El supremo cocoliche

 

Supongo que a lo largo de todas las vidas de cada uno de nosotros hay años que se recuerdan con amor y otros con espanto. Yo recuerdo 1997 con infinito amor. Fue el año de descubrir la libertad de vivir fuera de mi casa materna, el año en que me enamoré de un hombre niño que me enseñó que uno nunca es tan grande como para dejar de jugar. Un año luminoso.

Y recuerdo con particular espanto el año 2018. El año en que lo perdí todo. El año en que seguí respirando porque tenía que obligarme a hacerlo. Perdí al hombre del que estaba enamorada y con esa pérdida una parte mía murió también. Perdí las ganas de vivir y, cuando ya no me quedaban fuerzas para nada más, perdí a un amigo al que adoraba. El vacío infinito de querer morir y no poder hacerlo.

En los años que yo llamo oscuros, hay muelles y remansos que son espacios de luz. Espacios donde recomponer un poco las propias fuerzas y poder llegar a la otra orilla, donde renacemos. Porque déjenme decirles, Eros le gana a Tánatos indefectiblemente, siempre que le concedas el tiempo suficiente. No voy a negar la huella de las pérdidas, del dolor ni las cicatrices, pero siempre y al final – que también es un principio— Eros le gana a Tánatos. Por eso el mundo sigue girando. Tan absurdo, feroz y tan poblado de milagros, nuevos comienzos y redenciones como siempre. Es tal cual dice mi adorada Clarice Lispector: “Afortunadamente siempre existe otro día. Y otros sueños. Y otras risas. Y otras personas. Y otras cosas".

En ese 2018 tan triste, uno de mis espacios donde respirar no era un esfuerzo fútil fue precisamente este espacio de El Cohete a la Luna. Y recuerdo con claridad mi primera columna. Trató sobre un homenaje a la lucidez infinita de Enrique Petracchi, juez de la Corte Suprema. Siempre lo voy a recordar entrando a su despacho con su sombrero de caballero antiguo y por sus fallos memorables. Votos que eran un placer leer, estuvieras o no de acuerdo con ellos. Y tal vez uno de los últimos jueces de la Corte Suprema que honraron su función. Porque digámoslo: después del 2015, la Corte Suprema Argentina pasó a ser el supremo cocoliche. Se perdió el derecho, y también se perdió la belleza de votos bien escritos. Salvo excepciones, todo lo que emana de ese lugar es viscoso, turbio, como si en lugar de escribir reptaran sobre los votos. Algo así como la huella húmeda de las babosas que sólo salen de noche y se esconden de la luz del día.

 

 

En aquella primera nota fechada el 1 de julio de 2018, la persecución judicial y mediática desatada por el gobierno de Mauricio Macri y un sector del Poder Judicial estaba llegando a su apogeo. Y la muerte, emparejada con esa persecución, acariciaba con cruel ternura las sienes de Héctor Timerman. Y yo, como muchos abogados, estaba espantada. Por eso en esa primera nota recordé uno de los mejores votos de Petracchi. Que fue su voto en disidencia en el fallo “Ricardo Francisco Molinas v. Nación Argentina”. Concluye la cita que tomé en aquella oportunidad señalando: “El citado tribunal recordó lo acontecido en épocas del Imperio Romano: Numerius —gobernador de Narbonensis— se hallaba sometido a juicio criminal, y había asumido su propia defensa negando su culpabilidad y la falta de prueba en su contra. Delphidius, su adversario, previendo el rechazo de la acusación se dirigió a Juliano: «¡Oh! Ilustre César —le dijo— si es suficiente con negar, qué ocurrirá con los culpables»; a lo que Juliano respondió: «Y si fuese suficiente con acusar, qué le sobrevendría a los inocentes». (Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum. L.XVIII, C.l.) Tan venerable y remoto legado no puede ser desconocido sino a riesgo de negar la propia dignidad humana, y la Constitución Nacional, pues, según reza esta, «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo» (artículo 18). Ello significa que todo habitante debe ser considerado y tratado como inocente de los delitos que se le reprochan, hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme”.

Este principio tan perfectamente enunciado por Petracchi, lo llamamos los abogados “presunción de inocencia”. Y era sistemáticamente vulnerado en aquellos días por parte del Poder Judicial argentino. Que lo hacía impunemente a través de procesos viciados, en los que no existía ni presunción de inocencia ni derecho a defensa. Y juicios en los que, sin condena, el castigo se imponía de todos modos a través de prisiones preventivas impuestas sin fundamentos legales. Y añado: no sólo era castigo anticipado, sino además —hoy lo sabemos en base a investigaciones judiciales— método ilegal de extorsión y espionaje.

