EL SÓTANO QUE FALTABA

Bullrich, la nueva Ley de Inteligencia y los peritos anticorrupción de la Corte

Por Alejandra Dandan
Foto: Luis Angeletti

 

El borrador de la nueva Ley de Inteligencia espera guardado en un cajón de Cristina Caamaño un llamado de Alberto Fernández. Si sale del cajón, el texto marcará la agenda del año y cerrará la primera etapa de limpieza de los sótanos de la democracia, delineada también por el trabajo de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de organismos de Inteligencia del Congreso. La Bicameral, presidida por Leopoldo Moreau, recibió en 2020 la declaración de 25 funcionarios y ex funcionarios, ligados al espionaje político prohibido de la AFI, el Servicio Penitenciario Federal, el ARA San Juan y las bases AMBA. Pidió a los juzgados de todo el país causas interceptadas por la AFI de las que hasta ahora recibió 50. Alimentó políticamente la agenda pública, el debate sobre el sistema de inteligencia y motorizó causas judiciales. Pero sobre todo acumuló pruebas en lógica de comisión por la verdad, a fuerza del tecleo de taquígrafos para expedientes que podrán caer o cambiar de juzgado, pero encontrarán ahí una evidencia. El año de la Bicameral concluyó con la Auditoría a DAJuDeCo, la Dirección de escuchas de la Corte, con un primer tramo cerrado pero parte de un trabajo aún en marcha. La Bicameral ahora analiza la intervención de los peritos anticorrupción en casos emblemáticos como la causa Vialidad donde aparece el nombre del perito tuitero Pablo Eloy Bona, cuñado además de un diputado patagónico, visceral opositor.

La barrida no llegó a desentrañar aún todos los cabos. Como lo demuestra la presencia de Gustavo Jara en Villa Gesell. Jara es conocido como subsecretario de seguridad de Mar del Plata pero aún es agente de civil inteligencia con licencia sin goce de haberes. Acá está vestido de celeste a rayas en la presentación del libro de Bullrich.

 

 

Gustavo Jara, atrás, remera celeste a rayas.

 

 

La Ley 13.982/2009 de la Provincia de Buenos Aires reglamentada por el decreto 1050 de ese año establece en el inciso b del artículo 42 que el personal policial no podrá de ninguna forma participar en actividades políticas, o gremiales, ni asistir a lugares o participar de reuniones que comprometan la dignidad o el decoro de la función policial. Esta reglamentación firmada durante la gestión de Carlos Stornelli en el ministerio de Seguridad bonaerense es el encuadre a través del cual la Provincia abrió una investigación administrativa sobre la participación de un grupo de policías del Operativo Sol en la presentación del libro de la ex ministra. Los policías no llegaron solos porque fueron convocados por el secretario de Seguridad del municipio, quien trasladó el pedido al comisario García, responsable operativo de zona. El pedido era para reforzar la seguridad de los integrantes del acto porque habían sufrido malhumor público mientras se movían. Los policías debían haber permanecido en el perímetro externo del salón. Pero lo atravesaron, formaron y se cuadraron ante la ex ministra, ovacionados por el público, en un gesto de subordinación. Bullrich publicó, despublicó y luego volvió a publicar el video.

 

 

 

 

Tres policías pertenecen a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y uno al Grupo de Prevención Motorizado (GPM), creaciones del Hada Buena para la zona balnearia. Entre el público aparece en la imagen Jara, actualmente subsecretario de Seguridad de Mar del Plata, cuyo intendente es Guillermo Montenegro. Jara fue integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad gestión Bullrich, pero sigue adscrito al sistema civil de inteligencia con licencia sin goce de haberes debido al derecho que le otorga haber ocupado un cargo de jerarquía. Jara es, además, dueño del Bar La Piba de Mar del Plata, de donde se deduce su conducción.

 

 

El bar de Jara.

 

 

Su presencia en ese espacio despertó inquietud en la Provincia luego de la asonada policial del 2020. Actualmente, allí no descartan que la exhibición de pleitesía policial haya sido organizada por remanentes de los sótanos, atizados por cuadros intermedios que son los que tienen lazos territoriales en localidades donde todo el mundo se conoce y en una escena donde los policías del saludo podrían ser sólo el Pato de la boda.

 

 

La Ley Caamaño

La DNIC es uno de los tres componentes del Sistema Nacional de Inteligencia junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, ambos bajo la conducción de la AFI. Misiones y funciones hoy tienen límites difusos pero son revisadas en el borrador del proyecto de la nueva Ley de Inteligencia, encomendada por Alberto Fernández a la interventora en el decreto de designación.

