmente, para los títulos que se emitieron bajo legislación extranjera estarían iniciando las mismas tratativas, con lo que es el gobierno de Macri el que está reestructurando la deuda que generó y luego, como debe ser el orden de los factores, una vez acordada la reestructuración de la deuda, remitirla al Congreso de la Nación para su aprobación y autorización.

Según informa el Ministerio de Hacienda, el año próximo vencen títulos por 12.000 millones de dólares bajo ley local y solo 400 millones bajo ley extranjera, mientras que en 2021 se revierte esa situación ya que vencen 4.500 millones bajo ley extranjera y 3.800 millones de dólares bajo ley argentina.

Y afirma que la deuda pública bruta total asciende a unos 307.000 millones de dólares, de los cuales 113.000 millones corresponden a títulos con acreedores privados. De este total, 48.000 millones de dólares [4] son de bonos bajo legislación local y 65.000 millones de dólares bajo ley extranjera.

Por otra parte, la deuda con organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) asciende a 67.600 millones de dólares, dentro de los cuales también se incluyen unos 1.900 millones de dólares que todavía resta pagarle al Club de París.

Independientemente de cómo le vaya al gobierno de Macri en el “reperfilamiento” de la monstruosa deuda contraída, lo cierto es que el gobierno que lo suceda se va a encontrar con una situación imposible de pagar y con una catarata de juicios por incumplimiento del contrato o default.

Según un cuadro elaborado por la ODE de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), el perfil de vencimientos de capital más intereses es:

 

 

Y el superávit comercial no logra compensar el resto de los componentes de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.

De allí que economistas vinculados al candidato ganador de las PASO sostienen que se debe recurrir a un acuerdo con los acreedores para estirar los vencimientos de capital (de 2020 a 2025, por ejemplo) y reducir a la vez la carga de intereses durante los primeros años a cambio de aumentarlos en los siguientes, al que denominan “Step Up” (un paso adelante) para hacer compatible la capacidad de pago del país con su crecimiento.

 

Ineptos e improvisados

El mejor equipo de los últimos 50 años y su jefe, Mauricio Macri, han demostrado una manifiesta incapacidad para la administración pública, desconociendo no solo su funcionamiento, la legislación y la técnica administrativa, sino y fundamentalmente una falta de vocación para defender a la Nación.

Han priorizado sus negocios. La deuda, su empleo y gestionamiento lo demuestran palpablemente, como también lo corrobora la reciente denuncia del dueño de medios Daniel Vila, sobre el uso de las frecuencias para telefonía celular y la extorsión del gobierno de Cambiemos, pero, sobre todo, lo que la abogada Graciana Peñafort explica que esas frecuencias son propiedad de todos y que administra el Estado Nacional y que por ley están asignadas a la empresa estatal. Concepto que no entienden ni Vila ni Macri.

Paralelamente, la realidad también demuestra que las reservas internacionales del BCRA siguen bajando a ritmo acelerado, de manera tal que el lunes 16 de septiembre de 2019 habían perforado el piso de los 50.000 millones de dólares, cuando al 9 de agosto de 2019 ascendían a 66.308 millones de dólares.

Los depósitos en dólares de los bancos continuaron en baja. La última información disponible es para el lunes 16 de septiembre y ese día los depósitos se ubicaron en 24.851 millones de dólares y desde las elecciones se perdieron 10.392 millones, el 35 por ciento del total [5]. 

Y no se genera, hasta ahora, un mayor derrape porque los grandes fondos nombrados están posicionados en acciones y títulos públicos en pesos y grandes empresas y grupos económicos locales tienen deudas en divisas, convencidos como estaban que la gestión de Cambiemos iba a durar no menos de dos períodos.

Existe una sorda, pero visible puja entre los que se benefician y los que se perjudican con la devaluación. Para los primeros, cuantos más pesos les den por sus divisas van a comprar por la mitad lo que vale el doble [6]. Los segundos, en cambio, esperan que la situación no se desestabilice más porque ya tienen un dólar competitivo, se opera con superávit comercial de mercaderías, base imprescindible para poder pagar las obligaciones y, fundamentalmente, porque los salarios y los costos medidos en dólares son menores a los de Brasil, referente ineludible para ellos para poder producir y comercializar en el país y en la región.

En síntesis, se trata de un final abierto entre los intereses de los que propician una mayor devaluación de nuestra moneda y los que buscan sacar partido de la devaluación ya realizada. Los convidados de piedra son los trabajadores, los jubilados y pensionados y en mayor o menor medida todos los que están vinculados al mercado interno y ese es el verdadero problema a resolver, de los cuales el endeudamiento del macrismo es un agravante.

 

[1] Que no actualizó a la fecha, siendo una suma fija de $ 3.- por dólar industrial y $ 4 por dólar primario, en un claro beneficio para los exportadores ante un dólar que se incrementó en un 50%.

[2] Por más que respete las tasas de interés, el alargamiento de los plazos es default,  que en finanzas es el incumplimiento de las obligaciones legales o condiciones de un préstamo.

Por otra parte, como detalla un Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el “reperfilamiento” invirtió la carga de los vencimientos: bajo las condiciones originales, el 77% de los pagos debía realizarse este año. Pero de acuerdo al nuevo cronograma, el 72% de los mismos se cancelará en el 2020. Los vencimientos estimados para 2019 se reducen en U$S 9.306 millones, pero como resultado de la extensión de los plazos se deberá pagar U$S 1.472 millones adicionales de intereses con respecto al cronograma de pagos original.

[3] ARTICULO 65.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

[4] A su vez, de los títulos bajo legislación argentina serían unos 32.000 millones de dólares si se les restan las Letes y Lecap ya “reperfiladas” por el Decreto 596/2019.

[5] Ante la abrupta caída de los depósitos en dólares la mayoría de los bancos salieron a cancelar de manera acelerada los créditos que habían otorgado a las empresas para prefinanciar exportaciones, ofreciéndoles por esos créditos en divisas otorgarles en pesos, pero la diferencia de tasas es abismal. El costo que se cobra por una prefinanciación de exportaciones se suele ubicar incluso por debajo del 5% anual en dólares.

[6] En este escenario, por ejemplo, los títulos públicos a 10 años muestran un rendimiento promedio del 23,8% anual en dólares y no valen más del 45% de paridad. Y lo mismo sucede con las acciones de empresas locales.

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