El teorema de Thales Spectrum

 

Cuando aparece Germán Kammerath en los medios, su nombre no resuena mucho. Sin embargo, la figura de este riojano radicado en Córdoba representa uno de los lastres más pesados del menemismo y del intento de restauración macrista. Su paso por la gestión pública sembró la semilla del mal en el multimillonario negocio de las comunicaciones. Menem lo hizo, Kammerath ya fue, pero ambos dejaron con final abierto un manual de malas prácticas que hoy tiene quien lo escriba.

Sobre su sombra se formaron no pocos funcionarios que actuaron en la gestión macrista y poblaron el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), creado con la intención de intervenir de facto las autoridades de aplicación vigentes hasta entonces (AFTIC y AFSCA). Se trata de un organismo diseñado inicialmente para deshacer la política comunicacional previa, con el objeto de revertir todas las medidas orientadas a terminar con la concentración de medios y promover la democratización del sector.

Así las cosas, con el decreto 267/2015, Mauricio Macri firmó el acta de defunción de los avances logrados con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) y la Ley Argentina Digital (2014). Para eso inventó el verso de la redacción de una nueva “Ley de Comunicaciones” convergentes y puso en la cabeza de la Comisión redactora a Silvana Giudici, una diseñadora gráfica poco preparada en la materia y súper mimada en las páginas de Clarín. Tal vez por esa incapacidad manifiesta terminó siendo elegida por la oposición para ocupar hoy una silla en el directorio del Enacom.

La historia es simple. En un claro gesto hacia las corporaciones, Menem le quitó a las cableras dominantes el tope del 35% del mercado potencial, dio por concluidos los planes de adecuación para desarmar monopolios, creó el mencionado Enacom y lo facultó a entregar licencias por registro simple, sin concurso ni demostración de antecedentes.

También extendió por 10 años la explotación de las licencias con prórrogas automáticas al infinito. Aumentó de 10 a 15 el número de esas licencias a manejar por un mismo grupo, porque algún amigo levantó la mano. Anuló el mecanismo de audiencias públicas para la renovación de licencias y aprobó la transferencia de paquetes accionarios con aprobación tácita a los 90 días. En otras palabras, hizo todo lo que necesitaban Héctor Magnetto, José Aranda y Rafael Pagliaro para reconvertir el diario creado por Roberto J. Noble en Cablevisión Holding S. A., un mega conglomerado ahora equiparable a Telefónica, y que por estos días se encuentra en rebeldía con el gobierno nacional por desconocer el decreto 690/2020, aplicando aumentos más allá de lo autorizado en telefonía móvil, cable e Internet.

Cabe señalar que Alberto Fernández mantiene desde que asumió la presidencia una posición poco confrontativa, ya que decidió no volver a la regulación anterior ni aprovechar su potestad de remover directores, habilitado por ese esquema heredado. No obstante, en medio de la pandemia intentó atenuar los abusos del sector hasta entonces desregulado con un decreto –confirmado en el Congreso– que declaró a los servicios TIC como esenciales y en competencia, poniendo límites a los aumentos discrecionales de las empresas dominantes.

El Presidente tampoco fue contra la monstruosa fusión por absorción de Cablevisión-Fibertel y Telecom-Personal, a la que se debe sumar la compra previa de Nextel por parte del Grupo Clarín, sólo para obtener las frecuencias de un espectro escaso y solicitar luego su cambio de uso (refarming) orientado a los servicios de 4G. Ocurre que, desde 2014, la crema del negocio estaba en los smartphones con tecnología cuarta generación, que además de permitir ver películas en el celular o hacer un Zoom ya es capaz asimilar la inteligencia artificial a la industria agropecuaria, la telemedicina y a infinidad de servicios por geolocalización.

Cabe señalar que el lanzamiento del satélite Saocom en agosto de 2020 está destinado a asistir con su tecnología a las empresas argentinas que explotan la superficie terrestre, midiendo la temperatura del suelo, los cambios climáticos o anticipando inundaciones. No existen APPs para el Saocom, pero en materia de convergencia nunca se sabe.

Volviendo al planeta Tierra, esta semana el actual titular del Enacom, Claudio Ambrosini, anunció las primeras pruebas de emisiones 5G, cuya capacidad de transmisión multiplica aún más la posibilidad de transportar datos, y adelantó que la asignación del espectro será una decisión “estratégica”.

Por ello, nadie saca los pies del plato salvo Telecom, que aprovecha su poder de fuego mediático para seguir negociando. En el fondo, sus accionistas saben que las multas no serán severas, en caso de aplicarse, porque su poder significativo de mercado es tal que no hay ningún otro jugador capaz de hacerse cargo de un día para el otro de toda su clientela.

