El sueño de la casta propia
Macri quiere dejar a sus funcionarios en el Estado y, de paso, se sube el sueldo
Cuatro meses antes de las elecciones generales, el gobierno de Mauricio Macri prepara una jugada para dejar en el Estado a los funcionarios que llegaron con su administración, a los que se les sube exponencialmente el sueldo y, de paso, se asegura un nuevo aumento para el Presidente, ministros, secretarios y subsecretarios.
El gobierno nacional y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que lidera Andrés Rodríguez, firmaron el 6 de junio último una modificación al convenio colectivo de trabajo para la administración pública, que crea un escalafón de privilegio para los funcionarios de más alto nivel, lo que se denomina la Alta Dirección Pública (ADP).
La ADP está conformada por directores nacionales, generales, simples y coordinadores. Con esta modificación, a la ADP se la retira del convenio colectivo que rige al resto de los trabajadores estatales y se le otorga una serie de beneficios para el acceso y permanencia en el cargo que el resto de los empleados no goza. A lo que se le suma un interesante aumento de la remuneración.
En mayo, la UPCN cerró la paritaria para los estatales en un 28 por ciento, a pagarse en cinco tramos. Eso no regirá para los funcionarios que hacen a la ADP – que, según calculan en ATE, serían entre 2500 a 3000 personas. Si el acuerdo del 6 de junio se homologa y se publica por decreto, estos funcionarios verían subir desde agosto sus sueldos de 150 a 250.000 pesos. O más.
Como las retribuciones de los integrantes del Ejecutivo nacional –Presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios— están enganchadas, desde el decreto 838 de 1994 con el escalafón de planta de la administración pública, Macri y compañía se embolsarían un aumento muy superior a la pauta paritaria que su gobierno impulsa.
En enero de 2018, el gobierno había anunciado con bombos y platillos que iba a congelar los sueldos de Macri, ministros y secretarios como gesto de austeridad. Vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante, el gesto no duró mucho. El segundo día de este año, el gobierno publicó un decreto firmado por Macri, Marcos Peña y Nicolás Dujovne en el que se otorgaban el 25 por ciento de aumento que el Estado había acordado con UPCN el año anterior.
La letra chica
Cuando asumió el gobierno de Cambiemos, hizo una convocatoria a los gremios para discutir qué hacer con los cargos de conducción de los ministerios, en su mayoría ocupados transitoriamente. El diálogo quedó trunco rápidamente, cuando los despidos de los estatales empezaron a contarse por miles.
El 6 de junio volvió a la carga, a sólo seis meses del fin del gobierno de Macri, en una reunión en el Ministerio de Producción y Trabajo en el marco de una comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo general para la administración pública. Hubo funcionarios de la Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Hacienda y también se sentaron a la mesa UPC y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Se terminó firmando el acuerdo con el acuerdo de UPCN y pese a la oposición de ATE.
Según un acta complementaria, ATE planteó que es una modificación hecha a medida de los funcionarios puestos desde 2015 en distintos cargos directivos del Estado, que vienen del sector privado y que hicieron del conflicto de intereses su marca registrada durante los últimos años. También dijeron que se trata del sector privilegiado de la administración pública, lejos de los empleados estatales cuyos salarios no superan los 20.000 pesos.
El gremio –representado por Flavio Vergara y por el abogado Rodrigo Expósito— también dijo que se trataba del establecimiento de un supuesto cuerpo de élite, con menos exigencias para entrar al Estado que los cargos comunes de planta permanente.
Por ejemplo, hasta ahora, a quienes quieran concursar para una dirección se les pide una experiencia en el puesto superior a los seis años y al menos tres en la dirección de equipos. A esto se le suma el pedido de especialización y estudios de posgrado. Si la modificación prospera, se les requerirá un año de experiencia en el cargo, sin necesidad de acreditar expertise en el manejo de equipos ni especialización académica.
Tanto ATE nacional como ATE Capital ven en el acuerdo una maniobra para dejar a los cuadros políticos del macrismo durante los próximos cinco años. En la práctica, sería un obstáculo para el próximo gobierno – siempre y cuando el macrismo no gane las elecciones.
Más allá de los cambios de administraciones, la modificación imprime cambios estructurales para el desarrollo de la carrera profesional. En la práctica significará que un trabajador estatal podrá aspirar a terminar su carrera como jefe de departamento.
Una meritocracia diferente.
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