Cuando el Frente de Todos ganó las elecciones en el año 2019, uno de los grandes objetivos de nuevo gobierno era terminar con estas practicas repugnantes al Estado Constitucional de Derecho. Y los tribunales argentinos, siempre tan sensibles y perceptivos a los cambios de época, dejaron de hacerlo. Todos lo vimos, simplemente desaparecieron de los medios las fotos y filmaciones de detenciones de ex funcionarios con esposas, chalecos y casquitos. Dejaron de producirse prisiones preventivas, dejó de aplicarse lo que se conocía como “Doctrina Irurzun” – que en honor a la verdad nada tiene de doctrina y poco tiene de Irurzun, más que la firma, porque ya todos sabemos que su autor intelectual fue un juez del Cocoliche Supremo. Cesó el espionaje ilegal como práctica y plan sistemático del Estado. Me gustaría poder decirles que el Poder Judicial revisó lo actuado, pero no fue lo que sucedió hasta acá. Deuda aún pendiente de los tribunales argentinos.

Me acordé de aquella primera nota hace pocos días, por un hecho puntual. Uno de los principales impulsores de la persecución judicial y mediática del gobierno de Mauricio Macri me mencionó en una carta en la que pretendía explicar por qué decidió eludir la acción del Poder Judicial argentino.

El personaje en cuestión es Fabian Pepín Rodríguez Simón. Es sindicado por ser el “cerebro judicial” de Mauricio Macri. En honor a la verdad debo señalar que a sus practicas se les puede reconocer más novedad que éxitos. Fue quien asesoró a Macri respecto a la designación de dos jueces de la Corte suprema por decreto, infamia de la cual nunca se recuperaron la Corte ni los propios jueces. También fue el ideólogo de la persecución a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Miembro de la mesa judicial donde jugaban a la lotería –para nada azarosa— de rifar las garantías constitucionales, los derechos y las libertades de los argentinos.

Yo tengo una simpática anécdota que me vincula a Pepín. En octubre de 2013, una semana antes de emitir la Corte Suprema el fallo que definió la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual —caso del que fui una de las abogadas—, salió a la luz un libro escrito por Rodríguez Simón llamado Clarín y la Ley de Medios: claves para comprender como resolverá el caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pepín era en aquellos días abogado del Grupo Clarín, y sospecho que fue la vanidad lo que lo llevó a escribir ese libro sobre un fallo que aún no existía.

La historia que cuentan quienes conocen los entretelones dice que el plan original del entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, era que, con el voto negativo de Maqueda, Argibay, Fayt y Petracchi, se rechazaría la constitucionalidad de la ley de medios y votarían a favor de dicha constitucionalidad Highton de Nolasco, Zaffaroni y el propio Lorenzetti, que claramente se mostraría convenientemente afligido por haber perdido la votación. Pero cuenta la historia que luego de la audiencia pública Petracchi definió votar a favor de la constitucionalidad de dicha ley. El pobre Pepín, que no tenía dialogo con Petracchi ni noticia de su definición, escribió su libro basado en el borrador del voto de aquella mayoría presunta. Cuando unos días antes de emitirse la sentencia Petracchi presentó en el acuerdo su voto a favor de la constitucionalidad, el libro de Pepín hacia 24 horas que había salido a la calle. El voto de Petracchi cambió la historia del fallo, porque cambió la mayoría y la ley fue declarada constitucional.

Clarín nunca olvidó la promesa rota respecto al resultado del caso y le cobró dura y hasta groseramente su falta de palabra a quien la había empeñado en vano. El libro fue rápidamente retirado de las vidrieras y recién volvió a conseguirse en las mesas de saldos un tiempo después. Un amigo lo compró y me lo regaló. Siempre lo tengo cerca cuando escribo en casos importantes, junto con el libro de Genaro Carrió Recurso extraordinario, que me regaló hace tantos años Héctor Timerman. Me recuerdan de modo constante por qué –y cómo— se pelea cuando ejercés la abogacía y por qué jamás hay que perder la fe en aquello en lo que se cree.

Mas allá de la anécdota, dos de las víctimas de la persecución judicial de Mauricio Macri realizaron una denuncia que involucra a Rodríguez Simón. Son Cristóbal López y Fabian de Sousa. La denuncia expresa que el gobierno de Macri presionó y extorsionó a ambos empresarios para que vendiesen sus empresas. El principal operador de la extorsión y presión fue, según denunciaron López y De Sousa, precisamente Pepín. En el marco de dicha causa y luego de que tanto Pepín como Macri intentasen impedirlo de mil modos, se realizó un peritaje que consistió en el entrecruzamiento de llamadas de los teléfonos tanto de uno como del otro.