La actual ley de inteligencia, Ley 25.520, fue promulgada en 2001 por el Presidente Fernando De la Rúa, y conserva entre otros méritos haber dejado expresamente prohibido el espionaje político. El mandato de Alberto Fernandez para Caamaño incluyó repensar un diseño integral sin la lógica de emparchado que guió reformas parciales, como en 2015 cuando se prohibió que los agentes trabajen como auxiliares de la Justicia con la salvedad que sean requeridos por la Justicia, una ventana que dejó abierta la continuidad de la alianza entre jueces, fiscales y espías hasta que Alberto la cerró en marzo de 2020, vía el Decreto 214 que prohibió el trabajo como auxiliares de Justicia, de intervención en prácticas represivas y en investigaciones criminales.

Hoy el borrador no se conoce, pero según información recogida por El Cohete, institucionaliza modificaciones hechas por Caamaño en su año de intervención. Entre ellas, cambió el espionaje político por la inteligencia estratégica. Avanzó con el proceso de despolicialización con profesionalización de cuadros y énfasis en el proceso de análisis para la toma de decisiones del Presidente, estableció por primera vez en la historia del organismo auditoría de fondos en la Sindicatura General de la Nación y revirtió la lógica de los fondos secretos que pasaron del 99 por ciento en 2019 a 10 por ciento en 2020. El proyecto contempla además otros cambios: autoría externa desde el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Y auditorías para escuchas, ya no judiciales o criminales porque no estarán contempladas, sino de inteligencia.

El texto escrito por equipos técnicos de la AFI cuenta con el consenso del sistema de inteligencia nacional, es decir Seguridad y Defensa. Pero aún se debe a sí mismo otros consensos. Por mandato presidencial, Caamaño escuchó propuestas de un consejo consultivo integrado por expertos y organizaciones como el CELS, Vía Libre e INECIP. Ellos hicieron recomendaciones para un rediseño integral, marcaron discusiones posibles como la necesidad de diseñar políticas de transparencia, establecer dinámicas de descalificación activa de documentos y de acceso a la información en un organismo con culto al secreto. También sugirieron extender el control externo a figuras como el Ómbudsman. Y discutieron el destino del organismo de escuchas y el rol de la Bicameral.

La dinámica de encuentros sin embargo entró en tensión por la pandemia. Los expertos no vieron el borrador, ni tuvieron feedback del trabajo. Y no saben si sus propuestas se tomaron. Otro espacio que tampoco vio el borrador pero lo reclama es la oposición y también el oficialismo que trabajó en el ámbito de la Bicameral. Uno de los integrantes de la bancada del PRO dice que no quieren proyecto cerrado sino el borrador, porque así se construyen consensos. Quien lo dice muestra un contraejemplo: dos proyectos que llegaron al Congreso flojos de borrador como la reforma judicial y la reforma del Ministerio Público Fiscal, ambos trabados en Diputados. La posición puede parecer extorsiva con una Cámara baja con el Frente de Todos sin mayoría. Pero también puede no ser extorsiva si se toma como antecedente la lección de la Ley del aborto, discutida renglón a renglón, escritorio por escritorio, con el objetivo de grandes acuerdos.

La Ley debe discutir cuál es la agenda de la Inteligencia Estratégica Nacional. ¿Cuál sería la AFI de este tiempo? Y analizar la vigencia de paradigmas de amenazas surgidos en 2001 tras la caída de las Torres Gemelas, hoy considerados viejas nuevas amenazas. Caamaño sostiene públicamente que la agenda vinculada a la hipótesis de atentados terroristas sigue vigente, y que sólo eso justificaría su existencia. Pero el organismo incorporó otras grandes agendas nacionales, como la protección de recursos naturales y el control del sistema financiero para evitar cracks y fuga de capitales.

 

 

Los peritos de la Corte

La Bicameral de Inteligencia terminó el año con una auditoría que fulminó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, DAJuDeCo, creada por Ricardo Lorenzetti desde la presidencia de la Corte. El dictamen dijo que el organismo creado originalmente como una instancia administrativa de interceptaciones de comunicaciones se convirtió vía Acordadas y resoluciones en una estructura policial con diseño que usurpó funciones parlamentarias. El informe hizo foco en el Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública. Creado en octubre de 2014, celebrado en tapa de Clarín, fue trasladado al ámbito de la DAJuDeCo en 2017. La auditoría cuestionó procedimientos que en el fragor del fin de año pasaron de largo. Entre ellos: el mecanismo de ingreso, el método de sorteo de causas, el establecimiento de un panóptico de monitoreo permanente sobre todas las investigaciones judiciales del país, la capacidad de los peritos de interrelacionar expedientes y objetó la conducción del organismo, dirigido administrativamente por Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones convertido en juez y en parte.

