El tiempo es veloz

 

Durante seis años fui Director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), que es el órgano de docencia, investigación y capacitación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). La CISS es un organismo internacional, con sede en México, al que pertenecen los 36 países de América, tiene un origen muy bello, nació en Chile, y el primer secretario de la Asamblea General fue Salvador Allende, en ese entonces Ministro de Salud del país trasandino. La siguiente Asamblea se realizó en el salón de actos de la facultad de Derecho de la UBA en Buenos Aires. Esa Conferencia ocurrió en el año 1951 y la presidió Eva Perón, quien ya se encontraba enferma, no obstante lo cual hizo un discurso paradigmático para la seguridad social americana. Tanto es así, que aun hoy se conserva como un tesoro el video de aquella época, una transcripción escrita del discurso y cientos de fotos. Ese video volvimos a pasarlo en  el mismo salón de Actos, en noviembre de 2005, 54 años después, en oportunidad de una nueva Asamblea que se realizó en Buenos Aires.

Desde el CIESS tuve la oportunidad de ser partícipe en múltiples encuentros en que se aprobaron diversas declaraciones. Lo que siempre me llamo la atención de esas maratónicas sesiones fue la grandilocuencia de los discursos de los delegados, las invocaciones en que a partir de esa declaración el mundo ya sería otro. Terminada la votación generalmente tiene lugar un cóctel ofrecido por el país organizador, muy bien servido y regado de buen champagne para el brindis, amenizado con un discurso del presidente de la Asamblea que corona el evento.

En base a estos eventos internacionales, siempre traté de imaginar como habrá sido la Asamblea que se celebró en París el 10 de diciembre de 1948 cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según cuenta la leyenda, fue a instancias de Eleanor Roosevelt, viuda de quien fuera cuatro veces Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, que se aprobó allí la que sin duda es la declaración más importante del siglo XX. Imagino los discursos encendidos de los delegados presentes de todos los países miembro. Ni hablar de lo que habrá sido el acto de cierre de la asamblea en una París que rápidamente recuperaba su esplendor después de la guerra.

Infinidad de declaraciones relacionadas con los llamados Derechos Humanos de segunda generación (derechos sociales, económicos y culturales) se realizaron a instancias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los que hoy forman parte de nuestra Constitución por imperio de los incisos 22 y 23 del articulo 75.

Luego de la reforma constitucional de 1994 se incorporaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378) y la Convención Americana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (ley 27.360).

He desarrollado en este texto, desde la experiencia, la forma en que acontece el tratamiento de las distintas declaraciones, no porque esté en contra de ninguna de ellas, al contrario, reconozco que detrás de cada una de ellas existen personas de un gran valor que han aportado su inteligencia y su esfuerzo. Todas esas convenciones son de un enorme valor moral y marcan un camino. He descrito el proceso de aprobación con cierta ironía para identificar que mientras algunos trabajan, razonan y escriben con dedicación y esmero, al momento de la aprobación todos quieren estar en la foto, aunque en verdad lo que se aprueba a muchos nada les importa. Como ejemplo de lo dicho téngase presente que la ley que aprobó la incorporación a la Constitución Nacional de la Convención Americana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue sancionada durante el macrismo, y es contemporánea con la modificación de la ley de movilidad jubilatoria que bajó las jubilaciones, pensiones y planes sociales en más del 20% en términos reales, acompañada de la liberación de los precios de los medicamentos, mientras el PAMI desertaba de sus obligaciones y el precio de los servicios públicos se multiplicaba por veinte. Los mismos legisladores que votaban una cosa también votaron la otra, dando cuenta de una incoherencia impactante.

Lo cierto es que han pasado setenta y un años y cinco meses desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, sin embargo, la diferenciación social ha crecido a niveles insospechados. El hambre asuela a la mayoría de la geografía mundial mientras una minoría se hace cada vez más rica, egoísta y avara.

Todas las declaraciones son letra muerta cuando nos enfrentamos con la cara de la pobreza más cruda. El abandono de un anciano o de una anciana se lee en sus ojos, hoy creo que eso mismo pasa con un niño abandonado o con un trabajador o trabajadora que se queda sin capacidad de llevar el sustento a su hogar. La tristeza que produce la pobreza se palpa y se extiende al conjunto de la sociedad, genera discriminación y por lo tanto más abandono que naturalmente produce más tristeza, en un circulo vicioso interminable.

Nuestro país no escapa a la realidad mundial, mientras los grupos concentrados del poder económico cada día acumulan más dinero hay sectores populares donde la pobreza es cada día más despiadada. La pandemia ha dejado al descubierto la fragilidad de la economía de los sectores populares, pero en especial trajo a la luz la pobreza estructural que impera en nuestro país. Pienso que durante la pandemia es mucho lo que se ha hecho, teniendo en cuenta la gravedad de la cuestión económica que dejó el neoliberalismo y la renegociación de la deuda externa. Aún frente a estas calamidades, el gobierno tuvo y tiene el coraje de acometer contra todas las desventuras juntas con estoicismo y patriotismo.

Beveridge en su plan de seguridad social escribió que Inglaterra debía preparase en la guerra para la paz. Creo que nosotros tenemos que prepararnos en la pandemia para la pos-pandemia. Eso es lo que deberíamos hacer, construir un mecanismo de distribución de ingresos que rompa esa pobreza estructural. Por ello me permito hacer una invocación al esfuerzo colectivo para buscar un camino que nos permita rápidamente terminar con la indigencia, para luego poder erradicar la pobreza y fijar un piso mínimo de justicia social que todos respetemos. Por esa razón, me atrevo a proponer mi verdad relativa en este aspecto.