No soy abogada en la causa, y en consecuencia no tengo acceso al resultado de dicho peritaje. Pero periodistas que tienen acceso han revelado que del entrecruzamiento de llamadas de Rodríguez Simón resulta que comunicaba de modo frecuente y en fechas muy puntuales tanto con miembros del Poder Judicial (Rosenkrantz y Rosatti entre ellos), miembros del Poder Ejecutivo, medios de comunicación y empresarios. Hace poco leí un libro de Pablo Duggan que se llama La persecución y que relata con lujo de detalles la que sufrieron López y De Sousa.

En la causa judicial donde está imputado Rodríguez Simón, la jueza que la investiga, María Servini, con fecha 18 de marzo de 2021 decidió llamarlo a indagatoria. Y con fecha 29 de marzo de este año, y a solicitud de De Sousa, ordenó prohibir la salida del país de Rodríguez Simón. Y denegó la inhibición de bienes solicitada por el mismo querellante.

Dos días después el abogado de Pepín se presentó ante la jueza para informar que apelaría por un lado y que Rodríguez Simón se encontraba en Uruguay desde diciembre de 2020, llevando adelante actividades laborales y que regresaría al país para presentarse a la indagatoria. Adjuntó además el abogado copia del pasaje de regreso adquirido por Pepín, con fecha para el 15 de mayo de 2021.

La declaración indagatoria prevista para el 16 de mayo de 2021 se postergó para el 17 de junio. Pero el 15 de mayo, Pepín, cual Mambrú moderno, no regresó. Y a decir verdad, nadie sabe cuándo regresará o si lo hará alguna vez.

Contó Irina Hauser que el 6 de mayo de este año y de modo contrario a lo que días antes había informado su abogado ante el juzgado de Servini, Rodríguez Simón presentó un habeas corpus ante la Justicia de Uruguay, con el objeto de obtener la protección judicial del vecino país y no tener que regresar a la Argentina a brindar la declaración indagatoria. El recurso fue rechazado por el juez uruguayo, quien expresó: “No existe o existe acción ilegítima de ninguna autoridad administrativa —ya que lo que esté sucediendo en Argentina no es objeto de este proceso y, en todo caso, tampoco tiene naturaleza administrativa— que afecte la libertad del accionante ni tampoco existe inminencia o amenaza de dicha actuación o de la lesión a la libertad". El viernes lo reiteró, ante un segundo intento de Rodríguez Simón.

Y el 17 de mayo de este año Pepín hizo público que no regresaría a la Argentina y que NO se presentaría a ejercer su defensa. Señaló que no cumpliría su obligación ante los tribunales argentinos "hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”.

Un tibio apoyo inicial recibió la decisión de Pepín por parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, que —añado— declaró estar notificada de antemano de tal decisión. Hubo un periodista que llamo a Rodríguez Simón “el primer exiliado”, como si estuviésemos en una dictadura.

Miguel Pichetto, ex candidato a Vicepresidente de Macri, por el contrario, declaró en el programa de Romina Manguel que "avalar lo de Pepín Rodríguez Simón es un desatino” y añadió: “Si considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la Justicia. Si la causa es infundada, se va a caer”.

Mientras esto sucedía, el mismo medio que todos sindican como perteneciente a Mauricio Macri, que fue donde Pepín había dado una entrevista exclusiva para defender su decisión de incumplir con su obligación legal de presentarse a indagatoria, sacaba en portada no la condición de prófugo de Rodríguez Simón, sino una noticia falsa sobre un presunto crédito hipotecario que —decía— había sido asignado por sorteo al ex Vicepresidente Amado Boudou. Rápidamente el Ministerio de Vivienda hizo público que la inscripción para acceder al sorteo se realizaba de modo digital, y que alguien había utilizado fraudulentamente los datos de Amado Boudou para inscribirse. Y que ya habían detectado la IP, esto es el domicilio electrónico de la computadora desde la cual se había materializado el fraude. Una absurda maniobra destinada a distraer la atención de la opinión pública. De hecho, al día siguiente el Banco Hipotecario realizó la denuncia por tentativa de defraudación electrónica y solicitó como prueba la identificación del titular de la IP detectada.

El 19 de mayo la jueza Servini resolvió declarar rebelde a Rodríguez Simón y pedir su captura nacional e internacional a los fines de que brinde su declaración indagatoria. También, y en virtud de haber manifestado Pepín su voluntad de evadir la manda judicial mediante el recurso de darse a la fuga, ordenó su inhibición de bienes.