Tras la presentación, cinco de los doce integrantes del cuerpo de peritos anunciaron a través del diario Clarín un reclamo a la Corte Suprema para que los saque de la oficina de escuchas y los devuelva al ámbito de la Corte. Temen que sus investigaciones sean objeto de nulidad. Los cinco intervinieron en causas emblemáticas en la agenda de persecución penal sobre Cristina Fernández. Uno de ellos es el twittero Eloy Bona.

Bona intervino en nueve peritajes a partir de pedidos de jueces y juezas a la DAJuDeCO. Un tramo de la causa Cuadernos de Claudio Bonadío, conocido como la cartelización de la obra pública, sobre Nelson Guillermo Periotti, ex director nacional de Vialidad y Cristina Fernández. Intervino a pedido de Julián Ercolini en la causa al ex director ejecutivo de la obra social nacional del PAMI, Luciano Di Cesare y ocho ex funcionarios. A pedido de María Eugenia Capuchetti, en una causa a Julio de Vido. A pedido de Sebastián Casanello en el expediente de Energía Argentina que investigó a Exequiel Espinosa y Santiago Pierro, ex presidente de Enarsa y ex gerente de la estatal Energía Eléctrica por la construcción de dos centrales eléctricas con cinco directivos de IECSA e Isolux, entre ellos Héctor Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Ángelo Calcaterra en IECSA. Y tuvo su papel estelar en Vialidad.

La causa, hoy en juicio oral, se inició a pedido de Javier Iguacel cuando asumió la Dirección Nacional de Vialidad cambiemita. Ordenó a un grupo de técnicos viajar a Santa Cruz donde Jorge Lanata decía que existían rutas que no llegaban a ningún lado. Pidió a los técnicos constatar obras contratadas a la empresa de Lázaro Baez, Austral Construcciones, y evaluar calidad y precios. Los técnicos —que están declarando en esta etapa del juicio oral— pidieron dos meses para la inspección, pero Iguacel les dio 14 días. Volvieron sin comprobar irregularidades. Eso están diciendo en el juicio. Aún así, se inició una causa en el juzgado de Ercolini, la causa se elevó a juicio oral con informe técnico deficiente que debió consolidarse con instrucción suplementaria ordenada por el tribunal de juicio, el TOF 2. El TOF pidió peritaje a la Corte para 5 de las 51 obras en discusión. El peritaje sumó al Ministerio Público Fiscal y control de perito de parte. Con la documentación de DNV y a diferencia de la perito de parte, los dos peritos oficiales determinaron sobreprecios. Usaron como parámetro la oferta de menor valor en la licitación. Y, entre otros, la revista El Constructor con la que compararon valores de obras en el centro del país sin tener en cuenta diferencias topográficas de zonas con temperaturas bajo cero. Maximiliano Rusconi, uno de los defensores, resume que esas diferencias están dadas por costos en asfalto, cemento, mano de obra, mantenimiento de máquinas, y porque nivelar suelo con material árido en el sur tiene un costo de 300 por ciento más elevado.

Los defensores impugnaron al perito en mayo de 2019 cuando descubrieron su afición por las redes sociales.

 

 

Y luego, dijo:

—A continuación les voy a mostrar algunos de los twittts a los que el perito Bona les puso “me gusta”. Van con su fecha de emisión para que los puedan ver. ¿Ustedes opinan que este señor es un perito imparcial?

 

 

Los me gusta de Bona.

 

 

 

Bona es además cuñado de Rafael Flores, abogado santacruceño, diputado, querellante de la causa Contraofensiva de Campo de Mayo pero enfrentado visceralmente con el matrimonio patagónico. En 2018, cuando explotaba la causa Cuadernos y Bona trabajaba en el peritaje de Vialidad, el esposo de su hermana paseaba en el prime time televisivo con historias de tesoros, valijas y dinero escondido hasta en yesos.

 

 

 

 

 

 

Los peritos deben guardar el mismo principio de neutralidad que los jueces. Pero Bona no fue el único perito del elenco que usó las redes para exteriorizarse. Rubén Pappacena es contador especializado en administración pública. Ingresó al Cuerpo de Peritos Anticorrupción de la Corte el 14 de marzo de 2016. En abril de 2018 intervino en la causa a José Sbatella de la UIF, en 2017 en una del juzgado criminal 17 a Mauricio Macri por las inundaciones de 2013 y a pedido de Casanello en el mismo expediente de Bona con el caso Energía Argentina. Actualmente está retirado, pero el 26 de agosto de 2019 escribió:

 

 

Y tres días después dijo esto:

 

 

 

 

¿Quién los elige?

La Corte abrió el Cuerpo de Peritos en 2014 y en el 2017 la trasladó a la DAJuDeCO, el año en el que Lorenzetti recibía la visita del brasileño Sergio Moro.

