El tobogán uruguayo

 

Dos escándalos que el gobierno uruguayo insiste en encubrir y negar se están desarrollando con revelaciones diarias que causan un notorio deterioro de la institucionalidad democrática. El gobierno mintió de forma palmaria en dos interpelaciones sobre ellos, en agosto y octubre, y ya se demostró, mediante chats telefónicos y declaraciones, que los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores y sus subsecretarios sencillamente mintieron. El martes 13 de diciembre, el Presidente Lacalle Pou los reafirmó en sus puestos: “Esperaremos a que la Justicia se pronuncie”.

La fiscal Gabriela Fossati, a los dos días de hacerse cargo de estos temas, declaró en veloz conclusión que el Presidente Lacalle Pou no estaba involucrado. Dijo después que el caso “es una bomba”. Luego, el 18 de noviembre, pidió ser apartada de la causa. El fiscal general Juan Gómez la mantuvo en su puesto y, en una injerencia inconstitucional del Poder Ejecutivo en el Judicial, Lacalle Pou opinó en el mismo sentido.

Las causas judiciales son actualmente dos. Por ahora, no se judicializó la gestión exprés de un pasaporte uruguayo a un importante narcotraficante, Sebastián Marset, para liberarlo de su prisión en Dubái por haber intentado entrar con pasaporte falso paraguayo. Él quería que fuera antes de que se produjera su expulsión del país el 20 de diciembre y, como así se hizo, hoy está prófugo y seguramente en su oficio de la droga. La información que permitiría abrirle causa al gobierno por Marset es la respuesta judicial a un pedido de acceso a la información hecha por el Frente Amplio. Pensada y promovida desde el periodismo en 2003 y 2004 para superar las negativas de la presidencia de Jorge Batlle, la Ley de Acceso a la Información es hoy casi el único recurso eficaz de la oposición para saber de qué se trata. La respuesta lograda a través de la justicia fue entregada el martes 13 a la fiscalía que, dados los elementos que contiene, debería abrir una nueva carpeta judicial.

El señor Marset tiene suficiente prontuario como para haber seguido la sugerencia de cautela y postergación de la embajada uruguaya en Dubái: en 2019, Marset fue informante de la policía uruguaya y le entregó una operación de 50 kilos de cocaína. La relación se dificultó porque cometió un asesinato y en 2003 fue preso. Luego, su abogado vino al Uruguay y gestionó el cierre de todas las causas judiciales que tenía pendientes. Ese cierre lo habilitaba a que se le expidiera un pasaporte, pero lo legal no tenía por qué imponerse al sentido común. En mayo, por ejemplo, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo acusó de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, de luna de miel en Cartagena de Indias.

Las causas que hoy lleva la fiscal son las derivadas del apresamiento del jefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano, en principio por integrar un grupo que vendía pasaportes uruguayos correctamente emitidos con identidad falsa, principalmente a ciudadanos rusos, a la que siguió otra abierta a pedido de dos senadores de la oposición, Mario Bergara y Charles Carrera, por nuevas revelaciones: espionaje en su contra con ayuda policial para reunir elementos de su vida con el propósito de coaccionarlo. Se procuraba que anulen o invaliden la acción judicial que ellos iniciaron contra el Estado por la concesión del puerto de Montevideo —la perla de la ostra uruguaya— hasta 2080 a una única firma, la belga Katoen Natie. Este gobierno lo hizo tempranamente en su mandato sin ninguna de las diligencias a las que estaba obligado —administrativa, legal, económica y más— y el propósito es de evidente interés de quienes dieron la concesión, empezando por el actual Presidente de la República.

El caso de espionaje tiene ya elementos de prueba y un testigo e involucra a una empresa de militares uruguayos, Vertical Skies, una de las tantas firmas que se benefició de la intermediación del jefe de la custodia presidencial. Esta concesión del puerto es de lejos el tema más importante de los que hoy se han descubierto, pues condiciona la soberanía de un país que se fundó a partir de 1724 para utilizar la rada. La denuncia judicial estima un perjuicio para el Estado del orden de los 2.000 millones de dólares.

Esta nota saldrá inevitablemente desactualizada, porque las sucesivas revelaciones son un rayo que no cesa. Ellas van mostrando que, además, Astesiano hacía una multiplicidad de acciones ilegales utilizando o cooptando policías para y con empresarios privados —al menos uno es un hacendado argentino con vastas tierras en Soriano—. Además, ejercía de nexo con el Presidente (el “sindicalista” argentino Marcelo Balcedo, preso por lavado de dinero, es uno de los que quería hablar con él), hacía favores personales para impedir acción de la Justicia, monitoreo de cámaras de vigilancia en beneficio privado, facilitaba la venta de armas de empresas al Estado, hacía escuchas telefónicas ilegales mediante El Guardián, vendía información de fichas personales y más. Hay 4 de los 14 ministerios del gobierno implicados en estos negocios, a través de 16 de sus reparticiones. El semanario Brecha publica que una empresa del importante Grupo Seré contactó a Astesiano para que la fuerza de choque policial (Guardia Republicana) expulsara a intrusos de uno de sus predios, 29 hectáreas para logística portuaria. Con fuente en el doctor Google, se agrega que Juan Ignacio Seré Ferber es también el “asesor en innovación” de Lacalle Pou, con Astesiano y el edecán naval fueron los tres únicos acompañantes del Presidente en un viaje a Dubái por el “Día Nacional de la República Oriental del Uruguay” en febrero pasado. Por ello, cobraron los mismos viáticos los tres acompañantes: 509,60 dólares por día, y fueron seis, más seguro de viaje. No puede dejar de señalarse que el nombre de Juan Seré, por su perfil empresario, es interesante en este contexto del caso Astesiano.