Publicó Infobae una nota que nadie firmó señalando que Rodríguez Simón estaba evaluando acogerse al “régimen de arrepentido”, cosa extraña para quien horas antes había declarado no saber por qué delito había sido llamado a declarar. Yo creo con honestidad que esa nota fue un mensaje cifrado para quienes, entiende Pepín, podrían alivianar su situación judicial. Otra hipótesis es que sea la venganza exquisita de alguien que conoce el contenido del entrecruzamiento de llamadas de Pepín y que les está avisando, no a Pepín sino a quienes figuran en ese entrecruzamiento. Pienso lo que habrán sentido Rosenkrantz y Rosatti, por ejemplo, cuando leyeron la nota sin firma. Me recuerda mucho, pero muchísimo a la persecución que llevaban adelante en el gobierno de Macri y sus modus operandi. La nota se parece demasiado a la estrategia de “poner en emergencia” que solían usar Marcelo D'Alessio y sus amigos periodistas.

Pero más allá de las operaciones, la nota devela algo que creo importante señalar. Dado que no existía ningún indicio de que se estuviese por privar de su libertad a Pepín, yo creo que el problema que pretende sortear Rodríguez Simón es la indagatoria. Sospecho que no tiene respuestas para algunas preguntas que podrían hacerle sobre ciertas comunicaciones que figuran entre sus llamadas. Y si bien como indagado puede optar por no responder esas preguntas, bien podría el magistrado llamar a quien figura en el listado para que declare al respecto. Tal vez Pepín no acordó de antemano todas las versiones sobre esas llamadas.

Como sea, Uruguay tiene 90 días como máximo para tomar la decisión respecto a si dará asilo político a Rodríguez Simón. Los rumores que llegan de otro lado del Río de la Plata son cuanto menos poco halagüeños para el pretenso refugiado. Servini notificó el pedido de captura a Interpol e Interpol le requirió a la jueza que remita la prueba por la cual ordena la captura internacional. Me parece una paradoja algo cruel, que vaya a existir una alerta roja sobre Pepín.

Yo no festejo que detengan a nadie. Jamás van a encontrarme pidiendo la detención preventiva de alguien sin conocer la causa. Y solo admito las prisiones preventivas si las mismas están debidamente fundadas y se ajustan estrictamente a la ley. Siempre he sostenido con firmeza y convicción absoluta la vigencia de la presunción de inocencia y su derivación lógica: la libertad del acusado –inocente hasta la sentencia firme— debe ser la regla del proceso. La ley solo admite dos excepciones a dicha regla y deben ser de interpretación restrictiva. Una de ellas, que el acusado pueda obstruir la investigación judicial. La otra, que pueda darse a la fuga. Señalaba con acierto Alberto Bovino que existe una diferencia sustancial entre el criterio de posibilidad y el criterio de probabilidad. Que algo sea posible es solo una hipótesis en abstracto. Que algo sea probable requiere además de la mera posibilidad, la fundamentación correspondiente y la acreditación de los elementos que lo tornan probable.

Y añado que la presunción de inocencia y rechazo a las prisiones preventivas sin fundamento lo pienso sea que se trate de Héctor Timerman, de Amado Boudou, de Mauricio Macri o de Fabián Rodríguez Simón. Porque es una garantía vigente para todos, y no depende en absoluto de mi opinión –ni de la del juez que decida— sobre quién es o qué piensa el acusado. Siempre he sostenido eso y lo voy a seguir haciendo.

Pero sí me voy a permitir una valoración moral. Yo vi en primera persona a Héctor Timerman interrumpir su tratamiento contra el cáncer y regresar a la Argentina para afrontar su procesamiento, que era inminente, porque así lo había hecho saber el juez Claudio Bonadío a buena parte de los periodistas de este país. Héctor regresó sabiendo que volvía para ser procesado y detenido. Decisión que a la postre le costó la vida. Alguna vez le pregunté por qué había regresado y me contesto: “Grace, mi papá jamás se escapó. Y yo tampoco voy a hacerlo. Si me tengo que morir, lo voy a hacer en mi país y sabiendo que cada día que viví cumplí con lo que la Justicia me ordenaba. Por respeto hacia la memoria mi padre y hacia mí mismo”. Y añadió: “Y porque es lo que corresponde". Me cuesta hoy poner en palabras el ejemplo ético y moral de Héctor Timerman, quien aún hoy figura como imputado en una causa judicial absurda.

Diferencias que no tengo que explicar. Porque son evidentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

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