 

Propuesta

En la primera sesión virtual de la historia del parlamento argentino, el diputado Máximo Kirchner dijo sin eufemismos: “Tenemos que poner en el centro de la acción del Estado a la gente, a la gente de carne y hueso”. Creo que esa es la mejor síntesis de la idea que aquí sucintamente intento explicar. El Plan consiste básicamente en entregarle dinero a la gente que carece totalmente de él. Sí, dinero en efectivo, contante y sonante, que permita que una persona, una pareja o una familia, deje de tener sus necesidades básicas insatisfechas. Para ello es necesario fijar un piso de “justicia social posible” que yo imagino bien podría ser, para empezar, el monto de la jubilación mínima.

Antes de avanzar en la instrumentación de la propuesta quiero dejar perfectamente claro dos ideas fuerza que me parecen centrales:

• la pobreza no es una cuestión que este relacionada a una potencial incapacidad de administración económica que pudiera asignarse a ciertas personas. De hecho, un pobre se administra mucho mejor que el rico ya que con muy poco logra sobrevivir, mientras que ningún rico podría sobrevivir con tan escasos recursos. Por lo tanto, estoy en contra de hacer paternalismo con los pobres, explicándoles qué tienen que comer, en qué tienen que gastar, ni nada por el estilo. El pobre es pobre por una sola causa: le falta dinero y eso es lo que hay que proveerle.
• Cualquier forma de medir y de probar el estado de pobreza es aberrante y atenta contra la dignidad humana. Por lo tanto, hay que abstenerse de la tentación de imponer controles de tipo policíac para determinar la escasez de recursos. Ello no quiere decir que no se deba actuar si hay fraude, pero mientras no se compruebe una situación particular, el fraude no debe presumirse. Una buena sociedad se construye con confianza, aun a riesgo de que esa confianza sea burlada por algunos.

Un plan de la envergadura del aquí propuesto debe ser programado y planificado, empezando por aquellos que están en situación de vulnerabilidad absoluta y que conforman el “núcleo duro de la pobreza”, que llamamos pobreza estructural, ya que en la mayoría de los casos los integrantes de ese sector provienen de padres tan pobres como ellos.

La detección de quienes requieren la ayuda debe estar centralmente en los municipios, en las organizaciones barriales, en las ONGs, en las organizaciones religiosas de cualquier credo e incluso, en aquellas personas individuales que con sensibilidad detectan necesidades apremiantes. Se requerirá la participación de las municipalidades primero para efectuar un seguimiento de la evolución de los participantes del programa y, en paralelo, acompañando a la gente en cumplimentar otro tipo de necesidades, saneamiento ambiental, educación, vivienda, etc.

La forma debe ser diseñada en cupos anuales empezando por aquellos que están en mayor situación de vulnerabilidad, para luego avanzar por quienes se encuentran en situación de pobreza. Se debe poner especial énfasis en aquellas personas que “no existen” para la ley argentina, es decir, los indocumentados, los pueblos originarios, personas que por su propio estado de abandono se encuentran absolutamente desinformados de sus derechos. Como muestra de ello, sabemos estadísticamente que a pesar de la extensión de la AUH, existen hoy al menos un millón de niños que deberían ser beneficiarios y que aún no han sido detectados, a pesar de los diez años de vigencia de dicha prestación.

Respecto del financiamiento, tema que seguramente será lo primero con lo que se boicoteará este plan, podría vincularse a una eliminación parcial de algunas deducciones injustificadas del impuesto a las ganancias –por hijo, obra social, mucama, donaciones etc.—, un incremento segmentado del impuesto a los bienes personales, el presupuesto correspondiente a programas e iniciativas vigentes destinadas a la lucha contra la pobreza atento que los mismos serían suplantados por esta iniciativa, y creo que habría que explorar un recurso que, respecto del Plan de Inclusión Jubilatoria fue un gran motor, que es destinar algunos puntos del IVA a este programa. La razón es simple: el dinero en manos de quienes tienen necesidades básicas insatisfechas va directamente al consumo por lo que gran parte del dinero retornará al estado vía impuestos, esos impuestos retroalimentarán rápidamente la recaudación que puede ayudar en esta oportunidad, a generar un circulo virtuoso muy beneficioso para el programa.

 

¿Por qué ahora?

Hay muchas razones, pero pienso que hay una que debe estar por encima de todo y de todos, es un principio ético según el cual resulta aberrante a la dignidad humana que un país como el nuestro padezca  pobreza estructural. Tiene que ser hoy porque las grandes crisis requieren grandes soluciones.

En definitiva, este plan intenta poner en valor todas la Declaraciones en defensa de los derechos sociales incorporados por las normas internacionales. Es decir, transformarlos en letra viva, darles contenido, corporizarlos. Es inaudito que luego de 71 años el mundo no haya tenido la capacidad de hacer realidad en plenitud la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Argentina debe realizar una epopeya ética, como lo hicieron muchos de quienes reivindicamos como patriotas y en honor a miles de mártires que a lo largo de la historia no dudaron en dar su vida para construir una sociedad más justa y solidaria. Hoy es el tiempo.

 

Ver el documento completo de "Eva Perón preside la Conferencia Interamericana de Seguridad Social"

 

 

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