En verdad, son tantas las actividades de las que deja trazos el único de sus tres teléfonos incautado y su memoria recuperada (pues se le dio tiempo para borrarla; uno se pregunta por qué simplemente no lo tiró), que abren la sospecha de que no podía hacerlo solo con el equipo que integraba: el ruso Alexey Silaev, que atraía clientes con su cuenta en Facebook “Todo sobre inmigración al Uruguay”, y el escribano Álvaro Fernández, del estudio Fernández Pou. La relación familiar entre el segundo apellido y el de la madre del Presidente, Julita Pou, no se ha logrado establecer; tampoco ha sido negada. A estos nombres se agregan ahora los de la cúpula policial: los números 2 y 3, el jefe de Inteligencia (que fue quien lo detuvo tras avisarle y dejarlo viajar desde el aeropuerto de Carrasco a la residencia presidencial) y el oficial a cargo de las empresas privadas de vigilancia.

La actitud de la oposición, que es solo el Frente Amplio (FA) con casi la mitad de los votos, es la de calificar las decisiones que habilitaron estos casos de “políticas” y pedir responsabilidades acordes a los hechos que se demuestran. Afirman que se está causando un notorio deterioro de la institucionalidad democrática y le dicen al gobierno que el Presidente Lacalle Pou está “subvalorando” la situación. El FA está considerando, tras una reunión de su mesa política el martes 13, volver a llamar a sala a las cúpulas de Cancillería e Interior, solo a sus subsecretarios o no llamar a nadie. Dijo el senador Mario Bergara que los limita el hecho de que esté en tratamiento, tan cerca del receso parlamentario, una ley de reforma jubilatoria sobre la que el FA ya declaró que solo apoyaría algunos artículos.

De hecho, el FA es hoy la única voz política activa en defensa de la institucionalidad democrática de la que Uruguay suele jactarse. El gobierno y varias encuestadoras afirman que la oposición está polarizando el clima político, pero la actitud del FA no es para nada esa: desvincula todos estos “insucesos” de los que solo el gobierno es responsable, de cualquier tema político de los muchos y graves que tiene sobre la mesa. Tal vez, cuando el tema Marset-Astesiano realmente cale en la opinión pública, esta actitud austera le traiga votos de sectores medios. El ex senador del FA Rafael Paternain afirmó que “para un gobierno que ha querido mostrarse implacable a la hora de controlar policialmente a los sectores más vulnerables y que ha judicializado todas las causas sociales imaginables (allí tenemos el ejemplo de las ollas populares), esta subordinación a intereses oscuros lo coloca en un lugar de franca inconsistencia”. En este contexto, no debe entenderse como casual la referencia al gobierno y su accionar.

La estrategia política del Frente Amplio es, como dijera su presidente Fernando Pereira, “no bailar más rápido que la música”. El sentido común tiende a vincular los casos de Marset y Astesiano, pero no hay elementos probatorios que lo permitan. Se puede inferir que el gobierno está involucrado, pero no se enuncia ni se plantea un juicio político. Se piden responsabilidades políticas por el nombramiento de Astesiano “porque alguien lo puso allí”. Su jefe directo era el subsecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, quien quiso sostener ante el Senado que Astesiano era solo un custodio más, pero fue abrumado por las evidencias en contrario que se expresaron. Nadie se hace responsable.

El Presidente dice que no sabía que Astesiano tenía más de veinte anotaciones policiales (o sea, estaba involucrado en delitos pero la prueba fue insuficiente), tampoco sabía que estuvo preso en 2003. Dice Lacalle Pou que le ocultaron esa información, y el ministro del Interior Luis Alberto Heber lo refrenda en esa extravagancia. No comenta los dichos de un político de su sector de Rivera, que le advirtió en su momento sobre el perfil de Astesiano, ni recuerda que el anterior ministro del Interior Jorge Larrañaga, hoy fallecido, también le advirtió. Sabía que Astesiano no tenía formación policial, pero lo puso al frente de los 160 hombres de la seguridad presidencial y los muy importantes poderes del cargo sobre recursos del Estado, incluyendo policía e inteligencia. Dice que lo conoció a Astesiano en 1999 y que le pareció “de confianza”.

Astesiano fue custodio del Presidente Luis Alberto Lacalle Herrera en su período 1990-1995 y su virtud era su filiación política herrerista. En 1998, Lacalle lo incluyó, con el número 19, en la lista 2 por Montevideo que él encabezaba al órgano deliberativo nacional del Partido Nacional. Antes, cuando Lacalle comenzó su presidencia y su custodio necesariamente entraba a la casa familiar, Lacallito tenía 17 años y en su futuro había una banca de diputado por el departamento de Canelones; para reforzar el relato de que en verdad vivía allí y no en Pocitos y luego en Carrasco, sacó su libreta de conducir en Canelones. El custodio difícilmente puede haber sido ajeno a esos trámites.

Astesiano tenía su oficina en el 4º piso de la casa de gobierno, la Torre Ejecutiva, a la que la fiscal llegó dos meses después de su detención, el 25 de septiembre. Recién entonces, la fiscal la precintó y descubrió que no había registro de los visitantes que había tenido Astesiano. No se sabe cuántos pasaportes uruguayos legales con identidad falsa hay circulando en el mundo: se supone que son miles. Pasado un mes del arresto de Astesiano, el gobierno de Estados Unidos prácticamente conminó al uruguayo a poner una alerta roja sobre el tema pasaportes en el circuito internacional. En ese intercambio, Estados Unidos manejó tres posibilidades en la utilización de esta canonjía de tener una segunda identidad legal: que estuviera involucrada la mafia rusa, que fuera esta en combinación con narcos mexicanos y que fuera la inteligencia rusa. Habrá más noticias para este boletín.

 

 

 

 

 

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