El tabú de la deuda externa

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

Esta noche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los candidatos podrán exponer algunas líneas de sus programas en materia de calidad institucional. Las luces, probablemente de manera injusta, se enfocarán en Mauricio Macri y Alberto Fernández porque cuentan con las mayores chances. Pero esa atención pública los pone en algún aprieto. Ninguno de ellos debería estar cómodo con el tema.

Alberto Fernández no tanto por su pasado como Jefe de Gabinete, ya que allí protagonizó algunas políticas judiciales significativas, como la modificación de la Corte, el empoderamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y el intento de reforma que le costó mucho más que el cargo a Gustavo Béliz. Pero no puede escapar a los hechos de corrupción que protagonizaron funcionarios emblemáticos de los gobiernos que integró y que hoy son parte de importantes juicios de corrupción.

Mauricio Macri tampoco tiene el terreno allanado. El gobierno se apropió de un discurso republicano que no se condice con sus prácticas. Por ejemplo, el trámite administrativo y sus impactos judiciales en el escándalo del Correo y los traslados de jueces y fiscales de acuerdo a la lógica “amigo-enemigo” constituyen pruebas objetivas de la distancia entre el discurso y la acción.

Ambos son vulnerables con respecto a la calidad institucional. Tienen la oportunidad, a la hora de exponer, de no limitarse a acusaciones recíprocas sino de explicar cosas simples pero que pueden mejorar la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, cómo van a hacer para que los jueces no ajusten más el ritmo de su trabajo de acuerdo con los cronogramas electorales.

Pero el impasse electoral tiene siempre una excepción y es la deuda externa.

Es llamativo que en un país en el que todos los expertos se quejan por la judicialización de la política, el Poder Judicial eluda enfrentar algunas de las múltiples dimensiones que tiene la deuda externa. Muchos dicen que no se puede someter a inspección de un juez si la decisión de tomar deuda es legal o ilegal, porque ello es una cuestión política que el Congreso de la Nación delegó en el Poder Ejecutivo a través de la ley 24.156. Pero el tema no se agota allí. En efecto, hay toda una “economía” que vive cómodamente arropada bajo la idea de que la cuestión de la deuda es política y no judiciable.

Cómo se diseñan los instrumentos de la deuda, cómo se llevan adelante las negociaciones, quién elige los bancos que participan de las emisiones de endeudamiento, qué comisiones perciben, son todas conductas que un juez podría analizar. También auscultar posibles vínculos entre los funcionarios que representan al Estado con los acreedores. En fin, hay una gran cantidad de cosas que tienen que ver con el diseño e implementación de la deuda, como se dice en la ciencia política, que es muy discutible que no se puedan judicializar.

Sin embargo, la Justicia rechaza una y otra vez avanzar con ello. Por ejemplo, en la primavera de 2018, Claudio Lozano denunció algunos aspectos vinculados al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El fiscal federal Jorge Di Lello promovió la acción penal y se abrió una investigación, pero el juez federal Julián Ercolini la archivó. El fiscal la apeló, pero el renunciado Fiscal General Germán Moldes no sostuvo la apelación.

Aquí yace otro desafío para la discusión sobre la calidad institucional. El debate de hoy no puede dar una respuesta concreta sobre tal desafío. Pero al menos puede generar algunas ideas sobre lo que hará el ganador. La pregunta es la siguiente: ¿es sano para una república que un fiscal pueda decidir si mantiene o no un recurso de apelación de alguno de los doce fiscales de primera instancia en una república?

No hay una respuesta jurídica, aunque la ciencia política desalienta la discrecionalidad y la ausencia de mecanismos de control.

 

 

 

* Publicado en #DosJusticias

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