 

Camino al cielo

En 2015, uno de los caprichos de Macri era cerrar la industria satelital gestionada por Arsat. De no ser por la solidez técnica de su personal altamente calificado y su reconocimiento internacional, esto hubiera ocurrido tempranamente. En medio hubo un suspiro primaveral alfonsinista en la coalición de ese gobierno vergonzante, que alcanzó para que los aprendices de Kammerath no liquidaran la empresa e impusieran una política de “cielos abiertos” que terminara en la extranjerización de nuestra soberanía espacial, cediendo todo el espectro reservado para Arsat. De hecho, Macri llegó a firmar un DNU a tales efectos hacia el fin de su mandato.

El Cohete a la Luna ya adelantó parte de ese contubernio en su edición del 29 de diciembre de 2019. Allí te contamos quién es Roberto Carlos Catalán y cómo el ex titular de la SeTIC, Héctor Huici, armó un concurso a la medida de José María Márquez para ocupar el cargo de director de Regulación TIC. El propio Huici se puso como titular del jurado, acompañado por otros funcionarios reciclados por el macrismo como Hugo Miguel, entonces subsecretario de Planeamiento. Hay que recordar que en aquel momento todos ellos dependían del Ministerio de Modernización. Con la nueva ley de ministerios, esas funciones pasaron a la órbita de la Secretaría de la Innovación Pública, a cargo de Micaela Sánchez Malcom (JGM).

Entre los suplentes del concurso estaba Oscar González (h), secretario TIC. Y como Márquez había entrado por la ventana en 2016 y podía perder en la oposición de antecedentes frente al personal de carrera, también se incluyó en el banco de reserva a Eduardo Tallarico, un colaborador de Federico Pinedo en sus proyectos de ley, además de abogado de la empresa satelital de capitales españoles Hispasat, que por esas coincidencias del destino vende servicios de comunicaciones.

Pero el mundo es tan pero tan pequeño que si lo buscamos a Huici podemos encontrarlo hoy como socio en el estudio del ex senador Pinedo (PRO), un tipo prolijo e inteligente si los hay, ligado a un núcleo duro de abogados especializados en la industria satelital. De hecho, ambos compartieron estudio jurídico con José Sánchez Elía, otro especialista en telecomunicaciones fallecido en 2017, que trabajó para el consorcio internacional Intelsat y terminó sus años como presidente de Tesacom, una firma con fuerte presencia en América Latina. También por casualidad, sus primeros pasos los dio como jefe de asesores de Germán Kammerath, cuando éste era todavía subsecretario de Comunicaciones. Huici, Catalán y González (h) son parte de la misma camada noventosa.

Lo más grave no es la designación sesgada para José María Márquez, quien algún día dejará el cargo, el escritorio y el potus de decorado con una buena jubilación. Ese mismo jurado designó también al director de Planes Técnicos y Espectro Radioeléctrico, Luis Ottati, que entró en la misma época de Márquez.

Pero eso no es todo. Hugo Miguel y Héctor Huici seleccionaron en 2016 al actual director general de Asuntos Satelitales, Ricardo Terán, otro histórico defensor de las políticas de “cielos abiertos”. Aún está en funciones, aunque su designación fue por 180 días y de carácter transitorio, en este caso en la órbita del Ministerio de Comunicaciones bajo la voz de mando de Oscar Aguad, el mismo que en una distracción intentó hacerle una quita del 98,82% a la deuda que la familia Macri contrajo con el Estado en lo que se conoció como el Correogate.

Aguad también dejó sus capas geológicas. Marcela Maron es la actual directora de regulación postal. Tal vez no tuvo nada que ver con el “error de cálculo” que descubrió la fiscal Gabriela Boquín, pero a esta altura las coincidencias parecen más un patrón a seguir.

El teorema de Thales Spectrum resulta algo complicado. La noticia de la semana pasada fue que Kammerath terminó sobreseído por el Tribunal Oral Federal 2 en la causa que lleva ese nombre, un juicio que está dando vueltas por los tribunales desde 2001. La muerte del ex presidente Menem fue un grito de libertad para el secretario de Comunicaciones entre 1997 y 1999. Kammerath tenía un problema: con Menem vivo en la banca del Senado los plazos no caducaban.

Thales Spectrum fue la firma elegida en los años noventa para controlar la gestión del espectro radioeléctrico, un recurso escaso y estratégico. Según las estimaciones realizadas por la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Manuel Garrido (2011-2015), la defraudación contra la Administración Pública le dejó a Thales una renta extraordinaria de 320 millones de dólares.

Nunca se pudo corroborar la existencia de sobornos, no obstante una publicación de la época de la revista francesa Le Point aseguró que lo de Thales Spectrum habría sido un choreo para la corona con un retorno de 25 millones de dólares.

De momento, Kammerath apeló ante la Corte cordobesa una sentencia de prisión efectiva de tres años y medio por otra causa de corrupción conocida como “Radio Aviso” y está inhabilitado para ejercer cargos públicos. Su estrategia es parecida: pedir la prescripción de la causa por exceder los plazos razonables.

 

 

 

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