 

 

Lorenzetti, Moro y Bonadío. Abril de 2017

 

Inicialmente, la Corte buscó cubrir diez cargos: ingenieros especializados en vías de comunicación, contadores, en lavado de dinero y en sistemas financieros e ingenieros informáticos. Pero el Informe de Bicameral señaló que no los necesitaban: la Corte tenía cubiertas todas las especialidades en el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales y en el Cuerpo de Peritos Tasadores. Los cargos se fueron cubriendo a través de concursos de manera paulatina. Los concursos se manejaron exclusivamente desde la Corte, aún luego de la transferencia a la DAJuDeCo que sólo tuvo el control administrativo sobre ellos.

La auditoría abrió una pregunta sobre dos concursos porque en el segundo cambió la metodología de evaluación.

El primer concurso se hizo en abril de 2015. Vía Resolución 639/2015, la Corte estableció como mecanismo dos comisiones asesoras para evaluar los concursos. Una comisión para seleccionar peritos ingenierios y otra para peritos contadores. Ambas debían tener dos secretarios letrados y una tercera persona de la Universidad de Buenos Aires. Para los ingenieros, un representante de la Facultad de Ingeniería propuesto por el Decano y para los contadores de la Facultad de Ciencias Económicas. El 15 de marzo de 2016 concluyó el primer concurso. Logró cubrir sólo tres de los diez cargos, tres contadores. Vía Acordada CSJN N° 08/2016 entraron Oscar Fernández, especializado en contabilidad internacional, y el twittero Rubén Pappacena y Abel Britos, en administración pública. El cupo de ingenieros quedó desierto.

El 4 de mayo de 2016 se hizo un nuevo llamado para cubrir las 7 vacantes restantes. El concurso se inició con los mismos evaluadores, pero tras la inscripción, el presidente de la Corte firmó una resolución que reemplazó a la ingeniera Paula Folino y a su suplente, ingeniero Jorge Luzardi por los decano y vicedecano de Ingenería, Horacio Salgado y Luis H. Calissano. La resolución señala que se hizo por recomendación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pero la auditoría arrojó sospechas: señaló que el cambio de evaluadores se hizo con una resolución a sola firma de Lorenzetti cuando hasta entonces los procedimientos se resolvían de manera colegiada.

Dicen así: “De la selección misma de las Comisiones Asesoras que intervinieron en la evaluación y selección de postulantes a los concursos surgen algunas inquietudes acerca de los reemplazos de algunos de sus integrantes”. Explican cómo fueron los procedimientos en 2015 y agregan:

“Lo llamativo ocurre un año después, con la segunda convocatoria a cubrir los cargos vacantes que no habían sido cubiertos con el primer llamado; es aquí donde se produce un cambio sustancial en la toma de decisión en el proceso de reemplazo de los integrantes de las comisiones, dejándolo todo en manos, únicamente, del presidente de la Corte (Resolución CSJN Nº 1171/2016)”.

En ese contexto abren preguntas. “De ello, se desprenden una serie de interrogantes, a saber: ¿por qué solamente se cubrieron los cargos de tres contadores quedando desiertos el cupo de ingenieros? ¿Acaso no hubo ingenieros que se postularon o no aplicaron al perfil de la comisión asesora? Por otra parte, en el segundo llamado a concurso, ¿cuál fue el criterio de la segunda Comisión Asesora para seleccionar perfiles y otorgar puntajes a los ingenieros civiles que se postularon en la especialidad de vías de comunicación? Y ¿cuál fue el cambio de postura en cuanto a las facultades otorgadas al presidente del Tribunal como única autoridad para efectuar los reemplazos si hasta entonces era una decisión colegiada?”

Para buscar respuesta, la CBI pidió informes a la Corte. Y El Cohete buscó a un integrante de la Facultad de Ingeniería vinculado a un tramo del concurso. La Facultad difundió la primera convocatoria de la Corte. Hubo varios aspirantes. Estudiaron antecedentes durante meses. Pero, según sostiene la fuente, nadie daba con el puntaje deseado porque a los candidatos les resultaba difícil demostrar antecedentes y capacidad técnica con certificaciones legales exigidas por la Corte. No era mala voluntad, dice, es una de las características de estos profesionales: trabajan en obras importantes o menos importantes, firman papeles, pero eso a la Corte no le alcanzaba. Sobre el cambio de asesores, no abren sospechas. Creen que con ese cambio el decano le sacó un trabajo complejo y ad honorem a la primera evaluadora.

Sobre lo que pasó con el segundo concurso habrá que cruzar nombres para ver si los que entraron habían intentado hacerlo antes. Y qué cambió. Es una de las preguntas pendientes en el agujero negro de la DAJuDeCo.

 

 

 

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